CE-11001-03-15-000-2021-04919-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA INTERPRETACIÓN NORMATIVA /

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR INEXISTENCIA DE ACTO ADMINISTRATIVO – El acto presuntamente incumplido no se encuentra vigente / PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO – El acto administrativo requerido en cumplimiento ya había perdido fuerza de ejecutoria /

AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]a parte actora le imputa al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la incorrecta interpretación de las normas en que se fundó, ello de acuerdo con dos principales disensos: (i) en la determinación de la pérdida de ejecutoriedad de la resolución No. 4151.0.21.968 de 2011, amparado en el numeral 3 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, como justificación para declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento; y (ii) en la inobservancia de la legalidad de la resolución acabada de citar. (…) Bajo esos términos, y de conformidad con lo manifestado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Distrito de Cali en sus escritos de contestación, esta Sala considera necesario determinar si, en efecto, la declaratoria del decaimiento del acto administrativo de la referencia se encontró o no ajustada a criterios de razonabilidad, legalidad y de seguridad jurídica. Para el efecto, conviene traer a colación lo que esta Sección analizó sobre la institución

de la pérdida de ejecutividad y de ejecutoriedad de los actos administrativos por el transcurso del tiempo y su incidencia en el trámite de la acción de cumplimiento. (…) Bajo ese entendido, para esta Sala de decisión no resulta desacertada la interpretación realizada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al declarar que el acto administrativo requerido en cumplimiento ya había perdido fuerza de ejecutoriedad, ello es así porque la Resolución No. 4151.0.21.968 fue expedida el 15 de junio de 2011, luego, las órdenes que allí se estipularon eran susceptibles de ser ejecutadas al cabo de cinco años, dentro de los cuales la administración no realizó actos tendientes a ejecutarlo, de conformidad con el numeral 3 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. (…) [E]l Tribunal Administrativo del Valle del Cauca acertó al declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento incoada por la parte actora en contra del Distrito de Cali, en la medida que no es posible perseguir el cumplimiento de un acto administrativo cuyos efectos ya no hacen parte de la vida jurídica, como es el caso de la Resolución por medio de la cual el ministerio accionante obtuvo la exoneración de la contribución por valorización.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 91

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN / INEXISTENCIA DE LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEJUS - Lo resuelto por el Tribunal demandado no desmejoró su situación jurídica / ACCIÓN DE

CUMPLIMIENTO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO – La declaratoria se ajusta

a derecho / PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO

ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTAES Ahora bien, sobre el segundo argumento traído por la parte actora para justificar la existencia del defecto procedimental en conexidad con la violación directa a la constitución, según el cual, el Tribunal accionado no debió pronunciarse sobre hechos que no fueron objeto de análisis por el juez de primer grado en virtud del principio constitucional que reza “non reformatio in pejus”, pues advirtió el Distrito de Cali, quien fue la parte que en su escrito de contestación atribuyó el acaecimiento del fenómeno jurídico a la resolución acabada de referenciar, no presentó recurso de apelación para que el juez de segundo grado pudiera manifestarse sobre tal circunstancia. Al respecto conviene indicar que lo resuelto por el Tribunal demandado de ninguna manera desmejoró su situación jurídica porque como se ha dicho, en ambas providencias, tanto en la proferida el 18 de septiembre de 2020 por el Juzgado 20 Administrativo de Cali, como en la del 10 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se resolvió declarar la improcedencia de la acción constitucional de cumplimiento, quiere ello decir que la consecuencia jurídica, en últimas, fue la misma, muy a pesar de que las consideraciones ofrecidas en cada instancia fueran distintas.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL /

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL – No acreditado

/ ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE

CUMPLIMIENTO POR INEXISTENCIA DE ACTO ADMINISTRATIVO / PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA – La figura de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo es armónica con la jurisprudencia de la Corte Constitucional / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES En lo que se refiere al desconocimiento del precedente judicial, el accionante encontró como desatendida la sentencia C069 de 1995, por cuanto allí se dejó de presente que la figura jurídica de la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos fue prevista como una garantía jurídica para los administrados y bajo ese entendido, discrepó en la aplicación de la causal tercera del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 como sustento de la declaratoria de improcedencia de la acción de cumplimiento incoada. (…) Conforme a lo anterior, la figura de la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo, por ausencia de ejecución dentro del término de los 5 años siguientes a su proferimiento, se encuentra contemplada tanto en el Decreto 01 de 1984 como en la Ley 1437 de 2011 y, su naturaleza jurídica se encuentra perfectamente armonizada con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. A partir de tal consideración, el yerro por desconocimiento del precedente jurisprudencia de la sentencia C069 de 1995 no

se configuró por cuanto el Tribunal Administrativo Valle del Cauca adecuó su decisión al criterio constitucional, pues resulta palpable que la aludida sentencia no fijó una regla jurisprudencial según la cual, la aplicación de la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos únicamente pudiera ser declarada en favor de los intereses de los administrados, como lo pretendió hacer ver el Ministerio accionante.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 91

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente (E): ROCÍO ARAÚJO OÑATE Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04919-00(AC)

Actor: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA

COLOMBIANA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y

OTRO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: Tutela contra providencia judicial, presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 27 de julio de 2021 al buzón web de la Secretaría

General del Consejo de Estado, el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, a través del director de asuntos legales, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cali, con el fin de que le sean amparados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. La entidad consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de las providencias del 16 de septiembre del 2020 y el 10 de mayo del 2021, en las que las autoridades judiciales accionadas declararon la improcedencia de la acción de cumplimiento1, presentada contra el municipio de

Santiago de Cali.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente: “PRIMERA: Mediante la acción de tutela que interpongo se pretende que esta Honorable Corporación tutele los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de mí (sic) representada, los cuales se han vulnerado con la sentencia No. 031 de septiembre 18 de 2020 proferida por el Juzgado veinte (20) Administrativo Mixto del Circuito de Cali y la sentencia del 10 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ponencia de la Magistrada PATRICIA FEUILLET PALOMARES, dentro de la Acción Constitucional de cumplimiento adelantada por la

NACIÓNMINDEFENSA – FUERZA AÉREA DE COLOMBIA en contra del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 1 Identificada con el radicado N°. 76001-33-33-020-2020-00056-00/1.

SEGUNDA: Como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela solicitado por la Nación –MDN– Fuerza Aérea Colombiana y en consecuencia DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia proferida por el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Magistrada Ponente PATRICIA FEUILLET PALOMARES el día 10 de mayo de 2021, notificada a la entidad a través del canal digital el día 13 de mayo de 2021, proferida dentro de la acción de cumplimiento radicada bajo el No.

76001333302020200005601. Que en virtud de lo anterior, se revoque el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado veinte (20) Administrativo mixto del Circuito de Cali (sic) por incurrir en un defecto sustantivo por desconocimiento de las normas en que se fundó la referida acción constitucional y declarar la procedencia de la acción de cumplimiento, por ser el único medio de defensa judicial idóneo, con que cuenta el accionante para lograr el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la accionada, contenidas en los artículos 1 al 4 de la Resolución No. 4151.0.21.968 de 2011, “Por la cual se resuelve una solicitud de exoneración de la contribución de valorización por beneficio general”, considerando que la resolución del conflicto si (sic) correspondía a la acción constitucional de cumplimiento invocada y en consecuencia se ordene efectuar el estudio de fondo correspondiente.

TERCERA: ORDENAR al Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término, dispuesto por su digno Despacho, contado a partir de la notificación la providencia, profiera nueva

sentencia, bajo los lineamientos señalados en la presente Acción de Tutela.” (Negritas dentro del texto original). 1.2. Hechos probados y/o admitidos La Sala encontró relevantes los siguientes supuestos fácticos para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, en adelante el Distrito de Cali, expidió la Resolución No. 4.11.0.21.0169 del 4 de septiembre de 2011, “por medio de la cual se fija el presupuesto y se aprueba la distribución y asignación individual de la contribución de valorización por beneficio general para la construcción de un Plan de Obras, autorizado mediante Acuerdo 0241 de 2008, modificado por el Acuerdo 0261 de

2009”.

5. Notificado el anterior acto administrativo, la entidad accionante, en calidad de propietaria del bien inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 370817182, el 13 de noviembre de 2009 presentó solicitud de exoneración del tributo por valorización por beneficio general, bajo la consideración de que el predio está inscrito dentro de aquellos de interés general contemplados en el Acuerdo No. 0232 de 2007.

6. La anterior solicitud fue resuelta por la entidad territorial mediante Resolución

No. 4.151.0.21.968 del 15 de junio de 2011, en la cual despachó favorablemente la petición de exoneración, resolviendo entre otras cosas lo siguiente: “ARTICULO PRIMERO. EXONERAR del pago de la Contribución de Valorización por Beneficio General para el Pan (sic) de Obras denominado

“21 Megaobras” al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL respecto de los ulteriores edificios de la Base Aérea Marco Fidel Suárez enlistados en el artículo 22 del Acuerdo No. 0232 de 2007: - Edifico (sic) Académico. Arquitectura Moderna, Art – Deco. Dominan vanos verticales, retranqueos de muros. - Casa Museo. Arquitectura Californiana. - Planetario. Arquitectura Moderna. Cúpula con detalles de Platillos de Arquitectura Moderna.

• Iglesia: Arquitectura Neocolonial.
• Casa Hacienda El Guabito.

ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR a la comisión técnica de la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal la práctica de un peritaje al lugar de ubicación del inmueble, a fin de determinar el área métrica que ocupan los edificios de la Base Aérea Marco Fidel Suárez empadronados en el artículo 22 del Acuerdo No. 0232 de 2007, exhortando al tributante a prestar toda la colaboración a propósito de surtir la experticia. Fíjese fecha y hora para agotar la respectiva visita técnica. ARTICULO TERCERO. RELIQUIDAR el monto del tributo, descontando de la cabida total del predio el área que ocupan los edificios de la Base Aérea Marco Fidel Suárez listados en el artículo 22 del Acuerdo No. 0232 de 2007.” (Énfasis del texto original).

7. De conformidad con lo anterior, el ente ministerial procedió a solicitar la reliquidación de la mencionada contribución, sin embargo, indicó que el Distrito de

Cali desconoció su propio acto administrativo e inició proceso de cobro coactivo para lo cual libró mandamiento de pago y embargó los bienes de su propiedad por un monto de $4.793.610.464.

8. Luego, la parte actora elevó petición el 9 de septiembre de 2019 en la cual requirió a la autoridad territorial para que cumpliera el mandato contenido en los numerales 2 y 3 de la Resolución No. 4151.0.21.968 del 15 de junio de 2011.

9. Manifestó que, ante la omisión de respuesta del Distrito de Cali, el 13 de marzo de 2020 interpuso el mecanismo constitucional de cumplimiento en el cual solicitó, entre otras, la observancia del deber de liquidación de la contribución de valorización cobrada en exceso al accionante de conformidad con la Resolución No. 4151.0.21.968 de 2011.

10. La acción de cumplimiento fue decidida en primera instancia por el Juzgado 20 Administrativo de Cali, mediante sentencia del 18 de septiembre de 2020 en la cual declaró que el mecanismo constitucional de cumplimiento era improcedente por cuanto la entidad accionante disponía del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo las siguientes consideraciones: “Lo anterior significa que el acto administrativo que concluía la actuación administrativa y decidía la situación particular y concreta del Ministerio de Defensa fue el acto que liquidó y le asignó la contribución por valorización de forma individual en calidad de contribuyente.

Contra dicho acto procedían los recursos correspondientes en la vía administrativa y por tratarse de una manifestación unilateral de voluntad de la Administración Municipal que producía efectos jurídicos, era susceptible de control ante esta

jurisdicción, en el evento que se considerara que el valor liquidado no se ajustaba al monto que correspondía según la exoneración declarada previamente o que en su expedición no se observó el procedimiento administrativo correspondiente, al desconocer las etapas relativas a la visita técnica y reliquidación del tributo. En ese orden, la controversia planteada por el Ministerio de Defensa debía o debe ser resuelta en otro escenario procesal, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo dispuesto por el legislador para cuestionar las decisiones adoptadas por la administración y solicitar el respectivo restablecimiento de los derechos subjetivos que se consideren trasgredidos.” (Negritas propias).

11. Inconforme con la decisión, la entidad demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia del 10 de mayo de 2021 que confirmó la decisión recurrida2, pues a pesar de encontrar acertado que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no era el mecanismo judicial idóneo para analizar el cumplimiento del de la resolución No. 411.0.21.0169 de 2009, estableció que la acción de cumplimiento era improcedente por cuanto el acto administrativo ya había perdido fuerza de ejecutoria. Obsérvese: consideraciones “58. La Sala coincide con la parte demandante en que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 411.0.21.0169 de 2009 (que aprobó la distribución y asignación individual de la contribución de valorización) no era un mecanismo judicial idóneo para

lograr el cumplimiento de la Resolución 4151.0.21.968 de 2011. Y no lo era porque ese medio de control debía ejercerse dentro de los 4 meses siguientes a la notificación o comunicación de la Resolución 411.0.21.0169 de 2009, término que habría caducado antes de que se expidiera la Resolución 4151.0.21.968 de 2011.

59. Lo que se advierte es que la obligación tributaria fijada en la Resolución 411.0.21.0169 de 2009 podía experimentar una modificación (disminución) a raíz lo decidido en la Resolución 4151.0.21.968 de 2011. Pero esa disminución no operaba automáticamente, sino que estaba sujeta a unas actuaciones previas: visita técnica para definir el área métrica de las edificaciones y determinación del monto de la exención a partir de esa área métrica. Solo así podría modificarse efizcamente (sic) la obligación la Resolución 411.0.21.0169 de 2009.

60. De ese modo, le asiste razón a la Fuerza Aérea Colombiana al sostener que no contaba con otro mecanismo judicial para obligar al distrito de Santiago de Cali a que realizara la visita técnica para determinar el área métrica de las edificaciones y definiera el monto de la exención que debía aplicarse a la obligación tributaria. 2 La sentencia cuenta con salvamento del Magistrado Oscar Alonso Valero Nisimblat, el cual estimó, entre otras, las siguientes consideraciones: (…) la Acción de Cumplimiento sí era procedente en vista de que se trataba de un acto administrativo que contenía una obligación clara que debía ser acatada por el MUNICIPIO

DE CALI, toda vez que la Resolución No. 4151.0.21.968 del 15 de junio de 2011 sí contenía una orden que se encontraba condicionada a la realización de un peritaje por parte de la Secretaría de Infraestructura y Valoración Municipal, pues de ello dependía que se realizara la reliquidación del monto de la contribución por valorización, en vista de que la exoneración a la que se accedió fue parcial, al no incluir en su cálculo las áreas métricas que ocupaban los edificios al interior de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, por ser considerados bienes de interés cultural.”

61. A pesar de ello, la acción de cumplimiento sí es improcedente, porque las obligaciones contenidas en la Resolución 4151.0.21.968 de 2011 no son actualmente exigibles.

62. A juicio de la Sala, la Resolución 4151.0.21.968 de 2011 perdió fuerza ejecutoria en virtud del numeral 3º del artículo 91 de la Ley 1437 de 20113, según el cual, los actos administrativos «perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados (…) cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos».

63. En efecto, la Resolución 4151.0.21.968 de 2011 fue notificada personalmente el 3 de octubre de 2011, como da cuenta el sello y las firmas que aparecen en el folio final de ese acto administrativo4. Eso quiere decir que el acto administrativo adquirió firmeza en el año 2011 y que, por ende,

para la fecha en la que se solicitó su cumplimiento (septiembre de 2019), ya no era obligatorio, pues había perdido la fuerza ejecutoria.

12. La anterior decisión le fue notificada a la entidad demandante el 13 de mayo del presente año vía correo electrónico5. 1.3. Sustento de la vulneración

13. El Ministerio accionante consideró vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca y el Juzgado 20 Administrativo de Cali el 10 de mayo de 2021 y 18 de septiembre de 2020, respectivamente, por medio de la cual las autoridades judiciales accionadas declararon la improcedencia del mecanismo constitucional de cumplimiento incoado por el Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana en ontra del Distrito de Cali con radicado No. 76001-33-33-020-2020-00056-00/1.

14. El argumento presentado por la parte actora en contra de la actuación desplegada por el juez constitucional de primera instancia, esto es, el Juzgado 20

Administrativo de Cali, lo orientó a la estructuración del defecto sustantivo.

15. Sobre el defecto alegado, indicó que la providencia cuestionada no aplicó la norma correspondiente si se tiene en cuenta que la pretensión principal de la acción de cumplimiento era precisamente la ejecución de la Resolución No. 4151.0.21.968 de 2011, y desde esa perspectiva, nunca se reprochó la legalidad del acto administrativo, presupuesto que sí habilitaría el uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

16. Aunado a lo anterior, refirió que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no era idóneo para demandar la resolución citada por cuanto esta había sido modificada por la misma administración distrital dada la solicitud de exoneración presentada por el ente ministerial. A Igual consideración llegó frente a la determinación dada por el juzgado accionado respecto del perseguimiento del cumplimiento del acto administrativo en el marco 3 “La Sala precisa que esa figura también estaba prevista, en los mismos términos, en el numeral 3º de artículo 66 del Decreto 01 de 1984.” 4 “Folio 110 del archivo denominado «01. ExpedienteDigital» del expediente colgado en el aplicativo SharePoint y folio 9 del archivo denominado «11. Resolución968de2011» del expediente colgado en el aplicativo SharePoint.” 5 De conformidad con la anotación visible en la página web de Consulta de Procesos de la Rama Judicial. del proceso coactivo a través del citado medio de control, pues afirmó que se está frente a finalidades procesales distintas.

17. De acuerdo con lo expuesto, manifestó que el Juzgado 20 Administrativo de Cali desconoció y/o interpretó erróneamente la finalidad del mecanismo constitucional de cumplimiento contemplado en el artículo 87 superior y regulado por la Leyes 383 de 1997 y 1437 de 2011, pues reiteró que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es idóneo para lograr el cumplimiento de la resolución tantas veces citada.

18. Por otro lado, en lo que atañe a la sentencia del 10 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró que se encontró

permeada por los defectos (i) sustantivo, (ii) violación directa a la constitución en conexidad con el defecto procedimental y (iii) por desconocimiento del precedente de conformidad con los siguientes argumentos:

19. En lo que atañe al defecto sustantivo, manifestó que el Tribunal censurado incurrió en la incorrecta interpretación del artículo 91, numeral 3 de la Ley 1437 de 20116, pues a pesar de que la autoridad judicial advirtió que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no era el mecanismo judicial procedente para obtener el cumplimiento de la resolución No. 4151.0.21.968 de 2011, llegó a la conclusión de que la acción constitucional impetrada tampoco era procedente tras considerar que el acto administrativo había perdido fuerza de ejecutoria.

20. Para reforzar su inconformismo, indicó que, en diversa jurisprudencia, cuyos efectos son erga omnes, se ha dejado por sentado que la figura de la pérdida de la fuerza de ejecutoria de los actos administrativos opera como una sanción a la administración para exigir el cumplimiento de los mismos cuando estos imponen una carga a los destinatarios del mismo. Además de ello, manifestó que las normas jurídicas de contenido particular, individual y concreto que crean derechos en favor de un particular no son susceptibles de inaplicarse vía excepción de inconstitucionalidad de conformidad con “la garantía de que gozan los derechos adquiridos con justo título y con arreglo a las leyes civiles”. En sus propias palabras refirió: (…) el beneficiario (entiéndase interesado) nunca se ha opuesto para que la Administración en el cumplimento de sus fines y cometidos estatales de

cumplimiento al mismo, por el contrario fue precisamente mediante la acción constitucional consagrada en el artículo 87 superior que requirió como ultima ratio a la administración para que diera cumplimiento y ejecutara sus obligaciones que materializaran efectivamente las circunstancias que permitieran exigir el beneficio dispuesto en el acto administrativo particular y concreto que lo creaba a nuestro favor, motivo suficiente para señalar que la declaratoria de improcedencia ante la configuración del fenómeno de la perdida de ejecutoria devino no solo de una interpretación impertinente de la norma que consagra este instituto, por cuanto la fuerza aérea nunca ha recurrido a la formulación de la excepción consagrada en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 (antes 67 del decreto 01 de 1.984) para evitar la 6 Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: (…) 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. obligatoriedad de su cumplimiento por parte de la administración, sino que a contrario sensu ha exigido que se lleve a cabo los actos establecidos en dicho acto para materializar el beneficio allí contemplado como son: i) “realizar la práctica de un peritaje al lugar de ubicación del inmueble, a fin de determinar el área métrica que ocupan los edificios de la Base

Aérea Marco Fidel Suarez”, empadronados en el artículo 22 del acuerdo 0232 de 2007, y, ii) Reliquidar la contribución de valorización descontando de la cabida total del predio el área que ocupan los edificios. Obligaciones cuya ejecución claramente están a cargo de la administración Municipal, la cual de forma deliberada se sustrajo de dar cumplimiento a su propio acto, desconociendo el derecho adquirido contenido en el mismo a favor del accionante.” (Negritas del texto original).

21. Por otro lado, afirmó que la resolución objeto de análisis gozó de legalidad por cuanto el ente territorial no hizo uso de los mecanismos judiciales de nulidad o de revocatoria directa para sustraerse del cumplimiento de su propio acto administrativo y, por el contrario, uso su propia negligencia en su favor para argumentar, en el trámite de la acción constitucional de cumplimiento, la pérdida de fuerza de ejecutoria de la resolución No. 4151.0.21.968 de 2011.

22. Ahora, sobre la violación directa a la constitución y la consecuente configuración del defecto procedimental, estimó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró el principio estipulado en el artículo 31 superior denominado “non reformatio in pejus” el cual aseguró que, a pesar der contar con mayor raigambre en el ámbito penal, le es aplicable a las otras ramas del derecho, entre ellas a la denominada jurisdicción constitucional.

23. Al respecto, aseguró que los jueces de segundo grado deben limitar su estudio al aspecto favorable que delimita el interés del apelante único, situación

que no ocurrió en su caso en concreto habida cuenta que a pesar de que el Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana fue el único recurrente, el Tribunal accionado introdujo un aspecto que no fue declarado en la sentencia de primer grado, pese a haber sido alegado por la entidad demandada, y dada la omisión de la entidad en interponer recurso de apelación, no debió abarcar dicho argumento en la medida que resultó desfavorable a sus intereses.

24. Finalmente, frente al desconocimiento del precedente, encontró como desatendida la sentencia C-069 de 1995 por cuanto allí se abordó el análisis sobre la naturaleza de la causal de pérdida de ejecutoria contenida en el numeral 3 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. 1.4. Actuaciones procesales relevantes 1.4.1. Admisión de la demanda

25. La magistrada ponente del presente trámite constitucional, mediante auto del 4 de agosto de 2021, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cali, como autoridades judiciales accionadas y al municipio de Santiago de Cali en calidad de tercero con interés.

26. Por otro lado, requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado 20 Administrativo de Cali para que allegaran copia digital, íntegra del expediente de la acción de cumplimiento de radicado N° 76001-33-33-020-202000056-00/1.

27. Asimismo, ofició a la Secretaría General de esta Corporación para que

procediera a publicar en su página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la acompañan y del auto de admisión para que cualquier persona que tuviera interés conozca de los referidos documentos y pudiera intervenir en el trámite constitucional de la referencia. 1.4.2. Intervenciones 1.4.2.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

28. A través de memorial enviado el 10 de agosto del año en curso, la magistrada ponente de la decisión demandada por esta vía, presentó argumentos en defensa de su actuación, dentro de los cuales se destacan los siguientes:

29. En primera medida, manifestó que la acción consti