CE-11001-03-15-000-2021-04985-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA EN ACCIÓN POPULAR /

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - La parte demandante pretende reabrir el debate jurídico resuelto por el juez natural / REITERACIÓN DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN EL PROCESO ORDINARIO / CASA CONSISTORIAL JORGE ELIÉCER GAITÁN DEL MUNICIPIO DE CALDAS - No tenía la calidad de bien de interés cultural En el presente asunto, la parte actora alega que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, vulneró el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto: (i) No tuvo en cuenta la normatividad que determinó que la casa consistorial Jorge Eliécer Gaitán estaba considerada como bien de interés cultural y que la falta de registro ante la Oficina de instrumentos Públicos no derivaba en que perdiera esa calidad. Que, además, los concejales no estaban facultados para excluir la casa consistorial como bien de interés cultural, a través de actas. (ii) La sentencia del 24 de febrero de 2021 que aquí se cuestiona incurrió en defecto fáctico, porque no tuvo en cuenta los conceptos y oficios que también daban cuenta de que la casa consistorial era un bien de interés cultural, así como que los interrogatorios practicados por el alcalde del municipio de Caldas estuvieron mal formulados. Que tampoco advirtió que no existía peritaje técnico que demostrara que la casa consistorial amenazaba estado de ruina.(iii) Reiteró que, en una acción de cumplimiento, el Juzgado 36 Administrativo de Medellín determinó que

la casa consistorial no tenía la calidad de bien de interés cultural, siendo que esa acción tenía unas consideraciones jurídicas que diferían de la acción popular objeto de estudio (…) Respecto de los tres primeros argumentos, la Sala advierte que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse. (…) En el caso concreto, la Sala advierte que, en la demanda de tutela, los señores [H.C.C.] y [D.F.Z.] reiteraron los argumentos que propusieron en el proceso de acción popular que promovieron contra el municipio de Caldas y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Si bien la parte actora alega que la providencia del 24 de febrero de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, vulneró el derecho fundamental al debido proceso, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate jurídico respecto a que la casa consistorial Jorge Eliécer Gaitán tiene la calidad de bien de interés cultural. Específicamente, sobre los siguientes temas: (i) las normas y pruebas que dan cuenta de que la casa consistorial es un bien de interés patrimonial; (ii) las actas expedidas por el Concejo Municipal de Caldas; (iii) falta de registro de la casa consistorial en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y (iv) inexistencia de estudio técnico respecto del estado de ruina del inmueble. (…) Siendo así, aunque la parte demandante alega la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, lo cierto es que termina promoviendo indebidamente la tutela para obtener un pronunciamiento que acceda a amparar los derechos colectivos

invocados en la acción popular. Ahora, en cuanto al tercer argumento de la actora relativo a que el tribunal demandado reiteró que el Juzgado 36 Administrativo de Medellín, en un proceso de acción de cumplimiento, determinó que la casa consistorial no era un bien de interés patrimonial, advierte la Sala que ese alegato no se acompasa con las razones en que se fundamentó la sentencia del 24 de febrero de 2021. En efecto, la providencia acusada no tuvo como fundamento ninguna providencia del Juzgado 36 Administrativo de Medellín, pues se mencionó únicamente para efectos de relacionar los argumentos en los que se sustentó la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado 21 Administrativo de Medellín. Luego, este reproche tampoco cumple el requisito de relevancia constitucional.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA

JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD /

PROCEDENCIA DEL IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN / CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y DE RECUSACIÓN DEL FUNCIONARIO JUDICIAL - Debió alegarse dentro del proceso de acción popular / OMISIÓN DE ALEGAR CAUSAL DE RECUSACIÓN EN ACCIÓN POPULAR PARA ADOPTAR LA DECISIÓN DE FONDO / FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA – Debió alegarse en el proceso de acción popular / INCIDENTE DE NULIDAD – Medio idóneo para alegar la falta de notificación de la sentencia de segunda instancia / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No es mecanismo para subsanar omisiones dentro del proceso ordinario

Por otro lado, respecto de los argumentos cuarto y quinto, esto es: (i) que los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, debieron declararse impedidos para dictar la sentencia de segunda instancia, y (ii) que no se notificó la sentencia de segunda instancia, la Sala encuentra que la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad. En efecto, respecto del argumento de que los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta debieron declararse impedidos, porque fueron los mismos que profirieron el auto que revocó la medida cautelar que solicitaron en el proceso de acción popular, la Sala advierte que los artículos 130 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 140 y siguientes del Código General del Proceso consagran de manera taxativa y con interpretación restrictiva las circunstancias por las que el juez debe separarse del conocimiento del proceso, esto es, las causales de impedimento y recusación. De acuerdo con esa normativa, si la parte actora estimaba que existían situaciones por las que los magistrados que integran la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia, pudieran carecer de imparcialidad para adoptar la decisión de fondo, debió alegarlas dentro del proceso de acción popular, para que allí, conforme a las causales establecidas en la ley, se determinara si los funcionarios judiciales debían separarse o no del conocimiento del asunto. Ahora, frente al alegato de la falta de notificación de la sentencia de segunda instancia, la Sala advierte que se trata de una inconformidad que la parte actora también pudo alegar en el proceso de acción popular, a través del medio idóneo para el efecto: incidente de nulidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que el

artículo 133 del CGP, que prevé las causales de nulidad, señala que “cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código”. No obstante, la parte actora no propuso las anteriores inconformidades al interior del proceso de acción popular y ahora pretende que por vía de tutela se estudie esos argumentos. Se insiste: la acción de tutela contra providencias judiciales no es un mecanismo para que las partes expongan argumentos que por negligencia o decisión propia dejaron de plantear en los procesos ordinarios. Finalmente, en cuanto al presunto error por la no inclusión de los alegatos de conclusión en la sentencia del 24 de febrero de 2021, basta decir que la actora hace referencia a los alegatos de conclusión que presentó el 1º de marzo de 2020 ante el Juzgado 21 Administrativo de Medellín y, revisado el expediente digital, la Sala constata que fueron presentados en sede de primera instancia. Luego, la afirmación que efectúa la sentencia del 24 de febrero de 2021, en cuanto a que la parte actora no presentó alegatos en sede de segunda instancia, no merece ningún reproche, por cuanto se ajusta a la realidad. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / DESVINCULACIÓN DEL PROCESO – Del municipio de Medellín / ÁREAS METROPOLITANAS - Dotadas de personería jurídica de derecho

público, autonomía administrativa, patrimonio propio / REPRESENTANTE LEGAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ – Es el director / FALTA DE CALIDAD DE PARTE EN EL PROCESO - Del municipio de Medellín En el presente asunto, el municipio de Medellín solicitó la desvinculación de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, con sustento en que no fue parte en el proceso de acción popular y en que pese a que se notificó al alcalde en el presente trámite en calidad de presidente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo cierto era que tal entidad gozaba de personalidad jurídica y autonomía administrativa, cuyo director era el legitimado para conocer de la presente acción. Al respecto, es conveniente señalar que de conformidad con el artículo 3º de la Ley 1625 de 2013, las Áreas Metropolitanas están dotadas de personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y régimen administrativo y fiscal especial. Tratándose del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Acuerdo Metropolitano No. 10 del 14 de junio de 2013 estableció en el artículo 17, que la dirección y administración estaría a cargo de: “una Junta Metropolitana, el Presidente de la Junta Metropolitana, un Director, las respectivas Subdirecciones, Secretaría General y la Oficina de Control Interno y demás dependencias que conforma la Planta de personal de la Entidad”. Además, el parágrafo primero del artículo 18 ibidem determinó que el alcalde del municipio de Medellín, era el

presidente de la Junta Metropolitana. Por su parte, el artículo 40 del citado acuerdo, previó que el director era el representante legal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que le asiste razón al municipio de Medellín al señalar que no está legitimado para actuar en representación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pues esa competencia recae en el director. De hecho, justamente en esa calidad intervino el director en el presente trámite. Adicionalmente, se advierte que el municipio de Medellín no fue parte del proceso de acción popular que dio lugar a la providencia acusada y que la parte actora tampoco endilga la vulneración o amenaza del derecho fundamental que invoca. Luego, es evidente que esa entidad no tiene interés para comparecer en el presente trámite. Por lo tanto, la Sala declarará probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el municipio de Medellín FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 130 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 140 / LEY 1625 DE 2013 - ARTÍCULO 3 / ACUERDO METROPOLITANO DEL VALLE DE ABURRÁ DE 2013 - ARTÍCULO 17 / ACUERDO METROPOLITANO DEL VALLE DE ABURRÁ DE 2013ARTÍCULO 40

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04985-00(AC)

Actor: HERNANDO CANO CANO Y DORIAN FLÓREZ ZULETA Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Temas: Acción de tutela contra sentencia dictada en proceso de acción popular, que determinó que la casa consistorial del municipio de Caldas no tenía la calidad de bien de interés cultural.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Hernando Cano Cano y Dorian Flórez Zuleta, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia

ANTECEDENTES

1. Pretensiones 1.1. En ejercicio de la acción de tutela, los señores Hernando Cano Cano y Dorian Flórez Zuleta pidieron la protección del derecho fundamental al debido proceso, que estimó vulnerado por la sentencia del 24 de febrero de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta. En consecuencia, formularon textualmente las siguientes pretensiones: Primero: Por todo lo expuesto y de encontrar nuestros argumentos ajustados a normas de superior jerarquía, se reconozca, la calidad de Bien de Interés Cultural, del cual gozaba la Casa Consistorial de Municipio del Caldas, por haber sido declarada previamente en el artículo 81° De los elementos constitutivos del patrimonio del Municipio de Caldas, Acuerdo 056 del 24 de diciembre del año 2000, donde quedó consignado que constituía bien urbanístico y/o

arquitectónico, la carrera 49 en todo su recorrido, precisamente donde se encontraba ubicada

la Casa Consistorial, sin que por su parte en dicho acuerdo se hiciera una exclusión expresa frente a ésta. Lo cierto y legalmente aprobado fue este Acto Administrativo Acuerdo 056 del año 2000, mediante el cual se aprobó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, instrumento de carácter general amparado por la presunción de legalidad”.

Segundo: Que se reconozca que no era necesaria la expedición de un acto administrativo adicional, para la declaratoria de la Casa Consistorial, pues bastaba con la incorporación del inmueble en el PBOT con anterioridad a la promulgación de la ley 1185 de 2008, “condición que se acreditó en el presente asunto, en tanto se tiene claridad de su incorporación en el PBOT del año 2000, como lo hemos demostrado y cuyo concepto se sumaron varios representantes de entidades inmersas en el proceso.

Tercero: Que se reconozca que la Administración de Caldas, engañó y confundió con un informe técnico ocular y lo hizo creer y pasar como Peritaje técnico, por lo que al no existir este peritaje técnico, no se podía proceder con lo siguiente “el acto administrativo que declare el estado de ruina hará las veces de licencia de demolición”, es decir al no existir peritaje técnico que demostrara el estado de ruina, tan poco tendría piso jurídico la licencia de demolición, pues el peritaje técnico, era una condición previa de existir, para ser a su vez la licencia de demolición. Lo cual demostramos no existió como, como también lo afirmaron el Señor Procurador 32 Judicial II Administrativo, el Doctor Rodrigo Alberto Quintero Bermúdez, Asesor

de la procuraduría Delegada Para Asuntos Civiles y Laborales de la Procuraduría, y como le hizo saber el Ministerio de Cultura, al señor alcalde, que debía realizar el peritaje técnico. Como podrá verificarse en el expediente no existe peritaje técnico.

Cuarto: que se reconozca que el lote que determinó el Acuerdo 014 de 2010 para la Construcción de la nueva sede de la alcaldía, era el lote de la Plaza de Mercado, tal como lo transcribimos en letra del mismo Acuerdo y que el mismo acuerdo le determinó un tratamiento de conservación a la casa Consistorial, que también lo demostramos al transcribir en letra del mismo acuerdo 014 de 2010.

Quinto: Que se reconozca que la improcedencia de lo argumentado tanto por el área Metropolitana, como por la administración municipal, en lo referido a la mala y acomodada interpretación del Artículo 169 del Acuerdo 014 de 2010, referida a la lista indicativa de patrimonio cultural, a la circunstancia de que “el municipio, en un plazo de dos años, presente la lista indicativa de bienes, al Consejo Departamental de Patrimonio para su declaratoria como bienes de interés cultural.” La fijación de dos años para enviar dicha lista indicativa, no tiene rango normativo, ni la ley le fija términos inaplazables.

Resolución 0983 de 20 de mayo de 2010”. “Artículo 5º. Inclusión de bienes en la LICBIC. La inclusión de un bien en la LICBIC de cualquier ámbito es el resultado de una actuación en la cual la instancia competente analiza y determina

si el bien cumple con los criterios de valoración y valores definidos en el artículo 6º del decreto 763 de 2009, con miras a seguir un proceso de declaratoria de dicho bien como BIC”. “Parágrafo Primero. Cada LICBIC se mantendrá actualizada y publicada por medios electrónicos o físicos. Allí se indicarán los bienes incorporados a la misma, la fecha de inscripción y la coincidencia preliminar del bien con los valores y criterios de valoración requeridos para una declaratoria”. Como se puede leer este Parágrafo, por el contrario plantea la obligación de mantener actualizada y publicada la lista Indicativa de Bienes de Interés CulturalLIBIC; este parágrafo contradice claramente el argumento de la administración, cuando se defiende y dice que se fijó 2 años para presentar la lista indicativa, eso no condiciona para nada que la lista se pueda y se pudiera enviar en cualquier momento, superado esos dos años, máxime que ese acuerdo 014 de 2010, está vigente; lo que ocurrió fue negligencia. Pero de ninguna manera esta disculpa, puede condenar a un Bien de Interés Cultural, a su demolición y mucho menos si no existe Revocatoria, motivada por el alcalde, que es otra obligación que impone norma superior, revocatoria que se debe realizar mediante acto administrativo técnicamente sustentado, que demuestre porque a razón de que, se pretende quitar esa condición de Bien de Interés Cultural, revocatoria que no se conoce, ni se ha dado a conocer en el proceso de la demanda. Resulta claro de todo lo expuesto y afirmado por instancias de superior jerarquía que se dieron todos los presupuestos, basados en el Acuerdo 056 de 24 de diciembre del año 2000 PBOT

DEL Municipio de Caldas y leyes de superior jerarquía, para demostrar la declaratoria de patrimonio cultural, por lo cuales se realizó la declaratoria de la casa Consistorial, desde el año 2000, pues dicho acuerdo que goza de presunción de legalidad, no excluyo la casa Consistorial, ni las dos actas mediante las cuales días previos a la aprobación del PBOT, no se incluyeron ni se mencionan en ninguna de sus apartes. Es decir, la voluntad de retirar la casa consistorial y otros dos bienes, se quebrantó al no hacer tránsito al PBOT, llámese por olvido u omisión.

Sexto: Que se deje sin efecto, el fallo de primera instancia, proferido por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Medellín, que niega las pretensiones de nuestra demanda.

Séptimo: Por vulneración al debido proceso por defecto fáctico, dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia. Sala Quinta Mixta, del 21 de febrero de 2021, que confirmó sentencia de primera instancia.

Consideramos que las pruebas y argumentos que presentamos los demandantes, no se tomaron de lleno en la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala QuintaMixta, ni los hechos fueron tomados adecuadamente.

Octavo: Que se admita que si hubo vulneración del derecho consagrado en el literal f) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

Noveno: Muy respetuosamente, solicitamos a los Honorables Magistrados que, con sujeción a todas las disposiciones legales, contenidas en las leyes de superior jerarquía, referidas a las

faltas contra el patrimonio cultural, y las determinaciones a queden lugar, sean ellas aplicadas, según vuestra voluntad, y se impartan las medidas tendientes a recuperar consecuente con disposiciones legales el referente patrimonial de la comunidad del municipio de Caldas, la Casa Consistorial. Por lo que se debe ordenar con sujeción a normas superiores, la reconstrucción del Bien de Interés Cultural, según lo dispuesto por la Ley 388 de 1997 artículo 106, ley 1185 de 2008, decreto 1077 de 2015 decreto 1080 de 2015 y todas las normas concordantes.

2. Hechos Del escrito de tutela y del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos y argumentos relevantes: 2.1. El municipio de Caldas (Antioquia) suscribió contrato interadministrativo No. 316, del 15 de mayo de 2017, con Municipios Asociados del Norte Antioqueño

(Amunorte), con el objeto de ejecutar “la demolición del centro administrativo municipal de Caldas (Antioquia)”, esto es, la casa consistorial Jorge Eliécer Gaitán. 2.2. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el municipio de Caldas suscribieron el convenio marco No. 613 del 9 de junio de 2017, cuyo objeto era “realizar la construcción del centro administrativo y de Gobierno del municipio de Caldas”, el cual se llevaría a cabo en el terreno en que fuera demolida la casa consistorial. 2.3. En ejercicio de la acción popular1, los señores Miguel Ángel Mesa, Andrés Fernando Mesa, Dorian Flórez y Hernando Cano Cano pidieron la protección de

los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y a la moralidad administrativa, que estimaron amenazados por el municipio de Caldas (Antioquia), 1 Radicada el 14 de septiembre de 2017 en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia, que, por auto del 11 de octubre de 2017, declaró la falta de competencia y ordenó la remisión a los juzgados administrativos de Medellín. Secretaría de Infraestructura Física y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con ocasión del plan de demoler la casa consistorial Jorge Eliécer Gaitán –que alegaron tenía la calidad de bien de interés cultural– para construir en ese terreno el nuevo centro administrativo municipal. En consecuencia, solicitaron que se ordenara a la parte demandada cesar las actividades tendientes a iniciar la demolición y las obras complementarias, que habían sido objeto de contrato interadministrativo suscrito por el municipio. 2.3.1. En la demanda, los actores populares manifestaron que la demolición no se había llevado a cabo, pero su realización era inminente, razón por la cual solicitaron como medida cautelar: (i) la cesación inmediata de las actividades tendientes a iniciar las obras de demolición de la casa consistorial; (ii) que se ordenara al alcalde del municipio de Caldas que inscribiera la citada casa ente el Consejo Departamental de Cultura ordenada en el POT, y (iii) que se ordenara al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos la realización de los estudios necesarios para identificar las patologías de la Casa Consistorial y las medidas urgentes a tomar para evitarlo. 2.4. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado 21 Administrativo de

Medellín, que la admitió el 18 de octubre de 2017 y, por auto del 15 de junio de 2018, denegó la medida cautelar solicitada, con fundamento en que, para el momento de la interposición de la acción popular, la casa consistorial ya se encontraba totalmente demolida2, de modo que no fuera necesario decretar ninguna medida cautelar. 2.5. El 19 septiembre de 2018, la parte demandante solicitó que se decretara como medida cautelar una orden para que se detuviera cualquier proceso de licitación o adjudicación de contrato de obra para la construcción de un nuevo edificio “centro administrativo municipal CAM” en el lote donde se encontraba la demolida casa consistorial, hasta tanto se emitiera la sentencia que decidiera de fondo el asunto. 2.6 Por auto del 7 de diciembre de 2018, el Juzgado 21 Administrativo de Medellín denegó la medida cautelar solicitada. 2.7. En contra de la anterior decisión, el procurador 10 judicial II, adscrito a la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles interpuso recurso de reposición y el Juzgado 21 Administrativo de Medellín, por auto del 14 de diciembre de 2018, la repuso y, en su lugar, decretó la medida solicitada. 2.8. El municipio de Caldas y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá interpusieron recurso de apelación contra la anterior providencia y, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, por auto del 31 de enero de 2019, la revocó y, en su lugar, denegó la medida cautelar solicitada. 2.9. Mediante sentencia del 14 de mayo de 2020, el Juzgado 21 Administrativo de

Medellín denegó las pretensiones de la demanda. A juicio de la autoridad judicial, tal y como lo señaló el Juzgado 36 Administrativo Oral de Medellín en providencia del 11 de mayo de 2018, dictada en un proceso de acción de cumplimiento, no estaba acreditado que la casa consistorial hubiera obtenido la declaratoria de bien de interés cultural. 2.9.1. Que, además, el Concejo Municipal de Caldas excluyó a la casa consistorial del grupo de bienes de interés cultural, por lo que mal podía sostenerse que el derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural se encontraba amenazado o vulnerado, de ahí que, por sustracción de materia, no fuere necesario adoptar medidas. 2 Teniendo en cuenta que en informe de supervisión de contrato se señaló los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre de 2017, se había realizado la demolición de los muros finales de la casa consistorial y limpieza del lote. 2.9.2. Adicionalmente, indicó que en el proceso estaba probada la demolición de la casa consistorial y que, en el curso de la inspección judicial, se observó que la construcción de la nueva sede municipal estaba muy avanzada, unido a que el acta de inicio de la obra se suscribió el 10 de septiembre de 2019, con un plazo de ejecución de 12 meses. 2.10. Inconformes con la anterior decisión, los actores populares Dorian Flórez y Hernando Cano Cano presentaron recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, por sentencia del 24 de febrero de 2021, la confirmó. El tribunal consideró que si bien los acuerdos municipales Nos.

56 del 24 de diciembre de 2000 y 14 del 22 de diciembre de 2000, permitían deducir, en principio, que la casa consistorial Jorge Eliécer Gaitán se había incluido como un bien de interés cultural municipal, lo cierto era que, de conformidad con las actas 166 y 168, ambas del año 2000, suscritas por el Consejo Municipal de Caldas, se desprendía que esa Corporación excluyó expresamente de los elementos constitutivos de Patrimonio a la casa consistorial. 2.10.1. El tribunal estimó que no se acreditó la vulneración de los derechos colectivos invocados, porque: (i) no existía acto administrativo que declarara que la casa consistorial era un bien de interés cultural; (ii) el POT del año 2000 la excluyó expresamente de tal condición; (iii) en el certificado de libertad y tradición del bien inmueble no consta anotación de la cual se deduzca la connotación de bien de interés cultural, y (iv) la administración municipal jamás inició el proceso definido por la ley para declarar el inmueble como bien de interés cultural. 2.10.2. Por lo expuesto, manifestó que al no acreditarse que la casa consistorial tuviera el carácter inequívoco de bien de interés cultural del orden municipal, seguía siendo idóneo el concepto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para autorizar la demolición del bien inmueble, por estado de ruina.

3. Argumentos 3.1. La parte actora alegó que la sentencia del 24 de febrero de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, vulneró el derecho

fundamental al debido proceso, por los motivos que a continuación resume la Sala: 3.1.1. Que, para la fecha de presentación de la acción de tutela, no había sido notificada de la sentencia que aquí se acusa y que se enteró de su existencia por tercera persona, circunstancia que “vulnera el derecho a la defensa oportuna y contradicción”. 3.1.2. Que, además, la providencia acusada señaló que la parte actora no presentó alegatos de conclusión, afirmación que adujo no era cierta, puesto que sí los presentó ante el Juzgado 21 Administrativo de Medellín, el 1º de marzo de

2020. En ese sentido, manifestó que se generó un desequilibrio en su contra, al no tenerse en cuenta los argumentos que presentó en dichos alegatos. 3.1.3. Adujo que la decisión acusada desconoció que la casa consistorial Jorge Eliécer Gaitán si estaba considerada como bien de interés cultural, pues así se determinó en el artículo 81 del Acuerdo 56 del 24 de diciembre de 2000, por medio del cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Caldas, en concordancia con la Ley 397 de 1997, así como en el parágrafo tercero del literal b) del artículo 4º de la Ley 1185 del 12 de marzo de 2008, ratificado por el parágrafo primero del numeral IV del artículo 2.3.1.3. del Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015. 3.1.3.1. Resaltó que la falta de registro de la casa consistorial como bien de

interés cultural municipal ante la Oficina de Instrumentos Públicos, no implicaba que perdiera tal calidad, porque la misma ya se encontraba amparada por las normas antes citadas. 3.1.3.2. Además, señaló que la sentencia acusada no tuvo en cuenta que el Acuerdo 014 de 2010 (PBOT del municipio de Caldas) fijó un tratamiento de conservación y reglamentó acciones para su protección, que recaían también sobre la casa consistorial y que, en ese mismo acuerdo, se determinó que la Plaza de Mercado se trasladaría para la construcción de la nueva sede administrativa. 3.1.4. Por otro lado, reprochó que el tribunal demandado reiterara lo expuesto en la sentencia de primera instancia, en cuanto a que, en un fallo de acción de cumplimiento, dictado por el Juzgado 36 Administrativo de Medellín, se determinó que la casa consistorial no tenía la calidad de bien de interés cultural, a pesar de que esa acción tenía unas consideraciones jurídicas que diferían de la acción popular objeto de estudio. 3.1.5. Dijo que también se configuró un posible vicio de nulidad en el proceso de acción popular, por cuanto los magistrados que dictaron el auto que revocó la medida cautelar, fueron los mismos que dictaron la sentencia que aquí se cuestiona, debiendo declararse impedidos, en razón a que utilizaron, en gran medida, los mismos motivos del auto. 3.1.6. Que la providencia acusada incurrió en defecto fáctico, puesto que no tuvo en cuenta que fueron más las entidades que emitieron concepto favorable frente a que la casa consistorial sí estaba declarada como bien de interés cultural,

afirmación que adujo estaba contenida en los siguientes oficios, cuyos apartes al respecto no tuvo en cuenta el tribunal demandado: (i) Oficio radicado S-2018-000515 del 12 de agosto de 2018, de la directora del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. (ii) Oficio del Ministerio de Cultura, radicado 415-2017. (iii) Oficio del Ministerio de Cultura, radicado 111-00022019, en el que además se señala que es posible la restitución y reconstrucción de la casa consistorial. (iv) Oficio del asesor de la Procuraduría Delegada Para Asuntos Civiles