CE-11001-03-15-000-2021-05079-00(AC)

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO EN LA ACCIÓN DE TUTELA - Por hecho

superado / IMPULSO PROCESAL / SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE

CURADOR AD LITEM

[D]e acuerdo con el material probatorio allegado a este Despacho, el señor [J.J.R.O.] renunció a su cargo como curador ad-litem mediante memorial que radicó el 19 de diciembre de 2019. A través de dicho documento, manifestó que iba a asumir funciones como servidor público lo que le impedía seguir desempeñándose como curador de la señora [T.M.]. La Sala encuentra que, del informe allegado con la contestación de la tutela por parte del Tribunal Administrativo del Meta, en este asunto se encuentra configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, en razón a que lo pretendido en la acción de tutela, en relación con esta solicitud de impulso procesal, fue llevado a cabo en el curso de este trámite constitucional. En efecto, se acreditó que, mediante auto del 18 de agosto de 2021, la autoridad judicial accionada resolvió sobre la renuncia presentada por el abogado (…) y decidió relevarlo, por lo que designó a la profesional en derecho [A.L.C.M.] para que asumiera el cargo de curador ad litem de la señora [C.T.M.].

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPULSO

PROCESAL / SOLICITUD DE TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES

PROPUESTAS POR EL CURADOR AD LITEM / CELEBRACIÓN DE

AUDIENCIA INICIAL / MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA - No configuración /

AUSENCIA DE VULNERACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES

[Sobre la solicitud de correr traslado de las excepciones propuestas por el curador ad litem] de acuerdo con el expediente del proceso de controversias contractuales en estudio, no fue posible notificar del auto admisorio de la demanda a la señora [C.T.M.], quien hace parte del extremo pasivo al interior de dicho trámite. Por tanto, mediante providencia del 27 de marzo de 2019, el Despacho de la magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Meta, designó al profesional en derecho [J.J.R.O.] como curador ad litem de la señora [T.M.], en los términos del artículo 48 – numeral 7º del Código General del Proceso. (…) [L]a Sala advierte que negará el amparo constitucional invocado en relación con el impulso procesal solicitado el 22 de noviembre de 2019 (…) toda vez que lo pedido mediante el memorial 1 fue llevado a cabo por la autoridad judicial accionada en el término expuesto con antelación, previo a la interposición de esta tutela. (…) [En relación con la fecha para la celebración de la audiencia inicial] [p]or medio de auto del 18 de agosto de 2021, la autoridad judicial accionada relevó del cargo de curador ad litem al señor [R.O.] y se designó a la abogada [A.L.C.M.]. Esta providencia fue notificada a la señora [C.M.] mediante estado electrónico (…) del 19 de agosto de 2021, el cual fue remitido en mensaje de datos a la dirección del buzón web (…) De acuerdo con el artículo 48 – numeral 7 del Código General del Proceso, el nombramiento del curador ad litem “es de forzosa aceptación, salvo que el

designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio”. A su vez, el artículo 49 de la ley en referencia, establece que los auxiliares de la justicia, entre quienes se encuentran los curadores, cuentan con los 5 días siguientes a su designación para no aceptar el cargo y acreditar el correspondiente motivo. Por tanto, cumplido este término, se debe entender que el contradictorio fue debidamente integrado y se surtirá la actuación procesal a que haya lugar. Ahora bien, de acuerdo con el término establecido por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 para la celebración de la audiencia inicial, el juez cuenta para ello con un mes que, debido a las particularidades de este caso, debe contarse desde el momento en el que fue integrado debidamente el contradictorio. Por tanto, el Tribunal Administrativo del Meta no se encuentra en mora de llevar a Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cabo este trámite procesal, en la medida en que no ha pasado un mes, incluso desde el momento en que se profirió y notificó el auto de designación de la nueva curadora ad litem. En este sentido, la autoridad judicial accionada deberá fijar fecha y hora de la audiencia inicial previo al vencimiento de dicho término, por lo que no se ha configurado un retardo injustificado.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 48

NUMERAL 7 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 49 / LEY 1437

DE 2011 - ARTÍCULO 180.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-05079-00(AC)

Actor: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contra el Tribunal Administrativo del Meta en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 3 de agosto de 2021 al correo electrónico del Centro de Recepción de Tutelas y Habeas Corpus del Consejo Superior de la Judicatura, remitido en la misma fecha al buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso a la administración de la justicia.

2. Las anteriores garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la presunta omisión de la referida autoridad judicial en otorgar respuesta a las múltiples1 solicitudes que ha radicado ante el despacho de la Magistrada Teresa

1 Conforme al material probatorio aportado con el escrito inicial, se evidencia que el Ministerio accionante radicó ante el Tribunal Administrativo del Meta, 5 memoriales de impulso procesal en Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Herrera Andrade, en el marco del medio de control de controversias contractuales, identificado con el radicado No. 50001-23-33-000-2016-00019-00, que instauró la entidad accionante contra la señora Candelaria Trujillo Moreno y Seguros del Estado S.A.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, elevó las siguientes peticiones: (…) SEGUNDO: Con el fin de garantizar restablecer (sic) los derechos fundamentales que le asisten a la entidad que represento, solicito respetuosamente a los Honorables Magistrados, ordenar a la accionada, que en el término máximo de (48) cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación del fallo de primera instancia, proceda a resolver de fondo las peticiones incoadas dentro de los procesos judiciales relacionados en la cronología que antecede.

TERCERO: En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados, ordenar todo lo que el Honorable Despacho considere pertinente para garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados.” 1.2. Hechos probados y/o admitidos La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la

Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 22 de noviembre de 2019, al interior del proceso de controversias contractuales identificado con el radicado No. 50001-23-33-000-2016-00019-00, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de su apoderado judicial, radicó una solicitud de impulso procesal ante el Tribunal Administrativo del Meta. A continuación, se anexa el documento en referencia: las siguientes fechas: i) 22 de noviembre de 2019, ii) 22 de julio de 2020, iii) 28 de octubre de 2020, iv) 18 de febrero de 2021 y, v) 24 de mayo de 2021.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5. El 22 de julio de 2020, la parte actora radicó ante la autoridad judicial accionada una solicitud por medio de la cual pidió que se fijara fecha y hora para audiencia inicial al interior del proceso de controversias contractuales en mención. A

continuación, se anexa dicho memorial: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6. El 29 de octubre de 2020, el 18 de febrero de 2021 y el 24 de mayo siguiente, la entidad accionante radicó, ante el Tribunal Administrativo del Meta, unas solicitudes por medio de las cuales pidió que “se designe curador ad litem” al

interior del proceso de controversias contractuales en mención. En tales fechas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural radicó el mismo memorial que a continuación se relaciona: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3. Sustento de la solicitud

7. La parte actora indicó que a pesar del tiempo transcurrido desde la presentación de tales peticiones, no se ha llevado a cabo “ningún pronunciamiento por parte del despacho”. Agregó que “han transcurrido más de dos años” sin que la autoridad judicial dé trámite a lo solicitado, lo que ha implicado una “grave dilatación” del proceso en curso.

8. Como fundamento jurídico del amparo del derecho de petición, citó textualmente el artículo 23 de la Constitución Política2, el artículo 14 de la Ley 2 “ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1755 de 20153, el artículo 7 del Código Contencioso Administrativo4 y unos apartados de la sentencia T-377 del 2000 de la Corte Constitucional.

9. En relación con la vulneración al debido proceso alegada, trajo a colación algunos extractos de la sentencia T-1082 de 2002 de dicho Tribunal e indicó que

la autoridad judicial demandada incurrió en una falta de observancia al principio de celeridad “en lo que respecta a las siguientes condiciones: el incumplimiento de los plazos, el impulso procesal de los actos encaminados a la consecución de los fines del proceso, así mismo, la ejecución de dichos actos de manera oportuna”.

10. Indicó que dicho principio supone: “(…) conceder a los operadores judiciales, los instrumentos jurídicos necesarios para el desempeño efectivo del derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas, siendo pertinente la búsqueda de enmiendas y mecanismos que regularicen la prestación de la justicia y su ejecución en términos razonables.” 1.4. Trámite de la acción de tutela

11. La magistrada ponente de esta decisión, mediante auto del 10 de agosto del 2021, admitió la demanda de tutela, dispuso su notificación a la parte actora, al accionado y vinculó, en calidad de terceros con interés, a la señora Candelaria Trujillo Moreno, a Seguros del Estado S.A., a todas las personas naturales y jurídicas que hubieran conformado los extremos activo y pasivo del proceso de controversias contractuales identificado con el radicado No. 50001-23-33-0002016-00019-00, así como a todos aquellos que se hayan vinculado como terceros con interés o litisconsortes necesario en dicho trámite. 1.5. Intervenciones Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones: 3 “ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma

legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.” 4 ARTÍCULO 7. “La falta de atención a las peticiones de que trata este capítulo, la inobservancia de los principios consagrados en el artículo 3o. y la de los términos para resolver o contestar, constituirán causal de mala conducta para el funcionario y darán lugar a las sanciones correspondientes.” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 1.5.1. Tribunal Administrativo del Meta

12. Mediante escrito enviado por correo electrónico el 20 de agosto de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la magistrada ponente del proceso de controversias contractuales que se adelanta ante la autoridad judicial accionada, solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela.

13. Advirtió que, mediante auto del 18 de agosto de 2021, resolvió sobre la renuncia al cargo del curador ad litem de la demandada al interior de tal proceso y designó, en su lugar, “a la profesional del derecho ANGELA LIZETH CARRANZA MOYA”. Agregó que dicha providencia fue notificada mediante estado electrónico el 19 del mismo mes y año.

14. Indicó que, con el fin de garantizar el derecho al debido proceso y de defensa y contradicción de la parte demandada al interior del proceso de controversias contractuales: “(…) fue necesario que previo a resolver sobre las excepciones promovidas por el extremo demandado, conforme al parágrafo 2º del art. 175 del C.P.C.A., modificado por la Ley 2080 de 2021, concordante con el art.12, del Decreto 806 de 2020, se procediera a la designación de la nueva curadora ad litem, por lo que, una vez se cuente con su posesión, el Despacho podrá continuar con el trámite pertinente”

15. Señaló que la acción de tutela no cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues la entidad accionante cuenta con el instrumento de vigilancia administrativa como mecanismo administrativo idóneo para cuestionar la mora judicial injustificada. Por tanto, arguyó que se configuró la causal de improcedencia del

amparo constitucional consagrada por el artículo 6 – numeral 1º del Decreto 2591 de 1991.

16. Expuso que, debido a la “enorme congestión judicial y sobrecarga laboral” al interior del Tribunal Administrativo del Meta, se realizó una redistribución de cargas en el trabajo y se creó “un nuevo despacho de magistrado” por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Agregó que: “(…) por ejemplo, a 31 de diciembre de 2020, el Despacho contaba con una carga laboral de 768 procesos judiciales, como se señaló en el Acuerdo No CJMEA21-42, del 25 de marzo de 2021, por medio del cual se estableció la homologación y redistribución de procesos, con ocasión de la creación del Despacho 6 de esta Corporación.”

17. Resaltó que, además de dicha congestión, es necesario considerar las tutelas, acciones de cumplimiento, controles inmediatos de legalidad, pérdidas de investidura, “electorales, entre otros” que son repartidos diariamente al despacho y que “tienen prioridad constitucional y legal”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

18. Destacó que a partir del 1º de febrero de 2021, fue designada como presidente del Tribunal Administrativo del Meta y, por tanto, a partir de tal fecha, ha debido atender a “diversas reuniones y comités, atención de asuntos administrativos y otras gestiones propias del cargo”, situación que ha comprometido tiempo y esfuerzos adicionales del Despacho.

19. Afirmó que, de acuerdo con la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de tutela del 25 de marzo de 20215, el incumplimiento de los términos procesales con los que cuenta la administración de justicia se traduce en una vulneración de derechos fundamentales cuando se presenta una mora judicial injustificada. En este sentido, adujo que en consonancia con la providencia en mención, dicho retardo está justificado cuando “se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial”.

20. Aseveró que “durante el período de presunta inactividad” se presentaron diversas situaciones que afectaron el desarrollo normal de los términos procesales tales como “el tiempo de vacancia y la suspensión de términos por el Covid-19, que se prolongó por más de 3 meses”. A ello, añadió que la carga laboral aumentó debido a: “los impedimentos remitidos a este Despacho, provenientes del Despacho 002, de esta Corporación, que ascienden a 40 procesos durante el 2019, respecto de los cuales no existe acreditación efectiva de compensación en el reparto, situación que se presenta también, con diferentes medios de control”.

21. Agregó que en los 2 últimos trimestres de 2019, el Despacho recibió 187 procesos judiciales ordinarios y durante el período de Estado de emergencia, le fueron repartidos “más de 100 controles inmediatos de legalidad, lo que determina una carga laboral excesiva que afecta el desenvolvimiento laboral”.

22. Expuso que, desde junio de 2020, se inició el programa de implementación de

expediente digital y la ejecución de la herramienta de gestión judicial “TYBA”. Esto implicó la asignación directa de funcionarios del Despacho para labores de digitalización de expedientes de primera y segunda instancia, debido a las falencias del plan de digitalización seccional. Resaltó lo dispendioso de dicho trabajo, debido a la carencia de instrumentos tecnológicos disponibles.

23. Aunado a lo anterior, indicó que únicamente hasta el 2021 se ejecutó el plan de digitalización a través de contratistas; no obstante, tal labor ha tenido diversas “dificultades y complicaciones”, lo que ha sido un obstáculo para la mejora en los índices de digitalización.

24. En relación con los memoriales de impulso procesal radicados por la entidad accionante, argumentó que, “antes de emitir pronunciamiento alguno dentro de cualquier asunto”, fue necesaria la creación del expediente digital del proceso de 5 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 25.03.21., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

Exp: 11001-03-15-000-2021-00842-00(AC).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co controversias contractuales y su respectivo registro en la plataforma web TYBA, labor que ejecutó el Despacho por las razones expuestas con antelación.

25. En este orden de ideas, concluyó que “no ha sido negligente en el trámite del proceso judicial objeto de estudio”, pues el retardo reprochado vía tutela se debe a la existencia de una congestión judicial por causa de exceso en la carga laboral.

Por lo anterior, tal situación se enmarca en uno de los supuestos en los que la mora judicial se encuentra justificada. Agregó que ya se profirió una decisión por medio de la cual se designó al nuevo curador ad litem, por lo que “una vez se tenga posesionada a la abogada designada, se continuará con lo pertinente”.

26. A pesar de que los terceros con interés vinculados al presente proceso fueron debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

27. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contra el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021, el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, también modificado por el Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 de 12 de marzo de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado). 2.2. Problema jurídico

28. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los argumentos de la demanda y la intervención de la autoridad accionada, el problema jurídico que subyace al caso es el siguiente:  ¿La autoridad judicial demandada vulneró los derechos de petición, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural, por presuntamente incurrir en mora judicial injustificada al interior del proceso de controversias contractuales con radicado No. 50001-23-33-000-2016-00019-00?

29. Para resolver la cuestión formulada, se estudiará lo siguiente: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) del derecho de petición en actuaciones judiciales; (iii) mora judicial justificada; (iv) análisis del caso en concreto. 2.3. Naturaleza de la acción de tutela

30. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente e informal que permite a cualquier persona reclamar la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

31. Esta acción procede cuando el interesado no cuenta con más medios de defensa judicial ordinarios o en el caso en que aquellos no sean idóneos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.

32. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional

no puede decidir sobre la controversia propuesta.

33. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar esta acción constitucional de un uso inadecuado que podría desnaturalizar su valor especial dentro del ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el constituyente. 2.4. Del derecho de petición en actuaciones judiciales

34. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido pacífica al señalar que existen dos clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de

justicia:

I. Aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan de conformidad con el procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley.

II. Las generales que no tienen incidencia en el proceso judicial y que están reguladas en el Título 2º de la Ley 1437 de 2011.

35. Esta Sección, en sentencia del 25 de enero de 20186, señaló que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado han reiterado que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un alcance diferenciado que implica limitaciones. Por tanto, resaltó esta Sala que es necesario diferenciar las siguientes dos clases de solicitudes que se eleven ante los jueces: “(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto; y

(ii) Aquellas que, por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el

6 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 25.01.18., M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02981-00. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

36. Por tanto, en la providencia en cita se indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia referenciada, el derecho de petición no procede para solicitar a un funcionario judicial que cumpla con sus funciones jurisdiccionales, debido a que esta es una actuación que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial, puede existir una vulneración a los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia; sin embargo, en estas situaciones no existe una transgresión del derecho de petición7. 2.5. Mora judicial justificada

37. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial se encuentra justificado en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación tiene lugar debido a la complejidad particular del asunto o a la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios judiciales8.

38. Por su parte, el Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, existe una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos en los que dicho retardo se deba a la falta de diligencia y la omisión sistemática en el cumplimiento de los deberes de tales servidores públicos9.

39. De igual forma, dicha Corte ha considerado que “atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”10.

40. A su vez, frente al particular, la Corte Constitucional afirmó que: “(…) por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de 7 Ibidem, 8 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-1019 del 06.11.10., M.P. Nilson Pinilla

Pinilla. 9 Ibidem. 10 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-230 del 18.04.13., M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones” (Negrilla y subrayado fuera del texto).

41. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en relación con la existencia de mora judicial11, según la cual solo se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. De acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de las partes en un proceso.

42. En este sentido, esta Corporación ha señalado que, en caso de comprobarse una dilación injustificada del proceso, la acción de tutela resulta procedente con el fin de amparar los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia12.

43. Al respecto, se ha precisado que: “la mora judicial o administrativa que configura vulneración del derecho fundamental al debido proceso se caracteriza por: (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra: análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y

el análisis global de procedimiento y (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora.”13 2.6. Caso en concreto

44. Al interior del proceso de controversias contractuales con radicado No. 5000123-33-000-2016-00019-00, que instauró el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contra la señora Candelaria Trujillo Moreno y Seguros del Estado S.A., la parte actora radicó 5 memoriales de impulso procesal en las siguientes fechas:

I. Memorial 1: 22 de noviembre de 2019

II. Memorial 2: 22 de julio de 2020

III. Memorial 3: 29 de octubre del mismo año

IV. Memorial 4: 18 de febrero de 2021 11 Al respecto, consultar: Sentencia del 31.10.18., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 54001-23-330002018-00276-01; Sentencia del 14.11.19., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-0002019-04391-00; Sentencia del 10.09.20