CE-11001-03-15-000-2021-05151-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN / SOLICITUD DE ADHESIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EN ACCIÓN DE GRUPO – Fue resuelta de fondo, de manera clara y congruente / RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA / EXHORTO / CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE ADHESIÓN A LOS

EFECTOS DEL FALLO DE LA ACCIÓN DE GRUPO

[L]a Sala observa que la Defensoría del Pueblo no desconoció el derecho fundamental de petición de los accionantes teniendo en cuenta que emitió respuesta a las peticiones elevadas por los accionantes mediante la expedición de la Resolución Nº 20190030300000016 de 22 de agosto de 2019 (acto administrativo electrónico), la cual de conformidad lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1437 de 2011, está compuesta electrónicamente y en su totalidad no solo por dicha Resolución administrativa, sino además por los RAI, considerados como aquellos instrumentos que contienen las decisiones para cada solicitante y las razones técnicas que las soportan y, por último, el listado de radicados que no generaron expediente alguno por no haber presentado la solicitud completa. (…) En este orden de ideas, de conformidad con las pruebas que reposan en el expediente y el estudio de las particularidades del procedimiento administrativo que se lleva a cabo para la conformación del grupo adherente a la indemnización de la sentencia proferida el 1 de noviembre de 2012, por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de las acciones de grupo con radicado Nº 25000-2326-000-1999-00002-04 y 2000-00003-04, Caso Relleno Sanitario Doña Juana, la Sala concluye que la Defensoría del Pueblo actuó de manera diligente, resolvió de fondo, de manera clara y congruente las solicitudes formuladas por los accionantes y desplegó las actividades que se encontraban a su disposición para que estos tuvieran conocimiento del contenido de la respuesta, por lo que no desconoció el núcleo esencial del derecho fundamental de petición. (…) Por lo anterior, teniendo en cuenta que el señor [G.V.Q] se encuentra privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, Valle del Cauca y, por tanto, es posible que tenga acceso limitado a las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que incluye el sitio web “DOÑAJUANALERESPONDE” y el correo electrónico para recibir notificaciones, la Sala instará a la Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, con el fin de que: (i) libre los oficios necesarios para que a través del Director y la Oficina Jurídica del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, Valle del Cauca, se garantice que el señor [G.V.Q] tenga conocimiento del estado actual del procedimiento administrativo de adhesión a los efectos del fallo de la acción de grupo de 1 de noviembre de 2012, “caso Relleno Sanitario Doña Juana”, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, del contenido de la Resolución Nº 20190030300000016 de 22 de agosto de 2019 y del Resultado de Análisis Individual de su caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la

Ley 65 de 1993 y en la Resolución Nº 006349 de 19 de diciembre de 2016, “Por la cual se expide el Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional-ERON a cargo del INPEC” de manera específica los artículos 60 y 62, y (ii) que una vez el señor [G.V.Q], tenga conocimiento de la decisión adoptada en su caso, se le permita, si así lo desea, la interposición de los recursos administrativos que resulten procedentes.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-05151-00(AC)

Actor: GENIS VARGAS QUEZADA, ROCÍO QUEZADA, LUZ MARINA

QUEZADA, ALCIRA QUEZADA Y MARÍA IMELDA QUEZADA DE POLOCHE

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA Y DEFENSORÍA

DEL PUEBLO SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por los señores Genis Vargas Quezada, Rocío Quezada, Luz Marina Quezada, Alcira Quezada y María Imelda Quezada de Poloche , contra el Consejo

1 de Estado, Sección Tercera y la Defensoría del Pueblo, en la que piden el amparo constitucional del derecho fundamental de petición, que consideran vulnerado por la falta de respuesta a las solicitudes de adhesión a los efectos del fallo de la acción de grupo de 1 de noviembre de 2012, caso Relleno Sanitario Doña Juana, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, radicadas el 7 de julio de 2014 y 5 de marzo de 2015.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos El 27 de septiembre de 1997, se presentó un derrumbe en el relleno sanitario Doña Juana, originado por el inadecuado manejo de las basuras. Como consecuencia de la explosión, cerca de dos millones de toneladas de basura se deslizaron sin control en las inmediaciones del relleno y fuera de él, en particular en las localidades aledañas a Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Tunjuelito,

Bosa y Kennedy. Los afectados por el mencionado derrumbe instauraron una acción de grupo, la cual fue resuelta en primera instancia a favor de la parte demandante mediante sentencia de 14 de mayo de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”. La decisión fue modificada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia de sentencia de 1 de noviembre de 2012, en el sentido de declarar responsable al Distrito de Bogotá, en relación con los daños ocasionados por el derrumbe del Relleno Sanitario Doña Juana acaecido el 27 de septiembre de

1997. En consecuencia, dispuso, entre otras medidas, el pago a título de indemnización por daño moral y afectación de los derechos constitucionales a la intimidad familiar y a la recreación y a la libre utilización del tiempo libre, la suma de $227.440.511.400 a los integrantes del grupo que se hubieran constituido como parte en el proceso y a los que lo hicieran después, allegando los requisitos exigidos dentro del término establecido por la Ley 472 de 1998. La suma de la indemnización se debía pagar al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, administrado por el Defensor del Pueblo.

Posteriormente, con ocasión al incidente de impacto fiscal propuesto por el Procurador General de la Nación, el Consejo de Estado mediante auto de 25 de noviembre de 2014, moduló la sentencia indicando que la administración distrital 1 La acción de tutela se presentó el 5 de agosto de 2021. pagaría el 50 % del valor antes del 31 de diciembre de 2014, y el restante 50% antes del 31 de enero de 2015, ambos montos indexados y pagados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. Los accionantes, quienes afirmaron que son indígenas, indicaron que el 7 de julio de 2014 y 5 de marzo de 2015, radicaron ante el Consejo de Estado, Sección Tercera y la Defensoría del Pueblo solicitudes de “pago de la sentencia proferida por el H. Consejo de Estado el 1 de noviembre de 2012 dentro del caso conocido como «Doña Juana»”, sin obtener respuesta alguna. En cuanto al señor Genis Vargas Quezada, se indicó en el escrito de tutela que

“llevo 5 años 3 meses detenido y ya se me acerca mi anhelada libertad y mi familia los ha afectado el COVID-19 como a todos los colombianos. No tienen trabajo tampoco han sido beneficiarios de los mercados comunitarios que ha entregado la alcaldía y esta platica nos servirá para cuayudar (sic) nuestros gastos”. Agregó que más de 25 personas radicaron “estos documentos”, y que él era el encargado de estar pendiente de las reuniones, “también lo de los desplazados y no sé en que instancia se encuentra y como me encuentro preso pues no he podido averiguar la respuesta a estos derechos de petición”.

2. Fundamentos de la acción Los demandantes consideran que el Consejo de Estado, Sección Tercera y la Defensoría del Pueblo vulneraron su derecho fundamental de petición, con la falta de respuesta a las solicitudes de pago de indemnización dentro del caso “Doña Juana” radicadas el 7 de julio de 2014 y 5 de marzo de 2015. Además, afirmaron que son indígenas y, puntualmente, que el señor Genis Vargas Quezada se encuentra privado de la libertad.

3. Pretensiones De la lectura integral del escrito de tutela se advierte que lo pretendido por los actores es una “pronta y positiva respuesta” a las solicitudes de pago de indemnización dentro del caso “Doña Juana”, radicadas el 7 de julio de 2014 y 5 de marzo de 2015 ante el Consejo de Estado, Sección Tercera y la Defensoría del

Pueblo.

4. Pruebas relevantes La parte actora no allegó documento alguno con el escrito de tutela.

5. Trámite procesal

Por auto de 5 de agosto de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, remitió la acción de tutela al Consejo de Estado con fundamento en el artículo 1º numeral 7º del Decreto 1983 de 2017, que modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Por auto de 10 de agosto de 2021, la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda y se ordenó notificar a las autoridades demandadas, a quienes se les remitió copia del escrito de tutela. La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 80409 a 80412 de 13 de agosto de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión2. En la 2 El accionante y las autoridades demandadas fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo electrónico: direccion.cojamundi@inpec.gov.co; jurídica.cojamundi@inpec.gov.co; notifgsanchez@consejodeestado.gov.co; mhernandezdi@consejodeestado.gov.co; notiftutelas3@consejodeestado.gov.co; juridica@defensoria.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; misma fecha por aviso publicado en la página web de esta Corporación se notificó el auto admisorio de la acción de tutela a las demandantes Rocío Quezada, Luz Marina Quezada, Alcira Quezada y María Imelda Quezada de Poloche.

6. Oposición 6.1. Respuesta de la Defensoría del Pueblo En memorial enviado a través de correo electrónico de 18 de agosto de 2021, la Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la entidad solicitó que se

declare improcedente la acción de tutela, o en su defecto se niegue el amparo solicitado, al considerar que la Defensoría del Pueblo no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte accionante, por el contrario ha dado cumplimiento a la Constitución, la ley y la sentencia proferida por el Consejo de Estado. En primer lugar, manifestó que con ocasión al derrumbe en el relleno sanitario Doña Juana ocurrido el 27 de septiembre de 1997, por el inadecuado manejo de las basuras, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, en el marco de una acción de grupo, declaró administrativamente responsable al Distrito Capital de Bogotá por los perjuicios morales ocasionados a las personas integrantes del grupo conformado por los demandantes y las personas que entre el 27 de septiembre de 1997 y el 31 de diciembre de 1997, vivían, laboraban o estudiaban en los barrios correspondientes a los subgrupos de afectación. Indicó que la sentencia fue modificada en segunda instancia por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia de 1 de noviembre de 2012, adoptando una serie de medidas a favor de las personas que resultaron afectadas, además, estableció que la Defensoría del Pueblo, a través del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, era la encargada de integrar el grupo de personas que cumplieran los requisitos para ser reconocidos como beneficiarios y negarla respecto de las personas que no los acreditaran. Enseguida, señaló que el trámite de las acciones de grupo tiene unas características particulares, específicamente en relación con las personas a

indemnizar porque siempre hay dos grupos de beneficiarios. El primero, corresponde a las personas que iniciaron la demanda y fueron reconocidas en la sentencia como beneficiarios. El segundo, se conforma después de proferida la sentencia, y se realiza con aquellas personas que se sintieron afectadas por los mismos hechos, allegando los requisitos exigidos dentro del término establecido por la Ley 472 de 1998, para ser reconocidos como beneficiarios. Aseguró que, por esta razón, actualmente se están realizando dos actividades distintas para pagar la indemnización, por un lado, el procedimiento de pago a quienes integraron el grupo reconocido en la sentencia, conformado por 1305 personas y, por el otro, la conformación del grupo adherente. En cuanto al trámite para la conformación de dicho grupo indicó que inicialmente el Consejo de Estado efectuó un cálculo de 65.536 adherentes, por lo que la Defensoría del Pueblo creó un plan de contingencia con base en ello, sin embargo, una vez comenzaron a recibirse las solicitudes se aumentó lo previsto en un 1000%, dado que se recibieron más 631.000 peticiones. Por esta razón, aseveró que para la recepción de documentos la entidad contrató digitadores, apoyo logístico y transporte de la documentación. Además, refirió que como la entidad no contaba con la capacidad humana, tecnológica ni logística para llevar a cabo el estudio de las solicitudes presentadas, inició el proceso de contratación interadministrativa con la Universidad Nacional de Colombia encargada de: (i) realizar la organización documental de forma física y digital y el registro de información, (ii) revisión sustancial de las solicitudes de adhesión y (iii) establecer la ubicación geográfica de los solicitantes.

Manifestó en virtud de dicho contrato, el cual finalizó en diciembre de 2017, recibió, entre otros, la base de datos con la información que da cuenta del listado de beneficiarios y no beneficiarios, previo análisis de cada una de las solicitudes, así como el acto administrativo de la conformación del grupo de adherentes. Adujo que todas las solicitudes fueron resueltas mediante la Resolución Nº 20190030300000016 de 22 de agosto de 2019, “Por la cual se conforman los grupos de adherentes y no adherentes a los efectos de la Sentencia del 1 de noviembre de 2012, proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera, dentro de las acciones de grupo No. 2500023260001999-00002-04 y 200000003-04 Caso Relleno Sanitario Doña Juana”, Mencionó que ante la dificultad de notificar de forma física la respuesta a los más de 630.000 solicitantes, la Defensoría del Pueblo inició el proceso de autorización de notificación por correo electrónico y actualización de datos para notificar de forma electrónica la respuesta a las solicitudes. Agregó que, para tal efecto, la entidad habilitó desde el 2 de enero de 2018 una plataforma para que los solicitantes ingresaran la información. Además, expresó que desde el año 2012 cuando a la entidad le fue comunicada la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado, para efectos de poder brindar mayor información a la población interesada en adherirse a los efectos de la misma, se creó en la página web de la Defensoría del Pueblo un link denominado “DOÑA JUANA”, que contenía las sentencias proferidas en la acción de grupo, el procedimiento para la conformación de grupo, las respuestas de los

derechos de petición análogas, comunicados y cada peticionario podía ingresar y buscar el número de radicación de su solicitud. Sin embargo, para efectos de la notificación se actualizó dicho sitio web y se creó la plataforma “DOÑAJUANALERESPONDE”, la cual permite a cada peticionario 3 ingresar con el número de cédula o del radicado de la petición, registrarse, obtener usuario y contraseña, actualizar datos de notificación, conocer la Resolución Nº 20190030300000016 de 2016, el Resultado del Análisis Individual (RAI), interponer los respectivos recursos y ser notificados los actos administrativos que resuelvan dichos recursos. Por otro lado, en cuanto a la situación particular de los demandantes indicó, en primer lugar, que la privación de la libertad que recae sobre el señor Genis Vargas Quezada no impedía a sus familiares, las señoras Rocío Quezada, Luz Marina Quezada, Alcira Quezada y María Imelda Quezada de Poloche, que solicitaran información del estado de adhesión por cualquiera de los medios dispuestos por la entidad para este fin, ya sea personalmente (antes de la pandemia), vía telefónica, correo institucional o a través del servicio en línea. Enseguida, aseveró que los accionantes no actualizaron la información en la plataforma “DOÑAJUANALERESPONDE”, ni autorizaron la notificación por correo electrónico ante lo cual se les citó para que se acercaran a la carrera 37 N° 15 - 24 (zona industrial), a efectos de que se notificaran personalmente del contenido de la Resolución Nº 20190030300000016 del 2019. Manifestó que como no asistieron para la notificarlos personalmente, se procedió a

efectuar la notificación por aviso, de la siguiente forma:  Sostuvo que el señor Genis Vargas Quezada, fue reconocido como beneficiario de los adherentes y se ubicó en el subgrupo 2, toda vez que logró demostrar que estudió para la época de los hechos en la zona 3 https://donajuanaleresponde.defensoria.gov.co/#/home afectada. Adujo que el 20 de septiembre de 2019, se le remitió citación para notificación personal a la dirección registrada en la solicitud de adhesión, esto es, CL 136B-3A S 48 de Bogotá, citación a la cual no acudió.  Aseguró que las señoras Rocío Quezada y Luz Marina Quezada, no fueron reconocidas como beneficiarias, toda vez que en la “ENCUESTA SISBEN aportada con la solicitud de adhesión no la identifica como encuestada”. Manifestó que 17 de septiembre y el 8 de octubre de 2019, respectivamente, se les remitió citación para notificación personal a la misma dirección aportada por el señor Genis Vargas Quezada, pero no acudieron a la citación.  Indicó que las señoras Alcira Quezada y María Imelda Quezada de Poloche, tampoco fueron reconocidas “toda vez que la ENCUESTA SISBEN aportada contiene datos georreferenciables que no se encuentran en las bases oficiales de servicios públicos, IDECA, VUR, es decir la dirección allí registrada no se encuentra entre los límites señalados por el Consejo de Estado”. Advirtió que el 9 de octubre y el 21 de septiembre de 2019, se les remitió citación para notificación personal a la referida

dirección, pero no acudieron a la citación.  El 10 de octubre y 11 de diciembre de 2019 se fijó en la plataforma una citación masiva, para que se acercaran al punto de atención personalizada a notificar a más de 5000 personas, entre los cuales se encontraban el señor Genis Vargas Quezada y las señoras Rocío Quezada, Alcira Quezada y María Imelda Quezada.  Frente a todos los accionantes se insistió con la citación de notificación personal a la dirección aportada en la petición CL 136 B S 3 A 48.  Sin embargo, ante la falta de asistencia de los actores, la Defensoría del Pueblo procedió a notificarlos mediante avisos de 7 de enero de 2020 (Genis Vargas Quezada), 20 de diciembre de 2019 (Rocío Quezada, Alcira Quezada, María Imelda Quezada de Poloche), 14 de enero de 2020 (Luz Marina Quezada) fijados en la página web plataforma “DOÑAJUANALERESPONDE” y en las instalaciones del punto de atención.  Ninguno de los accionantes interpuso recurso contra la resolución antes mencionada. De acuerdo con lo anterior, anotó que notificó en debida forma el acto administrativo de conformación de grupo. Así mismo, hizo referencia a las reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional en torno al cumplimiento del requisito general de la subsidiariedad, a la improcedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos y para obtener beneficios económicos. Por último, indicó que en el asunto bajo estudio se respetó el derecho fundamental

al debido proceso administrativo de los demandantes, dado que se han venido gestionando las actividades tendientes a llevar a cabo el trámite de (i) notificación de la Resolución Nº 20190030300000016 de 2019; (ii) recepción de los recursos de la vía administrativa (reposición, apelación, reposición y en subsidio de apelación) contra la Resolución Nº 20190030300000016 de 2019 y contra los RAI; (iii) resolución de los recursos interpuestos contra el aludido acto administrativo y los RAI y iv) notificación de las respuestas dadas a los recursos interpuestos. Aseguró que dichas actuaciones obedecen a lo establecido en las Leyes 472 de 1998 y 1437 de 2011 y en la sentencia de 1 de noviembre de 2012 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y al respeto por los principios de economía, coordinación administrativa y eficacia. 6.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera guardó silencio, aun cuando fue notificado en debida forma.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico De conformidad con el escrito de tutela y la contestación de la Defensoría del Pueblo, la Sala debe establecer si las autoridades accionadas desconocieron el derecho fundamental de petición de la parte demandante, supuestamente, al no

haber dado respuesta a las solicitudes para ser reconocidos como adherentes a los efectos del fallo de la acción de grupo de 1 de noviembre de 2012, caso Relleno Sanitario Doña Juana, proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, radicadas el 7 de julio de 2014 y 5 de marzo de 2015.

3. El derecho fundamental de petición El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

La Corte Constitucional ha definido las reglas básicas que orientan el derecho de petición y los criterios que se deben tener en cuenta al aplicarse esta garantía fundamental. En la sentencia T-1160A de 20014, esa corporación judicial señaló: “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos

se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe

anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, 4 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994. ”5 . Mediante la sentencia T-1006 de 2001,6 la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales más: j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder”;7 k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado8”. Ahora bien, en lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional precisó que: “(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y

oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido. Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o material dentro del término previsto en la ley: ‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante. De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello. Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la

respuesta adoptada por la entidad”9. (destacado fuera de texto) El artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, establece al hacer referencia a las distintas modalidades del derecho fundamental de petición, que “Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre 5 Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero. 6 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 7 Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2001, MP. Fabio Morón Díaz. En sentencia T-476 de 2001, MP. Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la obligación de realizar el traslado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la cual se eleva la petición, es un elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda vez, que la simple respuesta de incompetencia, constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo expresado por la Corte: “…[las respuestas simplemente formales o evasivas]… no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución…”. 8 Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, MP. José Gregorio Hernández Galindo. 9 Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos”. Por su parte, el artículo 14 de la misma norma, establece que salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición debe resolverse, p