CE-11001-03-15-000-2021-05261-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - AMPARA /

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / DEFECTOS FÁCTICO /

CONTRATO REALIDAD / RELACIÓN LABORAL EN CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ELEMENTO DE LA SUBORDINACIÓN /

PRINCIPIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. DEFECTOS FÁCTICO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL La Sala resalta que la suscripción de los contratos de prestación de servicios durante casi 11 años entre la ahora demandante y la ESE, tiene como particularidad que entre uno y otro contrato se presentaron interrupciones breves y consistentes, a menudo menor a 3 días y en ocasiones sin solución de continuidad, situación que, conforme con la jurisprudencia constitucional antes citada, ha sido identificada como señal de la existencia de un contrato realidad en el que a una sola relación laboral con vocación de permanencia se le da la apariencia de varios contratos sucesivos.(…) la Sala considera que, en efecto, de conformidad con las pruebas testimoniales y documentales allegadas al proceso originario, la autoridad judicial accionada debe realizar un nuevo análisis en relación con el principio de coordinación administrativa, en tanto, como se indicó en el análisis del defecto fáctico, en el expediente de la valoración conjunta de las pruebas se puede observar la existencia de indicios de la subordinación entre la demandante y la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-05261-00(AC)

Actor: ZULY ZAYANA TORRES LÓPEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN "C" La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Zuly Zayana Torres López, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "C", en la que pide el amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso, vulnerado, supuestamente, por la sentencia de 28 de abril de 2021, mediante la cual se revocó el fallo favorable de primera instancia, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó contra la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, con el propósito de que se declarara la existencia de una relación laboral.

I. ANTECEDENTES

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1 www.consejodeestado.gov.co

1. Hechos La accionante manifestó que laboró para el Hospital Tunjuelito, ahora E.S.E.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, desde el 4 de abril de 2007 hasta el 28 de febrero de 2018, en el cargo de fisioterapeuta, mediante vinculación a través de sucesivos contratos de prestación de servicios, en los que, afirma, desarrolló de manera subordinada las mismas funciones que un empleado público de planta en el mismo cargo, cumpliendo un horario, recibiendo órdenes de sus superiores y

acatando directrices. Indicó que el 15 de agosto de 2018, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la mencionada E.S.E con el objeto de que se declarara la existencia de una relación laboral entre las partes, cuyo conocimiento correspondió por reparto al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá, que en sentencia de 26 de septiembre de 2019, accedió a las pretensiones de la acción, luego de considerar que “1. la vinculación no fue temporal sino permanente, pues perduró por más de DIEZ (10) años, 2. La demandada suministró a la actora las herramientas, equipos e insumos para desempeñar siempre su labor. 3. La demandante no podía prestar sus servicios en lugar diferente a las instalaciones de la demandada. 4. La demandante debía cumplir un horario de trabajo. 5. La demandante debía seguir órdenes para el desempeño de su actividad. 6. El cargo desempeñado por la demandante existe en la planta de personal de la entidad, había personas que ejecutaban la misma actividad, pero al amparo de una vinculación laboral. 7. Durante todos los años, la demandante recibió como contraprestación por su actividad un pago mensualizado de honorarios, 8. Durante toda la vinculación la accionante tuvo jefes y debía seguir órdenes en el desarrollo de su actividad”. Sostuvo que luego de que dicho fallo fuera recurrido por la entidad demandada, el conocimiento del recurso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, que en sentencia de 28 de

abril de 2021, revocó la decisión de primera instancia “bajo la tesis de que en el plenario no había prueba alguna con la cual se pudiese declarar probada la subordinación, y que la misma al desarrollar una actividad relacionada directamente con el servicio de salud debía estar sujeta a un permanente seguimiento [y] que si bien los testigos dieron cuenta del seguimiento de órdenes por parte de la demandante, la[s] capacitaciones impartidas por la demandada a la demandante y la existencia del cargo desempeñado por la actora en la planta de personal de la entidad, ello obedecía [a] que no podía satisfacer las necesidades del servicio con el personal de planta, así mismo, el seguimiento de órdenes no necesariamente riñe con los principios de la prestación de servicios y no significan necesariamente subordinación”. Por último, adujo que la sentencia de segunda instancia tuvo un salvamento de voto en el que se consideró que, contrario a lo adoptado por la sala mayoritaria, en el caso sí estaba probado que a través de contratos de prestación de servicios la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2 www.consejodeestado.gov.co entidad demandada había camuflado una relación laboral, y se encontraba acreditado el elemento de la subordinación.

2. Fundamentos de la acción La accionante considera que la sentencia de 28 de abril de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, revocó el fallo favorable de primera instancia, en el marco del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, incurre en i) defecto fáctico, en tanto “desestimó la relevancia de la prueba testimonial y el interrogatorio de parte, y bajo la errada tesis de que no existió prueba documental suficiente resolvió revocar la confiable sentencia de primera instancia”. Luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, agregó que en el caso se valoró inadecuadamente i) el manual específico de funciones de la entidad, “donde consta que el cargo desempeñado por la demandante existe en la planta de personal”, ii) la copia de los contratos de prestación de servicios, en los que se puede observar que “el pago de los honorarios fue pactado de manera mensual, pago periódico y regular que da cuenta de la existencia de un salario, contemplan como obligación el cuidado de las herramientas entregadas a la demandante, demostrando que la demandada suministró a la actora todas las herramientas, equipos e insumos para laborar, y que la demandante debía cumplir turnos, asegurando su permanencia en las instalaciones de la institución, durante la prestación del servicio” y las certificaciones de contratos, mismas que, indica, “dan cuenta de la regularidad en el servicio prestado por la actora, demostrando fehacientemente que no solo hubo continuidad en el servicio, sino también el cargo desempeñado por más de DIEZ (10) AÑOS”. Respecto de la prueba testimonial, sostuvo que el tribunal accionado desestimó

una prueba claramente conducente, oportuna y necesaria, “cuando es claro que los testigos fueron coincidentes en afirmar que la parte actora cumplía un horario, recibía órdenes, se le impartían capacitaciones, tenía jefes, le entregaban las herramientas para laborar y tenía compañeros de trabajo desempeñando el mismo cargo, pero en la planta de personal”. Refirió que en el proceso se solicitó la prueba testimonial “por cuanto infortunadamente no existe prueba documental de llamados de atención e imposición de órdenes toda vez que todo ello se hacía de manera verbal, a su turno, frente los cuadros de turno dicha documental no pudo ser obtenida por la parte demandante y la demandada no la aportó al proceso bajo argumentos evasivos. Claramente, al ser frecuente este tipo de demandas contra la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E., hábilmente subordinan a las personas sin dejar prueba en documento físico y es por lo anterior que los contratistas ven limitada su estrategia procesal a medios de prueba que pueden obtener por sus propios medios como lo es la declaración de terceros”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3 www.consejodeestado.gov.co Adujo que de los testimonios se puede extraer: “a) Que la demandante recibía un pago mensual como contraprestación por sus servicios prestados y que dichos pagos se hacían a cuenta bancaria. b) Que la demandante tenía jefes inmediatos y recibía órdenes. c) Que la accionante cumplía un horario de trabajo el cual era impuesto por la entidad. d) Que los médicos tratantes eran quienes le ordenaban a la

demandante que pacientes debía tratar de conformidad con las prescripciones médicas. e) Que los pacientes que atendía la demandante eran determinados exclusivamente por la entidad demandada. f) Que la demandante realizó sus funciones en las mismas condiciones que los empleados públicos de planta. g) Que la demandante debía pedir permiso para ausentarse del servicio. h) Que las actividades de la parte actora eran desempeñadas de manera personal y presencial. i)Que cualquier queja por parte de los pacientes le acarreaba a la demandante llamados de atención por parte de la entidad. j)Que la demandada le suministraba a la demandante todas las herramientas e insumos para desarrollar sus actividades. k) Que la demandante debía portar un carné. l) Que en la entidad demandada había personal de planta en el mismo cargo y con idénticas funciones que la parte actora. m) Que era la entidad quien definía en qué lugar físico debía prestar el servicio la demandante. Expresó que en el caso específico del testimonio rendido por la señora Virginia Bermúdez Romero, quien aseguró ser de planta y estar vinculada al sindicato de la entidad, “explicó de manera clara, precisa y simple al juzgador cómo la demandante debía asistir a capacitaciones, debía cumplir horario, seguía órdenes, le pagaban mensualmente a una cuenta bancaria de nómina que la misma entidad le pidió abrir, aseguró que había gente en planta de personal desempeñando la misma actividad y manifestó además que la demandante debía pedir permisos para ausentarse y muchas veces se los negaban”. De otra parte, la actora considera que la providencia objetada incurre en ii)

defecto sustantivo, “por darle una aplicación errónea a la interpretación de concepto de coordinación administrativa”, en tanto, indicó, “la coordinación administrativa se depreca sobre el contratista que de forma coordinada pero independiente ejerce su labor”, mientras que en el caso “no había coordinación como adujo erradamente el tribunal, sino subordinación, situación que era apenas evidente, pues como indicaron los testigos y la misma demandante, de hecho, como indica el mismo manual de funciones, las actividades de la demandante y del cargo que ocupó, siguen la instrucción y orden del personal médico”, defecto Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4 www.consejodeestado.gov.co que la Sala estudiará bajo las reglas del defecto por desconocimiento del precedente judicial, dada la argumentación presentada. Adujo que el tribunal accionado adujo que en el expediente no había prueba documental suficiente con la cual se pudiera confrontar la declaración de los testigos y de la parte actora para generar un convencimiento, “empero, más adelante indica que si bien los contratos de prestación de servicios indican en su literal que la accionante debe cumplir turnos y responder por los elementos entregados para desarrollar sus funciones ello no es un factor para deprecar subordinación por ser factores necesarios para la prestación del servicio. Llama poderosamente la atención tal aseveración pues resulta contradictoria en su sentir, por un lado, dice que en el plenario hay insuficiencia probatoria y que no valorará la prueba testimonial, pero por otro dice que los contratos indican que la demandante debía cumplir un turno de trabajo impuesto por la entidad y responder

por el buen uso de los elementos entregados y que ello no puede entenderse como subordinación pues son factores necesarios para la prestación del servicio contratado”. Añadió que en múltiples decisiones judiciales se ha dejado claro que, en efecto, la imposición de un horario de trabajo no es de suyo aceptar la subordinación, pero que, sin embargo, es claro que en dicha actividad coordinada debe estar ausente el elemento subordinación. Sostuvo que esa dicotomía entre coordinación y subordinación fue resuelta en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de agosto de 2016, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, “por lo cual, resulta abiertamente extraño, que a casi 5 años desde tan clara sentencia, el Honorable Tribunal de Cundinamarca se sirva indicar que la imposición de turnos, la entrega de herramientas para laborar, la existencia del cargo desempeñado por la demandante y el pago regular periódico y mensual acreditados en los contratos de prestación de servicios, son elementos propios de coordinación y no subordinación”. Por último, luego de hacer referencia a la coordinación contractual que ha sido entendida como una manifestación de concertación contractual entre las partes, sostuvo que “los contratos de prestación de servicios firmados por la accionante fueron realizados unilateralmente por la entidad, no hubo negociación previa y si bien fueron firmados por ZULY ZAYANA TORRES, lo cierto es que lo hizo por la necesidad que tenía de poder laborar más no porque hubiese un acuerdo de partes en el cual se hubiesen acordado en igualdad de partes las condiciones contractuales. Los contratos firmados por mi mandante son claros en indicar que

la misma debía cumplir turnos, los cuales, y quedó probado con los testimonios, eran impuestos por la misma entidad, no eran escogidos por la accionante. Los contratos firmados por la accionante indicaban que la misma debía cumplir con lo que le asignara su supervisor y sobre esto no había lugar a que la contratista pudiese llegar a un acuerdo frente a tal imposición, debía acatar lo que se le ordenare”, por lo que en el caso no hubo una manifestación de coordinación.

3. Pretensiones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5 www.consejodeestado.gov.co En el escrito de tutela se formulan las siguientes: “1. Se tutelen los derechos fundamentales a la igualdad (Art. 13), al trabajo (Art.25) y al debido proceso (Art. 29) previstos en la Constitución Política de Colombia de 1991.

2. Se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 28 de abril de 2021 notificada el día 10 de mayo de 2021, proferida por el honorable TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "C" MAGISTRADO PONENTE DR. CARLOS ALBERTO ORLANDO JAIQUEL, dentro del proceso 11001-33-35-015-2018-0032401, por medio de la cual se revocó la sentencia de primera instancia proferida

por el JUZGADO QUINCE (15) ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ D.C.

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se le ordene al TRIBUNAL

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

SEGUNDA - SUBSECCIÓN "C" MAGISTRADO PONENTE DR.

CARLOS ALBERTO ORLANDO JAIQUEL, a proferir una nueva sentencia dentro del proceso 11001-33-35-015-2018-0032400 (01) a través de la cual se confirme la decisión de primera de instancia”.

4. Pruebas relevantes Se allegó copia digital de las actuaciones surtidas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2018-00324-01, actora: Zuly

Zayana Torres López.

5. Trámite procesal Por auto de 13 de agosto de 2021, el despacho admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la accionante, a la autoridad judicial accionada, así como a la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº 80674 a 80678, todas de 17 de agosto de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión1.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "C" 1 La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: notificaciones@misderechos.com.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, scs0lsb02tadm i ncdm@notific3cionesrj.gov.co,

admin0Sbt@cendoj.ramajud icial.gov.co. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6 www.consejodeestado.gov.co El magistrado ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó denegar las pretensiones de la acción, por cuanto, afirmó, en el caso no se ha incurrido en defecto fáctico, sustantivo o valoración indebida de los medios probatorios, ni en violación alguna de los derechos fundamentales invocados por la accionante, toda vez que la decisión se adoptó con fundamento en las normas pertinentes y con la interpretación que a ellas corresponde atendiendo al alcance que sobre las mismas ha efectuado la Sección Segunda del Consejo de Estado, y los pronunciamientos de la Sala de Decisión sobre el asunto. Afirmó que la sentencia objetada fue proferida con prevalencia de los principios de la sana crítica y la buena fe, después de haberse surtido el procedimiento con garantía de igualdad e imparcialidad de las partes en contienda, y en ella se encuentran consignados ampliamente los motivos que llevaron a la Sala a revocar el fallo favorable apelado, dictado por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá, que había accedido a las pretensiones, como quiera que, analizado el material probatorio, concluyó que no se encontraba acreditado el elemento de la subordinación que diera fe de la existencia de una relación laboral de la señora Torres López con la entidad que fue demandada en el proceso ordinario. Por último, sostuvo que en el presente caso no se configuran los requisitos para

que la acción de tutela proceda contra providencias judiciales, precisados en la jurisprudencia constitucional, pues lo que pretende la parte accionante es que se surta una tercera instancia, por cuanto fueron negadas sus pretensiones. 6.2. Respuesta de la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó declarar la improcedencia de la acción, por cuanto, afirmó, la solicitud carece del requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional. Aseveró que los hechos sobre los que se soporta la acción de tutela guardan identidad fáctica respecto de los relacionados en el proceso ordinario laboral que originó la controversia, siendo evidente que lo pretendido es cuestionar el criterio de interpretación probatoria de las autoridades judiciales accionadas, buscando en el juez constitucional la corrección del criterio jurídico de los jueces administrativos sobre cuestiones que ya fueron resueltas en las respectivas sentencias. Afirmó que la relevancia constitucional no se determina con la mera enunciación de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, sino, mediante la acreditación razonable de una presunta amenaza o vulneración de los mismos, y agregó que el requisito que no se encuentra cumplido, “toda vez, que la parte actora se limita a manifestar su inconformidad con la decisión de los jueces ordinarios sin exponer las razones por las cuales considera que tal conclusión desconoce sus derechos fundamentales”. 6.3. Los demás vinculados al trámite constitucional guardaron silencio. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 28 de abril de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, revocó el fallo favorable de primera instancia, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó contra la E.S.E.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, incurre en i) defecto fáctico, en tanto desestimó la relevancia de la prueba testimonial, en específico del testimonio rendido por la señora Virginia Bermúdez Romero, el manual específico de funciones de la entidad, los contratos de prestación de servicios y las sus certificaciones que dan cuenta de la regularidad y continuidad en la prestación del servicio por más de 10 años. De otra parte, aun cuando la accionante caracterizó la segunda causal especial de procedibilidad alegada como un defecto sustantivo, la Sala, dada la argumentación presentada, entiende que se trata de un supuesto defecto por ii) desconocimiento del precedente judicial, por lo que corresponde determinar si la providencia objetada adolece del mismo “por darle una aplicación errónea a la interpretación de concepto de coordinación administrativa”, en tanto, indicó, “la coordinación administrativa se depreca sobre el contratista que de forma

coordinada pero independiente ejerce su labor”, mientras que en el caso “no había coordinación como adujo erradamente el tribunal, sino subordinación, situación que era apenas evidente, pues como indicaron los testigos y la misma demandante, de hecho, como indica el mismo manual de funciones, las actividades de la demandante y del cargo que ocupó, siguen la instrucción y orden del personal médico”.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud 2 Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. 3 Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8 www.consejodeestado.gov.co del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta). Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056. Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los

siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la Constitución. 4 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 5 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6 M. P. Jaime Córdoba Triviño. 7 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 8 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 9 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 10 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 11 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 12 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 13 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como

mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9 www.consejodeestado.gov.co Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte Constitucional15. En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

5. Estudio y solución del caso concreto 5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela cumple el requisito de relevancia constitucional, pues debe definirse si se vulneró a la accionante el derecho fundamental al debido proceso, con la sentencia de 28 de abril de 2021, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo favorable de primera instancia, en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho que presentó contra la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Contrario a lo sostenido por la autoridad judicial accionada y la interviniente, el propósito no es darle continuidad a una discusión de naturaleza legal, sino que con la debida carga argumentativa propone un debate relativo a la valoración indebida de los elementos de prueba allegados al expediente ordinario y la desatinada aplicación del concepto de coordinación administrativa, para desestimar la configuración del requisito de la subordinación. Así mismo, (ii) la accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues en el proceso ordinario se agotó el recurso de apelación contra la sentencia de 26 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá, a lo que se debe agregar que no se configura ninguna causal que haga procedente el recurso extraordinario de revisión; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue notificada mediante correo electrónico el 10 de mayo de 2021 y la acción de tutela se presentó el 11 de agosto de 2021, esto es, dos (2) meses y veintiocho (28) días después, dentro del término prudencial precisado por esta Corporación16 y la Corte Constitucional17; (iv) se identificaron de manera razonable los hechos que generaron la supuesta 14 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-