CE-11001-03-15-000-2021-05312-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO SUSTANTIVO / APLICACIÓN DE LA NORMA / PROCESO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL / RESPONSABILIDAD FISCAL EN LA

CONTRATACIÓN ESTATAL / SUJETOS DE CONTROL FISCAL / CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / GESTIÓN FISCAL / FALTA DE PRUEBA / GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / INEXISTENCIA DE VIOLACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES La Sala negará la solicitud de amparo, de conformidad con las razones que a continuación se exponen: La parte accionante consideró que se vulneró su derecho al debido proceso toda vez que, en la decisión cuestionada, se presentó un defecto sustantivo en virtud del desconocimiento de los artículos 4 (modificado por el artículo 124 del Decreto 403 de 2020), 5 y 6 de la Ley 610 de 2000, y las Sentencias SU-620 de 1996, C-840 de 2001 y C-599 de 2009 de la Corte Constitucional. (…) Para la Sala, en el presente asunto, no se vulneró el derecho al debido proceso de la parte demandante pues pese que es cierto que de las disposiciones enunciadas se deriva que los contratistas pueden ser sujetos de responsabilidad fiscal, como se advirtió, ello solamente ocurre cuando se demuestre que tenían a cargo la gestión fiscal o el manejo de recursos públicos. Así lo ha entendido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, quienes a través de distintas decisiones han hecho referencia a que es necesario que exista

una gestión o manejo de recursos públicos por parte de contratistas, para que estos puedan ser sujetos de responsabilidad fiscal. En el presente asunto, se evidenció, tal como lo indicó en su momento el juez de la nulidad, que la empresa Cafeaseo SA ESP no tuvo a su cargo el manejo o gestión de recursos públicos, pues lo cierto es que las sumas recibidas por esa empresa, provenían de la suscripción de un contrato de prestación de servicios con la Alcaldía de Quimbaya. Adicionalmente, está demostrado que el dinero fue recibido como consecuencia de la presentación de órdenes de pago y facturas de venta, por parte de Cafeaseo SA ESP, con lo cual se descartó que las sumas entregadas debían ser manejadas como recursos públicos por el contratista. No desconoce la Sala que algunos de los valores recibidos por la empresa Cafeaseo SA ESP, de acuerdo a lo señalado por la Contraloría, podían sobrepasar lo pactado en el referido contrato de prestación de servicios. No obstante, esa circunstancia no genera que al contratista se le encomendara la gestión o manejo de esos recursos y de esa manera adquiriera la calidad de sujeto de responsabilidad fiscal. En lo relacionado con la Sentencias SU-620 de 1996 , C-840 de 2001 y C-599 de 2009 de la Corte Constitucional, contrario a lo sostenido por la parte actora, ellas no establecen que el contratista, es responsable fiscal por contribuir a la generación del daño patrimonial, pues lo cierto es que, como se mencionó líneas atrás, esa afectación al patrimonio debe estar ligada a que el contratista maneje o gestione recursos

públicos, lo cual no ocurrió en este caso.

FUENTE FORMAL: LEY 610 DE 2000 – ARTÍCULO 4 / LEY 610 DE 2000 – ARTÍCULO 5 / LEY 610 DE 2000 – ARTÍCULO 6

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá DC, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-05312-00(AC)

Actor: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO Naturaleza: Sentencia de segunda instancia Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Procedencia de la acción de tutela/ defecto sustantivo.

Síntesis del caso: La autoridad demandante enjuició la providencia, de segunda instancia, mediante la cual se revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, se accedió a las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho consistente en declarar la nulidad de unos fallos de responsabilidad fiscal.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por la Contraloría General de la República contra el Tribunal Administrativo de Quindío.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación. 1.1. Posición de la parte demandante

1. El 10 de agosto de 2021, la Contraloría General de la República, por intermedio de apoderado judicial, formuló acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Quindío, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso (derecho de defensa) y acceso a la administración de justicia, con ocasión de la Sentencia de 11 de febrero de 2021, proferida por la autoridad judicial accionada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 63001-33-40-005-2017-00041-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe): 1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación. 2 de 9 “1. TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO,

ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

DERECHO DE DEFENSA, de la Contraloría General de la República.

2. EN CONSECUENCIA: DEJAR SIN EFECTOS, el fallo de segunda instancia proferido el pasado 11 de febrero de 2021, proferido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la sociedad Cafeaseo del Quindío, S.A. E.S.P., proceso No. 63001334000520170004101, mediante el cual se revocó la sentencia

de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia el 14 de mayo de 2020, y en su lugar, ordenar al Tribuna Administrativo de Armenia que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia de tutela proceda a tomar la decisión de fondo y que en derecho corresponda respecto de la legalidad los actos administrativos proferidos por la Gerencia Departamental del Quindío, fallo 0001 del 18 de abril de 2016, y auto No. 948 del 24 de agosto de 2016 proferido por la Dirección de Juicios fiscales de a CGR, dentro del proceso de responsabilidad fiscal PRF201300462_695.”

3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes: 4. 1) La Gerencia Departamental de Quindío de la Contraloría General de la República adelantó el proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-2013-00462_695 en contra del exalcalde del municipio de Quimbaya, José Reinel Henao López, y la empresa Cafeaseo Quindío SA ESP, en virtud del pago de un mayor valor al pactado dentro de un contrato de prestación de servicios2, suscrito entre los investigados, el 1 de abril de 2008. 5. 2) Una vez adelantadas las etapas del proceso de responsabilidad fiscal, el 18 de abril de 2016, la Gerencia Departamental Quindío de la Contraloría General de la República profirió fallo y declaró la responsabilidad fiscal de los imputados, de manera solidaria, por un valor de $71.302.267. Además, declaró como tercero civilmente responsable a la Compañía de Seguros General Suramericana SA, con ocasión de la póliza global de manejo No. 1590000000103.

6. 3) El apoderado judicial de la empresa de Seguros Suramericana SA y el representante legal de la empresa Cafeaseo SA ESP presentaron recurso de reposición contra el fallo de responsabilidad fiscal, el cual fue resuelto por la Gerencia Departamental de Quindío de la Contraloría General de la República, el 26 de julio de 2016, en el sentido de no reponer el fallo recurrido. 7. 4) Mediante “Auto” 948 de 24 de agosto de 2016, la Contraloría delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva surtió el grado jurisdicción de consulta dentro del proceso de responsabilidad fiscal PRF No. 2013-00462_695, y confirmó en todas sus partes el fallo de 18 de abril de 2016. 8. 5) Con ocasión de lo anterior, Cafeaseo del Quindío SA ESP presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría General 2 El cual tenía por objeto: “realizar la disposición final de los residuos sólidos no peligrosos que se produzcan en el Municipio de Quimbaya, procurando con ellos el bienestar de la comunidad, el medio ambiente y la salud pública, para.- lo cual la Empresa permitir la disposición final de los mismos en el Relleno Sanitario de Andalucía” 3 de 9 de la República, orientada a obtener la nulidad del fallo con responsabilidad fiscal

No. 1 de 18 de abril de 2016 y el “Auto” 948 de 24 de agosto de 2016, y el reembolso de los valores pagados como consecuencia de los referidos actos administrativos. 9. 6) Con Sentencia de 14 de mayo de 2020, el Juzgado 5 Administrativo de

Armenia negó las pretensiones de la demanda. Decisión que fue apelada por Cafeaseo SA EPS. 10. 7) El Tribunal Administrativo de Quindío que, a través de la Sentencia de 11 de febrero de 2021, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda. Para ello concluyó que las irregularidades encontradas, relacionadas con un pago de valores superiores a los pagados contractualmente, solo podían ser asumidas por el ex Alcalde del municipio de Quimbaya y no por la empresa Cafeaseo SA ESP, en consideración a que el contratista no tenía la responsabilidad de manejo o gestión de bienes públicos.

11. El fundamento de la vulneración radicó en que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo pues se desconoció que conforme a lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 610 de 2000 y el Decreto 403 de 2020, el contratista en su calidad de colaborador no solo es responsable cuando tiene a disposición el manejo de recursos públicos sino también cuando contribuye en la generación del daño patrimonial.

12. Adicionalmente, mencionó que la Corte Constitucional, a través de las Sentencias SU-620 de 1996, C-840 de 2001 y C-599 de 2009, se ha pronunciado sobre el control fiscal en el sentido de afirmar que también son responsables los contratistas y particulares. 1.2. Posición de la parte demanda y terceros3

13. El Tribunal Administrativo de Quindío, el Juzgado 5 Administrativo de Armenia, el municipio de Quimbaya y la Empresa Cafeaseo SA ESP 4 guardaron

silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2 Fijación de la controversia. 2.3.

Procedencia de la acción de tutela. 2.4. Verificación de vulneración de derechos fundamentales 2.5. Conclusión. 2.1. Identificación de derechos

14. Pese a que la parte accionante señaló en su solicitud de amparo como violados distintos derechos fundamentales, esta Sala centrará su análisis en la 3 Mediante Auto de 18 de agosto de 2021, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia: (2) tener como demandado al Tribunal Administrativo de Quindío; y (3) vincular, en calidad de terceros al municipio de Quimbaya, a Cafeaseo SA ESP y al Juzgado 5 Administrativo de Armenia. 4 Pese a que se intentó su notificación personal, la misma no fue posible, motivo por el cual se procedió a realizar la notificación por aviso. 4 de 9 vulneración del derecho al debido proceso, pues ante una presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco de una actuación judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. Aunado a ello, la vulneración de los derechos constitucionales invocados, surgen como consecuencia de la misma afrenta al debido proceso. En consecuencia, en el evento de encontrar lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder el amparo. 2.2. Fijación de la controversia

15. Corresponde determinar, luego de verificados los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo de

Quindío vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la entidad accionante, por incurrir en un defecto sustantivo ante el desconocimiento (1) de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 610 de 2000 y el Decreto 403 de 2020 y (2) de las Sentencias SU-620 de 1996, C-840 de 2001 y C-599 de 2009 de la Corte Constitucional. 2.3. Procedencia de la acción de tutela

16. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela porque n o existe recurso idóneo y eficaz , que permitiera al demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente vulnerado. Hubo un plazo razonable entre la fecha que en que se notificó la providencia enjuiciada (12/2/2021) y la de interposición de la presente acción de tutela (10/8/2021). No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con la sentencia de segunda instancia, proferida en un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación de derechos fundamentales con ocasión de una providencia judicial, de segunda instancia, cuyo debate central es la nulidad de un fallo de responsabilidad fiscal, a través del cual se declaró responsables fiscales al ex Alcalde de un municipio, y a un contratista. Aunado a ello, no se advierte que los argumentos formulados en el

escrito de tutela sean una reproducción de aquellos planteados durante el trámite ordinario. 2.4. Verificación de vulneración de derechos fundamentales

17. La Sala negará la solicitud de amparo, de conformidad con las razones que

a continuación se exponen:

18. La parte accionante consideró que se vulneró su derecho al debido proceso toda vez que, en la decisión cuestionada, se presentó un defecto sustantivo en virtud del desconocimiento de los artículos 45 (modificado por el artículo 124 del 5 “Artículo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de los mismos, mediante el pago de una indemnización 5 de 9

Decreto 403 de 2020), 56 y 67 de la Ley 610 de 2000, y las Sentencias SU-620 de 1996, C-840 de 2001 y C-599 de 2009 de la Corte Constitucional.

19. En primer lugar, es necesario señalar que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2678 y 2689 de la Constitución Nacional, el control fiscal se encuentra en cabeza de la Contraloría General de la República, quien es la encargada de vigilar la gestión realizada por la administración, particulares o entidades a cargo del manejo de fondos o bienes de la Nación.

20. En virtud de lo anterior, la Ley 610 de 2000 estableció el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal y dispuso que la responsabilidad fiscal tiene por

objeto10 el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de los mismos. pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal. Parágrafo. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad.” 6 “Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.” 7 “Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y

organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.” 8 “Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.// Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.// La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.(…)” 9 Artículo 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones:// 1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.// 2. Revisar y fenecer las cuentas que

deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.// 3. Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales.

4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación.// 5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.// 6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.// 7. Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.// 8. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios.// 9. Presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a la organización y funcionamiento de la Contraloría General.// 10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley. Esta determinará un

régimen especial de carrera administrativa para la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría. Se prohíbe a quienes formen parte de las corporaciones que intervienen en la postulación y

elección del Contralor, dar recomendaciones personales y políticas para empleos en su despacho.// 11. Presentar informes al Congreso y al Presidente de la República sobre el cumplimiento de sus funciones y certificación sobre la situación de las finanzas del Estado, de acuerdo con la ley.// 12. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial.// 13. Las demás que señale la ley. (…)” 10 Artículo 4 Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 124 del Decreto 403 de 2020. 6 de 9

21. Señaló que la responsabilidad estaba precedida de la configuración de los siguientes elementos: (1) una conducta dolosa o gravemente culposa de una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya en la producción del daño patrimonial, (2) un daño patrimonial al estado y (3) un nexo causal de los anteriores elementos.

22. Además, el mencionado cuerpo normativo indicó que se entendía por daño patrimonial la lesión al patrimonio público la cual estaba representada por el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna.

23. De igual forma, la citada Ley 610 de 2000, ha determinado que la responsabilidad fiscal se predica de quienes realizan gestión fiscal, esto es, quienes manejen o administren recursos públicos11.

24. En atención a lo expuesto, la Sala entiende que ese control fiscal puede

recaer sobre servidores públicos o particulares, y pueden ser sujetos de responsabilidad cuando se les ha encomendado el manejo o administración de recursos o fondos públicos

25. Para la Sala, en el presente asunto, no se vulneró el derecho al debido proceso de la parte demandante pues pese que es cierto que de las disposiciones enunciadas se deriva que los contratistas pueden ser sujetos de responsabilidad fiscal, como se advirtió, ello solamente ocurre cuando se demuestre que tenían a cargo la gestión fiscal o el manejo de recursos públicos.

26. Así lo ha entendido el Consejo de Estado12 y la Corte Constitucional13, quienes a través de distintas decisiones han hecho referencia a que es necesario que exista una gestión o manejo de recursos públicos por parte de contratistas, para que estos puedan ser sujetos de responsabilidad fiscal.

27. En el presente asunto, se evidenció, tal como lo indicó en su momento el juez de la nulidad, que la empresa Cafeaseo SA ESP no tuvo a su cargo el manejo o gestión de recursos públicos, pues lo cierto es que las sumas recibidas por esa empresa, provenían de la suscripción de un contrato de prestación de servicios con la Alcaldía de Quimbaya. 11 “Articulo 3. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e

inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.” 12 Revisar, entre otras, las Sentencias de la Sección Primera del Consejo de Estado de 28 de noviembre de 2019, rad. 25000-23-41-000-2012-00710-01, de 21 de enero de 2021, rad. 25000-23-41-000-2012-00534-01 y de 12 de noviembre de 2015, rad. 05001-23-31-000-2004-01667-01. 13 Revisar, entre otras, la Sentencia de la Corte Constitucional C-840 de 2001, a través de la cual se analizó la constitucionalidad de algunas expresiones y apartes de los artículos 1, 4, 6, 12 y 42 de la Ley 601 de 2000. 7 de 9

28. Adicionalmente, está demostrado que el dinero fue recibido como consecuencia de la presentación de órdenes de pago y facturas de venta14, por parte de Cafeaseo SA ESP, con lo cual se descartó que las sumas entregadas debían ser manejadas como recursos públicos por el contratista.

29. No desconoce la Sala que algunos de los valores recibidos por la empresa Cafeaseo SA ESP, de acuerdo a lo señalado por la Contraloría, podían sobrepasar lo pactado en el referido contrato de prestación de servicios. No obstante, esa circunstancia no genera que al contratista se le encomendara la gestión o manejo de esos recursos y de esa manera adquiriera la calidad de sujeto

de responsabilidad fiscal.

30. En lo relacionado con la Sentencias SU-620 de 199615, C-840 de 200116 y C-599 de 200917 de la Corte Constitucional, contrario a lo sostenido por la parte actora, ellas no establecen que el contratista, es responsable fiscal por contribuir a la generación del daño patrimonial, pues lo cierto es que, como se mencionó líneas atrás, esa afectación al patrimonio debe estar ligada a que el contratista maneje o gestione recursos públicos, lo cual no ocurrió en este caso.

2.5. Conclusión

31. La Sala considera que no se configuró el defecto sustantivo, en la medida que la decisión cuestionada se ajustó a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso en concreto. En consecuencia, se negará amparo solicitado.

3. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo interpuesta por Contraloría General de la República, de conformidad con lo expuesto en la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud 14 Para ello se presentaron las siguientes facturas de venta y órdenes de pago: No. 9000011 de 15 de marzo de 2008, 9000015 de 18 de junio de 2008, 9000016 de 14 de julio de 2008, 900017 de 28 de agosto de 2008, 9000018

de 10 de septiembre de 2008, 9000019 de 15 de octubre de 2008, 90000110 de 13 de noviembre de 2008 y 90000111 de 11 de diciembre de 2008. 15 Fue un asunto en el que se investigó la responsabilidad fiscal de Indumil y Isrex de Colombia Ltda., por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del contrato de integración y producción de fusiles Galil calibre 5.56 m.m. En ese asunto se amparó el derecho al debido proceso de los accionantes ya que la Contraloría General de la República no garantizó el derecho de defensa de los demandantes de esa acción de tutela en la etapa de investigación del proceso de responsabilidad fiscal. 16 Fue una sentencia proferida en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 4, 6, 12 y 41 de la Ley 610 de 2001 de 2000, a través de la cual se declaró la exequibilidad de los artículos y sus apartes demandados. 17Fue una sentencia proferida en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, a través de la cual se declaró la exequibilidad del artículo demandado. 8 de 9 contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Firmado electrónicamente ALBERTO MONTAÑA PLATA 18 secgeneral@consejodeestado.gov.co. 9 de 9