CE-11001-03-15-000-2021-05367-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / DEFECTO SUSTANTIVONo configuración / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - No configuración / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No configuración Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos fundamentales de “acceso a la administración de justicia, buen nombre y debido proceso”, por parte de la autoridad judicial accionada, con ocasión a la expedición de la sentencia de 18 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”. (…) , [S]e concluye que la autoridad judicial accionada, en ejercicio de su autonomía judicial y bajo los criterios de la sana crítica, consideró que, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial, contaban con las pruebas suficientes para solicitar y decretar, respectivamente, la medida de aseguramiento en contra del [tutelante], ello, no solo fundado en el informe policial, sino que también con ocasión del i) acta de registro y allanamiento de 14 de enero de 2010, que da cuenta que se encontró una granada mano tipo IM-M 26 color verde en el domicilio del ya mencionado, ii) así como el acta de incautación del artefacto explosivo. En efecto, esta Colegiatura considera que en la sentencia controvertida, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección

Tercera - Subsección “A”, no se configuran los defectos fáctico, sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, toda vez que, como ya se expuso, el informe policial no fue la única prueba que se analizó, sin que se pueda afirmar que este documento no puede tener valor probatorio en todos los escenarios procesales, ya que ello dependerá i) del estudio que se haga en conjunto con otros medios de convicción, y ii) de la autonomía del funcionario judicial, basado en las reglas de la sana crítica.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-05367-00(AC)

Actor: JOSÉ EDERNEY MARULANDA GALEANO Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor José Ederney Marulanda Galeano y otros contra el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Tercera - Subsección “A”, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud Mediante escrito presentado vía electrónica1, los señores José Ederney Marulanda

Galeano y Luz Mireya Olivares Robayo, quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos Daniel Felipe Marulanda Olivares y Anlly Tatiana Marulanda Olivares, y la señora Luz Enid Galeano Ortiz, a través de apoderado, instauraron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, con el fin de obtener el amparo de sus derechos

fundamentales “AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, BUEN

NOMBRE Y DEBIDO PROCESO”.

Las mencionadas garantías constitucionales las estimaron vulneradas por la accionada que, por medio de sentencia de 18 de febrero de 2021, revocó la decisión de 20 de noviembre de 2019 proferida por el Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en la que se accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-36-037-2016-00370-01, promovido contra la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación. 1.2. Hechos De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:  Se indicó que el señor José Ederney Marulanda Galeano y otros presentaron demanda de reparación directa contra la NaciónRama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por la presunta privación injusta de la libertad2 que padeció con ocasión del proceso penal adelantado por los delitos de “hurto calificado, porte

ilegal de armas y explosivos de uso privativo de las fuerzas militares”, al encontrársele una granada de fragmentación durante un allanamiento ordenado por la Fiscalía de Zipaquirá.  El conocimiento de ese asunto le correspondió al Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control mediante sentencia de 20 de noviembre de 2019 y condenó a las demandadas al pago de los perjuicios irrogados, al analizar el caso bajo el régimen de responsabilidad objetivo. Es así como, luego de hacer alusión a los medios probatorios aportados al plenario concluyó que estaba 1 La acción de tutela fue radicada el 13 de agosto de 2021 a las 20:14:30, en la ventanilla virtual del Consejo de Estado, razón por la cual se entiende que se presentó el día hábil siguiente, esto es, el 17 de agosto de 2021. 2 El señor JOSE EDERNEY MARULANDA GALEANO, estuvo privado de la libertad en prisión intramural, durante el lapso comprendido entre el 15 de enero de 2015 y el 15 de octubre de ese mismo año, en virtud de medida de aseguramiento solicitada y sustentada por el fiscal 30 seccional de Zipaquirá y decretada por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Chía Cundinamarca. demostrada la responsabilidad de las entidades estatales ya enunciadas3, decisión que la parte pasiva recurrió en apelación.  En segunda instancia, el 18 de febrero de 2021, la Subsección “A” de la

Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo del juzgado para, en su lugar, negar lo pretendido por los demandantes. Lo anterior, al considerar que en este asunto el estudio debió hacerse a la luz del régimen de responsabilidad subjetivo, a través del título de imputación de falla en el servicio, presupuestos de los cuales pudo colegir, luego de analizar las pruebas, que la medida de aseguramiento fue proporcional y razonada.  La sentencia de segunda instancia se notificó a las partes el 22 de febrero de 2021 y la solicitud de tutela se radicó el 17 de agosto de 2021. 1.3. Fundamentos de la solicitud Los accionantes consideran que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos: fáctico, sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente. Señaló que en la sentencia controvertida se configuró un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, toda vez que, tanto el Consejo de Estado, como la Corte Suprema de Justicia, han establecido que los informes de policía carecen de valor probatorio, razón por la cual no se debió conferir “valor probatorio a un informe de la policía nacional en donde se indicaba, que en el domicilio del demandante se “mantenían armas de fuego y artefactos explosivos”4. Sumado a que ello también se aparta de “lo dispuesto en el articulo 275 de la ley 906 de 2004, que distingue los elementos materiales probatorios y evidencia física, no encontrándose allí, que correspondan a tales, los informes de policía y demás actas que en ejercicio de sus

funciones puedan suscribir”. Por lo mismo indicó que en la providencia cuestionada se incurrió en un defecto fáctico, comoquiera que “le reconoció valor probatorio a los informes de policía y a las actas que en ejercicio de sus funciones realizan, a pesar no de estar estos documentos definidos como elementos materiales probatorios y evidencia física”. También, porque “más allá de los informes de policía judicial y de las actas suscritas por los uniformados – que no son elementos probatorios – el único elemento que tenia (sic) valor probatorio fue el objeto incautado, sin embargo, este por si (sic) solo no permitía inferir razonablemente la autoría o participación de MARULANDA GALEANO, en el delito que en virtud de este hallazgo le fue imputado”. En este punto hizo énfasis en que la diligencia de allanamiento que se practicó en el lugar de residencia de la persona que fue privada de la libertad se sustentó en otro delito -contra el patrimonio económico-, esto es, por hurto calificado. Razón por la cual, “el objeto incautado NO 3 En la sentencia de primera instancia el Juzgado precisó que la privación injusta de la libertad pudo devenir del procedimiento irregular en el allanamiento por parte de la Policía Nacional, sin embargo, como esta no fue vinculada al proceso, el operador jurídico se limitó a estudiar el caso a la luz del régimen objetivo de responsabilidad. 4 Al argumentar este cargo, la parte accionante citó las siguientes providencias: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia de 8 de septiembre de 2015 Exp. 3941; y Consejo

de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de marzo de 2020, Exp. 2011-00352-01. guardaba relación alguna con el hecho denunciado”. Agregó que “la firma del acta de allanamiento no acreditaba que MARULANDA GALEANO haya aceptado haber realizado el acompañamiento ni mucho menos reconocer la conservación o tenencia del elemento incautado”. Además, de que existe una inconsistencia entre “lo declarado por los señores Sergio Sánchez y Roy Ramírez”, en el sentido de establecer si el señor Marulanda Galeano acompañó o no el procedimiento de allanamiento, así como también, en cuanto al número de uniformados que participaron en el allanamiento, y en general, de todo el procedimiento. Por su parte, en cuanto al cargo de violación directa de la Constitución, advirtió que no se atendió lo dispuesto en el artículo 250, que establece que “es atribución de la Fiscalía a través de sus delegados, entre otras: Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley”. Luego, el tribunal accionado no establece “la razón por la cual considera que por ser informes y actas elaborados por la PONAL, no le asiste a la Fiscalía ni al Juez de Garantías verificar su contenido”. Finalmente, precisó que la autoridad accionada, en virtud del principio iura novit curia, debió analizar de forma integral las pruebas aportadas al proceso y, a pesar de que esta no fue alegada, concluir en la configuración de la falla en el servicio, ya que, para la fecha de la presentación de la demanda, “se encontraba vigente el derrotero jurisprudencial del Consejo de Estado que encuadraba la absolución por in

dubio pro reo dentro del régimen de imputación objetiva”. 1.4. Petición de amparo constitucional Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes: “PRIMERO: QUE SE CONCEDA A JOSE EDERNEY MARULANDA GALEANO, LUZ MIREYA OLIVARES ROBAYO, DANIEL FELIPE Y ANLLY TATIANA MARULANDA OLIVARES Y LUZ ENID GALEANO ORTIZ, EL AMPARO DE SUS

DERECHOS FUNDAMENTALES AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA, BUEN NOMBRE Y DEBIDO PROCESO, VULNERADOS POR LA

SUBSECCIÓN A SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA CON OCASIÓN DE LA PROVIDENCIA QUE PUSO FIN AL

PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA PROFERIDA EL 18 DE FEBRERO DE

2021.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS LA SENTENCIA DEL 18 DE FEBRERO DE 2021 QUE DENEGÓ LAS PRETENSIONES DE LOS ACCIONANTES, Y, EN

CONSECUENCIA, SE ORDENE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, QUE DENTRO DEL TERMINO (sic) QUE

ESTIME ESTA HONORABLE CORPORACIÓN, PROCEDA A EMITIR UNA NUEVA

PROVIDENCIA EN REMPLAZO, DE LA QUE EN ESTA OPORTUNIDAD SE CUESTIONA.” 1.5. Trámite de la acción Mediante auto de 19 de agosto de 2021, el magistrado ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los tutelantes, y como accionada al Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”. Asimismo, como terceros con interés en las resultas del proceso, a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial. Luego, el despacho sustanciador, por medio de auto de 2 de septiembre de 2021, vinculó al trámite de la referencia al Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá como tercero con interés, por ser la autoridad judicial que dictó la decisión de primera instancia al interior del medio de control de reparación directa de donde surge la decisión cuestionada. 1.6. Intervenciones Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes intervenciones: 1.6.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, por intermedio del magistrado ponente de la decisión enjuiciada, solicitó declarar la improcedencia de la acción constitucional, al considerar que lo que pretenden los demandantes es usar la acción constitucional como una tercera instancia, además de que por vía de tutela solicita que “se analicen las imputaciones de responsabilidad, que nunca se efectuaron en el proceso ordinario de reparación directa -falla en el servicio en la diligencia de allanamiento”. Al respecto, recordó que la fijación del litigio se estableció así “si (...) la Fiscalía General de la Nación y la Administración Ejecutiva de Administración de Justicia es responsable (...) por los perjuicios presuntamente irrogados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de JOSÉ EDERNEY MARULANDA

GALEANO (...) o si se presenta algún eximente de responsabilidad (...)”. Por lo cual expuso que no le corresponde al juez contencioso, o constitucional, analizar esta nueva imputación porque los demandantes decidieron “no fundar la responsabilidad en la diligencia de allanamiento, como tampoco ejerció el derecho de acción en contra de la Policía Nacional, razón por la cual, el análisis se centró solamente en verificar si existían elementos probatorios para decretar la medida de aseguramiento (…), sin que se puede realizar ningún tipo de estudio sobre la diligencia de allanamiento, por cuanto este asunto no fue objeto de imputación de responsabilidad”. Ahora, en cuanto al análisis de las pruebas, en primer lugar hizo alusión a que, a pesar de que los demandantes incumplieron la carga procesal probatoria de allegar al proceso la solicitud de medida de aseguramiento, circunstancia que en criterio del Consejo de Estado5 impide estudiar la conducta desplegada por el ente investigador, la Sala que él integra, en aras de una tutela judicial efectiva, realizó el análisis de la responsabilidad con fundamento en los medios de prueba practicados en la actuación -escrito de acusación y sentencia absolutoria-. Aclarado lo anterior, procedió a relacionar el material probatorio obrante en el plenario que esa Colegiatura tuvo en cuenta para proferir la sentencia controvertida, con el cual concluyó que en ese caso no se demostró la falla en el 5 Consejo de Estado; Sección Tercera; Subsección A; providencia de 13 de agosto de 2020; Radicación número: 27001-23-31-000-2012-00059-01 (56071), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

servicio, por cuanto la medida de aseguramiento no fue desproporcionada o injustificada, sino que, por el contrario, obedeció a un juicio de razonabilidad y necesidad, ello, con fundamento en i) el informe de un miembro de la Policía Nacional en donde se indicaba, que en el domicilio del demandante se “mantenían armas de fuego y artefactos explosivos”; ii) el acta de registro y allanamiento del 14 de enero de 2010 en donde se observó lo siguiente; a) que se registraron tres habitaciones, cocina, baño y patio social; b) en la habitación 1 se encontró una granada de mano tipo IM-M 26 color verde; c) la diligencia fue practicada por tres miembros de la Policía Nacional; d) el acta fue firmada por el señor Marulanda Galeano sin realizarse ninguna observación; iii) acta de incautación de elementos de fecha 14 de enero de 2010 - granada de mano tipo IM-M 26 color verde-. 1.6.2. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de un profesional experto de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa entidad, requirió que se declarara improcedente este asunto, por cuanto no se cumplen las causales generales de procedencia de tutela contra providencia judicial, a pesar de que tenía la carga de la prueba; y por último, porque el fallo es acorde con el precedente jurisprudencial. 1.6.3. La Rama Judicial, a través de una abogada de la División de Procesos de la Unidad Asistencial de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, también peticionó que se declare la improcedencia de la acción constitucional por i)

ausencia de las causales de procedencia contra providencia judicial, ii) carencia de perjuicio irremediable, y iii) dado que la decisión se emitió con autonomía judicial en forma razonada, en donde se expusieron los argumentos jurídicos a lugar. Por otro parte, solicitó su desvinculación del presente trámite, porque los derechos alegados como vulnerados no devienen de una acción u omisión atribuible a la entidad que representa. 1.6.4. El Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por medio de su titular, solicitó negar la acción de tutela, al considerar que el Tribunal tomó su decisión “bajo su autonomía judicial y al amparo de la ley, así mismo, el fallo contiene la argumentación fáctica y jurídica por la cual se revoca la decisión de primera instancia, por lo que no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales alegados”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Competencia Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela presentada por el señor José Ederney Marulanda Galeano y otros contra la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Cuestión previa - solicitud de desvinculación Esta Colegiatura advierte que la Rama Judicial solicitó su desvinculación del presente trámite, no obstante, se negará la referida petición, en razón a que su

comparecencia a este mecanismo se hizo en calidad de tercero con interés, teniendo en cuenta que es una de las autoridades demandadas que integró el extremo pasivo al interior de la demanda de reparación directa en la que se expidió la providencia controvertida. 2.3. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos fundamentales de “ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, BUEN NOMBRE Y DEBIDO PROCESO”, por parte de la autoridad judicial accionada, con ocasión a la expedición de la sentencia de 18 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados y; (iii) el caso en concreto. 2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20126 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,

pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por 6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”. 9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia. 2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva 2.5.1. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante

constitucionalmente pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, se trata de la presunta lesión de los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre y de acceso a la administración de justicia, ante la posible configuración de los defectos sustantivo, fáctico, violacion directa a la constitución y el desconocimiento del precedente. En tales condiciones, se observa que existen suficientes motivos para resolver de fondo los reparos expuestos por los tutelantes ante la notoria tensión entre los derechos fundamentales invocados y la decisión judicial objeto de reproche, por lo que la Sala superará esta causal, y pasará a verificar si se cumplen los demás presupuestos generales de procedibilidad. 2.5.2. Respecto de la subsidiariedad, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a sus derechos fundamentales. Esto, toda vez que contra la providencia proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no procede ningún recurso, y que los cargos alegados no se encuadran en las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión, ni de unificación de jurisprudencia. 2.5.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de inmediatez pues la decisión en cuestión se profirió el 18 de febrero de 2021 y se notificó el 22 siguiente, mientras que la acción de tutela se radicó el 17 de agosto de 2021, es decir, dentro de los seis meses que esta Sección considera como

plazo prudencial para acudir a esta instancia constitucional. 2.5.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de reparación directa que se promovió en contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial con radicado No. 110013336037-201600370-01. Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de los defectos sustantivo, fáctico, violacion directa a la constitución y por desconocimiento del precedente, al encontrar acreditados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.6. De las generalidades de los defectos alegados En el sub examine, los tutelantes censuran la sentencia de 18 de febrero de 2021 proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que revocó el fallo del juzgado, para en su lugar, negar lo pretendido por los demandantes, comoquiera que, en su sentir, se incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, cuyas generalidades se indican a continuación. 2.6.1. Respecto al defecto fáctico, esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201510 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de este en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión así: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)

desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características: Evento Características Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que Omisión de no toda negativa a un decreto de pruebas abre la decreto y posibilidad a la configuración del defecto, ya que este práctica de procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la pruebas prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los indispensables parámetros arriba señalados. para fallar el asunto De esta manera, se requiere que: a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea. d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro. Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no

Desconocimiento son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este 10 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01. del acervo punto, se requiere que de forma específica, se concrete probatorio en el escrito de amparo, cuáles pruebas, aportadas determinante oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez. para identificar la veracidad de los Así las cosas, se configura siempre : hechos alegados por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez. b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo. Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado. Valoración Requiere entonces que: irracional o a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas arbitraria de las fueron objeto de indebida valoración por el juez pruebas b) La razón del por qué, en cada caso en particular, aportadas la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica. El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo

desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, de ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural. c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia Dictar sentencia decide el asunto con base en pruebas que no con fundamento observaron los requisitos legales para su producción o en pruebas introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora obtenidas con la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al violación del haberla tenido en cuenta para decidir el problema debido proceso jurídico que le fue planteado, al ser esta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes. Para su configuración corresponde señalar: a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional. b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración. c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución

Política. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues es desacertado. 2.6.2. Frente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional11, ha explicado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”12. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos: a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente13 o porque ha sido derogada14, es inexistente15, inexequible16 o se le reconocen efectos distintos a los otorga