CE-11001-03-15-000-2021-05384-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA

PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se apercibe como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural / PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA SON LAS MISMAS DEL PROCESO ORDINARIO / ACCIÓN DE TUTELA NO ES UNA TERCERA INSTANCIA – Del proceso ordinario / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE IDENTIFICACIÓN SUFICIENTE DE LOS ARGUMENTOS DE LA TUTELA / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA – No explicó las razones por las cuales la providencia impugnada adolece de los defectos alegados / INEXISTENCIA DEL DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Como un juicio de validez y no como un juicio de corrección [P]ara la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad con radicado No. 11001-33-34-004-2015-00326-01, como si este mecanismo fuera una

instancia adicional, según se explicará. El [actor], en esencia, fundamentó la acción de tutela en que el incentivo creado a través del Decreto 603 de 2013, consistente en un 40% de descuento sobre la tarifa que se paga por el servicio del SITP para las personas mayores de 16 años registradas en las bases de datos del SISBEN, constituía un verdadero subsidio, por lo que el Alcalde Mayor de Bogotá carecía de competencia para aprobarlo, pues este debía ser objeto de debate en el Concejo Distrital y debía contar con un plan económico, financiero y operacional que lo soportara. (…) [L]a Sala advierte, de manera diáfana, que la discusión acerca de la naturaleza de la medida adoptada a través del Decreto 603 de 2013, la facultad de adoptarla por parte del Alcalde Mayor de Bogotá y la existencia de un plan económico y financiero que la soportara, se suscitó y resolvió en el proceso ordinario. Al respecto, la autoridad judicial acusada analizó los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios, a partir de los que consideró que no se había incurrido en los reproches endilgados en la demanda de nulidad simple, sino que, por el contrario, el decreto fue adoptado de conformidad con la normativa aplicable al caso e incluso, se determinó que estuvo orientada a fomentar y garantizar el acceso del servicio público de transporte para un sector menos favorecido de la población. Adicionalmente, debe precisarse que la censura sub examine es una réplica similar a la vertida en el libelo introductorio del medio de control de nulidad, en tanto se plantea que (i) la política ideada a través del

decreto demandado era un subsidio; (ii) se presentó la transgresión de diversas normas que establecen la competencia de los concejos distritales para determinar estas ayudas económicas; y (iii) la medida no estaba respaldada por un modelo económico, financiero y operativo, en el que se demostrara su sostenibilidad. Resulta claro, entonces, que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas contenidas en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite ordinario, con el fin de que prevalezca la interpretación de la tutelante sobre la prohijada por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En punto de lo anterior, las denuncias acá formuladas están destinadas a plantear un desacuerdo frente a las conclusiones a las que arribó el juez natural de la causa, lo que impide estudiar el fondo de los defectos alegados. En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura, ya que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano constitucional. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en

razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada , lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho, que se resolvieron en el curso del proceso ordinario. (…) [E]n cuanto al presunto desconocimiento del precedente contenido en la sentencia C-324 de 2009, se advierte que el accionante se limitó a traerla a colación en su escrito de tutela y a explicar lo resuelto por el Alto Tribunal Constitucional frente al alcance del artículo 355 Superior en lo que tiene que ver con la prohibición de disponer de recursos públicos en favor de particulares, esto bajo el supuesto de que la medida adoptada por el Alcalde Mayor a través del decreto demandado, era un subsidio, lo cual, como se vio, fue descartado por el juez natural de la causa. Por otro lado, luego de estudiar el contenido de la sentencia C-323 de 2009, en la que presuntamente se “ha ratificado el significado del subsidio y la relación con el incentivo el cual estableció la alcaldía de Bogotá pues por los mismos hechos el alcalde fue sancionado en un proceso adminitratativo (sic) de responsabilidad fiscal”, se observa (sic) que esta providencia realmente estudió el proyecto de Ley 164/06 Cámara - 074/07 Senado, “Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los treinta (30) años de actividades académicas de la Universidad Popular del Cesar y se dictan otras disposiciones”, esto es, un tema diametralmente distinto al aducido en

el libelo introductorio del trámite constitucional. Por lo anterior, se repara que el accionante no sustentó debidamente el defecto de desconocimiento del precedente, en este caso, constitucional, en el que supuestamente incurrió la accionada, por lo que no se satisfizo el requisito de identificación suficiente de los argumentos de la tutela, lo cual impide que esta Sala adelante un análisis de fondo frente a este reproche. Finalmente, en lo que tiene que ver con la falta de congruencia entre la sentencia censurada y las pruebas arrimadas al asunto ordinario, se reflexiona que aquello corresponde a una simple afirmación invocada por el actor únicamente en el acápite de “Pretensiones” de la demanda de tutela, lo cual, de nuevo, imposibilita al juez constitucional para pronunciarse sobre la configuración de la censura alegada, pues no se cumplió con la carga mínima de argumentación, que le permita al juez constitucional comprender con suficiente claridad y de manera precisa el debate en torno a la vulneración de las garantías fundamentales invocadas. En este entendido, la Sala advierte que los cargos recién nombrados, no cumplen con el requisito estudiado en este acápite, por lo tanto, declarará improcedente el amparo frente a aquellos.

ACLARACIÓN DE VOTO / REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA CONTROVERSIA – Requisito no previsto en la norma / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA CONTROVERSIA – Requisito sometido a la discrecionalidad del juez

constitucional La relevancia constitucional como requisito general de procedencia de la tutela contra providencia judicial no está previsto en norma alguna y su aplicación, a mi juicio, a más de ser otra recepción acrítica de discutibles criterios jurisprudenciales foráneos [“especial trascendencia constitucional” la denomina el Tribunal Constitucional español], plantea serios interrogantes. En efecto: ¿Si la tutela es un mecanismo subsidiario para la protección inmediata de derechos fundamentales, acaso no todas las solicitudes que reúnan los demás presupuestos tendrían -por sí solasrelevancia constitucional? ¿Si el juez en cada caso debe “evaluar” la relevancia constitucional, esa decisión no es otro evento -uno másde esa discrecionalidad que erige a los falladores en amos y señores del proceso judicial, sin referencia a precepto alguno? ¿Hemos sustituido la arbitrariedad de la Administración por la arbitrariedad del denominado “juez constitucional”, que bajo figuras elásticas -como estale entregan un poder absoluto e incontrolado para definir un tema delicado? ¿Es acorde con la Constitución y con la democracia que los jueces decidan cómoda y arbitrariamente a partir de fórmulas tan gaseosas y extremadamente flexibles?

NOTA DE RELATORÍA: Frente a la aclaración de voto en relación con la tutela contra providencia judicial y la aplicación del precedente de la Corte Constitucional para el asunto, el aclarante remite a la aclaración de voto efectuada en la providencia de 7 de febrero de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-00022-00.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C, quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-05384-00(AC)

Actor: JONH WILLIAM GARCÍA CASTRO

Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia La Sala decide la acción de tutela ejercida por Jonh William García Castro, en nombre propio, en contra de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca. I.- ANTECEDENTES 1.- La solicitud de tutela El 10 de agosto de 20211 la parte actora interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado con el fallo dictado el 15 de julio de 2021 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el que se desestimaron las pretensiones elevadas en el medio de control de nulidad con radicado No. 11001-33-34-004-2015-00326-01. 1.1.- Hechos 1.1.1.- La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 603 del 26 de diciembre de 2013, “por el cual se implementan estrategias para garantizar la suficiencia financiera del sistema integrado del transporte público (SITP)”. En aquel se

estableció un incentivo consistente en un 40% de descuento sobre la tarifa a pagar por el servicio del SITP para las personas mayores de 16 años registradas en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales – SISBEN metodología III, y que contaran con puntajes entre 0 a 40. 1.1.2.- Los señores Beatriz Clemencia Rojas Ortega y Jonh William García Castro interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad simple en contra del anterior acto3. Aquella se fundamentó en que el decreto era ilegal por cuanto el incentivo planteado era realmente un subsidio y, por ello, el único órgano competente para aprobarlo era el Concejo Distrital mas no el Alcalde Mayor de Bogotá, desconociendo así los numerales 1 y 3 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 19934, y 9 del artículo 3 de la Ley 105 de 19935. De igual forma, alegaron que el decreto estaba falsamente motivado, en la medida en que lo establecido no fue un incentivo o estrategia, sino una subvención; además, reprocharon que no se hayan determinado las condiciones y criterios de asignación, ni los límites y porcentajes de las partidas a asignar en la referida ayuda económica; lo cual podría llegar a obstaculizar el control fiscal de los recursos públicos y facilitaría la desviación de poder. También adujeron que si bien en el Plan de Desarrollo contenido en el Acuerdo Distrital 489 de 2012 se hizo mención a la adopción de tarifas diferenciales en transporte para los grupos más vulnerables, a efectos de su implementación era

necesaria la elaboración de un modelo económico, financiero y operativo en el que se demostrara la sostenibilidad del sistema. Ante su ausencia, se transgredía lo 1 Según el correo electrónico que obra en el documento con certificado 471BBD0CADDC1CA4 C40821E8E27F6573 3CE0B57ECA3E8157 0D81167C23F94F4E, en el expediente de tutela digital. 2 Obra en el documento con certificado 27F52707EDCC1E06 79C612CEDD034F86 D01DA6BE58F399DD 0463F7F08DBB222F, en el expediente de tutela digital. 3 Folios 39-49 del archivo “EXPEDIENTE 2015 326-08242021142601 (1)” que obra en el documento con certificado 58F46F171B097D73 7DCA31FA3061D5A0 FA78776CF3FD2E48 D9491AD638585EB3, en el expediente de tutela digital. 4 “ARTÍCULO 38. Atribuciones. Son atribuciones del alcalde mayor: 1ª Hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional y los acuerdos del Concejo. (…) 3ª Dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones, la prestación de los servicios y la construcción de las obras a cargo del Distrito”. 5 “ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO. El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios

sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios: (…)

9. DE LOS SUBSIDIOS A DETERMINADOS USUARIOS: (…)”. previsto en el artículo 1 de la Resolución No. 0012333 del 28 de diciembre de 2012 proferida por el Ministerio de Transporte6. 1.1.3.- El asunto fue conocido en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Bogotá, que mediante sentencia del 8 de septiembre de 20177 accedió a las súplicas de la demanda. Al efecto, indicó que el Alcalde Mayor de Bogotá no tenía competencia para fijar el incentivo consistente en un 40% de descuento sobre la tarifa a pagar por el servicio del SITP para personas registradas en el SISBEN, pues sin perjuicio de la denominación que se le haya dado, se trataba realmente de una subvención. A partir de lo anterior, aseveró que si lo pretendido era dar este auxilio económico, aquello correspondía ser establecido y aprobado por el Concejo Distrital. 1.1.4.- La decisión fue impugnada8. La alzada fue desatada por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de sentencia del 15 de julio de 20219, mediante la que revocó la determinación del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones.

Al respecto, hizo referencia a las normas citadas como fundamento del acto10, para luego llegar a la conclusión de que el Alcalde Mayor de Bogotá sí tenía competencia legal y reglamentaria para emitir el decreto demandado, debido a que

dentro de sus funciones y facultades se encontraban las de ejecutar políticas y condiciones para asegurar la efectiva y adecuada prestación del servicio de transporte público masivo en el Distrito Capital. Ahora, frente a la adopción de una tarifa diferencial para la población perteneciente al SISBEN, sostuvo que ello era un instrumento de las autoridades para favorecer la ejecución de políticas públicas de priorización dirigidas a los sectores más pobres y vulnerables, en tanto el problema de la movilidad ocupa un lugar importante en los objetivos de los gobiernos nacional y municipal, lo cual se refleja en distintas normas expedidas relacionadas con el tema, como lo son las Leyes 86 de 1989, 105 de 1991 y 336 de 1996 y el Decreto 2660 de 1998. De igual forma, resaltó que el Decreto 603 pretendió dar prioridad a ese tipo de servicio de transporte público de pasajeros, en tanto permite que su acceso sea masivo respecto de la población menos favorecida de la ciudad. En lo referente a que el alcalde usurpó las funciones del Concejo de Bogotá, afirmó que las atribuciones ejercidas sí correspondían a ese funcionario, pues el cuerpo colegiado no aparece incluido dentro de las autoridades señaladas en el artículo 10 del Decreto 170 de 200111 ni en el Decreto 1421 de 199312, a través de los que se otorgan atribuciones en materia de transporte público. Al efecto, refirió 6 “Por el cual se fijan los criterios que deberán observar las autoridades territoriales para la fijación de tarifas diferenciales, segmentadas o subsidiadas en los Sistemas Masivos, Integrados o Estratégicos de Transporte

de Pasajeros”. 7 Folios 196-220 del archivo “EXPEDIENTE 2015 326-08242021142601 (1)” que obra en el documento con certificado 58F46F171B097D73 7DCA31FA3061D5A0 FA78776CF3FD2E48 D9491AD638585EB3, en el expediente de tutela digital. 8 Folios 224-229 del archivo “EXPEDIENTE 2015 326-08242021142601 (1)” que obra en el documento con certificado 58F46F171B097D73 7DCA31FA3061D5A0 FA78776CF3FD2E48 D9491AD638585EB3, en el expediente de tutela digital. 9 Obra en el documento con certificado B05E82E61EEB5E94 A4D9FA6152F97A8A B3A9E3C0BDAC7F8A 8B14F4ACB0F3B4E3, en el expediente de tutela digital. 10 Los artículo 315 y 365 de la Constitución; el Código Nacional de Tránsito Terrestre; la Ley 336 de 1996, la Ley 105 de 1993; y el Decreto 170 del 5 de febrero de 2001. 11 “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros”. 12 “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros”. que al concejo le corresponde definir el marco organizativo, funcional, financiero y demás aspectos relacionados con las funciones de las autoridades de transporte

competentes en el Distrito; mientras que al alcalde, diseñar y ejecutar las políticas públicas, lo que implicaba la facultad de tomar medidas específicas y de carácter operativo o técnico para el desarrollo de esa actividad en sus distintas modalidades. Respecto de la presunta creación de un subsidio para el pago de una tarifa diferencial, aseveró que el Decreto 603 de 2013 es una regulación sobre una política pública dirigida a motivar a un sector de la población a utilizar el transporte masivo, lo cual no era posible asimilar a un subsidio con recursos públicos, pues lo que el alcalde hizo fue establecer un porcentaje de descuento del 40% sobre la tarifa al usuario, respaldado en un modelo económico, financiero y operativo contenido en el Acuerdo 489 de 2012 o Plan de Desarrollo Económico Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, en el que se demostraba que la aplicación de las tarifas garantizaba la sostenibilidad del sistema. De igual forma, sostuvo que en el numeral 2 del artículo 20 del mencionado acuerdo se indicó que para el mejoramiento de la accesibilidad financiera al transporte público, se debían establecer y adoptar medidas y tarifas que permitieran mayor acceso a la población con menor capacidad de pago. Por otra parte, constató que el decreto acusado se planteó el modelo económico a tener en cuenta, contenido en el Acta 10 de 2013 emitida por el CONFIS13 y, además, tuvo en consideración el estudio realizado por Transmilenio S.A. denominado “Estudio Técnico y Financiero soporte a la actualización tarifaria”, y la

certificación del 17 de diciembre de 2013, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, con radicado No. 2013ee20795O; documentos a través de los que se verificó el respaldo de recursos para adoptar la política de fijación de tarifas diferenciales en el sistema masivo de transporte. También observó que el Concejo Municipal, al evaluar el Acuerdo 533 de 2013 “Por el cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, Distrito Capital para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 y se dictan otras disposiciones”, tuvo conocimiento del presupuesto que sustentó la adopción de la medida contenida en el Decreto 603 de 2013, por lo que el asunto fue, en efecto, discutido y aprobado por el cuerpo colegiado. 1.2.- Fundamentos de la acción de tutela La parte tutelante adujo lo que sigue. 1.2.1.- El incentivo contenido en el Decreto 603 de 2013 era realmente un subsidio financiado con los recursos del transporte público. Al efecto, indicó que el Tribunal accionado se apartó de lo previsto por la Corte Constitucional en sentencias C-324 de 2009 y C-323 del mismo año, en las que se precisó en qué consistía la prohibición del artículo 355 Constitucional de decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Adicionalmente, resaltó que en la reunión del CONFIS y en el Acta 010 del 2013 expedida por ese

consejo, se estableció que tal incentivo sí era un subsidio. 13 A través del que adoptó la focalización con base en la metodología del puntaje determinado por el SISBEN III con rangos entre 0 y 40 puntos, de conformidad con el estudio técnico del Banco Mundial "Diseño de una Política de Focalización de Subsidios al Transporte Público para los más Pobres", adoptado por la Secretaría Distrital de Movilidad en su estudio de "subsidios al transporte para las personas de menor capacidad de pago". 1.2.2.- No se cumplió con la elaboración de un modelo económico, financiero y operativo que demostrara que la aplicación de las tarifas garantizaba la sostenibilidad del sistema de transporte en los términos de la Ley 80 de 198714. De igual forma, aseguró que en el Acuerdo 533 de 2013 del Concejo Distrital, no se encuentra la aprobación del presupuesto ni el plan sobre el que se fundamentó el Decreto 603. 1.2.3.- La medida adoptada a través del decreto acusado fue una erogación injustificada, ineficiente y antieconómica, circunstancia que vulnera los preceptos constitucionales15, legales y jurisprudenciales, que prohíben expresamente su otorgamiento. 1.2.4.- Los artículos 1, 3, 8, 24, 25, 26 y 313 de la Constitución; 3 de la Ley 105 de 1993; 12 del Decreto Ley 1421 de 1993; y 29 de la Ley 1551 de 2012; fueron desconocidos por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1.2.5.- Según el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, los encargados de autorizar la implementación de los subsidios son los concejos municipales o distritales, por lo que el Alcalde de Bogotá se excedió en el ejercicio de sus funciones. 1.2.6.- El Tribunal accionado no tuvo en cuenta que el acto no fue debidamente motivado por cuanto el decreto no creó un incentivo o estrategia, sino una subvención. De igual forma, inobservó que no se determinaron de manera concreta las condiciones y criterios de la asignación, ni los límites y porcentajes de las partidas a asignar y “demás requisitos que aseguren la participación de las entidades destinatarias en condiciones de igualdad, lo que obstaculiza el control fiscal de los recursos públicos y facilita la desviación de poder, razón suficiente para encontrar fundado el cargo de inconstitucionalidad por violación al artículo 355 superior, además de que la asignación a que se hace mención, no fue autorizada en desarrollo de la facultad de intervención del Estado en la economía y por tanto corresponde a una subvención de naturaleza económica condicionada”16. 1.3.- Pretensión de la acción de tutela El peticionario solicitó conceder el amparo al derecho fundamental invocado y que se revocara la sentencia dictada el 15 de julio de 2021 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, “por ir en contra de la constitución [y] la ley al no valorar las pruebas arrimadas al proceso en conjunto, pues no hay congruencia entre la sentencia y las pruebas, defecto sustantivo”17.

2.- Trámite de la acción de tutela 14 Según indica en el escrito de tutela, a folio 5 del documento con certificado 27F52707EDCC1E06 79C612CEDD034F86 D01DA6BE58F399DD 0463F7F08DBB222F, en el expediente de tutela digital. 15 En el artículo 335 de la Constitución. 16 Folios 14-15 del documento con certificado 27F52707EDCC1E06 79C612CEDD034F86 D01DA6BE58F399DD 0463F7F08DBB222F, en el expediente de tutela digital. 17 Folio 3 del documento con certificado 27F52707EDCC1E06 79C612CEDD034F86 D01DA6BE58F399DD 0463F7F08DBB222F, en el expediente de tutela digital. Mediante auto del 19 de agosto de 2021 se admitió la acción de tutela18 y se ordenó su notificación a las partes y a los terceros con interés19. 2.1.- Contestaciones 2.1.1.- La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Directora Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital20, manifestó que en el escrito de tutela se planteó la inconformidad del accionante con la decisión adoptada por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de nulidad ya conocido, pues se remite a los argumentos expuestos en el libelo introductorio del asunto ordinario, pretendiendo así generar una especie de tercera instancia. Por otra parte, advirtió que el tutelante no demostró que la decisión censurada vulnerara el derecho fundamental al debido proceso, ni

explicó en qué consistió la supuesta incongruencia entre la decisión adoptada respecto de las pruebas aportadas con la demanda. Por estas razones, solicitó negar el amparo deprecado. 2.1.2.- La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca21 informó el trámite que se surtió al interior del proceso de nulidad simple y resumió los argumentos planteados en el fallo del 15 de julio de 2021. II.- CONSIDERACIONES 1.- Competencia Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por Jonh William García Castro en contra de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. 2.- Problema jurídico La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedibilidad en contra de providencias judiciales, específicamente con los de relevancia constitucional e identificación suficiente de los hechos y argumentos. En caso afirmativo, abordará el estudio de los defectos alegados. 3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales La Corte Constitucional en la sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos 18 Obra en el documento con certificado B2B3FA886BFA98F3 1B2BB876FA3A2C19 B7623103C4482D9E

82C4155380364DB6, en el expediente de tutela digital. 19 Los soportes de la notificación obran en los documentos con certificados 7886A1A8BBFB07AA

92BBC6AA9E4A9C9C 11E098AFF8FD851A 7DF453AF8A2A0AF0; 76E8C5A156E7EF6C

04864AAC45D9FB09 2C5714114CA27982 D3D2F0BF4FE87D2E; F3576EF42BD6FE6C D22C914536CFC7CF 791DB5850207135A D66A18E403A98D4E; y 8D54AE0B8A75CAE7

8C36FEA780F2A81E 6BAAADB2AF5950C1 02C8747E5980937B, en el expediente de tutela digital. 20 Obra en el documento con certificado 4A696CB2DCA7B954 0E41F607863BC566 28D20F766F2DDF62 319427945F3F4767, en el expediente de tutela digital. 21 Obra en el documento con certificado 5AB548C04487F997 F5D3DF8153DBBC56 C426361C19F74F40 66E2B0F05808E7A0, en el expediente de tutela digital. requisitos de procedibilidad22 y de procedencia23, con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior. 4.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto 4.1.- Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada

importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”24. En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos, a saber25: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos; y (ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. 4.2.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad con radicado No. 11001-33-34-004-2015-00326-01, como si este mecanismo fuera una instancia adicional, según se explicará. 4.3.- Jonh William García Castro, en esencia, fundamentó la acción de tutela en que el incentivo creado a través del Decreto 603 de 2013, consistente en un 40% de descuento sobre la tarifa que se paga por el servicio del SITP para las personas mayores de 16 años registradas en las bases de datos del SISBEN,

constituía un verdadero subsidio, por lo que el Alcalde Mayor de Bogotá carecía de competencia para aprobarlo, pues este debía ser objeto de debate en el Concejo Distrital y debía contar con un plan económico, financiero y operacional que lo soportara. 4.3.1.- Ahora bien, al verificar los argumentos vertidos en la sentencia del 15 de julio de 2021, dictada por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se dilucidan las siguientes conclusiones: 22 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de