CE-11001-03-15-000-2021-05433-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RECURSO DE

INSISTENCIA / AUSENCIA DE CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO

PROCEDIMENTAL / AUSENCIA DE CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO

FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / AUSENCIA DE

CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN

NORMATIVA / DERECHO DE PETICIÓN / RESPUESTA DEL DERECHO DE PETICIÓN / CONCEPTO DEL RECURSO DE INSISTENCIA – Es un instrumento para proteger el derecho de petición frente a la respuesta negativa de la administración cuando se invoque la reserva legal / DECLARATORIA DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE INSISTENCIA – Lo pretendido por el actor era más natural a un procedimiento de una posible recusación que a la protección del derecho fundamental de petición / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES El [actor] promovió la presente acción tutela, porque considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, vulneró los derechos fundamentales invocados con la decisión del 19 de febrero de 2021, al declarar improcedente el recurso de insistencia que promovió contra del Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bogotá. Al efecto, indicó que el Tribunal accionado incurrió en los defectos procedimental, fáctico y sustantivo, que además se trata de una decisión sin motivación, que viola directamente la Constitución Política y está en contravía de los tratados internacionales, todo en general dirigido a señalar que la información

que requirió a la Juez Primera Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bogotá, es de carácter general y público, por lo tanto, tiene derecho a que se le expida una respuesta de fondo a la petición que le formuló el 21 de abril de 2020. Al respecto, lo primero que se debe indicar es que el recurso de insistencia tuvo su génesis en la petición que radicó el [actor] ante la Juez Primera Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bogotá, con el fin de que se le informara sobre algunos vínculos personales con personas del derecho público y privado que conllevaran a la configuración de un impedimento, inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para conocer de un proceso de responsabilidad penal. La juez dio respuesta a la anterior petición el 21 de mayo de 2020, indicando en términos generales que las entidades o personas por las que indagaba “no son parte ni interviniente especial dentro del proceso 1100160002019033398 NI. 42164, razón por la cual no es obligación de esta funcionaria informar nada al respecto, de conformidad al derecho constitucional de la intimidad contenida en el artículo 152 de la Constitución Política”. Inconforme con la respuesta dada por la juez, el actor interpuso varios memoriales a fin de que se tramitara el recurso de insistencia. Razón por la que el expediente se remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que, en sentencia del 18 de febrero de 2021, declaró improcedente el recurso de insistencia. Según el actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental, fáctico y sustantivo,

porque no tuvo en cuenta que: (i) la respuesta que dio la Juez a la petición no es precisa, clara y de fondo; (ii) en la providencia se trae a colación un proceso penal que no se invocó en la petición; (iii) la información que requiere es de carácter general y pública; (iv) no existe un interés judicial sino meramente informativo. Sin embargo, cada una de las inconformidades propuestas por el actor, fueron resueltas en la providencia cuestionada, pues el Tribunal demandado consideró que la solicitud que formuló el [actor], estaba encaminada a establecer vínculos personales o comerciales entre determinadas personas naturales o de derecho privado con la juez que le impidieran seguir conociendo del proceso de responsabilidad penal para adolescentes, situación que se enmarcaba dentro del trámite judicial de impedimentos y recusaciones previstos en el Código de 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Procedimiento Penal, pero no se regula por el procedimiento descrito en la primera parte de la Ley 1437 de 2011. En ese sentido, debe destacarse que el recurso de insistencia está previsto en el artículo 26 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como un instrumento para proteger el derecho de petición frente a la respuesta negativa de la administración, para entregar documentos o información, cuando se invoque la reserva prevista en

el artículo 24 del ejusdem. Luego, fue con base en la valoración de la petición y la respuesta que en su momento dio la juez, que la autoridad judicial demandada consideró que la petición formulada por el [actor] se enmarcaba en el trámite de impedimentos y recusaciones y, por lo tanto, el recurso de insistencia era improcedente. Dicho análisis, de ninguna manera, podría ser considerado vulnerador de derechos y garantías fundamentales, porque del análisis del material probatorio con fundamento en las normas y jurisprudencia, el tribunal explicó de manera suficiente y razonable porqué lo pretendido por el actor era más natural a un procedimiento de una posible recusación, que la protección del derecho fundamental de petición. Dicho análisis, no fue más que el ejercicio propio de la actividad judicial, a partir del uso de las reglas de la lógica y la sana crítica, actuaciones amparadas por la autonomía que caracteriza la función judicial. Por lo tanto, la Sala encuentra que la decisión cuestionada fue debidamente motivada y sustentada, la cual, en todo caso, resulta razonable y ajustada a derecho, de conformidad con las circunstancias específicas del caso concreto, distinto es, que la parte actora no se encuentre de acuerdo con las conclusiones a las que llegó el juez natural de conocimiento, porque no coinciden con sus intereses.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-05433-00(AC)

Actor: LINO LÓPEZ QUIJANO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B Y OTRO Temas:Tutela contra providencia judicial. Recurso de insistencia SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por el señor Lino López Quijano contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones Lino López Quijano interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bogotá, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de petición, debido proceso administrativo, defensa, contradicción acceso a la administración de justicia, igualdad y buen nombre. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “(…) SEGUNDO: Se declare la nulidad del Oficio de la Sentencia emitida el 19 de

Febrero de 2021 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA del RECURSO DE INSISTENCIA y por la falta de competencia ya que trascurrió 12 días para su sentencia no acordes a los tiempos reglados y ya había perdido dicha competencia en su defecto trasladar a la siguiente sección de Turno para que finalmente se requiera la información solicitada inicialmente por no estar fuera del marco legal. TERCERO Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, se revise punto a punto, coma a como las manifestaciones efectuadas por el solicitante de la información inicial VS respuesta de la JUEZ CAROL BENAVIDES TRIANA, debido a que hay violación directa a las Constitución Política Nacional Colombiana y tratados y normas Internacionales, rehaciendo las actuaciones que están viciadas por el desvió falaz al ingresarlo bajo un proceso penal de la información requerida.

CUARTO: Se Revoque y se unifique el tramite a el RECURSO DE INSISTENCIA impetrado y se ordene emitir un nuevo fallo acorde con la base de la normatividad vigente al Decreto 1755 de 2015 y Ley 1712 de 2014.

QUINTO: Se declare en medio de fallo de Tutela que concurrieron hechos totalmente relevantes que por vías de hecho vulneraron derechos fundamentales del Peticionario de la Información.

SEXTO: Declarar la nulidad por que no se aplicaron la cuerda procesal que se tenía que haber efectuado en el RECURSO DE INSISTENCIA debido a que los tiempos no corresponden a la norma vigente para que se ajuste a una sentencia a derecho y se compulsen las copias respectivas a los funcionarios que hacen

desgaste y dilatadores de la información requerida.”

2. Hechos De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: El 15 de abril de 2020, el señor Lino López Quijano presentó derecho de petición ante la Juez Primera del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bogotá, en la que solicitó lo siguiente: “(…) 1- ¿Si o No la señora Juez CAROL BENAVIDES TRIANA ha tenido vínculos comerciales, laborales, académicos con la Corporación Universitaria Republica? 2- ¿Si o No la señora Juez CAROL BENAVIDES TRIANA ha tenido un grado de amistad con los directivos de la Corporación Universitaria Republicana?

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador 3- ¿Si o No la señora Juez CAROL BENAVIDES TRIANA ha tenido contacto directo, vínculos personales, comerciales y o académicos con la Dra. LILIA CRISTINA FANDIÑO GRIJALES? 4- ¿Si o No la señora Juez CAROL BENAVIDES TRIANA ha tenido contacto directo, vínculos personales, comerciales y o académicos con el Doctor GUSTAVO TELLEZ RIAÑO? 5- ¿Si o No la señora Juez CAROL BENAVIDES TRIANA tiene algún tipo de impedimento, inhabilidad e incompatibilidad en conocer un proceso donde versan

intereses de un adolescente que tiene una enemista grande por temas de corrupción con dicha institución Educativa Corporación Universitaria Republicana y que por medios de convenios con el ICBF han facilitado que el adolescentes sea inducido en un arbitrio injusto de Proceso de Restablecimiento de Derechos? 6Sírvase mencionar al suscrito solicitante de la información donde la señora Juez CAROL BENAVIDES TRIANA, porque medio, en que tiempo, que tipo de calidad de vínculos de amistad tiene con la Dta. LILIA CRISTINA FANDIÑO GRISALES fundadora de la Corporación Universitaria Republicana. 7Sírvase mencionar al suscrito solicitante de la información si la señora Juez CAROL BENAVIDES TRIANA como nominadora del Despacho, tiene actualmente o tuvo personal que estuviera estudiando o egresados de la Corporación Universitaria Republicana en su despacho en los diferentes cargos internos (sustanciadores, oficial mayor, secretarios, o auxiliares del despacho entre otros). 8- ¿Cuantas personas en cantidad de funcionarios de su despacho del JUZGADO PRIMERO (1) PENAL PARA ADOLESCENTES DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA tienen la calidad de estudiantes y/o EGRESADOS se la Corporación Universitaria Republicana que se encuentran o se encontraron a su cargo de la señora Juez CAROL BENAVIDES TRIANA. 9Sírvase mencionar al suscrito solicitante de la información si la señora Juez CAROL BENAVIDES TRIANA, si al evidenciar que las personas que sustancian los procesos tienen vínculos comerciales y académicos con la CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA, no se sentiría impedida para seguir conociendo

de procesos, por un posible caso de conflicto de intereses dentro del despacho ya que el adolescente tiene una enemista propia con dicha institución educativa por querer hacerle daño al progenitor en todos sus aspectos. 10Sírvase mencionar si ha tenido algún vínculo con el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia H. Magistrado LUIS ARMANDO TOLOSA de la Sala Civil.” El 21 de mayo de 2020, la juez dio respuesta a la petición, así: - Frente a la pregunta nro. 1: “La Corporación Universitaria Republica por usted aludida, no es parte ni interviniente especial dentro del proceso 1100160002019033398 NI. 42164, razón por la cual no es obligación de esta funcionaria informar nada al respecto, de conformidad al derecho constitucional de la intimidad contenida en el artículo 151 de la Constitución Política.” - Frente a la Pregunta 2: “La Corporación Universitaria Republicana y sus directivos por usted aludidos, no son parte ni interviniente especial dentro del proceso 1100160002019033398 NI. 42164, razón por la cual no es obligación de esta 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador funcionaria informar nada al respecto, de conformidad al derecho constitucional de la intimidad contenida en el artículo 152 de la Constitución Política.”

• Frente a la pregunta nro.3: “La Dra. LILIA CRISTINA FANDIÑO GRIJALES por usted aludida, no es parte ni interviniente especial dentro del proceso 1100160002019033398 NI. 42164, razón por la cual no es obligación de esta funcionaria informar nada al respecto, de conformidad al derecho constitucional de la intimidad contenida en el artículo 15 de la Constitución Política.” - Frente a la pregunta nro. 4: “El Doctor GUSTAVO TELLEZ RIAÑO por usted aludido, no es parte ni interviniente especial dentro del proceso 1100160002019033398 NI. 42164, razón por la cual no es obligación de esta funcionaria informar nada al respecto, de conformidad al derecho constitucional de la intimidad contenida en el artículo 153 de la Constitución Política.” - Frente a la pregunta nro. 5: “El juzgado no es órgano de consulta académica para absolución de dudas jurídicas del peticionario, pues en dicho interrogante el señor LINO LOPEZ solicita se le oriente sobre como y cuando se puede alegar un impedimento. En cuanto a los eventos referidos de supuesta enemistad grave con las entidades allí referenciadas, no son de interés del juzgado dentro del marco del proceso 1100160002019033398 NI. 42164.” - Frente a la pregunta nro. 6: “La Dra. LILIA CRISTINA FANDIÑO GRIJALES fundadora de la Corporación Universitaria Republicana por usted aludida, no es parte ni interviniente especial dentro del proceso 1100160002019033398 NI. 42164, razón por la cual no es obligación de esta funcionaria informar nada al

respecto, de conformidad al derecho constitucional de la intimidad contenida en el artículo 15 de la Constitución Política.” - Frente a la pregunta 7: “No se cita premisa legal que obligue a esta funcionaria a entregar dicha información en relación con el proceso 1100160002019033398 NI.

42164. Se advierte que la Corporación Universitaria Republicana, no es parte ni interviniente especial en el citado proceso.” - Frente a la pregunta 8: “Se advierte que la Corporación Universitaria Republicana, no es parte ni interviniente especial en el citado proceso 1100160002019033398

NI. 42164, razón por la cual no se hace obligatorio para esta funcionaria brindar esa información.” - Frente a la pregunta nro. 9: “Se advierte que la Corporación Universitaria Republicana, no es parte ni interviniente especial en el citado proceso 1100160002019033398 NI. 42164, razón por la cual no es obligación de esta funcionaria informar nada al respecto, de conformidad al derecho constitucional de la intimidad contenida en el artículo 15 de la Constitución Política. Que no es de interés para el proceso las referidas situaciones de supuesta enemistad grave con ninguna institución.” - Frente a la pregunta nro. 10: “El H. Magistrado LUIS ARMANDO TOLOSA por usted aludido, no es parte ni interviniente especial dentro del proceso 1100160002019033398 NI. 42164, razón por la cual no es obligación de esta funcionaria informar nada al respecto, de conformidad al derecho constitucional de la intimidad contenida en el artículo 154 de la Constitución Política.”

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador A juicio del actor, la información reportada era ambigua y no constituía una respuesta de fondo, razón por la cual solicitó ante el mismo despacho que se tramitara el recurso de insistencia. Luego de presentar varios memoriales, en los que solicitó que se tramitara el referido recurso, en el mes de febrero de 2021, la juez lo envió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Mediante fallo del 19 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, declaró improcedente el recurso de insistencia.

3. Argumentos de la acción de tutela El señor Lino López Quijano señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental absoluto, pues en la providencia cuestionada hace referencia a un proceso penal que no se citó en la petición, que en vez de concluir que su solicitud tenía un interés judicial, debió evidenciar que las preguntas eran de carácter general.

Que igualmente se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, porque se toma como respuesta lo dicho por la juez, sin tener en cuenta que no constituye una respuesta de fondo, veraz y oportuna, vulnerando con ello sus derechos fundamentales.

Aseguró que el tribunal incurrió en defecto fáctico, por indebida valoración de “la esencia del RECURSO DE INSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN”, la cual afirma inició en una solicitud que no se soportaba en un proceso penal, como lo pretende hacer ver la Juez. Que no se verificó la veracidad de la información que se le entregó frente a cada una de las preguntas formuladas, por lo que, a su juicio, al momento de decidir, el tribunal accionado no tuvo en cuenta la prueba esencial y determinante, convirtiendo la condición del peticionario en “víctima procesal”, porque impidió que se cumpliera la finalidad del recurso interpuesto. Por otra parte, señaló que se incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del artículo 23 de la Constitución Política y de la Ley de Transparencia de la Información, pues las respuestas dadas por la Juez carecen de sustentación jurídica, se funda en argumentos evasivos, sustrayéndose de manera falaz o irregular y desviando la información a un proceso penal. Que la providencia cuestionada constituye una decisión sin motivación, pues el Tribunal demandado no indagó por las razones por las cuales la Juez no proporciona la información requerida, más cuando no se trata de información que tenga el carácter de reservada para un funcionario público. Añadió que hay una violación directa a la Constitución, lo cual se evidencia en la morosidad para que se decidiera el recurso de insistencia, pues debió interponer varios memoriales solicitando que se diera trámite a su recurso. Que, además, el contenido de la providencia vulnera el derecho a la información y demás derechos

fundamentales invocados. Alegó que la decisión acusada atenta contra los tratados internacionales, porque la juez somete a nivel de reserva información de su despacho judicial. Aseguró que en el presente caso se está desconociendo la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador que se establecen las causales de acceso a la información pública, incluyendo la que está a cargo de los jueces de la República. Aseveró que la Juez indujo en error al tribunal accionado al mencionar un proceso penal, el cual no se referenció en la petición que se había radicado, con base en ello, la autoridad judicial accionada adoptó una decisión adversa al acceso de la información y que por tanto es una decisión que viola la Constitución Política.

4. Trámite Previo En auto del 23 de agosto de 2021, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia, ordenó notificar a las partes y publicar en la página web del Consejo de Estado el proveído para el conocimiento de los terceros interesados.

5. Oposición El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, se opuso a las pretensiones de la acción de tutela, pues aseguró que la

providencia que emitió se ajusta a derecho y fue debidamente motivada. Indicó que, en la sentencia del 18 de febrero de 2021, se declaró improcedente el recurso de insistencia promovido por el señor Lino López Quijano, porque a las autoridades judiciales le resultan aplicables las normas de la primera parte de la Ley 1437 de 2011, referentes al ejercicio del derecho de petición, cuando actúan en ejercicio de funciones administrativas y no en virtud de la función jurisdiccional que le es propia, habitual y permanente por mandato constitucional y desarrollo legal. Que la petición del señor López Quijano buscaba establecer vínculos de la Juez Primera Penal para Adolescentes del Circuito de Bogotá con personas naturales o de derecho privado, que le impidieran seguir conociendo de un proceso que tenía asignado al despacho, lo cual se circunscribe en el trámite de impedimentos y recusaciones, regulados en los artículos 54 a 65 del Código de Procedimiento Penal. Afirmó que, en el presente caso, no existe mérito para tramitar la acción de tutela pues la decisión adoptada en el proceso ha sido respetuosa en todo momento de la normatividad que regula la materia y de los derechos de las partes, de esta forma no se ha quebrantado ni desconocido derecho fundamental alguno que le asista a la parte actora de la acción de tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto». 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

1. Tutela contra providencia judicial En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3

de procedencia de la acción de tutela. Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

2. Problema jurídico El señor Lino López Quijano promovió la presente acción de tutela en contra del

Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera, Subsección B. Sin embargo, la Sala advierte que los cargos contra el Juzgado se limitan a cuestionar la respuesta obtenida al derecho de petición que radicó el actor, el 15 de abril de 2020, la cual fue objeto del recurso de insistencia donde se profirió la sentencia del 19 de febrero de 2021, que se controvierte en el presente caso. Por lo tanto, la presente tutela debe limitarse a resolver los argumentos propuestos contra la providencia judicial referida. 1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través

de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Entonces, el problema jurídico consiste en determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B incurrió en los defectos deprecados por la parte actora, al declarar improcedente el recurso de insistencia formulado.

3. Caso concreto El señor Lino López Quijano promovió la presente acción tutela, porque considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, vulneró los derechos fundamentales invocados con la decisión del 19 de febrero de 2021, al declarar improcedente el recurso de insistencia que promovió contra del Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de

Conocimiento de Bogotá. Al efecto, indicó que el Tribunal accionado incurrió en los defectos procedimental, fáctico y sustantivo, que además se trata de una decisión sin motivación, que viola directamente la Constitución Política y está en contravía de los tratados internacionales, todo en general dirigido a señalar que la información que requirió a la Juez Primera Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bogotá, es de carácter general y público, por lo tanto, tiene derecho a que se le expida una respuesta de fondo a la petición que le formuló el 21 de abril de 2020. Al respecto, lo primero que se debe indicar es que el recurso de insistencia tuvo su génesis en la petición que radicó el señor Lino López Quijano ante la Juez Primera Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bogotá,

con el fin de que se le informara sobre algunos vínculos personales con personas del derecho público y privado que conllevaran a la configuración de un im