CE-11001-03-15-000-2021-05441-00(AC)

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA SENTENCIA DE TUTELA / COSA JUZGADA FRAUDULENTA - No se configura /

INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA A VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / LISTA DE PRIORIZACIÓN DE INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA / AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA – No es viable acceder a la entrega por hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado / MUJER VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA / PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD – No acreditada / CALIDAD DE MADRE CABEZA DE HOGAR - No acreditada / PERJUICIO IRREMEDIABLE – No acreditado /

ENFOQUE DIFERENCIAL / ENFOQUE DE GÉNERO

[L]a Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela (…) por no haberse demostrado el fraus omnia corrumpit en el fallo de tutela (…) [L]a accionante considera que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la UARIV debido a dos razones: (i) no ha cancelado ni fijado fecha para el pago de la indemnización administrativa por homicidio, la cual le fue reconocida mediante la Resolución (…) y (ii) no reconoció la ayuda humanitaria en su favor a pesar de su condición de mujer, madre cabeza de hogar y víctima que sufrió perjuicios por el homicidio de su pareja. En cuanto al pago de la indemnización administrativa reconocida por la UARIV (…) la Corte Constitucional a través del Auto 206 de 2017 señaló que la indemnización en mención es un derecho fundamental, pero

no es absoluto, en tanto las víctimas del conflicto armado no pueden exigir su cancelación inmediatamente. (…) En ese sentido, la Corte Constitucional reconoció la imposibilidad de indemnizar a las víctimas del conflicto armado interno en un mismo momento, lo que llevó a la UARIV a definir unos criterios de priorización en función de los principios de gradualidad, progresividad y sostenibilidad fiscal. (…) En efecto, tal y como lo sostiene la UARIV, la accionante tenía la carga de acreditar alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, establecidas en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 para que se priorizara la entrega de la indemnización. Sin embargo, la señora [B.G.] no lo hizo, razón por la cual no puede usar el amparo constitucional para saltarse el turno que le será fijado, puesto que ello implicaría vulnerar el derecho a la igualdad que existe en relación con otras víctimas, que también llevan tiempo esperando el pago de su indemnización. Adicionalmente, no se encuentran demostrados los hechos sobre los cuales fundamenta las pretensiones, relacionados con su situación particular, y tampoco conducta alguna atribuible a la entidad administrativa accionada, por cuanto siguió el procedimiento fijado para definir la fecha de pago de la indemnización. Por estas razones, esta Sala negará las pretensiones. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Medio idóneo para controvertir actos

administrativos / INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA A VÍCTIMA DEL

CONFLICTO ARMADO / LISTA DE PRIORIZACIÓN DE INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA / AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA – No es viable acceder a la entrega por hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado / MUJER VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA / PERSONA EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDAD – No acreditada / CALIDAD DE MADRE CABEZA DE

HOGAR - No acreditada / FALTA DE PRUEBA DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE / ENFOQUE DIFERENCIAL / ENFOQUE DE GÉNERO En esa medida, esta Sala estima que no se acreditó el presupuesto de subsidiariedad, ni se probó algún perjuicio irremediable, que hiciera procedente el mecanismo tutelar como medio transitorio de protección. Al efecto, la respuesta de la UARIV es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, (…) En ese sentido, la accionante tiene a su alcance los recursos ordinarios en sede administrativa para discutir la negatoria de la UARIV sobre el reconocimiento de la ayuda humanitaria, e incluso, posteriormente, puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de los medios de control, para debatir si el acto administrativo está acorde a derecho o no. Lo contrario, llevaría a desnaturalizar el mecanismo tutelar, volcando al juez constitucional en una intromisión en causas que no son de su competencia. (…) Al respecto, la accionante alega que es madre cabeza de familia, que vive en la pobreza según la clasificación del Sisbén, que no tiene casa y debe conseguir los alimentos,

vestuario, techo, educación y salud de su hijo menor de edad, lo cual podría alivianarse si recibe la ayuda humanitaria. Sin embargo, no hay prueba que dé cuenta de la inminencia y gravedad de su situación particular o de la de su núcleo familiar, que amerite una urgente atención para prevenir o mitigar tal circunstancia. Por ende, esta Sala encuentra que la solicitud de amparo tampoco es procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1290 DE 2008 / LEY 418 DE 1997 - ARTÍCULO 49 / DECRETO 4800 DE 2011 - ARTÍCULO 103 / RESOLUCIÓN 2349 DE 2012ARTÍCULO 3 / DECRETO 1084 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.6.4.3. / LEY 1448 DE 2011 - ARTÍCULO 13

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., primero (1) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-05441-00(AC)

Actor: YAMILETH BERRÍO GARCÍA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS La Sala decide la acción de tutela presentada por Yamileth Berrío García en

contra del Tribunal Administrativo del Caquetá y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. I.- ANTECEDENTES 1.- La solicitud de amparo El 17 de agosto de 2021 la señora Yamileth Berrío García interpuso acción de tutela1 en procura de la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la ayuda humanitaria de emergencia, a la reparación, al debido proceso, y a la igualdad con enfoque diferencial y de género. La actora estima transgredidas sus garantías con: (i) la sentencia de tutela proferida el 5 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, por medio de la cual se revocó la sentencia del a quo constitucional ––mediante la cual se tuteló el derecho fundamental de petición y se ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas dar una respuesta de fondo a la solicitud de indemnización administrativa––, y se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado; y (ii) la supuesta omisión en el pago de la indemnización administrativa por homicidio y la falta de reconocimiento de la ayuda humanitaria por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). 1.1.- Hechos 1.1.1.- Desde el 10 de septiembre de 2007 la señora Yamileth Berrío García fue reconocida e inscrita en el Registro Único de Víctimas por la muerte de su esposo en el conflicto armado. 1.1.2.- En virtud de lo anterior, la señora Berrío García y los padres del occiso

presentaron ante la UARIV solicitud de indemnización administrativa. Sin embargo, el 24 de julio de 20202, los términos del proceso administrativo fueron suspendidos, dado que se requería actualizar el estado civil de la víctima. 1.1.3.- Posteriormente, el 25 de mayo de 2021, la señora Berrío García radicó ante la UARIV una petición3 de ayuda humanitaria e indemnización administrativa por homicidio, con la cual aportó dos declaraciones extrajuicio de terceros y el registro civil de matrimonio, con el fin de que se levantara la suspensión de términos y se continuara con el trámite. 1 Obra en expediente digital Samai con certificado B26067450B9B9B81 27F884F473E9E336 A534C4E125046466 986E96F24A5C5AA5. 2 Obra en expediente digital Samai con certificado 1F08F43E743602DD 2BE6B3CC725945ED D7487194ECC FBB53 EF6F03EB262CF3EC, pgs. 2 a 4. 3 Obra en expediente digital Samai con certificado 1F08F43E743602DD 2BE6B3CC725945ED D7487194ECC FBB53 EF6F03EB262CF3EC, pgs. 16 a 21. 1.1.4.- En respuesta a lo anterior, la UARIV negó la ayuda humanitaria el 25 de junio de 20214, aduciendo que la tutelante no entregó la documentación requerida y mantuvo la decisión de suspender los términos del proceso administrativo. 1.1.5.- En consecuencia, el 29 de junio de 2021 la señora Yamileth reenvió5 a la

UARIV las dos declaraciones extrajuicio de terceros y reiteró su solicitud de levantamiento de suspensión de términos en el trámite de indemnización administrativa. 1.1.6.- No obstante, la UARIV a través de escrito del 30 de junio de 2021 le respondió6 a la accionante que para completar la solicitud de indemnización administrativa debía entregar los documentos mencionados dentro del oficio del 24 de julio de 2020, esto es, lo relacionado con el estado civil de la víctima. Frente a la ayuda humanitaria solicitada por el hecho victimizante de homicidio, sostuvo que, conforme con el Decreto 1290 de 2008, no se contempló la entrega de ayuda humanitaria por hechos diferentes a desplazamiento forzado, por lo que denegó dicha solicitud. 1.1.7.- De forma concomitante, la señora Berrío García incoó acción de tutela7 en contra de la UARIV, con el fin de que: (i) se tutelaran sus derechos fundamentales a la ayuda humanitaria, a la reparación y al debido proceso, (ii) se autorizara de manera prioritaria la ayuda humanitaria de emergencia por homicidio, (iii) se levantara la suspensión de términos decretada en el proceso administrativo de indemnización, y (iv) se reconociera y pagara la indemnización por homicidio. 1.1.8.- La acción tuitiva antes referida le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, bajo el radicado No. 18-001-33-33-002-2021-0024300, despacho que, en sentencia del 1 de julio de 20218 tuteló el derecho

fundamental de petición y ordenó a la UARIV dar una respuesta de fondo a la solicitud de indemnización administrativa. 4 Obra en expediente digital Samai con certificado 1F08F43E743602DD 2BE6B3CC725945ED D7487194ECC FBB53 EF6F03EB262CF3EC, pgs. 23 a 26. 5 Obra en expediente digital Samai con certificado 1F08F43E743602DD 2BE6B3CC725945ED D7487194ECC FBB53 EF6F03EB262CF3EC, pg. 27. 6 Obra en expediente digital Samai con certificado 1F08F43E743602DD 2BE6B3CC725945ED D7487194ECC FBB53 EF6F03EB262CF3EC, pgs 28 a 29. 7 Obra en expediente digital Samai con certificado BA0F388694A9209B B0504A1CA619260A 034C60058413FC91 6E21F6FE731FE6A0, en archivo “01AccionTutela”. 8 Obra en expediente digital Samai con certificado BA0F388694A9209B B0504A1CA619260A 034C60058413FC91 6E21F6FE731FE6A0, en archivo “21Sentencia”. 1.1.9.- Inconforme con la decisión, la parte actora presentó impugnación9 en la que reiteró que es víctima del conflicto armado, madre cabeza de familia, vive en situación de pobreza, padece de una enfermedad grave y crónica que pone en peligro su vida, no cuenta con techo propio, tiene un hijo menor de edad, y no ha recibido ningún apoyo del Estado por el daño causado, a pesar de que puede

beneficiarse de la ayuda humanitaria de emergencia e indemnización administrativa por homicidio. La señora Berrío García fundamentó su impugnación en los siguientes argumentos: (i) se desconoció el derecho fundamental de ayuda humanitaria de emergencia por homicidio, (ii) la ayuda humanitaria y la reparación son derechos fundamentales de las víctimas, (iii) se deben aplicar los principios de favorabilidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial, (iv) existe una obligación de aplicar un enfoque diferencial por ser mujer madre cabeza de familia y vivir en pobreza, (v) es un sujeto de especial protección, (vi) se viola el debido proceso cuando la UARIV solicita documentación que ya ha sido aportada y (vii) la UARIV ha padecido escandalosos y graves hechos de corrupción. 1.1.10.- El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que en fallo del 5 de agosto de 202110 revocó la sentencia del a quo constitucional y declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto la UARIV mediante la Resolución del 8 de julio de 2021 “decidió reconocer la entrega de la indemnización por el hecho víctimizante de Homicidio (sic) a favor de la accionante y dar aplicación al método técnico de priorización y para el caso particular de la actora, se aplicará el 30 de julio del año 2022, y la Unidad para las Víctimas le informará el resultado”11. En esa medida, el Tribunal Administrativo del Caquetá concluyó que, durante el trámite de impugnación de la tutela, la entidad

accionada dio cumplimiento a la orden impartida en el fallo constitucional, cesando así la vulneración al derecho fundamental de la solicitante. 1.2.- Fundamentos de la acción de tutela 9 Obra en expediente digital Samai con certificado BA0F388694A9209B B0504A1CA619260A 034C60058413FC91 6E21F6FE731FE6A0, en archivo “23ImpugnacionParteActora”. 10 Obra en expediente digital Samai con certificado BA0F388694A9209B B0504A1CA619260A 034C60058413FC91 6E21F6FE731FE6A0, en archivo “36SentenciaSegundaInstancia”, pg. 4. 11 Obra en expediente digital Samai con certificado BA0F388694A9209B B0504A1CA619260A 034C60058413FC91 6E21F6FE731FE6A0, en archivo “36SentenciaSegundaInstancia”, pg. 4. 1.2.1.- La tutelante adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en “cosa juzgada fraudulenta por fraude a la ley”12, debido a que las normas aplicables a las víctimas son la Ley 418 de 199713, el Decreto 4800 de 201114, la Resolución 2349 de 201215, el Decreto 1084 de 201516, y la Ley 1448 de 201117. 1.2.2.- En esa medida, sostuvo que el Tribunal accionado se limitó a trascribir la contestación de la UARIV para negar la entrega de ayuda humanitaria de emergencia por homicidio, sin realizar un estudio serio y con argumentos de fondo que derriben la tesis de que sí es viable dicho reconocimiento.

1.3.- Pretensiones de la acción de tutela La parte tutelante solicitó que (i) se dejara sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá; (ii) se ampararan los derechos fundamentales; (iii) se ordenara a la UARIV a reconocer y a pagar de manera prioritaria la ayuda humanitaria de emergencia por homicidio; (iv) se constriñera a la UARIV a aplicar los principios de enfoque diferencial, favorabilidad, pro persona, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial; y (v) se conminara a la UARIV a reconocer y a pagar la indemnización administrativa por homicidio con enfoque diferencial. 2.- Trámite de la acción de tutela 2.1.- Por auto del 24 de agosto de 2021 el ponente admitió la acción de tutela18, ordenó la notificación de las entidades accionadas, y ordenó al Tribunal Administrativo del Caquetá que remitiera el expediente del cual hace parte la providencia aquí impugnada. 12 Obra en expediente digital Samai con certificado B26067450B9B9B81 27F884F473E9E336 A534C4E125046466 986E96F24A5C5AA5, pg. 3. 13 La cual contempla en su artículo 49 la ayuda humanitaria de emergencia para las personas que sufran perjuicios por causa de homicidios cometidos por móviles ideológicos o políticos. 14 El cual prevé en el artículo 103 que la UARIV suministrará por una sola vez la ayuda humanitaria de emerge ncia, de acuerdo a la afectación derivada del hecho victimizante y de las circunstancias de tiempo, modo y lug

ar. 15 “Por la cual se dicta el manual operativo de entrega de la ayuda humanitaria para las víctimas de hechos vic timizantes diferentes al desplazamiento forzado”. En su artículo 3º dispone que la cónyuge será destinataria de la ayuda humanitaria en caso de muerte. 16 Define en el artículo 2.2.6.4.3 las variables para la tasación de los componentes de la ayuda humanitaria par a hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado. 17 En su artículo 13 establece el enfoque diferencial de la ayuda humanitaria frente a poblaciones con particularidades en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. 18 Obra en expediente digital Samai con certificado 0FB5400FC6541FC3 F5BC8B787117B0AD 1E8C7E4A7069ACE1 8E68A98574C2A8F1. 2.2.- Al día siguiente, la secretaría del Tribunal Administrativo del Caquetá remitió el expediente digital19 discutido. 2.3.- Posteriormente, el 26 de agosto de 2021, la UARIV radicó contestación20 a la acción de tutela, en la que solicitó que se confirmara la decisión de negar las pretensiones por carencia actual de objeto, en tanto el fallo se encuentra ajustado a la normatividad y a la jurisprudencia. Arguyó que el juez constitucional debe atender los principios generales de sostenibilidad fiscal y subsidiariedad, así como respetar el procedimiento establecido para asumir los pagos de forma igualitaria, según el orden de radicación y de acuerdo con unos criterios objetivos de priorización.

2.3.1.- En relación con la indemnización administrativa por homicidio, reiteró que brindó una respuesta de fondo mediante la Resolución del 8 de julio de 2021, en la que decidió otorgar la medida y ordenó aplicar el Método Técnico de Priorización para determinar el turno de desembolso. Precisó que para la entrega de la indemnización existen dos vías de priorización: (i) enmarcarse en alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad establecidas en el artículo 4 de la Resolución no. 1049 de 2019, o (ii) la aplicación del Método Técnico de Priorización; ambas sujetas a la disponibilidad presupuestal de la entidad. Sostuvo que la accionante no acreditó ninguna de las situaciones establecidas en el artículo 4 de la Resolución no. 1049 de 2019, razón por la cual no fue procedente acceder a las solicitudes de fijar una fecha exacta para el pago de la indemnización. 2.3.2.- Asimismo, explicó que el Método Técnico de Priorización se aplica anualmente “para determinar el orden de acceso a la indemnización de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal […] y su aplicación será respecto de la totalidad de las víctimas que al finalizar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior cuenten con decisión de reconocimiento de indemnización administrativa a su favor”21. Manifestó que el procedimiento adoptado para reconocer y otorgar la indemnización administrativa 19 Obra en expediente digital Samai con certificado 5BA03580F6582A3A DD5CCDE7A2EE00E0

5B88B191ED429D95 B0D500E3DBFD6BD7.

20 Obra en expediente digital Samai con certificado B2104009FCD647C4 1A4B7F48D9122812 52B80AC251993821 AA5B3B2EEEC64F98. 21 Obra en expediente digital Samai con certificado B2104009FCD647C4 1A4B7F48D9122812 52B80AC2519 93821 AA5B3B2EEEC64F98, pg. 3. cumple con lo ordenado por la Corte Constitucional en Auto 206 del 2017, y fue adoptado por la entidad mediante la Resolución No. 1049 de 2019. 2.3.3.- En esa medida, la entidad demandada recordó que, para el caso concreto, el Método Técnico de Priorización se aplicará el 31 de julio de 2022, fecha en la cual se determinará a cuáles de las personas que fueron reconocidas a 31 de diciembre de 2021 sin criterio de priorización se les realizará la entrega de los recursos durante la siguiente vigencia. En virtud de lo anterior, la UARIV reiteró que no le es posible asignar una fecha de pago de la indemnización. 2.3.4.- Frente a la solicitud de ayuda humanitaria, la entidad administrativa accionada manifestó que no es viable jurídicamente acceder a aquella por hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado. 2.3.5.- Por último, en relación con el debido proceso, señaló que el ámbito para tramitar los reproches de los ciudadanos en contra de las actuaciones administrativas es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por ende, el amparo constitucional solo es procedente cuando existen vulneraciones a las

etapas y garantías que afecten los derechos fundamentales de los particulares, y estos no cuenten con otro medio de defensa o el interesado esté frente a un perjuicio irremediable. 2.4.- El Tribunal Administrativo de Florencia guardó silencio. II.- CONSIDERACIONES 1.- Competencia Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la señora Yamileth Berrío García en contra del Tribunal Administrativo del Caquetá y de la UARIV, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. 2.- Problema jurídico En atención a que la demanda fue interpuesta en contra de una autoridad judicial y una entidad administrativa, esta sala resolverá los siguientes problemas jurídicos: 2.1.- En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los requisitos generales de procedibilidad, en particular con los presupuestos excepcionales de la tutela en contra de una acción de igual naturaleza. 2.2.- En segundo lugar, se determinará si la UARIV vulneró los derechos fundamentales a la ayuda humanitaria de emergencia, a la reparación, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, y a la igualdad con enfoque diferencial y de género al omitir el pago de la ayuda humanitaria de emergencia y de la indemnización por homicidio. 3.- Frente al cargo en contra del Tribunal Administrativo del Caquetá 3.1.- Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de una tutela 3.1.1.- La Corte Constitucional en la sentencia C-590 del 2005 reconoció que la

acción de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad22 y de procedencia23, con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior. Dentro de los referidos requisitos generales negó expresamente la posibilidad de acudir a este mecanismo con el propósito de atacar sentencias de igual naturaleza. En esa medida, por regla general, esta acción resulta improcedente para confutar sentencias dictadas en el marco del proceso constitucional definido en el artículo 86 de la Norma Superior. 3.1.2.- No obstante, la Corte Constitucional, en la SU-627 del 1 de octubre de 201524, fijó los presupuestos exceptivos a la regla. Para tal efecto, indicó que la 22 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela. 23 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto

procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución. 24 Corte Constitucional, SU-627 del 1° de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo. solicitud de amparo constitucional procede, de manera excepcional, en contra de un fallo de tutela si: (i) es proferido por un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional; (ii) se cumplen los requisitos genéricos de procedibilidad; (iii) la acción presentada no comparte identidad procesal con la solicitud cuestionada; (iv) se demuestra de manera clara y suficiente que la decisión adoptada fue producto de una situación de fraude (fraus omnia corrumpit) que da lugar a la cosa juzgada fraudulenta; y (v) no existe otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación. 3.1.3.- En relación, específicamente, con la cosa juzgada fraudulenta, entendida como condición sine qua non para estudiar una tutela impetrada en contra de otra, en la SU-627 de 2015 se expuso lo siguiente: “4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de que la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del

cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez. En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva, es posible distinguir dos partes constitutivas: ‘(i) la decisión de amparo y (ii) la orden específica y necesaria para garantizar el goce del derecho protegido’. Respecto de la decisión, ‘el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme a la inimpugnabilidad que la caracteriza’, mientras que respecto de la orden, ‘se ha dicho que puede ser complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo’. En este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, que ‘se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad’. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es cometido directamente por el juez o con su anuencia. Con este fundamento, al constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela que no fue objeto de revisión, para evitar que esta se materialice, este tribunal advirtió que si bien ‘no puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer un análisis de fondo de la misma y transgredir las consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite de revisión en esta Corporación’, s[í] puede, como ya lo hizo en la Sentencia T104 de 2007, ‘hacer que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor

jurídico, respetando la prohibición del non bis in ídem, fundamentando su actuación en el precepto fraus omnia corrumpit’ (…) 4.4.2. En la[s] [s]entencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de ‘revertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo’. En la primera de ellas precisó que la cosa juzgada, incluso la constitucional, ‘no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el valor de la justicia’, de tal suerte que ‘las instituciones del Estado Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores democráticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no pueden permitir que se consoliden situaciones espurias, bajo el argumento de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son producto de la cosa juzgada fraudulenta’”. 3.1.4.- En punto de lo anterior, en la sentencia T-073 de 2019, el órgano de cierre constitucional desarrolló el concepto de fraude, bajo las siguientes consideraciones: “Un comportamiento puede calificarse como fraudulento cuando la actuación, que en apariencia se ajusta a la prescripción normativa, en la realidad conlleva una situación manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento superior. De este modo, el fraude se presenta como un supuesto de infracción indirecta de la ley, por dos razones. Por una parte, los actos realizados en fraude a la ley no

impiden la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situación que atenta contra el orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento de un derecho previsto por una disposición particular, la cual es empleada para obtener el resultado no deseado por el legislador. La esencia de la institución del fraude a la ley es, precisamente, contribuir a la coherencia del derecho, al ajuste entre las reglas y principios que las fundamentan y limitan, a evitar que se produzcan ciertas consecuencias contrarias a principios jurídicos, con independencia de la intención o motivo que condujeron al actor a la aplicación irregular que se censura. En esa medida, el elemento objetivo de la conducta es lo que determina la existencia del fraude y, el presupuesto determinante y suficiente para su configuración es que se produzca un daño antijurídico. Es por eso que, para estar en presencia de fraude no se requiere de un elemento subjetivo, ya que este puede producirse sin que exista intención por parte del agente. Basta con que la consecuencia aparezca como injustificada o indebida de acuerdo con los principios superiores, en tanto el acto fraudulento quebranta la coherencia del ordenamiento (necesaria adecuación entre la norma y el principio)”. 3.1.5.- Resulta pertinente resaltar que, con posterioridad a la citada sentencia de unificación, la Corte Constitucional ha proferido providencias que resultan relevantes respecto de la procedencia de la tutela en contra de otra. En la sentencia T-093 de 201825 aclaró que “la acción de tutela no puede utilizarse para

reabrir un debate probatorio o sustantivo concluido por los jueces constitucionales en un trámite de amparo anterior”; en la sentencia T-470 de 201826 no encontró razón para concluir que el juez hubiese incurrido en conductas con propósitos fraudulentos, ilegales o dolosos que atentaran contra la administración de justicia, en razón a que los argumentos del accionante versaban sobre una interpretación de derecho que no compartía la parte actora, circunstancia que revelaba la intención de la parte accionante de reabrir un debate jurídico ya consolidado. 3.1.6.- Por otra parte, en la sentencia T-072 de 201827 se hizo énfasis en la improcedencia de la tutela cuando se incumple la carga de demostrar la existencia de una cosa juzgada fra