CE-11001-03-15-000-2021-05461-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / LEGITIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA / TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES / LEGITIMACIÓN POR ACTIVA EN LA ACCIÓN DE TUTELA / MINORÍAS / IMPROCEDENCIA DE LA

AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCIÓN DE TUTELA

[S]e debe recordar que la parte activa en el presente litigio alegó la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de conciencia y de circulación y al debido proceso por la presunta intención del gobierno nacional de hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19. (…) En este orden de ideas, esta Sala de decisión encuentra clara la legitimación en la causa por activa de los señores [G.E.M.], [J.E.E.M.], [L.M.E.M.] y [E.S.E.], en tanto actúan como titulares de los derechos invocados. No obstante, el actor manifestó actuar como agente oficioso y en nombre del interés general de las minorías, frente a lo cual es pertinente resaltar que, en lo que tiene que ver con la interposición a través de agente oficioso, el referido artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, señala que: “[…] también se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. […]” Supeditando la eficacia de dicha figura a que en la solicitud se manifieste esta situación, esto es, que se ponga de presente que se actúa en tal calidad. (…) En este orden de ideas, en atención a los elementos definidos por la jurisprudencia constitucional en materia de agencia oficiosa en sede de tutela, se observa que en el presente asunto no se

cumplen, especialmente, no se expresaron y tampoco se infieren las razones o circunstancias por las cuales los titulares de los derechos fundamentales invocados, es decir, las minorías con interés general no podrían promover su propia defensa. Así las cosas, el estudio del sub examine, únicamente, se centrará en los derechos deprecados por los señores [G.E.M.], [J.E.E.M.], [L.M.E.M.] y [E.S.E.], en cuanto aquellos son los sujetos sobre los cuales se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa. ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD EN LA ACCIÓN DE TUTELA / FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS QUE GENERAN LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS / VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19 / EXIGENCIA DEL CARNÉ DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19 / HECHO FUTURO E INCIERTO / PANDEMIA / COVID 19 / MEDIDA SANITARIA / PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD / DERECHO A LA SALUD / SALUD PÚBLICA [P]ara establecer la procedencia del recurso de amparo constitucional, los supuestos a los cuales se atribuye la amenaza o vulneración, es decir, la presunta intención del gobierno nacional de hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19, debe ser analizada bajo el prisma de la concreción o materialización de la misma, cuestión frente a la cual sea lo primero precisar que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cita, debe haber una razón claramente

fundamentada que permita discernir con absoluta claridad los hechos u omisiones que se pretenden atribuir como su causa. Así pues, en el presente asunto no se observa conducta concreta de la cual se pueda inferir la afectación de los derechos fundamentales deprecados por la parte actora y, menos aún, una relación de causalidad directa que legitime a la parte activa para promover este reclamo constitucional, en atención a que no estableció de manera clara y precisa la situación concreta o la manera en que la presunta intención del gobierno nacional de hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19 podría afectar directamente sus ius fundamentales invocados frente a la pretensión expuesta, en tanto no puede desconocerse que se trata de un hecho futuro e incierto. Sumado a esto, los supuestos fácticos expuestos en el escrito de tutela no corresponden a actuación alguna administrativa o judicial en la que se encuentre vinculada la parte actora sino a una potestad reservada por la Norma Fundamental a las autoridades que hacen parte del gobierno nacional en el marco de sus funciones, máxime si se tiene en cuenta que no se particularizó su situación a tal punto que se pueda evidenciar que los derechos fundamentales invocados estén siendo vulnerados o pudieran resultar afectados. Ahora, el escrito de tutela presentado se sustenta en hechos futuros e inciertos como la presunta intención del gobierno nacional de hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19, ya sea través de una Ley o la exigencia del carné de vacunación en ciertos lugares o eventos, por lo que, en síntesis, sus pretensiones están encaminadas en sentido contrario, es decir, que las autoridades competentes adelanten las gestiones pertinentes, a través de los

respectivos escenarios de discusión en los que participen expertos y terceros interesados y se contemplen otros mecanismos alternativos de inmunización, para elevarlo a proyecto de ley. Al respecto, debe precisarse que la discusión de un proyecto de ley que haga obligatoria la aplicación de la vacuna contra el COVID19 o el requerir el carné de vacunación para asistir a distintos sitios, son cuestiones frente a las cuales no habría mérito para pronunciarse al tratarse de hechos futuros e inciertos, en atención a que, precisamente, son propuestas y posibilidades que, actualmente, no son una realidad y, por el contrario, es en el espacio de formación y discusión de las mismas en donde se debe controvertir y plantear aquellos puntos de vista que difieren de quienes las observan con beneplácito.(…) De otro lado, debe recordarse que la Constitución Política establece un sistema de control de las distintas normas que estudia su adecuación al ordenamiento jurídico según el cual, dependiendo su naturaleza, procederá la acción pública de constitucionalidad, control automático de constitucionalidad, control inmediato de legalidad, medio de control de nulidad simple, etc, en caso de que se expida un precepto en uno u otro sentido respecto a la vacunación contra el COVID-19. Por su parte, si lo que se pretendiera es controvertir la legalidad del Decreto 109 de 2021 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID - 19 y se dictan otras disposiciones”, modificado parcialmente por los Decretos 404, 466, 630 y 744 de 2021, los tutelantes o interesados tienen a su disposición los medios de control como el de simple nulidad preceptuado en el

artículo 137 del C.P.A.C.A. Ahora, sin perjuicio de lo expuesto, esta Sala de decisión debe precisar que lo anterior no es óbice para efectuar algunas consideraciones relacionadas con el derecho fundamental a la salud, el principio de solidaridad, así como las actuaciones adelantadas por el gobierno nacional para conjurar la pandemia ocasionada por el COVID-19, para concluir las razones por las cuales no sería posible emitir una decisión favorable a las pretensiones de la parte tutelante. (…) Ahora bien, paralelo al derecho a la vida digna como bien ius fundamental de angular importancia para la materialización de los demás derechos fundamentales, el principio de solidaridad cobra gran importancia al convertirse en deber de todos los habitantes y autoridades del territorio nacional, especialmente, en situaciones de amenaza a la vida y la salud que requieran acciones humanitarias, tal como lo reitera la Sentencia SU-677 de 2017 (…) De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio; y, a su turno, es un derecho irrenunciable de todos los habitantes. Por su parte, de conformidad con el artículo 49 ibídem, la atención de la salud es un servicio público a cargo el Estado. (…)Ahora bien, en el ámbito jurídico interno, el Legislador promulgó la Ley Estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015, “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”, que en su artículo 2.º, estableció que el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, de tal manera que son titulares del derecho a la

salud no sólo los individuos, sino también los sujetos colectivos, anudándose al concepto de salud pública.(…) De los pronunciamientos expedidos por las autoridades nacionales para conjurar la crisis y las medidas preventivas sanitarias. (…)se evidencia que las medidas implementadas se han sustentado en la mejor evidencia científica disponible, así como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones científicas nacionales e internacionales, por lo que han buscado garantizar el derecho a la vida, a la salud y demás derechos conexos, con políticas dirigidas a la contención y mitigación de la pandemia, a disponer de los recursos físicos, humanos y financieros para la atención adecuada de los pacientes con COVID-19, y generar una respuesta integral y oportuna a todas las demandas de servicios de salud de la población en general, proyectando varias fases a lo largo de la pandemia, de acuerdo con el número de personas que se estima se infectarán, frente a lo cual, en el plazo de la inmediatez requerida en la búsqueda de soluciones, la vacunación representa un acto de solidaridad social de parte de quienes aceptan un riesgo mínimo para proteger la salud de la sociedad en su conjunto. (…) esta Sala de decisión debe recordar que, si bien es cierto la generalidad de la población goza de unos derechos fundamentales consagrados en la Constitución, no se puede desconocer que aquellos no viven aislados, sino que, al contrario, hacen parte de una sociedad y son miembros de aquella, por tanto, existen ciertos deberes que requiere la vida en sociedad. De tal manera, en el contexto social, derechos como el de salud tienen una doble connotación, como en este caso es el individual y el

colectivo, término este último, bajo el cual surge el concepto de salud pública que no es más que una de esas cargas o deberes bajo los cuales cada individuo de la sociedad debe contribuir en busca del bienestar común. (…)Ahora bien, específicamente, en cuanto a razones de tipo ético, religioso o científico como las que a grandes rasgos se enarbolan en el escrito de tutela, estas son cuestiones que, en todo caso, se mantienen presentes bajo cada discusión y planeación que efectúan las autoridades competentes para trazar la hoja de ruta para actuar contra el virus COVID-19, la cual ha mostrado debe ser dinámica y flexible a medida que transcurre el tiempo para conjurar la crisis de forma eficaz. Corolario de lo expuesto, esta Sala de decisión concluye que la acción de tutela impetrada por el señor Germán Espinoza Mejía y otros, es improcedente, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-05461-00(AC)

Actor: GERMÁN ESPINOZA MEJÍA Y OTROS Demandado: NACIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS Tema Tutela para solicitar la no obligatoriedad de la vacunación contra el COVID19.

Decisión: Declarar improcedencia la acción de tutela.

FALLO PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela1presentada por el señor Germán Espinoza Mejía y otros2, en nombre propio, contra la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministro de Salud y Protección Social(Acumulado)3, con el fin de que se les ordene abstenerse de promover normas o políticas tendientes a hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19; lo cual consideran vulneratorio de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de conciencia y de circulación y al debido proceso.

I. EL ESCRITO DE TUTELA Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante: Aduce que si bien las vacunas contra el COVID – 19 tienen cierta efectividad, lo cierto es que están produciendo efectos adversos, por lo que algún porcentaje de la población ha decidido no vacunarse; sin embargo, en Colombia se está discutiendo sobre la vacunación obligatoria para todos los ciudadanos, lo que considera es contrario a la conciencia y voluntad de los seres humanos.

Además, pone de presente que se ha debatido sobre “premios” o “estímulos” a “cambio de la vacuna” o sobre el “carné de vacunación”, en perjuicio de la minoría que no quiere vacunarse, situación que considera vulnera los derechos fundamentales invocados. Pretensiones Con fundamento en la situación fáctica expuesta, la parte actora eleva como tales:

«[…] PRIMERA: TUTELE EL ESTADO CONSTITUCIONAL MIS – NUESTROS

DERECHOS CONSTITUCIONALES CONSAGRADOS EN LOS ARTS.

SUPERIORES: 13,18,24,29: IGUALDAD, LIBERTAD DE CONCIENCIA, LIBERTAD

DE CIRCULACIÓN Y EL DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL, LEGISLATIVO Y ADMINISTRATIVO, A PREVENCIÓN Y DE MANERA TRANSITORIA. 1 El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación de 30 de septiembre de 2021. 2 Jorge Eliecer Espinosa Mejía, Luz Marina Espinosa Mejía y Emmanuel Sousa Espinosa. 3 Todas las actuaciones adelantadas e informes y pruebas allegados podrán ser consultados en el respectivo expediente electrónico en el aplicativo SAMAI. Radicado acumulado 202105582.

SEGUNDA: En consecuencia, Según corresponda, Se Exhorte, Se Conmine o Se Ordene al Señor Presidente de la República, a su Ministro de Salud, para que, dentro de las 48 horas siguientes a la ejecutoria de la Sentencia, emitan los decretos, resoluciones, directivas nacionales a todas las autoridades del Orden Nacional, Departamental y Municipal, así como a todos los sectores de la Economía Nacional; que eviten, desistan contemplar LA ORDEN, PERSUACIÓN O

INSINUACIÓN DE OBLIGAR A LOS CIUDADANOS A VACUNARSE.

TERCERA: ASÍ MISMO, El Señor Presidente de la República y su Ministro de Salud, con sus potestades de constitución y de ley y con los actos administrativos que corresponda, establezcan LA PROHIBICIÓN DE TODO TIPO DE ACTOS,

PROCEDIMIENTOS, ÓRDENES QUE IMPLIQUEN DISCRIMINACIÓN POR

ACTIVA O POR PASIVA de las personas no vacunadas; […]

CUARTA: LAS ANTERIORES DISPOSICIONES HABRÁN DE MANTENER LAS

ALUDIDAS O CONMINADAS AUTORIDADES, HASTA TANTO EL PODER EJECUTIVO NO PRESENTE AL PODER LEGISLATIVO LOS PROYECTOS DE LEY ESTATUTARIAS, A LAS QUE HAYA LUGAR para restringir, modificar, suspender las garantías constitucionales y legales que vienen siendo afectadas por la emergencia ecológica, sanitaria, social y económica en que se vienen desenvolviendo todas las actividades del país; y específicamente las que atañen a la imposición de la obligatoriedad de la vacuna como requisito previo a cualquier actividad comercial, laboral, turística, financiera, recreativa o educativa o las relacionadas con el sistema de salud; y además, lo anterior se haga HASTA TANTO EL PODER LEGISLATIVO Y LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL DEN A DICHAS LEYES SUS TRÁMITES Y APROBACIONES contempladas en la Constitución Nacional y las leyes orgánicas del Congreso de la República.

QUINTA: A LA LUZ DEL ART. SUPERIOR 153-a, 209 C.N, y los que le sean conexos, La Jurisdicción Constitucional Exhorte, Conmine u Ordene, según corresponda; al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, SE PRESENTE CON CARÁCTER DE URGENCIA ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA -cada autoridad intervenga desde sus competencias y deberesUN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA, que “normalice” el actual estado de cosas y de las diferentes

emergencias declaradas, con miras a seguros-futuros episodios de similares o peores magnitudes, causados por agentes microbianos o el desorden climático global que cada vez se acentúa más. Proyecto de ley estatutaria que debe prohibir, evitar, regular las actuales usurpaciones de autoridad y de ley que están haciendo particulares, alcaldes, gobernadores, restringiendo los derechos y libertades fundamentales consagradas en la C.N.

SEXTA: La Jurisdicción Constitucional Exhorte, Conmine U Ordene, según corresponda; Se produzcan -convocando todas las organizaciones sociales de rigor, así como a la ciudadanía en General, particularmente al accionantea los debates sociales amplios, transparentes, para que luego se especifiquen en aquella ley estatutaria, LAS RESTRICCIONES QUE LOS CIUDADANOS SUFRIRÁN EN SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES; de qué manera y en cuántos tiempos o términos; estableciéndose para ellos términos, procesos; competencias de las diferentes autoridades del orden nacional, departamental y local; o de los agentes económicos y sociales privados.

SÉPTIMA: Con las mismas previsiones o precauciones que anteceden, SE

DETERMINE EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS DEL ORDEN SOCIAL, ECONÓMICO,

SANITARIO, ECOLÓGICO; SE HARÁN OBLIGATORIOS CIERTOS

TRATAMIENTOS, O BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS O ESTADÍSTICAS SE

HARÁN OBLIGATORIAS LAS VACUNAS SINTÉTICAS O BIOLÓGICAS, CONTRA

LOS DIFERENTES AGENTES INFECCIOSOS QUE SE SEGUIRÁN

PRESENTANDO EN EL FUTURO A MEDIANA O GRAN ESCALA.

[…]

OCTAVA: SE ESTABLEZCA EN LA MISMAS LEYES ESTATUTARIAS QUE

PREVISIBLEMENTE SE SOMETAN A TRÁMITE Y APROBACIÓN, LAS

ESTRATEGIAS – POSIBILIDADES QUE LOS COLOMBIANOS TIENEN PARA

ACCEDER A LA MEDICINA NATURAL LOS TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS

PARA LA PREVENCIÓN Y CURA DE LOS CUADROS CLÍNICOS QUE

PRESENTEN LOS DIFERENTES TIPOS DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR

ESOS AGENTES INFECCIOSOS.

NOVENA: También se les exhorte, conmine u ordene -según corresponda, Se establezcan las responsabilidades penales y civiles de las personas, las autoridades, las farmacéuticas, los empresarios, en todo lo que allí se estatuya. SE DETERMINEN LAS RESPONSABILIDADES DEL ESTADO O DE LOS ESTADOS, así como de las diversas organizaciones de derecho internacional público o privado que concurran en ese tipo de eventualidades.

DÉCIMA: Para lo anterior, todos los poderes, hagan “afanosa”, pero eficiente y

diligentemente LOS DEBIDOS CONSENSOS CON LOS GRUPOS DE CIUDADANOS DIVERGENTES, OPONENTES A LA VACUNACIÓN POR DIFERENTES CAUSAS; sin dejar de “convidar” los estudios y a los respectivos médicos naturistas, homeópatas, bacteriólogos, epidemiólogos que divergentes desde diferentes partes del mundo y Colombia, se oponen a los actuales sistemas de vacunación y tratamiento o prevención que dirige la OMS y OPS, para la actual o

futuras pandemias.

ONCEAVA: SE SUBSIDIEN LOS ANTERIORES ANÁLISIS, DEBATES Y PROCEDIMIENTOS, EN LA CONVOCATORIA A EXPERTOS CONSTITUCIONALISTAS DE TODAS LAS VERTIENTES, en garantía de todos los procedimientos y decisiones a tomar en las diferentes instancias. […] TRECEAVA: Se prevenga, se provea en todo lo que así convenga a los asuntos y peticiones aquí planteadas, en auxilio del Interés General, SIN

DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

FUNDAMENTALES DE LAS MINORÍAS. SE CONTENGAN – SE PREVENGAN

TODOS LOS EFECTOS ADVERSOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE ESTA

DICTATORIAL INOCULACIÓN DOCTRINARIA CON LA QUE EL ESTADO PRETENDE SOMETERNOS A LAS SIGNIFICATIVAS MINORÍAS, AL PODER DE LAS MAYORÍAS, que desean alcanzar el bienestar y la salud integral por encima de los propios principios Superiores establecidos en nuestra Carta Magna.

CATORCEAVA: Se le solicite al Señor Defensor del Pueblo Nacional, presente a Estrado un informe mensual de los avances, ejecuciones de los exhortos, conminaciones u órdenes que la Jurisdicción Constitucional impartirá en la Sentencia. Se envíen copias electrónicas de dichos informes al accionante.

QUINCEAVA: Se solicite a Junta Directiva de FECODE, presente mensualmente un informe a Estrado, a Defensoría del Pueblo, al Magisterio Colombiano y al accionante, de los avances en las ejecuciones de lo exhortado, conminado u ordenado en la Sentencia de Estrado Constitucional. […]»

II. ACTUACIÓN PROCESAL DE INSTANCIA Mediante auto de 20 de agosto de 2021, se admitió la acción de tutela de la referencia y, se ordenó notificar a la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Ministro de Salud y Protección Social, en calidad de accionados; así mismo, al Presidente del Congreso de la República, al Superintendente Nacional de Salud, al Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, a la Directora del Instituto Nacional de Salud – INS y a la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) para Colombia, así como al Ministerio Público, al Defensor del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

Por su parte, se negó la medida cautelar solicitada, toda vez que se funda en hechos futuros e inciertos que desnaturalizan la competencia del juez de tutela, de velar por la protección de derechos fundamentales que se encuentra amenazados o vulnerados, lo cual se debe acreditar bajo acciones u omisiones concretas y no meras suposiciones; además, tal como se señala en el propio escrito petitorio, el fundamento de la medida provisional es el mismo que será revisado al momento de decidir. También, se negó la solicitud de pruebas presentada por el actor, en atención a que la acción de tutela no es el escenario propicio para discutir acerca de la efectividad de las vacunas contra el COVID-19, sino para velar por la protección de derechos fundamentales y, de otro lado, la vinculación de terceros ante la falta

de sustento de tal requerimiento. Posteriormente, a través de Auto de 23 de septiembre de 2021, proferido en el expediente 11001-03-15-000-2021-05582-00 de Jorge Eliécer Espinoza Mejía y otros contra la Nación – Presidencia de la República y otros, se resolvió su acumulación a la presente causa.

III. INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO 3.1. Presidencia de la República.

La apoderada judicial de la Presidencia de la República dio respuesta y pidió la desvinculación de la presente causa por falta de legitimación en la causa por pasiva o, en su defecto, declarar la improcedencia del amparo solicitado, por las razones que se observan a continuación: El señor presidente de la República y Presidencia de la República no son la misma persona. De hecho, el primero es una autoridad, la máxima administrativa de la rama ejecutiva; la segunda es una entidad del orden nacional, por lo que no pueden confundirse en materia judicial, pues cada una es representada, en virtud de delegación, por la secretaría jurídica de la Entidad y lo será en los temas de competencia de cada una, según la Constitución y la Ley. Al actor le corresponde mostrar que la presunta afectación de derechos se presenta como una consecuencia de una actuación específica de la entidad demandada en el proceso. En sentido opuesto, si la presunta violación en nada se relaciona con el accionar de la entidad, la consecuencia jurídica deberá ser, necesariamente, declarar la improcedencia de la acción de tutela respecto de ella. 3.2. Congreso de la República. El secretario general del Senado de la República rindió informe en el que solicitó

declarar la improcedencia de la acción de tutela por falta de subsidiariedad, pues, después de hacer una síntesis de las iniciativas legislativas y popular, afirmó que todo ciudadano, de forma directa, podrá presentar iniciativa de Ley ante el Congreso de la República. 3.3. Superintendencia Nacional de Salud. La asesora del despacho del superintendente nacional de salud rindió informe y solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, con los argumentos que se sintetizan a continuación: Conforme se indica en el artículo 5 del Decreto 109 de 2021, modificado por el Decreto 466 del 8 de mayo de 2021, el objetivo del Plan Nacional de Vacunación es reducir la morbilidad grave y la mortalidad específica por COV1D-19, disminuir la incidencia de casos graves y la protección de la población que tiene alta exposición al virus y reducción el contagio en la población general, con el propósito de controlar la transmisión y contribuir a la inmunidad de rebaño en Colombia. En este entendido, en consideración a que la vacuna contra el COVID-19 es un bien escaso, la priorización definida por el Ministerio de Salud y Protección Social se sustenta exclusivamente en criterios epidemiológicos basados en los principios antes descritos, sin consideración a credo, capacidad económica, género, grupo étnico o condición de discapacidad. Así entonces, para la aplicación de vacunas contra el COVID-19, cobra especial relevancia el principio de eficiencia, que permite la maximización de los beneficios obtenidos a partir de los recursos limitados, y orienta la toma de decisiones buscando generar la mayor prevención de dolor, cuadros graves y muertes a partir

de las dosis disponibles en cada momento del tiempo. Es decir, en virtud de este principio, la adecuada distribución de las dosis disponibles genera un mayor impacto de la intervención preventiva en los desenlaces más graves ocasionados por el COVID-19, y desarrolla los principios de equidad y de justicia. En el mismo sentido, en virtud del principio de solidaridad, el beneficio personal debe ceder ante el beneficio colectivo —sin que eso implique la renuncia a los derechos individuales—, para evitar al máximo los daños sociales, aún más si se trata de un daño severo en la salud o la vida de quienes están más afectados por la pandemia. La población en general debe conocer que el inicio de la vacunación, focalizada en determinados grupos, genera efectos sociales y beneficios indirectos, pues permite reducir las propias posibilidades de contagio, además de dar lugar a la reactivación de la economía. Así las cosas, este Ministerio ha realizado todas las actividades tendientes para garantizar el derecho a la salud principalmente en el ámbito colectivo para materializar el acceso a un programa de vacunación con el ánimo de lograr la inmunidad de rebaño y disminuir la tasa de mortalidad a causa del COVID-19 en condiciones de igualdad, eficacia, solidaridad, beneficencia, equidad, universalidad, justicia social, progresividad y prevalencia del interés general. Ahora bien, en cuando a la obligatoriedad o no para los ciudadanos de aplicarse a vacuna, es claro que existe todo un marco constitucional de la autonomía del paciente en la toma de decisiones frente a la vacunación y a su consentimiento previo, expreso e informado, de conformidad con los desarrollos de la

jurisprudencia constitucional4 sobre la materia: "es oportuno distinguir entre la titularidad del derecho y el ejercicio del mismo, pues, la titularidad de los derechos fundamentales es irrenunciable, pero, el ejercicio de los mismos por parte del titular es expresión de su autonomía, de manera que si una persona en su condición de titular del 4 Sentencia C-313 de 20214. derecho fundamental a la salud, se niega a practicarse un procedimiento, esto es, a materializar el ejercicio del derecho, prima facie prevalece su autonomía". No obstante, debe tenerse presente también que la estrategia adoptada para la inmunización de la población colombiana contra el COVID-19 es un asunto de todos, en donde de acuerdo con el principio de interés general, consagrado en el artículo 4 del Decreto 109 de 2021, estamos ante el predominio de los intereses y objetivos generales y públicos, por encima de los particulares y privados, y en esa medida, la aplicación de la vacuna debe entenderse como un deber de los todos los ciudadanos, comprometidos en superar esta crisis sin precedentes para el mundo. Es claro que estamos ante un asunto de salud pública que requiere la participación activa tanto del Gobierno Nacional, como de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y por supuesto, de los ciudadanos. La Superintendencia ha realizado visitas de inspección sobre entidades territoriales, EPS y IPS, con el objeto de que cumplan con los lineamientos y las responsabilidades establecidas por el Ministerio de Salud. Los equipos especiales han realizado visitas a actores de la salud de los departamentos de Cesar, Sucre, Cundinamarca, Quindío, San Andrés, Nariño,

Tolima, Meta y Valle del Cauca, así como las ciudades de Barranquilla, Cali, entre otros, y de manera simultánea, en estas visitas se viene evaluando la estrategia PRASS (prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible), en donde se generaron una serie de alertas, respecto del desarrollo de los planes en los territorios. Como resultado, esta Superintendencia ha hecho algunas recomendaciones para garantizar la articulación de los vigilados en los espacios programados por las entidades territoriales para socializar la preparación y desarrollo del plan de vacunación, realizar la actualización de las bases de datos y garantizar la disponibilidad de los recursos tecnológicos; adicionalmente, ha liderado las mesas de seguimiento en los territorios y viene trabajando articuladamente, compartiendo información con el Ministerio de Salud y Protección Social y los principales organismos de control, entre ellos, la Procuraduría General de la Nación. Por lo expuesto en líneas anteriores, se observa que la priorización para la vacunación contra el COVID 19 fue establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Decreto 109 de 2021 modificado por el Decreto 466 de 2021. De otra parte, son las Entidades Promotoras de Salud las encargadas de contactar y agendar a los usuarios que cumplen con dicha priorización, y de esta manera aplicar la vacuna que corresponda tanto en su primera como segunda dosis si es del caso, por lo que no es función de la Superintendencia Nacional de Salud priorizar a las usuarios para la aplicación de la vacuna, como tampoco lo es suministrar las dosis a las EPS para que cumplan con lo mismo, toda vez que la función de esta, es de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de

Seguridad Social, y no la de prestar el servicio de salud como lo es la aplicación de la vacuna, razón por la cual la afectación de los derechos fundamentales