CE-11001-03-15-000-2021-05570-01(AC)

PROBLEMA JURÍDICO: ¿Es procedente la acción de tutela contra las providencias del 19 de octubre de 2019 y 19 de febrero de 2021 proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento derecho, esto frente al defecto de decisión sin motivación?

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA

JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD /

DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

[F]rente a la causal de decisión sin motivación, esta Sección considera que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que la actora contaba con otro medio de defensa judicial para controvertir la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, esto es el recurso extraordinario de revisión. (…) En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la jurisprudencia citada supra, existían en el caso sub examine otros mecanismos de control judicial para garantizar la protección de los derechos de la actora, como lo es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, respecto de la causal de decisión sin motivación, antes de acudir a la acción de tutela. En esa medida, la Sala declarará la improcedencia de la tutela frente a esta causal como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

PROBLEMA JURÍDICO: ¿El Tribunal Administrativo de Caldas vulneró los derechos fundamentales invocados supra por incurrir en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial establecido por el Consejo de Estado, en

defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas?

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE

CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO /

AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / APLICACIÓN DE LA NORMA /

AUSENCIA DEL DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL

PRECEDENTE / ALCANCE DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL /

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN / BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL La Sala considera que el hecho de que la pensión de la actora estuviere amparada por el régimen de transición no es objeto de debate, toda vez que la discusión se centró en determinar el IBL de la pensión, en razón a que el Tribunal Administrativo de Antioquia interpretó que para la conformación del IBL se debía aplicar lo dispuesto en el artículos 21 y 36 de la Ley 100, con los factores salariales establecidos taxativamente en la ley, como ya se expuso. (…) En este contexto, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido por el Consejo de Estado, en la medida que dicha sentencia se ajusta al criterio determinado por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia de unificación vigente citada supra, por lo que no hubo una indebida aplicación de las reglas y sub reglas jurisprudenciales plasmadas en esta decisión judicial, la cual se reitera es aplicable al caso concreto por sus efectos retrospectivos. (…) En ese orden de

ideas, la Sala debe hacer énfasis en que a diferencia de lo sostenido por la señora [L.D.V.M.], la autoridad judicial accionada no aplicó indebidamente las reglas y sub reglas jurisprudenciales plasmadas en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 para resolver el presente caso, toda vez que dichos criterios jurisprudenciales como ya quedó expuesto en la parte motiva de esta Ç sentencia, debían ser aplicados por el operador judicial, como efectivamente aconteció en el presente caso, lo cual impone al juez de tutela realizar una valoración de la decisión cuestionada, atendiendo al citado precedente jurisprudencial, en atención a los efectos retrospectivos y por su carácter vinculante y de precedente obligatorio, aplicable a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 21 / LEY 100 DE 1993 –

ARTÍCULO 33.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-05570-01(AC)

Actor: LUZ DARY VALENCIA MONTOYA

Demandado: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 11 de octubre de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección

Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente el amparo. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La señora Luz Dary Valencia Montoya, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la sentencia de 19 de octubre de 2019 y el Tribunal al proferir la sentencia de 19 de febrero de 2021 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 17001-33-33-002-2014-00603-02, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra. Ç Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que la señora Berta Montoya de Valencia (QEPD) laboró al servicio del Estado, desde el 01 de julio de 1968 hasta el 30 de julio de 2000, por lo que para el 13 de febrero de 1985, fecha en que entró en vigencia la Ley 33 de 29 de enero de 19851, tenía más de 15 años de servicios, y en ese orden de ideas, era beneficiaria del régimen de transición.

4. Adujo que el Instituto de Caja Nacional de Previsión Social, reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a la señora Berta Montoya de Valencia,

mediante la Resolución núm. 21001437 de 31 de enero de 2000, reliquidada mediante las Resoluciones núms. 16361 de 21 de junio de 2001 y 15343 de 19 de junio de 2002. Sin embargo, inconforme con el monto reconocido, la pensionada solicitó una nueva reliquidación pensional, con el fin de que se tuvieran en cuenta todos los factores salariales devengados en su último año de servicios; solicitud que fue negada a través de las Resoluciones núms. 50656 de 31 de octubre de 2013 y 005107 de 16 de mayo de 2014.

5. Como consecuencia de lo anterior, la señora Berta Montoya de Valencia (QEPD) presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de la resolución núm. 005107 de 16 de mayo de 2014; y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la entidad demandada a reliquidar la respectiva pensión con el 75% de la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios.

6. Señaló que “[…] mediante auto de fecha 02 de septiembre de 2019, el despacho aceptó como SUCESOR PROCESAL a la señora LUZ DARY VALENCIA MONTOYA con ocación (sic) de fallecimiento de la demandante el dia

(sic) 10 de enero de 2019 […]”. Sentencia del 15 de octubre de 2019 proferida por el Juzgado Séptimo

Administrativo del Circuito de Manizales dentro del proceso de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 17-001-33-33-0022014-00603-02

7. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Manizales, decidió: “[…] PRIMERO: DECLARAR probada las excepciones denominadas INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO e IRRETROACTIVIDAD, propuestas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demandante […]”.

8. Consideró que: 1 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público.” Ç “[…] El reconocimiento pensional se efectuó tomando como Ingreso Base de Liquidación el promedio de lo devengado durante el último año de servicios, y aplicando una tasa de reemplazo del 75%, de conformidad con la Ley 33 de 1985.

En ese orden de ideas y acogiendo los precedentes expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en las sentencias de unificación ya mencionadas para que proceda la reliquidación pensional solicitada, la parte demandante debe demostrar que los factores que solicita le sean incluidos para establecer en el ingreso base de liquidación pensional (IBL), realizaron los respectivos aportes y no obstante, la entidad no se los tuvo en cuenta al momento de liquidar la pensión. Para el caso que se deciden en esta ocasión, se observa que la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIALUGPP tomó en cuenta lo efectivamente cotizado, es decir el ingreso base sobre el que mes a mes se efectuaron aportes con destino a pensión, aplicando para el efecto los factores que constituyen base de la liquidación pensional […]”. Sentencia del 19 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas dentro del proceso de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 17-001-33-33-002-2014-00603-02

9. Consideró que: “[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de octubre de 2019 por parte del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito dentro el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso BERTA MONOYA DE VALENCIA contra la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –

UGPP […]”.

10. Consideró que: “[…] V. Finalmente, el Consejo de Estado en sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de fecha 28 de agosto de 2018, expediente 2001-23-33-0002012-00143-01, unificó el tema con el

siguiente tenor:

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas

personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo

de Estado fija las siguientes subreglas: Ç

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es: - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. - Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…]

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho.

98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social como “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley 100 de 1993) explica este principio como “[…] la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil”.

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización.

Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma

taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no Ç impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.

102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia.

103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita debe existir entre lo aportado y

lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema. (Se subraya) De la anterior sentencia de unificación se puede extractar: - Que el régimen de transición contemplado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 únicamente se refiere a la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión. - Que monto de la pensión hace referencia únicamente al porcentaje o tasa de remplazo aplicable al IBL y, por tanto, a las personas cobijadas por el régimen de transición se les debe liquidar su pensión con el IBL en la forma señalada en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y se debe tomar como base los factores sobre los que aportaron al sistema pensional. -Que deben tenerse en cuenta para la liquidación de la pensión solamente los factores salariales sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas. - Que lo liquidado debe ser proporcional a lo cotizado - Que los factores salariales al no determinar el monto de la pensión sino parte de la base de liquidación de la misma, serán aquellos sobre los que el beneficiario aportó al sistema pensional. El Tribunal Administrativo de Caldas acoge los precedentes tanto de la Corte Constitucional como el ahora expuesto en la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado de fecha 28 de agosto de 2018 […]”. Ç […] “[…] Al revisar la resolución que otorgó la prestación periódica y el acto administrativo que la reliquidó, se encuentra que en ellos se dispuso que la misma se calcularía con la inclusión de los factores salariales percibidos

en los 10 años anteriores al retiro, con inclusión de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, lo cual se acompasa con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. Y aunque se certificó que la señora Montoya de Valencia, por lo menos en el último año de servicios, percibió prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad, los mismos no se enuncian en la norma como factores salariales para efectos pensionales. En punto a la prima técnica que reclama la demandante, se observa que en el mismo certificado al que se ha hecho alusión, se indicó que la actora percibió la misma por evaluación del desempeño […]”. […] “[…] Así las cosas, se tiene que la prima técnica obtenida por evaluación del desempeño no forma parte del salario, lo que trae como consecuencia que no pueda ser tenida en cuenta como base para efectos de la pensión, a diferencia de la prima técnica por experiencia altamente calificada. Y lo anterior es entendible porque la prima por evaluación del desempeño depende en consecuencia de la valoración que se haga en cada año, lo que implica que no sea una prestación permanente. Por todo lo discurrido es claro que la demandante no tiene derecho a que se reliquide su pensión con la totalidad de los factores salariales percibidos en el último año de servicios […]”. La solicitud de tutela Pretensiones

11. La actora solicitó en su escrito de tutela: “[…] 1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA

Y MINIMO VITAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD,

DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE

SEGURIDAD JURIDICA, FAVORABILIDAD LABORAL E

INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, DEBIDO PROCESO, Y DERECHO A LA IGUALDA PROCESAL, de la señora LUZ DARY VALENCIA MONTOYA, en calidad de heredera (hija) y sucesora procesal de la señora BERTA

MONTOYA DE VALENCIA (QEPD).

2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS – SALA PRIMERA DE DECISION en amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 19 de febrero de 2021, que CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia por la cual había accedido a las pretensiones de la demanda y en consecuencia de (sic) ordene a reliquidar la pensión de asistida teniendo en cuenta el equivalente al 75% de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectivo, Ç es decir, desde el 01 de julio de 1968 hasta el 30 de julio de 2000, indexando la primera mesada pensional.

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí tutelados […]”.

12. La actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial por aplicación indebida del precedente judicial sentado en la sentencia de 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, y por falta de aplicación del precedente judicial contenido en la sentencia de 4 de agosto de 2010 proferida por la Sección Segunda del

Consejo de Estado.

13. De igual manera, señaló que el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación de la Ley 33 de 29 de enero de 19852, de “[…] la Ley 6 de 1945, los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y el Decreto 1045 de 1978 […]”.

14. Por último, la actora en su escrito de tutela, expresó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, sin embargo, la Sala al revisar los argumentos jurídicos expuestos, considera que la actora estructuró fue la causal de decisión sin motivación.

Actuación

15. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 30 de agosto de 2021; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Manizales y al Tribunal Administrativo de Caldas; y iii) vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Informes de la parte demandada y del tercero con interés legitimo

16. El Tribunal Administrativo de Caldas señaló que: “[…] Según nuestro criterio, ni en el trámite del proceso, ni en la sentencia por medio del cual se confirma el fallo de primera instancia dentro del proceso antes indicado, se puede afirmar que se ha presentado un defecto procesal, orgánico, fáctico o material que amerite la calificación de vía de hecho; y mucho menos se puede considerar que, se han vulnerado al

accionante los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

5. La providencia del 19 de febrero de 2021 mediante el cual se conforma la sentencia por medio de la cual se niegan las pretensiones de la actora, dentro de la demanda que en ejercicio del medio de nulidad y restablecimiento del derecho promovió Bertha Montoya de Valencia

(Causante) contra la UGPP, identificado con radicado 17001-33-33-0022014-00603-02, presenta en forma clara y precisa los argumentos por los 2 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público.” Ç cuales se toma dicha decisión. Por ello, respetuosamente me remito a las razones allí expuestas.

6. De otro lado, no observa el Despacho que de los hechos narrados por la actora se desprenda o se alegue vulneración de los derechos fundamentales de los mismos por parte de este Tribunal, además de que las pruebas solicitadas por la parte actora dentro de la oportunidad legal fueron decretadas y practicadas en debida forma […]”.

17. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP indicó que: “[…] PRIMERA: Por las anteriores consideraciones, y por aquellas que el despacho tenga a bien desarrollar en su escrito decisorio, respetuosamente solicito se declare la IMPROCEDENCIA de la tutela de la referencia, por

cuanto: a. En la decisión adoptada por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO DE MANIZALES Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CALDAS - SALA PRIMERA DE DECISIÓN, no se incurrió en defecto material o sustantivo, sino que por el contrario las mismas se ajustan al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial que regula el tema, para determinar que no le asistía el derecho a la reliquidación de la pensión de vejez. b. La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el efecto. c. La acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para el reconocimiento de peticiones prestacionales, máxime cuando ya se ha pronunciado el juez competente de la causa. d. Las pretensiones principales son abiertamente improcedentes sírvase rechazar las peticiones subsidiarias por correr la misma surte de las principales […]”.

18. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Manizales consideró que: “[…] Nos atenemos a lo que disponga el Juez Constitucional, conforme lo que resulte probado en la presente acción.

No obstante, considera el Despacho pertinente indicar que las pretensiones de la accionante iban encaminadas a la reliquidación de su pensión de jubilación, en cuantía del 75% de los factores de salario devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro oficial. En este sentido el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Manizales, en aplicación del precedente jurisprudencial sobre factores salariales para liquidación pensional, que indica que “solo los factores sobre los que se haya realizado

el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional”, y a los presupuestos fácticos del caso, concluyó que no había lugar a la reliquidación, pues la misma efectivamente se había realizado con una tasa de reemplazo del 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios incluyendo “el sueldo mensual, los dominicales y festivos y la bonificación por servicios prestados”, Ç advirtiendo que no habría lugar a incluir la prima técnica por evaluación de desempeño, ya que la misma no constituye factor salarial según de lo dispuesto del artículo 7 del Decreto 1661 de 1991, norma aplicable al caso concreto por contener la reglamentación vigente para la época de adquisición del status pensional. Así las cosas, no se advierte en el asunto bajo estudio defecto fáctico o sustantivo, pues la decisión se adoptó con base en las pruebas allegadas al proceso, en concordancia con las pretensiones de la demanda, y se aplicó el criterio jurisprudencial constitucional vigente, el cual “se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho, así como en el artículo 48 de la misma Carta, que define la Seguridad Social como “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley […]”. La sentencia impugnada

19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante

sentencia de 11 de octubre de 2021, resolvió lo siguiente: “[…] PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia […]”.

20. Consideró que: “[…] Pues bien, valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las pruebas arrimadas por los extremos procesales y el contenido en sí mismo considerado de la sentencia proferida en segunda instancia, no encuentra esta Sala que el Tribunal Administrativo de Caldas haya transgredido las prerrogativas superiores aducidas por la parte actora, así como tampoco que hubiere incurrido en ninguno de los defectos específicos que se le atribuyen. Ciertamente, una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela permite advertir, no solo la falta de suficiencia en cuanto a su carga argumentativa, sino también que su propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las pretensiones de la demanda. 14.- En primer lugar, se advierte que la actora afirmó que el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en un defecto fáctico por no valorar las pruebas que acreditan su derecho a la reliquidación de la pensión, no obstante, nunca indicó qué pruebas fueron dejadas de valorar, pues únicamente adujo que en la sentencia acusada se “habían dejado de

resolver unos asuntos”; es decir, que no señaló concretamente en qué estriba la aludida pretermisión o ausencia en el examen de las pruebas, incluso, tampoco consiguió atribuir la ocurrencia de una calificación Ç abiertamente desacertada o contraevidente del escrutinio valorativo hecho a los elementos de juicio que resultaron determinantes para el reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia de vejez de la accionante. Es decir, la parte accionante se limitó a enunciar un supuesto defecto contenido en el fallo acusado, haciendo aproximaciones generales sin sustentar debidamente las razones por las cuales aquello se produce, por lo que a todas luces carece por completo de carga argumentativa. 14.1.- Igualmente, en este punto, se debe recordar que, si la parte accionante consideró que el tribunal accionado no resolvió algunos aspectos de la litis, debió solicitar la adición de la sentencia, contemplada en el artículo 287 del Código General del Proceso, el cual establece que “cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad…”, no obstante, se observa que la parte actora no hizo uso de esta recurso ordinario con el que contaba, por lo que no puede pretender con esta acción constitucional suplir las actuaciones que no realizó dentro del proceso ordinario. 15.- Por otra parte, en lo referente el defecto sustantivo, la Sala advierte

que corre la misma suerte del defecto anterior, toda vez que en este caso la accionante únicamente adujo que el fallo acusado contiene dicho vicio, por cuanto se apartó del marco jurídico ajustado para resolver el caso concreto, desconociendo que el régimen aplicable a la accionante era el contenido en el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, el Decreto 1045 de 1978 y demás normas anteriores; sin explicar clara ni suficientemente cómo la autoridad judicial, en su fallo de segunda instancia, desbordó el marco de acción que la Constit