CE-11001-03-15-000-2021-05617-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN DEL ELEMENTO

MATERIAL PROBATORIO / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO – Ajustado a

derecho / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Que declara responsable disciplinariamente y sanciona al patrullero de la Policía Nacional / PROCESO DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL / SANCIÓN DISCIPLINARIA / PRUEBA DE ESTADO DE EMBRIAGUEZ – Los diferentes medios probatorios idóneos para determinar el estado de embriaguez fueron valorados en debida forma / RESPONSABILIDAD POR ESTADO DE EMBRIAGUEZ / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA – No se señala de forma concreta el sentido de la contradicción / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA – No es arbitraria ni caprichosa / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES La parte tutelante considera que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, incurrió en defecto fáctico ante la indebida valoración probatoria, al haber concluido que el señor [J.G.G.O.] se encontraba en estado de embriaguez para acreditar la sanción disciplinaria impuesta, pero sin sustento en una “prueba científica”. Incluso en desconocimiento de la Resolución No. 000414 del 27 de agosto de 2002 emitida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y

Ciencias Forenses, la cual prevé la prueba científica para determinar el estado de embriaguez de una persona. Aseveró que los testimonios rendidos (…) son contradictorios y generan duda. Sin embargo, esta situación no se tuvo en cuenta a su favor, así que en el fallo controvertido se tomó la decisión sin fundamento probatorio y; en consecuencia, desconoció el principio de inocencia y el derecho fundamental del debido proceso. (…) Con lo narrado, queda claro que no le asiste razón a la parte actora al señalar que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico ante la incorrecta valoración probatoria y porque la duda que generaron los testimonios rendidos al interior del proceso disciplinario al ser contradictorios debía resolverse a su favor. Lo anterior, en primer lugar, porque para determinar el estado de embriaguez de una persona, no solo es factible a través de una prueba técnica, pues tal como lo explicó el operador jurídico demandado, existen otros medios de pruebas validados a nivel jurisprudencial por el Consejo de Estado como la historia clínica, la prueba médica de embriaguez, el examen clínico y los testimonios de terceros; testimonios estos que se encontraban como prueba dentro del expediente del proceso disciplinario y que fueron valorados por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado a efectos de establecer la legalidad del acto sancionatorio demandado por la parte actora en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En segundo lugar, porque no se encuentra contradicción alguna respecto de los testimonios, máxime si la parte tutelante hizo referencia a esta censura limitándose a transcribir apartes de algunas

declaraciones sin señalar el sentido de tal contradicción. Razón por la cual, la Sala no tiene elementos que le permitan entrar a establecer si es factible la hipótesis de la parte tutelante, ante la falta de carga argumentativa con la que debe contar la acción de tutela, pues no basta con señalar argumentos genéricos para establecer que en la sentencia objeto de reproche se configura el defecto. En consecuencia, no encuentra la Sala una interpretación arbitraria o irracional de las pruebas señaladas por la parte demandante, contrario a ello, la valoración que hizo la Subsección demandada se sustentó en debida forma. Así las cosas, la Sala despachará desfavorablemente los argumentos contra la decisión objeto de reproche al no encontrar la configuración del defecto fáctico.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL /

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – No acreditado / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN – La sentencia alegada como desconocida fue aplicada / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Que declara responsable disciplinariamente y sanciona al patrullero de la Policía Nacional / CONTROL

JUDICIAL DEL PROCESO DISCIPLINARIO / CONTROL PLENO E INTEGRAL /

FALTA DE NOTIFICACIÓN – No acreditada / INEXISTENCIA DE LA

VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO /

DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCESO DISCIPLINARIO / AUSENCIA DE

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

La parte tutelante aseveró que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, desconoció el precedente fijado por la Sala Plena de esta corporación en la sentencia de unificación del 9 de agosto de 2016. En esta providencia se señaló que el control judicial de los fallos disciplinarios se debe realizar de forma integral. Esto por cuanto el operador omitió esa revisión al limitarse a señalar observaciones generales y superfluas como “de llegar a considerar que dentro de la investigación se hubiera presentado alguna irregularidad, tanto el disciplinado y su abogado tuvieron la oportunidad de mencionar la vulneración de derechos y garantías fundamentales como lo es el debido proceso y guardaron silencio”, pasando por alto que la decisión disciplinaria debe ajustarse a la Constitución y la ley. (…) En el análisis del caso concreto, hizo referencia de forma detallada a la actuación disciplinaria y las pruebas (testimoniales y documentales). Dentro de los temas expuestos en el fallo controvertido, se enlistó el “alcance del control judicial en procesos disciplinarios” con cita de la sentencia unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 9 de agosto de 2016 y explicó que el control de legalidad de los actos de carácter sancionatorio como los proferidos en una actuación disciplinaria se debía surtir observando las garantías del sujeto disciplinado, desde la perspectiva de un control integral. A partir de lo anterior, analizó el asunto, desde la óptica de los derechos del debido proceso y de defensa por la presunta falta de notificación personal del auto por medio del cual se le formuló pliego de cargos al investigado.

Es decir, si se pretermitió la oportunidad para presentar descargos y rendir versión libre. Luego de exponer ampliamente las actuaciones surtidas al interior del proceso disciplinario, concluyó que no hubo vulneración de los derechos fundamentales señalados porque “luego de que el señor [J.G.G.O.] fue vinculado a la investigación disciplinaria, este tuvo acceso al expediente disciplinario por ser el investigado y, sin embargo, no señaló reproche alguno, tampoco solicitó que se llevara a cabo una audiencia para ser oído en versión libre, además tanto él como su apoderado nunca presentaron los descargos, pese a que este último fue notificado de la formulación de cargos”. (…) De conformidad con los argumentos expuestos por la parte actora se concluye que el cargo por desconocimiento del precedente tampoco tiene vocación de prosperidad, pues dada la argumentación de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado no encuentra esta Sala un apartamiento arbitrario de la tesis fijada jurisprudencialmente y que la parte actora pone de presente. Lo anterior, por cuanto es evidente que el operador jurídico hizo una revisión integral del asunto objeto de debate en el proceso disciplinario, con la que determinó que contrario a lo señalado tanto por el accionante como por el a quo, en modo alguno se le vulneró el derecho de defensa al investigado al interior del proceso disciplinario, al encontrar que la versión libre rendida inicialmente por el señor [J.G.G.O.] tenía plena validez, a pesar de la anulación del primer pliego de cargos, aunado al hecho de que al apoderado se le notificaron las diligencias, quien pudo adelantar las actuaciones

tendientes a que el investigado rindiera nueva versión frente a la segunda imputación de cargos, respecto de lo cual guardó silencio.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Que declara responsable disciplinariamente y sanciona al patrullero de la Policía Nacional / ACCIÓN DE TUTELA – No es una tercera instancia del proceso ordinario por tanto no procede reabrir el debate planteado / PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Son reiterativas / FALTA DE NOTIFICACIÓN – No acreditada / INEXISTENCIA DE

LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO /

PRUEBA DE ESTADO DE EMBRIAGUEZ / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES En relación con la violación directa de la Constitución, la parte tutelante adujo que se le vulneró el derecho fundamental del debido proceso y se le desconoció el principio de presunción de inocencia, al interior del proceso disciplinario adelantado en su contra. (…) Dijo que se vulneró el debido proceso “dentro del acto disciplinario, ya que el mismo carece de acto de notificación para el inicio del mismo, el fallador debió tener en cuenta que el primer acto que fue declarado la nulidad de los cargos por la misma Oficina de Control Interno Disciplinario de la policía del Departamento del Cauca, respecto de la cual no procede recurso y fue notificada”. Asimismo, ante la falta de notificación de “la denominada nueva

investigación ya que es claro que por más que exista y se consagrara la posibilidad de realizar un traslado probatorio de las pruebas recaudadas dentro del trámite disciplinario, no es válido en inicio de una nueva investigación con otros cargos distintos, desconociendo el ordenamiento jurídico; transgrediendo de hecho la constitución Política y el derecho fundamental al debido proceso determinante bajo el cual se erige todo procedimiento judicial y extrajudicial (…). Reprochó el argumento del fallo controvertido relativo a que el hecho de que el investigado no rindió versión libre, luego de la anulación de la formulación de los cargos, no constituía una vulneración del debido proceso, a pesar de tratarse de nuevos cargos. La Sala, de entrada, despachará negativamente este defecto, por cuanto de lo expuesto se observa que los argumentos de la parte actora conllevarían a una revisión a partir del proceso disciplinario, el cual ya fue debatido en sede de instancia por el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, aunado a que lo relativo a las pruebas ya fue objeto de análisis a partir del defecto fáctico, pues el argumento es reiterativo e insistente en la falta o inexistencia de la prueba del motivo que originó la sanción, es decir, del estado de embriaguez del actor. Igual ocurre con la falta de notificación, en tanto, como se concluyó en el análisis del desconocimiento del precedente; el fallo controvertido contiene un estudio integral del procedimiento disciplinario y se determinó que no se le vulneraron los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa del señor [J.G.G.O.].

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-05617-00(AC)

Actor: JUAN GABRIEL GUILLÉN OSORIO Y OTRO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: Tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico, desconocimiento de precedente y violación directa de la Constitución. Se niega amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por los señores Juan Gabriel Guillen Osorio y Andrés Felipe Espinosa Guillen contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 24 de agosto de 2021, al buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial1, los señores Juan Gabriel Guillen Osorio y Andrés Felipe Espinosa Guillen, por conducto de apoderada judicial, ejercieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a efectos de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la presunción de inocencia.

2. La parte accionante considera vulneradas las referidas garantías

constitucionales, con ocasión de la sentencia del 4 de febrero del 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. En esta providencia se revocó la decisión del 29 de julio del 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, y en su lugar, se negaron las pretensiones de los señores Juan Gabriel y Miriam Guillen Osorio y, Andrés Felipe Espinosa Guillen, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 19001-23-33-000-2013-00555-01, adelantado en contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió: “Solicito al juez de tutela se ordene proteger y tutelar los derechos fundamentales vulnerados al debido proceso, presunción de inocencia y derecho al trabajo y en consecuencia REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por el Consejo de Estado (…) Sección Segunda, 1 La acción de tutela fue enviada al buzón web tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co Subsección A del día 04 de febrero del 2021 notificada (…) el día 23 de febrero del 2021 y/o se den directrices para la expedición de una nueva sentencia de segunda instancia que acoja los postulados constitucionales y legales para la expedición de los fallos disciplinarios conforme al control integral de los fallos sancionatorios disciplinarios que debe realizar la jurisdicción de lo contencioso administrativo” (sic para toda la cita). 1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia: 1.2.1. Del proceso disciplinario

4. El señor Juan Gabriel Guillen Osorio ingresó al escalafón policial por medio de la Resolución No. 04604 del 10 de diciembre de 2007.

5. El 30 de agosto de 2010, el comandante de la Estación de Policía de El Tambo, presentó novedad mediante informe, señalando que el señor Juan Gabriel Guillen Osorio, en su condición de patrullero, no se presentó a prestar servicio y que fue encontrado en alto estado de embriaguez.

6. Por lo anterior, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía del Cauca abrió indagación preliminar en contra del señor Guillen Osorio, mediante auto del 9 de septiembre del 2010.

7. Por medio de auto del 20 de octubre de 2010, la mencionada oficina citó a audiencia pública y formuló pliego de cargos. No obstante, mediante auto del 24 de enero de 2011, decretó la nulidad de dicho pliego.

8. Nuevamente formuló pliego de cargos en audiencia pública; en la que se determinó que la parte actora incurrió en falta gravísima (artículo 34 numeral 26) y grave (artículo 35 numeral 10), descritas en la Ley 1025 del 20062, a partir de la conducta objeto de la investigación.

9. El 1 de junio de 2011, el apoderado del señor Juan Gabriel Guillen Osorio, fue citado para continuar con la audiencia pública, la etapa de descargos, la práctica

de pruebas y alegatos de conclusión.

10. Mediante fallo del 27 de julio de 2011, la misma autoridad, en primera instancia, declaró responsable disciplinariamente al señor Juan Gabriel Guillen Osorio y le impuso sanción de destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años.

11. El disciplinado apeló la decisión, la cual fue confirmada por la Inspección Delegada Región de Policía número 4, a través de providencia del 2 de diciembre de 2011.

12. Finalmente, el director general de la Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria por medio de la Resolución No. 00038 del 9 de enero de 2012. 2 “Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”. 1.2.2. Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

13. Los señores Juan Gabriel y Miriam Guillen Osorio y, Andrés Felipe Espinosa Guillen, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) decisión disciplinaria del 27 de julio de 2011 proferida por la Oficina de Control Disciplinario Interno, por medio de la cual se declaró al señor Juan Gabriel Guillen Osorio, responsable disciplinariamente y, se le impuso sanción: ii) fallo del 2 de diciembre de 2011, dictado por la Inspección Delegada Región de Policía número 4, que confirmó la decisión sancionatoria y, iii) la Resolución No. 00038 del 9 de enero de 2012, a través de la cual el director de la

Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria. A título de restablecimiento del derecho, pidió entre otras cosas, que se ordenara su reintegro a un cargo igual o superior al que se encontraba desempeñando al momento de su retiro.

14. El proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Cauca que accedió a las pretensiones de la demanda, mediante fallo del 29 de julio de 2016. Lo anterior porque consideró que una vez decretada la nulidad del primer pliego de cargos surtido en el expediente disciplinario y formulada la nueva imputación, lo correspondiente era proceder a notificarla personalmente, de conformidad con los artículos 101 y 186 de la Ley 734 de 2002 (por remisión del artículo 181 ejusdem). Sin embargo, la autoridad disciplinaria no surtió la notificación de la audiencia, al señor Juan Guillen Osorio y tampoco hubo prueba que demostrara que le fue notificada a su apoderado. Así que, al continuar con las diligencias disciplinarias, se pretermitió la etapa de exposición de cargos y la oportunidad para que el investigado presentara versión libre frente a los nuevos cargos formulados, por lo que se vulneró el debido proceso.

15. Inconforme con lo anterior, la parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó recurso de apelación cuyo conocimiento correspondió a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado3.

Esta autoridad judicial revocó la decisión de primera instancia mediante sentencia del 4 de febrero de 2021. El juez de segunda instancia consideró que, entre otras cosas: i) una vez se dio apertura a la investigación preliminar el señor Juan

Guillermo Guillen Osorio fue notificado personalmente para que rindiera versión libre, lo cual tiene plena validez pese al decreto de la nulidad de la primera formulación del pliego de cargos, ii) al no lograr la notificación personal lo hizo a través de su apoderado, de conformidad con el artículo 165 de la Ley 734 de 2002 y, iii) el defensor asistió a las diligencias sin señalar algún aspecto relativo a que su prohijado rindiera versión libre y tampoco presentó descargos.

16. La sentencia del 4 de febrero de 2021 se notificó por correo electrónico, enviado el 23 de febrero de 2021 y quedó ejecutoriada el 26 siguiente4. 3 Conforme con lo expuesto en la sentencia de segunda instancia, los argumentos del recurso consistieron, entre otros: en que no se vulneró el debido proceso del disciplinado porque una vez anulada la primera actuación, el 1 de junio de 2011, se citó a audiencia y se le formuló pliego de cargos a través del apoderado y, el abogado asistió a la diligencia, la cual fue suspendida y se notificó por estrados sin que presentara reparo alguno. Nuevamente se citó al apoderado a la reanudación de la audiencia a la cual asistió y se le corrió traslado para alegar de conclusión. La censura que hizo el defensor se enfocó en las faltas, pero no en la vulneración de algún derecho, así que no se surtió la notificación personal directamente al investigado, pero sí a través de su apoderado. 4 Conforme al resultado de la consulta que arroja el aplicativo SAMAI en dicho expediente. 1.3. Fundamentos de la solicitud

17. La parte actora, de manera preliminar, advirtió que la solicitud de amparo cumplía con todos los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencias judiciales. Aseguró que la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la presunción de inocencia, al incurrir en los defectos fáctico, desconocimiento de precedente y violación directa de la

Constitución.

18. Aseveró que se configuró el defecto fáctico ante la incorrecta valoración probatoria porque en la providencia se sostuvo que, para el momento de los hechos, el investigado se encontraba en estado de embriaguez pero sin sustento en una “prueba científica”, que incluso se desconoció la Resolución No. 000414 del 27 de agosto de 2002 emitida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (aclarada mediante la Resolución No. 000454 del 24 de septiembre del 2002), en la que se fijó “los parámetros científicos y técnicos relacionados con el examen de embriaguez y alcoholemia, estableciendo en su artículo primero, literal B, que el examen clínico para la determinación de embriaguez alcohólica se realiza según los estándares forenses establecidos por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses”. Consideró que la prueba idónea para establecer el estado de alicoramiento era esa y no unas declaraciones de particulares que carecen de experticia técnica necesaria.

19. Refirió que los testimonios rendidos en el proceso ordinario son contradictorios y generan duda, la cual debió ser tenida en cuenta a favor del

señor Juan Gabriel Guillen Osorio, así que, ante la ausencia de fundamento probatorio para tomar la decisión, se le desconoció el principio de inocencia y el derecho fundamental del debido proceso. Al respecto, únicamente, transcribió algunos apartes de las declaraciones rendidas por los señores José Gilberto Ulcúe Perdomo, Carlos Afradai Vallejos Cruz, Diego Fernando Carmona, Ricaurte Alirio Muñoz Ordóñez, Eduardo Alonso Pulgarín Gonzáles y Armando Barahona Gómez.

20. En relación con el desconocimiento del precedente, advirtió que en el control judicial de los fallos disciplinarios, se debe revisar el acto en su integridad y no limitarse a referir observaciones generales y superfluas, pero que en la sentencia objeto de reproche, el operador judicial se restringió a señalar que “de llegar a considerar que dentro de la investigación se hubiera presentado alguna irregularidad, tanto el disciplinado y su abogado tuvieron la oportunidad de mencionar la vulneración de derechos y garantías fundamentales como lo es el debido proceso y guardaron silencio”, pasando por alto que la decisión disciplinaria debe ajustarse a la Constitución y la ley.

21. Como sustento de lo anterior, citó la sentencia de unificación del 9 de agosto de 2016, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado5, relativa al control judicial de los fallos disciplinarios y enseguida precisó que hubo desconocimiento del precedente judicial fijado por la corporación, en el que se dispone lo atinente al control judicial integral, para lo cual transcribió apartes de la providencia, de los

que se rescata el siguiente enunciado: 5 Radicado No. 11001-03-25-000-2011-00316-00, M.P. William Hernández Gómez.

“El control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos administrativos disciplinarios es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a través del ordenamiento constitucional y legal orientado por el prisma de los derechos fundamentales (…), la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que puede ejercerse contra dichos actos, hace las veces de recurso judicial efectivo en los términos de la Convención Americana, por cuanto el control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo implica que puede y debe verificar: (i) La procedencia de la intervención de la jurisdicción contenciosa para examinar el control de decisiones disciplinarias; (ii) la posibilidad de la jurisdicción de emprender exámenes sobre la actividad probatoria”.

22. En relación con la violación directa de la Constitución, la parte tutelante adujo que se le vulneró el derecho fundamental del debido proceso y se le desconoció el principio de presunción de inocencia, al interior del proceso disciplinario adelantado en su contra.

23. Indicó que en el fallo disciplinario no se motivó por qué no se tuvo en cuenta tal presunción y que, además, se infringieron las normas en las que debería fundarse (artículos 140 y 170 de la Ley 1437 de 2002) ante la falta de valoración objetiva y razonada de las pruebas, cargos y descargos y, los argumentos del

recurso de apelación; lo cual pasó por alto el juez de segunda instancia en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto, “ante la inexisten (sic) de prueba plenamente valida que fundamente la sanción disciplinaria” y por la omisión de la revisión integral del acto sancionatorio6.

24. Dijo que se vulneró el debido proceso “dentro del acto disciplinario, ya que el mismo carece de acto de notificación para el inicio del mismo, el fallador debió tener en cuenta que el primer acto que fue declarado la nulidad de los cargos por la misma Oficina de Control Interno Disciplinario de la policía del Departamento del Cauca, respecto de la cual no procede recurso y fue notificada”.

25. Asimismo, ante la falta de notificación de “la denominada nueva investigación ya que es claro que por más que exista y se consagrara la posibilidad de realizar un traslado probatorio de las pruebas recaudadas dentro del trámite disciplinario, no es válido l inicio de una nueva investigación con otros cargos distintos, desconociendo el ordenamiento jurídico; transgrediendo de hecho la Constitución Política y el derecho fundamental al debido proceso determinante bajo el cual se erige todo procedimiento judicial y extrajudicial (…)7”.

26. Reprochó el argumento del fallo controvertido relativo a que el hecho de que el investigado no rindió versión libre, luego de la anulación de la formulación de los cargos, no constituía una vulneración del debido proceso, a pesar de tratarse de nuevos cargos. 1.4. Trámite de la acción de tutela 6 De conformidad con la sentencia de unificación del 9 de agosto de 2016, proferida por el Consejo

de Estado, con radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00, M.P. William Hernández Gómez. 7 Para el efecto, citó la sentencia SU-116 de 2018 de la Corte Constitucional relativa a la necesidad de la “notificación de la iniciación del trámite que se origina con la instauración de la acción de tutela”.

27. Mediante auto del 31 de agosto de 2021, se admitió la presente acción de tutela y se dispuso su notificación a la parte actora, así como a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en calidad de autoridad judicial accionada.

28. Así mismo, se vinculó en calidad de terceros con interés, a la NaciónMinisterio de Defensa – Policía Nacional y a la señora Miriam Guillen Osorio, quienes conformaron los sujetos procesales dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; al Tribunal Administrativo del Cauca, autoridad judicial de primera instancia dentro del citado proceso y; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos y para los efectos previstos en el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012.

29. Adicionalmente, se ofició a la Secretaría General del Consejo de Estado, para que publicara en su respectiva página web copia digital, íntegra, del escrito de tutela y del auto admisorio, con el fin de que cualquier persona que tuviera interés conociera de los referidos documentos y pudiera intervenir en el trámite constitucional de la referencia.

30. También se reconoció personería para actuar, a la abogada Olga Lucía

Londoño Luna, en calidad de apoderada judicial de los señores Juan Gabriel Guillen Osorio y Andrés Felipe Espinosa Guillen. 1.5. Intervenciones Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones: 1.5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

31. Con escrito enviado por correo electrónico el 6 de septiembre de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado que fungió como ponente de la providencia judicial demandada, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela ya que la parte actora lo que pretende es hacer uso del mecanismo constitucional como si se tratara de una tercera instancia al exponer inconformidades respecto del proceso disciplinario que fueron resueltas en el de nulidad y restablecimiento del derecho o, en su defecto, que se denegaran las súplicas de la demanda.

1.5.2. Policía Nacional

32. Con escrito enviado por correo electrónico el 9 de septiembre del 2021, al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, a través del jefe del Área Jurídica, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela ante la ausencia de la vulneración de los derechos fundamentales alegados y de la configuración del defecto fáctico.

33. Expresó que la decisión objeto de reproche fue producto de un ejercicio hermenéutico cercano a la Constitución y al principio de legalidad y, que en este se demostró que la Resolución No. 00038 del 09 de enero de 2012, emitida por el

director general de la Policía Nacional, en el proceso disciplinario estuvo ajustada a las garantías de los d