CE-11001-03-15-000-2021-05637-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO DE PETICIÓN ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Para verificar las omisiones en que había incurrido la Defensoría del Pueblo en el acompañamiento y asesoría

solicitada / SOLICITUD DE INICIAR LAS INVESTIGACIONES

CORRESPONDIENTES SOBRE LAS CONDUCTAS PRESUNTAMENTE

CONSTITUTIVAS DE FALTA DISCIPLINARIA / AUSENCIA DE RESPUESTA DEL DERECHO DE PETICIÓN / REMISIÓN POR COMPETENCIA DEL DERECHO DE PETICIÓN – Al Defensor del Pueblo Seccional del Valle del

Cauca / AUSENCIA DE NOTIFICACIÓN DE LA REMISÓN POR COMPETENCIA

DEL DERECHO DE PETICIÓN / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN A juicio de la parte actora, la Procuraduría General de la Nación no dio respuesta a la solicitud que presentó el 24 de junio de la presente anualidad, por medio de la cual puso en conocimiento la omisión de la Defensoría del Pueblo en contestarle las solicitudes que había elevado ante la misma desde el 9 de mayo de 2021 y de brindarle una asesoría y acompañamiento para defender los derechos de autor que considera vulnerados por el IMCY. En consecuencia, la petición estaba encaminada a que la Procuraduría General de la Nación revisara su caso “sin barreras burocráticas”, verificara las omisiones en que había incurrido la Defensoría del Pueblo en el correcto acompañamiento y le prestara la asesoría solicitada. La Procuraduría se limitó a remitir esta petición, por competencia, al

Defensor del Pueblo – Seccional del Valle del Cauca, pero de esa remisión no informó a la accionante, como era su deber, al tenor de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 con la modificación introducida por la Ley 1755 de 2015, en virtud del cual “ Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente”. El ente de control tampoco adelantó actuación alguna en aras de establecer si la Defensoría del Pueblo había contestado la petición formulada por la actora el 9 de mayo de 2021 en la oportunidad dispuesta por el ordenamiento jurídico ni si se había realizado el asesoramiento solicitado, no obstante que la actora estaba poniendo en su conocimiento situaciones fácticas eventualmente constitutivas de faltas disciplinarias, al tiempo que le estaba manifestando que requería un especial acompañamiento en su caso. En consecuencia, el material probatorio allegado a la presente acción, en especial la petición radicada en la Procuraduría por parte de la accionante y la actuación realizada por el ente de control, llevan a la conclusión de que no se realizaron las actuaciones que estaba llamada a ejecutar con

fundamento en la petición, como eran: i) poner en conocimiento de la parte actora la remisión que efectuó del escrito a la Defensoría del Pueblo, por razón de la competencia; ii) iniciar las investigaciones correspondientes sobre las conductas presuntamente constitutivas de falta disciplinaria que se estaban poniendo en su conocimiento. Esta última actuación resultaba imperativa para el ente de control pues en el escrito que contenía la petición, la [actora] puso en su conocimiento supuestos fácticos violatorios del estatuto disciplinario, que consideró debían ser objeto de investigación. Lo anterior torna imperativo el amparo del derecho de petición, cuyo núcleo esencial se aprecia conculcado por las omisiones señaladas en precedencia y, en consecuencia, se le ordenará a la autoridad accionada que, 1 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia le ponga en conocimiento a la actora la remisión realizada a la Defensoría del Pueblo, por competencia y adopte las decisiones a que haya lugar con respecto a las conductas presuntamente omisivas que le fueron informadas por la actora, según las normas que regulan la materia, contenidas en la Ley 734 de 2002, que aún se encuentra vigente.

ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO DE PETICIÓN ANTE LA DEFENSORÍA DEL

PUEBLO / DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR / AUSENCIA

DE ACREDITACIÓN DE LA PRUEBA DE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR / IMPOSIBILIDAD PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN EN SEDE JUDICIAL – Por parte de la Defensoría del Pueblo incluido el agotamiento de la conciliación prejudicial circunstancia que la entidad puso en conocimiento de la actora / ACREDITACIÓN DE LA RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN – Se le contestaron sus inquietudes tanto por vía telefónica, como a través de un documento que le fue remitido informándole sobre sus derechos / FALTA DE COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO – La existencia de pretensiones económicas hacía imposible la intervención para solicitar la conciliación, pues tales asuntos escapan a la órbita de competencia de la Defensoría del Pueblo que tiene vedado representar intereses civiles, comerciales y, en general, de carácter exclusivamente patrimonial / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES La inconformidad de la parte accionante en relación con esta entidad obedece a que considera que omitió brindarle una asesoría clara, completa y de fondo sobre su caso y solicitar, a través de la defensora pública asignada, audiencia de conciliación, en la que se convocara al Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, con la pretensión de hacer valer sus derechos de autor, con la obtención de una indemnización por concepto de perjuicios materiales y morales y la imposición de la orden de abstenerse de continuar publicando la obra de la que reclama su

autoría. La Sala, al valorar los informes rendidos por los dos defensores públicos a quienes se les asignó el caso, las pruebas relacionadas con el asesoramiento brindado y las manifestaciones expuestas por la tutelante en el escrito inicial y en su intervención con posterioridad al auto admisorio, encuentra que la [actora], desde la petición inicial que radicó ante varias entidades -incluidas el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo y la Defensoría del Pueblo-pretendía obtener una indemnización de los perjuicios que consideró se le ocasionaron por el desconocimiento de los derechos de autor. No obstante ello, no presentó a la administración, a los entes de control ni al juez constitucional que conoce la presente acción, la prueba de la titularidad de los derechos de autor reclamados sobre las dos obras literarias, aun cuando se le requirió, como presupuesto necesario para elevar cualquier reclamación en orden a obtener la reparación de los daños materiales y morales que manifiesta haber sufrido. Tal omisión probatoria, aunada a la existencia de pretensiones de contenido económico, tornaron imposible para la Defensoría del Pueblo ejercer la representación en sede judicial, incluido el agotamiento de la conciliación prejudicial, circunstancia que la entidad puso en conocimiento de la actora, previo asesoramiento en torno a los derechos que contempla la legislación positiva sobre la autoría de obras literarias. En efecto, a la tutelante se le contestaron sus inquietudes tanto por vía telefónica, como a través de un documento que le fue remitido informándole sobre sus derechos. También se le puso de presente que la existencia de pretensiones

2 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co económicas hacía imposible la intervención para solicitar la conciliación, pues tales asuntos escapan a la órbita de competencia de la Defensoría del Pueblo que tiene vedado representar intereses civiles, comerciales y, en general, de carácter exclusivamente patrimonial. Cabe destacar que, fue precisamente con fundamento en el asesoramiento brindado por la Defensoría del Pueblo –además del concepto que recibió la actora de la Dirección Nacional de Derecho de Autorque esta registró sus obras ante la Notaría y la citada DNAU, registro que, si bien no es constitutivo del derecho si le brinda la posibilidad de acreditar la autoría y se le indicó la forma como podía solicitar la protección a través de acciones civiles o del ejercicio de la acción penal, con la posibilidad inclusive de solicitar medidas cautelares encaminadas a que cese la vulneración de sus derechos. En virtud de lo expuesto, la inconformidad de la accionante con la actuación de la Defensoría del Pueblo no se encuentra acreditada, pues, contrario a lo informado en el plenario, obra prueba de habérsele brindado asesoría jurídica, solo que no fue posible materializar una representación judicial o en sede de conciliación, ante la inexistencia de prueba del derecho reclamado y de pretensiones económicas. Por lo anterior, se negará la petición de amparo constitucional, con respecto a la

Defensoría del Pueblo. ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO DE PETICIÓN ANTE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO / ACREDITACIÓN DE LA RESPUESTA DEL DERECHO DE PETICIÓN – La entidad brindó a la actora una respuesta clara, precisa, de fondo y acorde con lo solicitado / IMPROCEDENCIA DE LA

ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE

SUBSIDIARIEDAD / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Ante la Defensoría del Pueblo y en sede de tutela, la accionante manifestó su inconformidad con la respuesta brindada por la entidad en relación con la solicitud que elevó el 9 de mayo de 2021, encaminada, entre otros aspectos, a obtener la indemnización de perjuicios por la divulgación de una obra cuya autoría reclama y de abstenerse de continuar publicando y utilizando en sus actividades culturales. Al respecto, lo primero que advierte la Sala es que la entidad brindó a la actora una respuesta clara, precisa, de fondo y acorde con lo solicitado, en la que contestó cada uno de los aspectos tratados e inclusive realizó con esta una reunión virtual, para complementar las respuestas que suministró en forma escrita, circunstancia que no cuestionó la tutelante, por lo que, la primera conclusión es que el núcleo esencial del derecho de petición no aparece vulnerado por la entidad. Sobre el contenido de la comunicación y la decisión de la institución de no reconocer la indemnización de los perjuicios, hasta tanto no se acredite la autoría de las obras y los mismos sean ordenados por autoridad judicial competente, la

Sala advierte que se trata de un verdadero acto administrativo, porque contiene la voluntad de la administración encaminada a producir efectos en el mundo jurídico, de contenido particular y concreto y, en ese orden, es pasible de control en sede de nulidad y restablecimiento del derecho. Igualmente, los derechos de autor, que subyacen tanto a las peticiones formuladas ante diversos organismos como ante este juez constitucional, tienen la posibilidad de ser reclamados a través de las acciones que contempla la legislación positiva, sobre las cuales se informó ampliamente a la actora por la Dirección Nacional de Derecho de Autor como por la Defensoría del Pueblo. En efecto, se le indicó y se le reitera que las normas sobre derechos de autor, además de las de orden internacional (Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), se encuentran contenidas en la Ley 23 de 3 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1982 –modificada por la Ley 44 de 1995-, norma que en su artículo 9° consagró que la protección que se otorga al autor, tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno y, además, que las formalidades que en ella se establecen son para mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen. Allí quedaron consignadas las acciones con las que cuenta la actora. Por lo expuesto en precedencia, no se evidencia vulneración del

derecho de petición por parte del IMCY y no concurre en presupuesto de subsidiariedad en relación con el contenido de la respuesta, si se tiene en cuenta que la decisión de la Administración en ella contenida es pasible se ser controlada en sede judicial al tiempo que la actora puede agotar las acciones encaminadas a la protección de los derechos de autor que subyacen a su solicitud de protección constitucional, por lo que la petición de amparo se negará con respecto a esta entidad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-05637-00(AC)

Actor: MARÍA ANTONIA CAICEDO ANGULO Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS Temas: Tutela de fondo – Derecho de petición – Derechos de autor.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por la ciudadana María Antonia Caicedo Ángulo, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo 4 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 23 de agosto de 20211 al buzón web de la Oficina de Apoyo Judicial – Reparto de los Juzgados de Familia del Circuito Judicial de Santiago de Cali2, la señora María Antonia Caicedo Angulo, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela3 contra la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la Alcaldía de Yumbo, el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo y la Personería de Yumbo, con el fin de que le sean amparados sus “derechos fundamentales a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, a la “libertad de información”, al “acceso a la administración” y a la “participación ciudadana en la conformación y en el control del poder político”.

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de:  La mora injustificada de la Defensoría del Pueblo para brindarle asesoría jurídica para defender sus derechos de autor ante el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo.  La omisión de responder la petición electrónica que elevó el 24 de junio de 2021 ante la Procuraduría General de la Nación, la cual tenía como objeto que la Defensoría del Pueblo le brindara asesoría jurídica para defender sus derechos de autor.  El contenido de la respuesta dada por el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo,

por no haber reconocido la indemnización de los perjuicios que la actora sufrió como consecuencia de la divulgación de dos obras literarias que reclama como de su autoría. 1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales, en los siguientes términos: “1. Solicito respetuosamente que la PROCURADURÍA conteste sin barreras burocráticas ni administrativas de manera clara, detallada y de fondo el derecho de petición con fecha de 24 de junio de 2021.

2. Solicito respetuosamente que la DEFENSORIA DEL PUEBLO me brinde la oportunidad de tener un acompañamiento y asesoría clara, detallada y de fondo sin barreras burocráticas ni administrativas correspondiente a mi caso como víctima de violación de derechos de autor la cual LA DEFENSORIA DEL PUEBLO evadió excluyéndome y asi mismo intervenga para gestionar de acuerdo a sus 1 Folio 1 del expediente digital de tutela. 2 La acción de tutela fue enviada al buzón web ojrepartocali@cendoj.ramajudicial.gov.co. 3 El 26 de agosto de 2021, la Secretaría General del Consejo de Estado asignó por reparto a este Despacho la solicitud de amparo del vocativo de la referencia. 5 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co funciones la conciliación ante el INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO y la suscrita.”4 (Sic a toda la transcripción)

1.3. Hechos probados y/o admitidos La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. Las accionante manifiesta que en el año 2012 el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo – Valle del Cauca - IMCY publicó, sin su autorización, unos volantes que incluían “dos estrofas de una poesía de mi autoría llamada PACIAMANCAO y una poesía completa también de mi autoría llamada AFRO CON HISTORIA, la cual mutilaron la parte final de la primera estrofa.”

5. El 9 de mayo de 2021, la actora, por medios electrónicos, remitió una solicitud, en ejercicio del derecho de petición, a los siguientes correos

contacto@presidencia.gov.co; quejas@procuraduria.gov.co; valle@defensoria.gov.co; personeria@personeriayumbo@.gov.co; carlos.corredor@derechosdeautor.gov.co; gerencia@imcy.gov.co; comunicaciones@imcy.gov.co; sac@yumbo.gov.co, con asunto: “derecho de petición por el respeto de los derechos de autor y una cultura incluyente”.

6. La petición estaba encaminada a que se resolvieran los siguientes aspectos: i) Que le repararan los daños ocasionados con la publicación; ii) Se retire la publicación “del mercado” y se suspenda su utilización; iii) Se salvaguarde el vínculo entre las obras y su autora; iv) Que se tenga en cuenta a la Agrupación Artística Herencia Cultural de la Fundación Paciamancao en los procesos culturales del IMVY, se les reconozca a los artistas un incentivo económico por los daños que se les han ocasionado y se

les apoye con toda la logística. iv) Que los entes de control actúen frente al caso, sin poner barreras administrativas o burocráticas.

7. La Presidencia de la República le informó a la actora que su mensaje fue recibido y radicado con el No. EXT21-00060722 y le señaló el link en el cual podía consultar el estado de la solicitud -https://psqr.presidencia.gov.co/Publico/FindindexWeb, le suministró la contraseña y le indicó igualmente los canales telefónicos a través de los cuales se podía comunicar.

8. La Dirección Nacional de Derechos de Autor, le manifestó que la solicitud

quedaba radicada bajo el No. 1-2021-46752 y sería resuelta en el término de treinta (30) días, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020. 4 Folio 14 de la demanda de tutela. 6 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9. La Defensoría del Pueblo, mediante comunicación del 21 de mayo de 2021, le informó a la actora sobre la asignación de un defensor público -Davinson Ramírez–, quien atendió la consulta telefónicamente, habiéndose presentado un desacuerdo entre la peticionaria y el profesional asignado por la institución para atender su caso.

10. Como consecuencia de lo anterior, el 26 de mayo de 2021, la señora María

Antonia Caicedo Angulo solicitó a la Defensoría del Pueblo – Seccional del Valle del Cauca que no le asignaran su caso al profesional al que fue inicialmente adjudicado, pues consideraba que no era idóneo, en tanto no era especialista en derecho de autor y su asesoría había sido incompleta y poco cordial. Requirió del organismo la atención por parte de una mujer para garantizar en mayor medida sus derechos.

11. Esta solicitud fue contestada por la Defensoría del Pueblo, entidad que le envió a la accionante el documento radicado 20210060341801551, el 28 de mayo de la presente anualidad, y le prestó asesoría a través de la defensora Olga Jisseth Rentería Mena, quien se comunicó en forma telefónica con la actora y la requirió para que le remitiera todos los documentos y antecedentes del caso.

12. Por su parte, a Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia, contestó la petición referida, mediante comunicación del 27 de mayo de 2021, que contenía un documento adjunto en PDF que contenía el concepto rendido por la institución sobre la temática reseñada.

13. En el referido concepto se aclaró la naturaleza jurídica de la Dirección Nacional de Derecho de Autor – DNDA y se precisaron las funciones, que se enmarcan en el registro de las obras literarias y artísticas, de los actos, contratos y decisiones jurisdiccionales relacionados con los derechos de autor y conexos.

14. La entidad le informó a la peticionaria que no le era dable rendir conceptos que definan o analicen situaciones particulares o concretas, de manera que, únicamente le es posible dar una opinión de manera general y abstracta sobre los

temas que sean preguntados, aportando los elementos de juicio necesarios para que pueda adoptar las medidas, decisiones o acciones que considere convenientes.

15. Con fundamento en lo anterior, trasladó la petición a los demás organismos mencionados por la solicitante, según lo establecido por el artículo “1.21 de la Ley 1755 de 2015”.

16. En el mismo documento, le señaló a la accionante los derechos que se derivan de la autoría de una obra, que son morales y los patrimoniales, siendo los primeros intransferibles, irrenunciables e imprescriptibles. Le informó que, cuando un tercero pretenda adelantar un acto de utilización de una obra artística o literaria, mediante la reproducción, comunicación pública, distribución, transformación, o cualquier otra forma de explotación, debe obtener la previa autorización del titular de los derechos patrimoniales, so pena de incurrir en violación de los derechos de autor.

17. La entidad hizo amplia referencia a las acciones judiciales con las que cuenta el autor de obras literarias para defender sus derechos, tanto en sede civil como 7 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co penal, para lo cual citó las normas y explicó ampliamente el contenido y alcance de estas, precisándole a la parte actora todas aquellas actuaciones que le era dable iniciar para defender sus derechos, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares, así como las autoridades judiciales a las que podía acudir para resolverlas.

18. La entidad también le informó a la accionante sobre el trámite conciliatorio previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 20021, como mecanismo de solución alternativa de conflictos, así como todos los requisitos que debe incluir la solicitud y le expuso ampliamente cada uno de los trámites a seguir.

19. Adicionalmente, la señora Caicedo Angulo aseveró que recibió respuesta del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo – Valle del Cauca – IMCY, con radicado 2021100000791, en el cual la entidad precisó cada uno de los puntos materia de inconformidad y, en su orden, respondió: i) Con respecto a la solicitud de pago de los daños ocasionados con la publicación, indicó que debía mediar orden judicial en la cual se motivara el reconocimiento de los perjuicios morales y su tasación, por lo que no le era posible acceder a esa petición y reconocerlos en forma directa. ii) Sobre la solicitud de retirar la publicación, precisó que la peticionaria no acreditó con copia del respectivo certificado de registro expedido por autoridad competente que es la autora de los escritos y señaló las normas jurídicas que regulan lo relacionado con el registro. Aclaró que la actora tampoco presentó documento alguno que permitiera concluir que es la titular de los derechos de autor sobre las obras literarias que reclama. iii) Señaló las actividades culturales programadas por el organismo que incluyen muestras culturales. iv) Programó una reunión virtual con la accionante para el 1º de julio de 2021 a las 9.a.m., para atender las inquietudes formuladas por la peticionaria.

20. Ante la inconformidad de la actora con la respuesta del IMCY, por considerar que la protección de los derechos de autor no puede estar subordinada al cumplimiento de requisito alguno y mucho menos al registro, esta remitió el documento a la defensora pública asignada para su caso, de quien manifestó no haber obtenido respuesta ni continuado con el asesoramiento requerido.

21. Por lo anterior, el 24 de junio de 2021, remitió una nueva petición a la Procuraduría General de la Nación, con copia a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, poniendo en conocimiento la omisión de la Defensoría del Pueblo en brindarle una asesoría y acompañamiento para defender los derechos de autor que considera vulnerados por el IMCY.

22. Finalmente, la accionante manifestó que el 13 de julio de 2021 registró varias obras literarias, entre las cuales se encuentran PACIAMANCAO y AFRO CON HISTORIA ante la Notaria Quinta del Círculo de Cali y el 17 de agosto de la presente anualidad ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 1.4. Sustento de la solicitud 8 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

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23. La parte actora consideró vulnerados los derechos que reclama con ocasión de la omisión de respuesta por parte de la Procuraduría General de la Nación a la petición formulada el 24 de junio de 2021, el contenido de la respuesta dada por el

Instituto Municipal de Cultura de Yumbo a la petición que formuló, insistiendo en que no autorizó al IMCY para que publicara sus obras las cuales tienen un infinito valor para la autora, quien no ha podido vender los derechos ni publicar la obra por cuanto la misma no es inédita, de tal manera que considera debe ser indemnizada por los perjuicios ocasionados tanto materiales como morales.

24. Adicional a lo anterior, la accionante considera insuficiente la actuación de la Defensoría del Pueblo, por cuanto no ha recibido una asesoría completa, clara y de fondo y no se ha convocado al IMCY a una audiencia de conciliación para que se le reconozcan los perjuicios ocasionados con la publicación de su obra y cesen los efectos de esta divulgación. 1.5. Actuaciones procesales relevantes 1.5.1. Admisión de la demanda

25. Mediante auto del 27 de agosto de la presente anualidad, el despacho ponente admitió la demanda de tutela y dispuso la notificación a la parte actora y i) a la Presidencia de la República, ii) a la Procuraduría General de la Nación, iii) a la Defensoría del Pueblo, iv) a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, v) a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, vi) a la Alcaldía de Yumbo, vii) al Instituto Municipal de Cultura de Yumbo y viii) a la Personería Municipal de Yumbo, como autoridades accionadas.

26. En la misma providencia se dispuso la vinculación de los abogados Davinson Ramírez y Olga Jisseth Rentería Mena, funcionarios de la Defensoría del Pueblo –

Regional Valle del Cauca, quienes fueron designados para brindarle asesoría jurídica a la señora María Antonia Caicedo Angulo para defender sus derechos de autor.

27. Se dispuso la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos y para los efectos dispuestos en el artículo 610 del Código

General del Proceso.

28. En el auto admisorio se consideró que la actora es un sujeto de especial protección constitucional, por su condición de mujer, afrodescendiente, víctima del conflicto armado, según el RUV cuya prueba acompañó con la demanda, por lo que desde ese momento procesal se señaló que el caso se estudiaría con enfoque diferencial para garantizar la justicia material.

29. En consideración a que no obraba en el expediente la petición que la actora afirmó haber enviado a la Procuraduría General de la Nación con copia a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, se requirió a la accionante para que remitiera copia de la solicitud y de la remisión a las referidas autoridades. 1.5.2. Respuesta de la actora al requerimiento 9 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

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30. La accionante remitió la petición que presentó ante la Procuraduría General de la Nación informando lo acaecido con la Defensoría del Pueblo y la omisión de

esta entidad de asesorarla adecuadamente en el agenciamiento de sus derechos. En el escrito que allegó, solicitó al ente de control que se le diera respuesta a la solicitud que presentó el 9 de mayo de 2021 ante la Defensoría del Pueblo, relacionada con la violación de los derechos de autor, al tiempo que puso en conocimiento las posibles irregularidades en que incurrieron los defensores públicos que fueron asignados a su caso, solicitando las investigaciones correspondientes y el acompañamiento, sin barreras administrativas, hasta la solución de su caso. 1.5.3. Informe de las autoridades accionadas y de los terceros vinculados 1.5.3.1. Davinson Ramírez Arias

31. El defensor público inicialmente asignado para atender el caso de la actora, por parte de la Defensoría del Pueblo rindió informe en el cual precisó las funciones que le corresponde cumplir en virtud del contrato de prestación de servicios profesionales que suscribió con la entidad.

32. Precis