CE-11001-03-15-000-2021-05892-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Configurada / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ / DESVINCULACIÓN DEL PROCESO – Procedencia de la solicitud de desvinculación La Sala advierte que resulta necesario resolver la solicitud de desvinculación del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, quien considera que carece de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, las solicitudes realizadas por la accionante fueron efectuadas directamente a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y no a [dicha] entidad. (…) En atención a lo anterior y del material probatorio allegado con la presente acción, la Sala encuentra que le asiste razón al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá al considerar que no tiene legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las solicitudes realizadas por la accionante se dirigieron al correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual es la dirección de contacto de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia como se observa en la página oficial de esta. Aunado a lo anterior, la función consistente en la expedición de las tarjetas profesionales de abogado, se encuentra en cabeza de la Unidad accionada y no del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Así las cosas, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

ACCIÓN DE TUTELA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN DE

TUTELA POR HECHO SUPERADO / TARJETA PROFESIONAL DEL ABOGADO / EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL – Ya fue expedida conforme a la solicitud de la accionante y se encuentra pendiente de entrega / CARÁCTER EXTRAORDINARIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA La ciudadana [M.Y.V.L.] solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, y al libre ejercicio de la profesión y que, como consecuencia de ello, se ordene al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogado y Auxiliares de la Justicia expedir, de manera inmediata, la tarjeta profesional de abogado y hacerle entrega de la misma. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, al contestar la acción de tutela, aseguró que, una vez recibida la totalidad de la documentación pertinente, inscribió en el registro de abogados a la doctora [M.Y.V.L.], asignándole la tarjeta profesional de abogado número 365.918, mediante acta número 14556 de 2 de septiembre de 2021. También indicó que, una vez se cuente con el respectivo plástico, el mismo será enviado a su dirección residencial por correo certificado, a través de la Empresa 4-72 Servicios Postales Nacionales de Colombia S.A. Ahora bien, de las pruebas obrantes en el plenario, la Sala advierte que, en efecto, la entidad accionada, mediante acta número 14556 de 2 de septiembre de 2021, inscribió en el Registro

Nacional de Abogados a la accionante asignándole la tarjeta profesional de abogado número 365.918. En atención a lo anterior, para la Sala resulta dable colegir que, en el curso del trámite de la presente acción de tutela, la entidad accionada satisfizo el objeto de la acción de amparo de la referencia, toda vez que le asignó el número de tarjeta profesional a la abogada [M.Y.V.L.], quien, valga resaltarlo, puede ejercer su profesión con la sola certificación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, lo que permite concluir que se configura el fenómeno jurídico denominado carencia actual de objeto por hecho superado. Con fundamento en la anterior premisa, debe tenerse en cuenta que el artículo 86 de la Carta Política prevé la acción de tutela como un mecanismo por medio del cual se busca la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, amenazados o conculcados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de determinados particulares. Como consecuencia de ello, resulta claro que, al desaparecer las causas o motivos de la afectación, la acción de tutela pierde su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. La Corte Constitucional, ha entendido el concepto de la carencia actual de objeto como «la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados». (…) En ese contexto, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación: 11001-03-15-000-2021-05892-00(AC)

Actor: MARYLYN YULIETH VARGAS LÓPEZ

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE

REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA Y

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE DECLARA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO Sentencia de primera instancia La Sala decide la acción de tutela promovida por la ciudadana Marylyn Yulieth Vargas López en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA La ciudadana Marylyn Yulieth Vargas López solicitó el amparo de sus 1. derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y al libre ejercicio de la profesión, cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en tanto no le ha sido expedida la tarjeta profesional de abogada que solicitó.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

De conformidad con lo planteado por la parte accionante en el escrito de amparo, 2. los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente: Adujo que, mediante mensaje de datos de 5 de marzo de 2021, radicó ante el 2.1. Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, todos los documentos requeridos para la expedición de su tarjeta profesional de abogado. Afirmó que, el 26 de marzo de 2021, recibió un correo electrónico por parte del 2.2. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en el cual se le informaba que la documentación se encontraba incompleta, por lo que procedió a complementarla y enviarla en la misma fecha. Señaló que, el 26 de mayo de 2021, la Unidad de Registro Nacional de 2.3. Abogados y Auxiliares de la Justicia acusó recibo de su solicitud y le informó que esta había sido transferida al personal encargado para su correspondiente trámite. Sostuvo que, el 28 de julio y 19 de agosto de 2021, radicó derechos de petición, 2.4. con miras a que se le entregara información acerca del trámite de expedición de su tarjeta profesional; sin embargo, la entidad accionada solo se limitó a indicar que la solicitud había sido transferida al personal encargado. Indicó que, «el 2 de septiembre ingrese a la página para revisar mi proceso, 2.5. pero hasta el momento no se ha expedido el número de tarjeta profesional».

III. PRETENSIONES

El accionante formuló la siguiente pretensión:

3. […] Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al señor Magistrado TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales invocados ORDENÁNDOLES a las autoridades accionadas tramitar de manera inmediata mi Tarjeta Profesional y realizar la entrega efectivamente

[…].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA Mediante auto de 6 de septiembre de 2021, se admitió la presente acción de 4. tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

V. INTERVENCIONES El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de

5. Abogados y Auxiliares de la Justicia, a través de su directora, rindió informe en el que expuso que la accionante fue inscrita en el registro de abogados, mediante Acta número 14556 de 2 de septiembre de 2021. Señaló que la accionante podrá acceder a la certificación de vigencia de la 6. tarjeta profesional de abogado, la cual puede ser descargada o consultada vía internet a través del servicio de “Certificado de Vigencia”, al que puede acceder cualquier ciudadano o funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co y verificar así la titularidad y vigencia de dicho documento. Así mismo, anexó copia del oficio enviado a la accionante, mediante el cual se 7. le informa respecto del trámite y expedición de su tarjeta profesional de abogado.

Por todo lo anterior, concluyó que no existe vulneración a ningún derecho 8. fundamental, por lo que se debe negar el amparo ante la configuración de un hecho superado. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a través de su secretario 9. general, rindió informe en el que solicitó declarar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, «si bien la accionante en varias partes de sus escrito de tutela asevera haber remitido tanto la documentación como los requerimientos de información ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, lo cierto, es que el correo de correspondencia de esta Corporación es csjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co entre tanto que la parte actora afirma haber efectuado la remisión de los documentos al correo regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co dirección que pertenece precisamente al Registro Nacional de Abogados». En vista de lo anterior, manifestó que «el Consejo Seccional de la Judicatura 10. Bogotá, no tiene ninguna relación directa con los hechos que se enlistan por la parte actora».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1. Competencia Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la acción de 11. tutela promovida por la ciudadana Marylyn Yulieth Vargas López en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela. VI.2. Problemas jurídicos De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde

12. establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Si ello es así, determinar: b) Si la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora, en tanto no ha expedido la tarjeta profesional de abogado que solicitó. 1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.” VI.3. Cuestión Previa La Sala advierte que resulta necesario resolver la solicitud de desvinculación 13. del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, quien considera que carece de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, las solicitudes realizadas por la accionante fueron efectuadas directamente a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y no a dicho entidad.

Ahora bien, se estima pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 13

14. del Decreto 2591, que en lo atinente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente: […] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]. Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 15. 20064, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos: […] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”. (…). [Así mismo], en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta

misma Corporación anotó que: "cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera 4 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño” […]. (negrillas fuera de texto original) En atención a lo anterior y del material probatorio allegado con la presente 16. acción, la Sala encuentra que le asiste razón al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá al considerar que no tiene legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las solicitudes realizadas por la accionante se dirigieron al correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual es la dirección de contacto de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia como se observa en la página oficial de esta. Aunado a lo anterior, la función consistente en la expedición de las tarjetas 17. profesionales de abogado, se encuentra en cabeza de la Unidad accionada y no del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Así las cosas, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación 18. en la causa por pasiva formulada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. VI.4. Caso concreto La ciudadana Marylyn Yulieth Vargas López solicitó el amparo de sus

19. derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, y al libre ejercicio de la profesión y que, como consecuencia de ello, se ordene al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogado y Auxiliares de la Justicia expedir, de manera inmediata, la tarjeta profesional de abogado y hacerle entrega de la misma.

El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de 20. Abogados y Auxiliares de la Justicia, al contestar la acción de tutela, aseguró que, una vez recibida la totalidad de la documentación pertinente, inscribió en el registro de abogados a la doctora Marylyn Yulieth Vargas López, asignándole la tarjeta profesional de abogado número 365.918, mediante acta número 14556 de 2 de septiembre de 2021. También indicó que, una vez se cuente con el respectivo plástico, el mismo será enviado a su dirección residencial por correo certificado, a través de la Empresa 4-72 Servicios Postales Nacionales de Colombia S.A. Ahora bien, de las pruebas obrantes en el plenario, la Sala advierte que, en 21. efecto, la entidad accionada, mediante acta número 14556 de 2 de septiembre de 2021, inscribió en el Registro Nacional de Abogados a la accionante asignándole la tarjeta profesional de abogado número 365.918. En atención a lo anterior, para la Sala resulta dable colegir que, en el curso del 22. trámite de la presente acción de tutela, la entidad accionada satisfizo el objeto de la acción de amparo de la referencia, toda vez que le asignó el número de tarjeta profesional a la abogada Vargas López, quien, valga resaltarlo, puede ejercer su

profesión con la sola certificación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, lo que permite concluir que se configura el fenómeno jurídico denominado carencia actual de objeto por hecho superado. Con fundamento en la anterior premisa, debe tenerse en cuenta que el artículo 23. 86 de la Carta Política prevé la acción de tutela como un mecanismo por medio del cual se busca la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, amenazados o conculcados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de determinados particulares. Como consecuencia de ello, resulta claro que, al desaparecer las causas o motivos de la afectación, la acción de tutela pierde su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial5. La Corte Constitucional, ha entendido el concepto de la carencia actual de 24. objeto como «la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados»6. Ahora bien, el fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de

25. las siguientes figuras: […] (i) Daño consumado (…)

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad,

no se encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991) . Y, 5 Ver sentencia T-472 de 2017. 6 Ver sentencia T-653 de 2017. (iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente […]7. (Negrillas de la Sala) En ese contexto, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho 26. superado, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la solicitud de amparo promovida por la ciudadana Marylyn Yulieth Vargas López, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejera de Estado Consejero de Estado P: (21) 7 Ibidem.