CE-11001-03-15-000-2021-06068-00(AC)

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Cuando se pretende revivir un debate surtido en el proceso ordinario / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL Los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela no solo son una reproducción de los planteamientos que fueron resueltos en la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que corresponden a una discusión eminentemente legal sobre la interpretación de la norma que con base en la jurisprudencia de unificación y con base en los principios de independencia y hermenéutica judicial realizó el juez ordinario quien luego de un riguroso análisis concluyó que Ecopetrol sí llevó a cabo el hecho generador de la contribución. Asimismo, se tiene que los argumentos planteados en sede de tutela, más allá de que pretenden enmarcarse en el cauce de supuestos defectos de tutela contra providencia judicial, se dirigen de manera exclusiva a imponer el criterio de la autoridad demandante con el único y exclusivo fin de manifestar su desacuerdo con la postura vigente, pacífica y reiterada del juez natural de la causa quien en dos instancias abordó el mismo problema jurídico que ahora la tutelante pretende revivir. En este caso para la Sala resulta claro que el interés de la parte actora es que se declare que los contratos celebrados por Ecopetrol SA eran de aquellos suscritos para desarrollar actividades relacionadas con la explotación y exploración de recursos naturales y, por lo tanto, no estaban gravados con la contribución de obra pública; y que se

declarare que las resoluciones demandadas no habían sido proferidas y notificadas dentro del término legal, discusiones que fueron debidamente abordadas, analizadas y resueltas por el juez ordinario sin que le sea dado al juez de tutela inmiscuirse en tales asuntos e imponer su criterio por el solo hecho de que la parte vencida en juicio se encuentra inconforme con esa decisión.(…) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate jurídico procesal que era propio del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia, so pena de desconocer la estructura de la administración de justicia, así como los principios de seguridad jurídica y juez natural; además, no se evidencia prima facie que la accionante haya presentado algún argumento de afectación o vulneración a derechos fundamentales. NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Martín Bermúdez Muñoz, y con salvamento de voto del consejero Alberto Montaña Plata, sin medio magnético a la fecha.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Bogotá, DC, once (11) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06068-00(AC)

Actor: ECOPETROL S.A

Demandado: SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO

La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por intermedio de apoderado judicial por Ecopetrol SA contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa consagrados en el artículo 29 de la Carta Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda Mediante escrito radicado el 7 de septiembre de 2021 Ecopetrol SA presentó acción de tutela en contra de la providencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 11 de marzo de 2021, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa por cuanto a su juicio incurrió en los defectos sustantivo y procedimental.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente: 1) La DIAN expidió 17 resoluciones de determinación de la contribución por contratos de obra pública entre los meses de octubre de 2013 y mayo de 2014, mediante las cuales liquidó el presunto tributo a cargo de Ecopetrol SA por los contratos suscritos en el 2008 y 2009, actos administrativos que fueron objeto del recurso de reconsideración y decididos por la misma entidad de manera negativa. 2) Ecopetrol SA presentó demanda nulidad y restablecimiento en contra de la Nación – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN con el fin de que se declarara la nulidad de 17 resoluciones de determinación de la contribución de los contratos de obra pública; así como de los actos administrativos que resolvieron los recursos de reconsideración contra estas y como restablecimiento del derecho que se ordenara a la entidad demandada declarar a Ecopetrol a paz y

salvo respecto de las sumas objeto de discusión. 3) En la demanda se indicó que las resoluciones demandadas fueron expedidas de forma ilegal por infracción a la Constitución Política, al Estatuto Tributario, a las Leyes 223 de 1995 y 1106 de 2006 y los Decretos 3461 de 2007, 4048 de 2008 y 399 de 2011; de igual manera, se alegó que varios actos de determinación le fueron notificados a Ecopetrol por fuera del plazo del término de cinco años fijado por los artículos 717 y 817 del Estatuto Tributario, contados desde la fecha de suscripción de los contratos. 4) El conocimiento del asunto correspondió a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien mediante providencia del 5 de mayo de 2017 declaró la nulidad parcial de las resoluciones demandadas. 5) Las partes interpusieron recursos de apelación desatados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 11 de marzo de 2021 en la cual revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda con base en las reglas de decisión fijadas por dicha Corporación en la sentencia de unificación 2020-CE-SUJ-SP-001 del 25 de febrero del 2020, exp. 22473, C.P. William Hernández Gómez.

2. El fundamento de la vulneración La parte actora señaló que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa consagrados en el artículo 29 la Carta Política con ocasión del fallo proferido el 11 de marzo de 2021, por cuanto a su

juicio incurrió en los defectos sustantivo y procedimental. Respecto al defecto sustantivo sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció lo establecido en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 pues, Ecopetrol SA como entidad competente para la exploración y explotación de recursos no renovables en el sector de hidrocarburos, así como para el desarrollo de actividades industriales y comerciales propias del mismo sector, está sujeta a leyes especiales y, por ende, excluida de la aplicación del artículo 32 de la referida norma. Resaltó que la autoridad judicial accionada desconoció que existen contratos relacionados con trabajos materiales sobre bienes inmuebles que no son de obra pública sobre los cuales no se causa la contribución de obra pública, como los previstos en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993. En esa medida, señaló que los contratos celebrados por Ecopetrol que dieron origen a los actos demandados se rigen por el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y no por el artículo 32 ibídem aunque estén relacionados con trabajos materiales sobre inmuebles, pues están ligados directamente con la actividad de exploración, explotación y comercialización de recursos naturales no renovables. Manifestó que la autoridad judicial accionada se apartó de la interpretación que del artículo 76 de la Ley 80 de 1993 hizo la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la que dispuso que los contratos celebrados por Ecopetrol SA, en desarrollo de su objeto social, carecen de cláusulas exorbitantes por lo que no hay lugar a la causación de la contribución de obra pública sobre ninguno de ellos. Indicó que son numerosas las sentencias en las cuales se concluyó que los

contratos suscritos por Ecopetrol SA corresponden a actividades relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales, por lo que no se les puede aplicar la contribución de obra pública. Citó como referentes de la interpretación del artículo 76 de la Ley 80 de 1993 la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 31 de mayo de 2018, radicación 2014-00616-01 (22388), CP Milton Chaves García; la sentencia del 3 de mayo de 2018, radicación 2015-01316-01 (23378), CP Stella Jannette Carvajal Basto y la sentencia del 24 de mayo de 2018, radicación 2015-00771-01 (23362), CP Stella Jannette Carvajal Basto, en las cuales se precisó que los contratos suscritos por Ecopetrol SA corresponden a actividades relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales a los cuales no se les puede aplicar la contribución de obra pública. Adujo que el cambio intempestivo y sin fundamento de la línea jurisprudencial al darse aplicación a las reglas dispuestas en la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020 trajo como consecuencia una carga fiscal que Ecopetrol no debería soportar, pues no es sujeto pasivo de la contribución; además, afectó de manera grave e injustificada su competitividad frente a otras empresas del sector y generó para la compañía el pago de intereses de mora de contratos que fueron ejecutados hace más de diez años. Señaló que emplear de manera retroactiva la sentencia de unificación supuso que Ecopetrol debía aplicar ese tributo a los contratos suscritos con anterioridad al

2020, a pesar de que para ese entonces la jurisprudencia establecía que dicha autoridad no estaba sujeta a dicha contribución. Por otra parte, en cuanto a la notificación de los actos de determinación, manifestó que algunos de ellos fueron notificados a Ecopetrol por fuera del plazo de 5 años fijado por el Estatuto Tributario, es decir, cuando ya había operado la prescripción, por lo que fueron expedidos de forma ilegal, situación que no fue tenida en cuenta en la providencia objeto de la tutela. Indicó que en la sentencia se debieron tener en cuenta las reglas establecidas en el artículo 717 del Estatuto Tributario y no las de la prescripción del artículo 2536 del Código Civil pues no se discutió la extinción del derecho del fisco sino de la oportunidad que tiene para determinar la obligación a cargo del contribuyente. Por último, afirmó que la providencia tutelada se limitó a relacionar las reglas planteadas en la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto de la aplicabilidad de la contribución de obra pública, a transcribir los objetos contractuales y a afirmar que se trataba de trabajos materiales sobre bienes inmuebles; sin embargo, no incluyó un análisis particular y específico sobre cada uno de los contratos y de los objetos contractuales para probar y justificar que no se trataban de contratos cuyos objetos estuviesen relacionados con actividades de exploración y producción o conexos, con lo cual desconoció que el elemento de la obligación tributaria debe definirse en función del contrato celebrado y no de la actividad o régimen jurídico

de la entidad de derecho público. En cuanto al defecto procedimental señaló que la autoridad judicial accionada debió hacer un análisis minucioso de cada uno de los contratos celebrados con el fin de evidenciar si se trataba de actividades de producción o exploración de hidrocarburos y no limitarse a aplicar las reglas de la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020.

3. Actuación procesal Mediante auto del 13 de septiembre de 2021 se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación a la Sección Cuarta del Consejo de Estado y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas La magistrada ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado sostuvo que la acción de tutela es improcedente porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional pues el demandante pretende constituir una instancia adicional del proceso en la medida que propone argumentos que ya fueron resueltos por el juez ordinario.

En cuanto al fondo del asunto, indicó que la sentencia no incurre en el defecto sustantivo puesto que la decisión es producto de la interpretación de las disposiciones normativas aplicables al caso debatido y se encuentra conforme con las reglas jurisprudenciales establecidas en la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020, la cual determinó el alcance del hecho generador de la contribución de los contratos de obra pública celebrados con entidades de derecho público. Precisó que era procedente la aplicación de la Sentencia de Unificación de

Jurisprudencia del 25 de febrero de 2020 (expediente 2014-00721), en la medida que esa providencia solo restringió sus efectos a los casos en los que hubiere operado la cosa juzgada por lo que sobre aquellos que se encontraban en discusión judicial, como el presente asunto, debían aplicarse las reglas jurisprudenciales allí señaladas. Afirmó que no se configuraba el defecto procedimental pues en la decisión objeto de la tutela se dio aplicación a las reglas de unificación, para lo cual se partió del análisis de los objetos contractuales establecidos en los contratos discutidos en el proceso, lo que llevó a la Sala a determinar que los mismos cumplían las características establecidas en la sentencia de unificación respecto de los contratos de obra pública gravados con el tributo. La subdirectora de Representación Externa de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN indicó que es evidente que la pretensión del accionante es reabrir la discusión jurídica que fue objeto del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho que fue resuelta de manera desfavorable. Advirtió que en el proceso ordinario la tutelante cuestionó no solo la prescripción para proferir las actuaciones demandadas sino también la interpretación que hizo la administración de los contratos que celebró y que motivaron la causación de la contribución bajo el entendido que, por tratarse de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos no se encontraban sujetos a la contribución, tesis que rechazó el Consejo de Estado, previa consideración que lo relevante era que

se tratara de contratos de obra entendidos como aquellos relacionados con trabajos materiales sobre inmuebles. Resaltó que no existe defecto procedimental pues, contrario a lo señalado por la autoridad accionante, en el fallo objeto de tutela el Consejo de Estado sí analizó el objeto de los contratos debatidos para determinar su naturaleza con fundamento en el cual confirmó que tales contratos eran de obra pública. Puso de presente que en las páginas 7, 8 y 9 de la sentencia objeto de la presente acción la Sección Cuarta del Consejo de Estado discriminó de manera detallada los contratos que fueron objeto de determinación de la contribución por contrato de obra pública y señaló en cada uno de ellos su objeto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir recursos ordinarios o extraordinarios, tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos

precluidos o acciones caducadas. De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto En el caso que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a la Sección Cuarta del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y defensa presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 11 de marzo de 2021 pues adolece de los defectos sustantivo y procedimental.

Frente a los defectos procedimental y sustantivo la parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada se apartó de la interpretación que del artículo 76 de la Ley 80 de 1993 hizo la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la que dispuso que los contratos celebrados por Ecopetrol SA, en desarrollo de su objeto social, carecen de cláusulas exorbitantes por lo que no hay lugar a la causación de la contribución de obra pública sobre ninguno de ellos. Señaló que los contratos celebrados por Ecopetrol, que dieron origen a los actos demandados, se rigen por el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y no por el artículo 32 ibidem, aunque estén relacionados con trabajos materiales sobre inmuebles, pues están ligados directamente con la actividad de exploración, explotación y comercialización de recursos naturales no renovables. De igual manera, manifestó que la autoridad accionada debió hacer un análisis minucioso de cada uno de los contratos celebrados con el fin de evidenciar si se

trataba de actividades de producción o exploración de hidrocarburos y no limitarse a aplicar las reglas de la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020. No obstante lo anterior, la Sala advierte que en cuanto a esos defectos no se encuentra superado el requisito de relevancia constitucional por las razones que procederán a exponerse: 1) Para la Sala resulta claro que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite de la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declare que Ecopetrol SA no adeuda suma alguna por concepto de la contribución especial de contratos de obra pública en relación con los actos demandados. 2) Esta Sala denota que en la demanda ordinaria la actora solicitó la nulidad de los actos administrativos de determinación de la contribución de los contratos de obra pública y, a título de restablecimiento, que se ordenara a la DIAN declarar a Ecopetrol SA a paz y salvo respecto de las sumas objeto de discusión. 3) En el escrito de demanda Ecopetrol SA puso de presente que algunas de las resoluciones de determinación demandadas fueron suscritas y notificadas después del vencimiento del término de 5 años que el Estatuto Tributario confirió para determinar oficialmente el tributo, los cuales debían contarse a partir de la suscripción de cada contrato, por lo que dichas obligaciones se encontraban prescritas y, por tanto, no podían ser materia de liquidación o cobro. 4) Asimismo, indicó en idénticos términos que el artículo 76 de la Ley 80 de 1993

excluyó la posibilidad de que Ecopetrol SA, como entidad estatal competente para la exploración y explotación de recursos no renovables en el sector de hidrocarburos y gas, pudiera celebrar contratos de obra pública en los términos del artículo 32 ibidem por lo que respecto a los negocios que esta celebraba nunca se cumplía el hecho generador de obra pública y, por lo tanto, estaba excluida de dicha contribución. 5) Sostuvo que el Consejo de Estado ha reconocido que Ecopetrol SA no puede celebrar contratos de obra pública, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, pues, de conformidad con la voluntad manifiesta del legislador, a través de la Ley 1118 de 2006 y la Ley 1150 de 2007, se le excluyó de la aplicación de un régimen público de contratación con el fin de permitir el desarrollo del objeto social de dicha sociedad. 6) El conocimiento del asunto correspondió a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien en fallo del 5 de mayo de 2017 declaró la nulidad parcial de los actos administrativos respecto de algunos pagos hechos en virtud de los contratos 4019722 y 4017798 de 2008 y la nulidad total del acto de determinación de la contribución respecto de todos los pagos en el contrato 4017255 del mismo año por haber transcurrido más de 5 años entre la fecha del pago y la notificación del acto de determinación. 7) Los recursos de apelación presentados por las partes fueron desatados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 11 de marzo de 2021 en

la cual revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda con base en las reglas de decisión fijadas por dicha Corporación en la sentencia de unificación 2020-CE-SUJ-SP-001 del 25 de febrero del 2020, expediente 22473, CP William Hernández Gómez en la que se estableció i) que el elemento de la obligación tributaria debía definirse en función del contrato celebrado y no de la actividad o régimen jurídico de la entidad de derecho público; i) que los contratos de obra pública y los contratos de que trata el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 -contratos de exploración y explotación de recursos naturales, y las actividades comerciales e industrialesson dos categorías de contratos diferentes en tanto tienen características y finalidades propias que impiden que se trate de un mismo negocio jurídico y iii) que la contribución no grava los contratos referidos en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 por cuanto no corresponden a los de obra pública que son objeto de gravamen en el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006. 8) En esa medida, consideró que se configuraba el hecho generador de la contribución de contratos de obra pública pues los negocios celebrados por Ecopetrol SA pertenecían a la categoría jurídica de “contratos de obra pública” ya que fueron suscritos para la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles que tenían por objeto la construcción, mantenimiento e instalación y no para la exploración y explotación de hidrocarburos. Al respecto, indicó: “[D]el anterior listado se encuentra que los contratos no corresponden a los de exploración y explotación de petróleo,

porque si bien, se relacionan con esas actividades, no tienen por objeto la búsqueda o producción de hidrocarburos, que es la característica principal de este tipo de contratos. Lo que se verifica del objeto de los contratos gravados es que se tratan de un conjunto de obras que tienen como propósito la realización de actividades de construcción, reparación y mantenimiento sobre unos bienes inmuebles. Actividades materiales, que como se indica en la sentencia de unificación, son propias de un contrato de obra. El anterior argumento se refuerza con la precisión realizada en el fallo de unificación en el sentido de que “el hecho de que las obras se practiquen o se relacionen con bienes utilizados en la industria petrolera o en el bienestar de los empleados, no desconoce su naturaleza de contrato de obra pública, porque en este tipo de contrato, lo esencial es que la actividad contratada sea un trabajo material sobre un bien inmueble. Tampoco –la destinación de los inmueblespuede llevar a considerar que se trate un contrato de exploración y explotación, porque estos tienen por objeto específico determinar la existencia, reserva, extracción, y/o la producción del recurso natural”. En consecuencia, respecto de los contratos de obra analizados se configura el hecho generador del tributo. En tal sentido, le asiste razón a la DIAN cuando, con fundamento en los contratos objeto del proceso, determinó que los mismos corresponden a contratos de obra pública gravados con el tributo. Por ese motivo, respecto de esos contratos, a ECOPETROL S.A. le correspondía retener al contratista la contribución de los contratos de obra pública.” (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

1. Por otra parte, explicó con suficiencia y de manera amplia que todas las resoluciones demandadas fueron proferidas dentro de los plazos establecidos en el artículo 2536 del Código Civil pues los 17 contratos gravados con el tributo fueron suscritos entre el mes de febrero de 2008 y mayo de 2009 y la Administración notificó entre los meses de noviembre de 2013 y junio de 2014 los actos de determinación del tributo, de tal manera que la actuación administrativa fue proferida de manera oportuna antes de que culminara el plazo de la prescripción ordinaria. Sobre el particular, dispuso: “[E]n tal sentido, atendiendo la naturaleza de las actuaciones demandadas y conforme con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 418 de 1997, se considera que el término de prescripción para la determinación de la contribución de obra pública corresponde a la prescripción de la acción ordinaria prevista en el artículo 2536 del Código Civil, la cual debe contarse desde la fecha de pago del contrato. De ahí que no sea procedente la declaratoria de prescripción que ordenó el Tribunal sobre ciertos actos porque si bien la demandante invoca la norma civil, lo cierto es que no se está ante una acción ejecutiva (5 años), todo porque en esta oportunidad lo que se busca establecer es el monto de la deuda tributaria.

Así, se advierte que en el presente caso no operó la prescripción, toda vez que los 17 contratos gravados con el tributo fueron suscritos entre el mes de febrero de 2008 y mayo de 2009, respecto de estos se aportaron algunas pruebas de pago de los

años 2008, 2009 y 2010, y la Administración notificó entre los meses de noviembre de 2013 y junio de 2014, los actos de determinación del tributo. De tal manera que, la actuación administrativa fue proferida de manera oportuna, antes de que culminara el plazo de la prescripción ordinaria, diez años, establecido en el artículo 2536 del Código Civil.” (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI) 10) Finalmente, sostuvo que en los actos demandados se explicaron los fundamentos de hecho y derecho que determinaban que se había configurado el hecho generador de la contribución de obra pública respecto de cada uno de los contratos y en atención a su objeto contractual y que ECOPETROL había incumplido con la obligación de retener, consignar, informar y pagar el tributo, por lo que el cargo relativo a la falta de motivación no debía prosperar. 11) Ahora bien, en el memorial de tutela para sustentar la vulneración de los derechos invocados la parte accionante expuso idénticos planteamientos a los que fueron analizados en la segunda instancia del proceso ordinario, dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión eminentemente legal tendiente a determinar: i) si los contratos suscritos por Ecopetrol SA conllevaron a la realización del hecho generador de la contribución de los contratos de obra pública por tratarse de actividades relacionadas con trabajos materiales sobre bienes inmuebles o si, por el contrario, se trataba de actividades relacionadas con la explotación y exploración de recursos naturales a los cuales no se les podía aplicar dicha contribución y ii) si algunos de los actos de determinación fueron notificados a Ecopetrol por fuera del plazo de 5 años fijado la ley, es decir, cuando

ya había operado la prescripción. Al respecto, en el escrito de tutela señaló: “[E]n reiteradas oportunidades se había reconocido por la jurisprudencia que todos los contratos celebrados por Ecopetrol en desarrollo de su objeto social carecen de cláusulas exorbitantes por lo que no hay lugar a la causación de la contribución de obra pública sobre ninguno de los contratos suscritos por Ecopetrol y por ende se encontraba en las mismas condiciones de los particulares que desarrollan actividades propias del sector de hidrocarburos.

2. Se desconoce lo establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 76, pues Ecopetrol como entidad competente para la exploración y explotación de recursos no renovables en el sector de hidrocarburos, así como para el desarrollo de las actividades industriales y comerciales propias del sector, está sujeta a leyes especiales y por ende excluidas de la aplicación del artículo 32 de la mencionada ley 80.

3. Según el Decreto 3461 de 2007, los contratos celebrados por Ecopetrol, al no estar sometidos a procesos de licitación pública o de selección abierta se encuentran excluidos de la contribución de obra pública. Se desconoce la presunción de legalidad del Decreto 3461 de 2007.

4. Ecopetrol no celebra contratos de obras públicas sino contratos para el desarrollo de las actividades de exploración y explotación, transporte y refinación de hidrocarburos.

5. Se desconoce el concepto 063832 de 2008 emitido por la DIAN en el cual se indicó que la contribución de obra pública no es aplicable a los contratos relacionados con la exploración y

explotación de recursos naturales no renovables ni a los contratos relacionados con estas actividades, concepto que ha sido tenido en cuenta por la entidad en otros casos en los cuales la propia DIAN revocó a Ecopetrol actos de determinación de la contribución de obra pública, pues a través de ellos se desarrollan actividades propias del sector. (…) 3.- Los contratos adelantados por Ecopetrol relacionados con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables corresponden a los establecidos en el ya citado artículo 76 de la Ley 80 de 1993 por lo que no son susceptibles de aplicárseles la contribución de obra pública, disposición que fue desconocida por parte de la sala plena al proferir la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020. 4.- La Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta no hizo ningún ejercicio de valoración pr