CE-11001-03-15-000-2021-06131-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA

PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA / RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE MIEMBRO DE LA POLICÍA

NACIONAL POR CONDUCTA IRREGULAR / INEXISTENCIA DE LA

DESVIACIÓN DE PODER / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE

IMPARCIALIDAD / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / DECRETO DE PRUEBA

DE OFICIO / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES La parte actora considera que la sentencia de 10 de junio de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Meta confirmó la decisión de 27 de julio de 2018 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio, que negó las pretensiones de la acción de tutela, incurren en defecto fáctico, en razón a que no se valoraron en debida forma i) la hoja de servicio y las anotaciones negativas registradas en ellas ni la denuncia interpuesta por el accionante contra sus superiores, ii) los testimonios rendidos por los señores [T.S.B.], [J.A.P.T.], [W.R.O.], [J.E.B.] y [N.G.Á.], iii) el informe de contrainteligencia No. 035571/MDCGFM-CE-DIV-4-BR7-BIVAR-S7-27.12 de 24 de junio del 2014 y iv) al decretar

las pruebas de oficio se configuró un rompimiento de los principios de imparcialidad y carga de la prueba. (…) [L]a Sala observa que los reproches formulados por el accionante en el escrito de tutela, independientemente que se invoque el defecto fáctico por indebida valoración, lo que en realidad pretenden es darle continuidad al debate relacionado con el estudio de la presunción de legalidad de Orden Administrativa de Personal No. 1761 de 14 de julio de 2014 y el estudio de las pruebas testimoniales, documentales, la calidad de sujeto consumidor de sustancias alucinógenas y lo relativo a las afirmaciones o negaciones indefinidas, lo cual fue motivo de estudio en el curso del proceso ordinario en sus dos instancias y en el que se concluyó lo siguiente: • De los testimonios practicados y las pruebas documentales aportadas, se evidenció que las anotaciones negativas frente al soldado fueron con anterioridad a la denuncia presentada contra sus superiores, las cuales en algunos casos decidió no firmarlas. • Los elementos de juicio evidenciaban que el actor tenía una falta de disciplina y que consumía sustancias alucinógenas durante sus labores. • Las anotaciones negativas se hicieron con anterioridad a la denuncia que presentó el actor y en medio de ellas se hicieron apuntes positivos frente al accionante, lo que descartó que su desvinculación fuese como retaliación, asunto que también fue abordado en ambas instancias. • El demandante no aportó pruebas que demostrara que estaba catalogado como una patología o enfermedad por el consumo de las mencionadas sustancias y que demostrara las intenciones de que

fuera apoyado en su recuperación para dejar de consumir sustancias psicoactivas. En efecto, se observa que las anotaciones negativas a la hoja de servicio del accionante, las declaraciones [T.S.B.], [J.A.P.T.], [W.R.O.], [J.E.B.] y [N.G.Á.] y el informe de contrainteligencia No. 035571/MD-CGFM-CE-DIV-4-BR7-BIVAR-S727.12 de 24 de junio del 2014, fueron motivo de estudio y análisis por parte de las autoridades judiciales accionadas en sus dos instancias, quienes concuerdan que al estudiar dichos elementos de convicción en conjunto con las demás pruebas que se aportaron al proceso, no se contaba con los elementos de juicio suficientes para demostrar la configuración de la vulneración del debido proceso, la desviación de poder y la falta de competencia y que, en consecuencia, la presunción de legalidad del acto administrativo demandado se mantenía en firme. Aunado a lo anterior, se evidenció que los cargos que plantea el demandante en la solicitud de amparo, bajo la supuesta configuración del defecto fáctico, fueron 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presentados de manera similar en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y en el recurso de apelación, los cuales se estudiaron con suficiencia por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, cuestión diferente es que la parte actora al no estar de acuerdo con la apreciación que se hicieron sobre el material probatorio por parte

de las autoridades judiciales de primera y segunda instancia, presentara la acción de tutela, bajo la supuesta vulneración de derechos fundamentales, lo que no es razón suficiente para omitir el hecho de que el mecanismo de tutela se está utilizando como una instancia adicional, lo que desconoce el requisito de la relevancia constitucional. (…) Por último, respecto al cargo relacionado con el rompimiento de los principios de imparcialidad y carga de la prueba por parte del Tribunal Administrativo del Meta al decretar unas pruebas de oficio en segunda instancia, se observa que dicha autoridad judicial en la sentencia 10 de junio de 2021, explicó que “en aras de impartir justicia material” por auto de 25 de agosto de 2020 ofició a la entidad demandada para que allegara el acto administrativo mediante el cual el comandante del Ejército Nacional delegó en el jefe de desarrollo humano la función de expedir la Orden Administrativa de Personal No. 1761 de 14 de julio de 2014, en la cual se menciona pero no se aportó al proceso. (…) En ese orden de consideraciones, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del Meta explicó que ejerció la facultad de decretar pruebas de oficio en virtud de la justicia material, lo cual se ajusta a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional y no desconoce la garantía del debido proceso del actor, razón por la cual no se evidencia un rompimiento del principio de imparcialidad ni de la carga de la prueba, por lo que respecto de este alegato se negarán las pretensiones. Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto del defecto fáctico, por cuanto se

desatendió el requisito de la relevancia constitucional, toda vez que el actor insiste en el mismo debate de naturaleza litigiosa relacionado con la indebida valoración de i) la hoja de servicios y las anotaciones negativas registradas en ellas, así como la denuncia interpuesta por el accionante contra sus superiores, ii) los testimonios rendidos por los señores [T.S.B.], [J.A.P.T.], [W.R.O.], [J.E.B.] y [N.G.Á.] y iii) el informe de contrainteligencia No. 035571/MD-CGFM-CE-DIV-4BR7-BIVAR-S7-27.12 de 24 de junio del 2014, lo que por contera tiene como propósito continuar con el debate relacionado con la nulidad de la Orden Administrativa de Personal No. 1761 de 14 de julio de 2014 y su reintegro al servicio activo del Ejército Nacional. Por último, negará las pretensiones de la acción en relación con el decreto de las pruebas de oficio ordenada por el Tribunal Administrativo del Meta.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06131-00(AC)

Actor: DANIEL BETANCOURT VALLEJO

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y JUZGADO SEXTO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para anular acto de retiro del servicio. Decreto y práctica de pruebas de oficio en el proceso ordinario. Defectos fáctico, sustantivo y procedimental. Requisito general de la relevancia constitucional SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Daniel Betancourt Vallejo, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la intimidad, supuestamente vulnerados con los fallos de 10 de junio de 2021 y 27 de julio de 2018, respectivamente, por medio de los cuales se negaron las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos El demandante relató que se desempeñó como soldado profesional en el Ejército Nacional en el Batallón de Infantería No. 21 “Batalla Pantano de Vargas”, en el que desarrolló sus labores a cabalidad y nunca fue objeto de investigación penal.

Afirmó que el 25 de julio de 2014, fue notificado de la Orden Administrativa de

Personal No. 1761 de 14 de julio de 2014, mediante la cual se ordenó el retiro del servicio activo en el Ejército Nacional, expedida por el jefe de desarrollo humano en ejercicio de la facultad discrecional. Aseguró que el 27 de junio de 2014, radicó denuncia contra un teniente y cabo segundo por la presunta retención de dineros para víveres frescos, la cual correspondió al Juzgado Noventa y Tres de Instrucción Penal Militar. Señaló que el 12 de febrero de 2015, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se revocara el acto administrativo que retiró del servicio al accionante y se ordenara su reintegro a la institución castrense. Aseveró que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio en sentencia de 27 de julio de 2018, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en que el retiro por decisión discrecional se ajustó a los parámetros establecidos en el artículo 131 del Decreto 1793 de 2000, pues se cumplió el 1 ARTÍCULO 13. RETIRO POR DECISION DEL COMANDANTE DE LA FUERZA. En cualquier momento, por razones del servicio y en ejercicio de su facultad discrecional, el Comandante de la Fuerza podrá retirar del servicio a los soldados profesionales, a solicitud de los Comandantes de la Unidad Operativa respectiva. 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co requisito previo de la solicitud del comandante de la Séptima Brigada, unidad operativa donde estaba asignado el accionante, dirigida al comandante del Ejército Nacional en la que pidió el retiro del servicio activo. Además, constató que el motivo de la desvinculación “fue su consumo de sustancias alucinógenas en momento del servicio, situación que afecta de manera directa el cumplimiento de la misión constitucional del Ejercito Nacional (inciso 2 del artículo 217 de la C.P.), lo que a su vez generaba desconfianza por parte de sus superiores, y justifica el retiro discrecional”. Por último, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Meta por fallo de 10 de junio de 2021, en el sentido de confirmarla íntegramente.

2. Fundamentos de la acción La parte accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la intimidad, con la decisión de 10 de junio de 2021 que confirmó el fallo de 27 de julio de 2018, respectivamente, en tanto mantuvieron la presunción de legalidad del acto administrativo que lo retiró del servicio a pesar que era una persona fármaco-dependiente que necesitaba una atención integral por parte del Estado, y además de probarse que existía una persecución por la denuncia que instauró contra sus superiores.

Sostuvo que las autoridades judiciales incurrieron en defecto fáctico, en razón a

que no se valoró el “material probatorio, desconoció que el suscrito no fue notificado de ninguna de la[s] anotaciones en el folio de vida presentes en la fecha del día 20 de marzo de 2014 al 21 de junio de 2014”. Afirmó que no se estudió en debida forma la hoja de servicios y las anotaciones negativas registradas en ellas ni la denuncia interpuesta por el accionante contra sus superiores, por apropiación de dineros para víveres frescos. Adujo que denunció a sus superiores por las irregularidades que se venían presentando por la apropiación de los dineros destinados a víveres frescos, por lo que existe un nexo de causalidad proveniente de la denuncia y las anotaciones negativas registradas en la hoja de servicios del accionante, lo cual se constituye en una notoria persecución y que no fue valorada en debida forma por las autoridades judiciales. Señaló que se valoraron indebidamente los testimonios de Turnay Sigua Beyarmin, Jorge Alirio Pidiachio Tumay, Walter Rojas Ortiz y Jaime Esteban Barbosa, de los que se evidenciaba que el retiro del servicio del actor fue por retaliación de la denuncia presentada contra sus superiores. Refirió que las sentencias objetadas incurrieron en defecto sustantivo, al considerar que las normas que se aplicaron son regresivas y contrarias a la Constitución Política, pues no se verificó que en el testimonio rendido por el señor Nelson Gómez Ángel se afirmó que al accionante se le vulneraba su derecho a la intimidad, pues “insistía en estar presente y observar directamente que el suscrito DANIEL BETANCOURT VALLEJO recogiese la muestra para el Narcotest,

situación que ante la incomodidad natural y evidente me abstuve de realizarse dicho procedimiento, pues mis partes íntimas estarían al descubierto y en presencia de mi superior, procedimiento que en mi sentir es irregular e indignante”. 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que la farmacodependencia ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad que altera el estado de la persona, al punto que la Corte Constitucional la reconoció como una enfermedad mental que no puede ser reprochada en el escenario laboral, familiar o social, por lo que le corresponde al Estado adelantar programas con la finalidad de brindar un servicio médico indispensable para la vida, integridad física y la dignidad humana de quien sufra de dicha enfermedad. Afirmó que las autoridades judiciales al valorar y estudiar los informes de contrainteligencia No. 035571/MD-CGFM-CE-DIV-4-BR7-BIVAR-S7-27.12 de 24 de junio del 2014, pasaron por alto que al firmar dicho informe no se le indicó que tenía derecho a no autoincriminarse lo que desconoce el artículo 33 de la Constitución Política2. Aseguró que el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en defecto procedimental, en razón a que se desconoció que en el caso concreto se configuraba una negación indefinida en la que “se establece que la carga de la prueba se invierte, correspondiéndole a la parte demandada, en el presente caso, al Ejército Nacional, probar el supuesto de hecho contrario”, sin embargo, el

tribunal accionado decretó pruebas de oficio en la que se requirió a la parte demandada allegar el acto administrativo mediante el cual se delegó la facultad discrecional a las que hacía alusión la Resolución No. 1013 de 22 de junio de 2007. Por último, manifestó que en la segunda instancia se presentó una ruptura de las cargas probatorias, pues con la intromisión del tribunal accionado al decretar las pruebas de oficio se configuró un rompimiento del principio de imparcialidad e igualdad, y asumió la carga probatoria de la entidad demandada quien estaba en la obligación de aportar el acto administrativo que delegó la facultad discrecional, lo que rompe con la garantía del debido proceso.

3. Pretensiones El accionante formuló las siguientes: “1. Sírvase señor Juez a tutelar mi derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, debido proceso, al trabajo, igualdad e intimidad.

2. Como consecuencia de lo anterior, ordene señor Juez, revocar las decisiones

del JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE

VILLAVICENCIO y SALA DE DECISIÓN NO. 2 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META dentro del proceso judicial por nulidad y restablecimiento del derecho bajo el número de radicado 50001-33-33-006-20150008200 y en su defecto dentro de un término prudencial se rehaga la providencia que acoja las pretensiones de la demanda”.

4. Pruebas relevantes Mediante correo electrónico de 13 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Meta allegó copia digital del expediente que contiene el medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el Nº 50001-3333-006-2015-00082-01. 2 ARTICULO 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5. Trámite procesal Por auto de 16 de septiembre de 2021, el despacho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas, así como a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 94656 a 94661 de 21 de septiembre de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión3.

6. Oposición 6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Meta En escrito de 27 de septiembre de 2021, el magistrado ponente de la providencia objetada pidió que se negaran a las pretensiones de la acción de tutela por carecer de fundamento jurídico, además que no cumple el requisito de la relevancia constitucional.

Precisó que se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en razón a que la parte demandante no allegó los medios de prueba necesarios para determinar una desviación de poder u otro tipo de irregularidad en el acto administrativo demandado.

Afirmó que de los testimonios practicados y los documentos aportados se evidenciaron motivos suficientes para el retiro del servicio del accionante, debido al consumo de sustancias psicoactivas, al comportamiento agresivo y a la incitación a la indisciplina y a la desobediencia de sus compañeros. Resaltó que en medio de las anotaciones negativas el accionante obtuvo un concepto positivo, lo que no resultaba consistente con la idea de que existía una persecución tal y como se planteó. Agregó que se encontró que las anotaciones negativas se refieren a que el accionante presentaba: i) indisciplina táctica, ii) ponía en riesgo su propia integridad física y la del resto del personal, iii) fue encontrado fumando sustancias alucinógenas, iv) retó y actuó de forma grosera y agresiva contra el comandante del pelotón y v) incitó a los demás soldados a revelarse contra este. Indicó que dentro de la hoja de servicios se dejó constancia de que el accionante se rehusó a firmar las anotaciones, hecho que provocó una anotación negativa, lo que desvirtúa el argumento de la apelación, según el cual estas sanciones negativas fueron impuestas al demandante sin previa notificación, además que no se demostró que estas no obedecieran a la realidad. Mencionó que la última anotación negativa fue de 21 de junio del 2014, sin embargo, la denuncia se presentó el 27 de junio del 2014, lo que significa que el accionante denunció a sus superiores seis (6) días después de la última anotación negativa, por lo que no es razonable afirmar que dichas anotaciones fueron

consecuencia de la denuncia presentada por el actor, en contra de sus superiores, 3 El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: danielbetancourth35@gmail.com, sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, sac@buzonejercito.mil.co; ceoju@ejercito.mil.co; notificacionesjuridi@ejercito.mil.co, j06admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin06vvc@notificacionesrj.gov.co, usuarios@mindefensa.gov.co y notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co. 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puesto que no es posible que tomaran determinaciones o represalias con ocasión de eventos futuros. Señaló que en el curso del proceso se realizó la valoración del testimonio rendido por el Sargento Primero Luis Gerónimo Sierra Barros, quien manifestó que el mismo señor Daniel Betancourt Vallejo admitió que era consumidor de sustancias psicoactivas. Resaltó que en la declaración del señor Fabian Medina Coronado se manifestó que el retiro ocurrió por los comportamientos del accionante, dentro de éstos la agresión que efectuó en contra del Cabo Quiñones y, además, afirmó que sí tuvo conocimiento de los hechos de la pérdida del dinero, sin embargo, el teniente se comunicó con él para informarle que ya había aparecido. Aseveró que la acción de tutela no cumple con el requisito de la relevancia

constitucional, pues no se avizora argumento alguno en el que se evidencie que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se analizó el retiro discrecional del actor vulneró los preceptos constitucionales. Expresó que el accionante manifestó interponer la acción de tutela como mecanismo transitorio, sin embargo, no probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Finalmente, adujo que el tribunal accionado actuó conforme a la ley, en observancia del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y la sana crítica de los medios de prueba para tomar la decisión objetada. 6.2. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio y la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico 2.1. En el escrito de tutela el accionante hace alusión a los defectos fáctico, sustantivo y procedimental, sin embargo, al exponer sus argumentos, todos están encaminados a demostrar la configuración del defecto fáctico por indebida valoración probatoria, razón por la cual el estudio se abordará bajo la caracterización de esa causal especial de procedencia.

2.2. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 10 de junio de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Meta confirmó la decisión de 27 de julio de 2018 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio, que negó las pretensiones tendientes a revocar la presunción de legalidad del acto administrativo que retiró del servicio al accionante en ejercicio de la facultad discrecional, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la intimidad, 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por cuanto incurren en defecto fáctico, en razón a que no se estudió en debida forma i) la hoja de servicio y las anotaciones negativas registradas en ellas ni la denuncia interpuesta por el ahora demandante contra sus superiores, ii) los testimonios rendidos por los señores Turnay Sigua Beyarmin, Jorge Alirio Pidiachio Tumay, Walter Rojas Ortiz, Jaime Esteban Barbosa y Nelson Gómez Ángel, iii) el informe de contrainteligencia No. 035571/MD-CGFM-CE-DIV-4-BR7BIVAR-S7-27.12 de 24 de junio del 2014 y iv) al decretar las pruebas de oficio se configuró un rompimiento de los principio de imparcialidad y carga de la prueba. De manera previa, la Sala, en tanto fue puesto de presente por el Tribunal Administrativo del Meta en la contestación de la tutela, debe establecer si se

cumple con el requisito general de procedibilidad que deben observar las acciones de tutela contra providencias judiciales, consistente en que el debate que se propone goce de relevancia constitucional.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y

(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones4. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela. En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional. Esta Sala7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. 4 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

5 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 6 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 7 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos

fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces

competentes. Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto 4.1. La parte actora considera que la sentencia de 10 de junio de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Meta confirmó la decisión de 27 de julio de 2018 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio, que negó las pretensiones de la acción de tutela, incurren en defecto fáctico, en razón a que no se valoraron en debida forma i) la hoja de servicio y las anotaciones negativas registradas en ellas ni la denuncia interpuesta por el accionante contra sus superiores, ii) los testimonios rendidos por los señores Turnay Sigua Beyarmin, Jorge Alirio Pidiachio Tumay, Walter Rojas Ortiz, Jaime Esteban Barbosa y Ne