CE-11001-03-15-000-2021-06278-00 (AC)

ACCIÓN DE TUTELA / NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO A LA LIBERTAD

DE INFORMACIÓN / REQUISITO DE RECTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA / PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES La Constitución Política de Colombia, en su artículo 20, garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de fundar medios de comunicación masiva y el derecho a la rectificación de la información en condiciones de equidad. (…) Adicionalmente, la Corte Constitucional ha indicado que el Presidente de la República al ejecutar funciones de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, tiene el deber de mantener informados a los ciudadanos de los asuntos económicos, políticos y sociales que puedan llegar a afectarlos (…) A partir de todo lo anterior, se puede concluir que la libertad de información: (i) es un derecho de doble vía, en la medida en que brinda garantías para informar, y a su vez, para recibir información veraz e imparcial de parte del emisor; (ii) cualquier persona puede solicitar la protección de dicho derecho, toda vez que el sujeto es universal, y (iii) el Presidente de la República, al simbolizar la unidad nacional, tiene el deber de informar a los ciudadanos sobre los asuntos de gran trascendencia, con el fin de promover su participación en la democracia.(…) En dicha oportunidad, la misma Corte también precisó que, por regla general, para la interposición de la acción de tutela en procura de protección del derecho de rectificación de la información en condiciones de equidad, el accionante, como

requisito previo, debe radicar la solicitud de rectificación a la autoridad o particular que emitió la información que este considera debe ser rectificada, ello con la finalidad de que dicho sujeto, sin necesidad de orden judicial y, de ser procedente la rectificación de la información, corrija de forma oportuna la información suministrada masivamente en las mismas condiciones de publicidad y oportunidad en que fue divulgada inicialmente. (…) Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia T-007 de 2020, delimitó aquellos casos en los cuales, pese a no haberse solicitado la rectificación previa de la información a la autoridad o particular emisores de la información, el mecanismo de amparo debía ser estudiado de fondo por el juez de tutela competente, en tanto que podría causarse un perjuicio irremediable al sujeto afectado con la información falsa (…) En síntesis, puede afirmarse que el derecho a la rectificación de la información en condiciones de equidad es la garantía fundamental con la que cuentan las personas para obligar, a quien haya difundido información inexacta o errónea, a que corrija sus declaraciones con un despliegue equitativo o igual al que fue utilizado para difundir la información inicialmente, y cuya finalidad es la de reparar oportunamente el derecho individual transgredido o el derecho a ser informado de forma veraz e imparcial. Del mismo modo, es posible colegir que, por regla general, para la interposición de la acción de tutela, cuando se estime transgredido dicho derecho fundamental, es necesario que el accionante haya solicitado previamente la rectificación de la información a la autoridad o particular que emitió

la misma, y que la información haya sido divulgada de forma masiva.

ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL

REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / REQUISITO DE RECTIFICACIÓN DE

INFORMACIÓN FALSA – No acreditado / SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN

POR MEDIOS DIGITALES – Requisitos / SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN POR

MEDIOS DIGITALES – Twitter / FALTA DE PRUEBA DEL PERJUICIO

IRREMEDIABLE

[E]l interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su naturaleza); lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance. (…) Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable. (…) Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala procede a analizar si en el presente asunto la parte actora agotó los medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico para solicitar la protección de su derecho a la rectificación de la información en condiciones de equidad, cuya vulneración

atribuye a la información suministrada por el Presidente de la República en una entrevista publicada el 6 de septiembre de 2021 en el noticiero de la 7:00 de la noche del canal Caracol Televisión S.A. (…) [L]a jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en señalar que, cuando lo pretendido en la acción de tutela es obligar a una autoridad o particular que se rectifique respecto de una información divulgada masivamente por este, la solicitud de rectificación previa dirigida a dicho sujeto se erige como un requisito necesario para la interposición del mecanismo de amparo, salvo en los casos en que se logre demostrar que existe un perjuicio irremediable y que por ello se debe obviar tal exigencia en procura de la protección oportuna de los derechos del tutelante. En ese sentido, se pone de relieve que, aunque la parte actora indicó que radicó solicitud de rectificación de la información en la cuenta twitter del Presidente de la República, doctor [I.D.M.], y que también afirma que esta no le ha sido resulta de fondo, lo cierto es que dicha solicitud no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para ser tramitada como tal y, por ende, el mecanismo de amparo deviene improcedente al no haberse agotado el requisito previo exigido para la interposición de la acción de tutela en procura de la protección del derecho a la rectificación de la información en condiciones de equidad.(…) Cabe poner de relieve que en el presente caso no se reprocha el hecho consistente en que la solicitud de rectificación haya sido radica en la cuenta twitter del Presidente de la República, pues, tal como se desarrollará a continuación, la Corte Constitucional

ha avalado la posibilidad de que las personas puedan radicar peticiones respetuosas con el uso de las tecnologías de la información a través de las redes sociales de las entidades públicas y de los particulares que ejercen funciones públicas, siempre que se cumpla con una serie de condiciones; sin embargo, lo que se advierte en el caso sub examine es que dicha solicitud no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia para ser considerada como una petición propiamente dicha. Sobre el particular, la Sala destaca que la Sala Tercera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante proveído de T-230 de 7 de julio de 2020, indicó cuáles eran los requisitos mínimos exigidos a los particulares para la radiación de peticiones haciendo uso de las redes sociales de las entidades públicas y de los particulares (…) Visto lo anterior, la Sala considera que la solicitud de rectificación radicada por el accionante en el red social twitter del Presidente de la República no cumple con las condiciones impuestas por la jurisprudencia constitucional para su trámite, esto es, porque: i) el mensaje de datos enviado por el accionante no se logra inferir con exactitud cuál es la identidad del sujeto que radica la solicitud; ii) no se evidencia que la cuenta twitter del Presidente de la República haya sido habilitada para la recepción de peticiones o como un medio digital para la comunicación binaria con los particulares, dado que su único fin es transmitir a la ciudadanía las opiniones del presidente de la República frente a las problemáticas del país, las cuales se encuentran relacionadas con el ejercicio de sus funciones, y iii) el objeto de la solicitud rectificación no está debidamente determinado, dado que únicamente se solicita al

Presidente de la República que rectifique una información suministrada en relación con la reconstrucción de la Isla de providencia, sin identificar cuál es la información falsa o errónea que se publicó, cuál es la fecha en la que se divulgó la misma, a través de qué canal masivo de comunicación se emitió la información, en qué consiste y cuál es la falsedad o contradicción de la información. Así las cosas, y ante la omisión de la parte actora consistente en no presentar la solicitud de rectificación previa ante el Presidente de la República, la presente acción constitucional deviene improcedente, comoquiera que el mecanismo de amparo no puede sustituir ni revivir etapas procesales previamente vencidas. Ello en razón a que, el no ejercicio oportuno, adecuado y pertinente de los mecanismos de defensa judicial ordinarios previstos en la ley, no puede ser utilizado como justificación para acudir al juez constitucional con el ánimo de defender un asunto que debió ventilarse en el interior del proceso ordinario. Sumado a lo anterior, la Sala tampoco encuentra que del contenido de la información suministrada por el Presidente de la República en la entrevista de 6 de septiembre de 2021, la cual fue divulgada a través de un canal de televisión masivo, se vean afectados derechos personalísimos del accionante o la causación de algún perjuicio irremediable que haga posible la flexibilización del requisito de procedibilidad mencionado anteriormente. (…) En el caso sub examine, la Sala no advierte que la información dada por el Presidente de la República genere un perjuicio irremediable o atente contra el derecho fundamental a la intimidad del accionante

o de sus familiares, razón por la cual se considera que no se agotó el procedimiento establecido por la jurisprudencia constitucional para la solicitud de rectificación de la información en condiciones de equidad, y, por consiguiente, se declarará improcedente el mecanismo de amparo por no encontrase satisfecho el requisito general de procedencia asociado a la subsidiariedad.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 20 / DECRETO LEY 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 6 / LEY 527 DE 1999 – ARTÍCULO 9 / LEY 1437

DE 2011 – ART+ICULO 16

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06278-00 (AC)

Actor: ANDRÉS LÓPEZ GALLEGO

Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – DECLARA LA IMPROCEDENCIA DEL MECANISMO DE AMPARO – SUBSIDIARIEDADsolicitud previa como requisito de procedencia de la acción de tutela, en tratándose del amparo del derecho de rectificación de la información Sentencia de primera instancia La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el ciudadano Andrés López Gallego en contra del Presidente de la República de Colombia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

El ciudadano Andrés López Gallego solicitó el amparo de su derecho 1. fundamental a la información veraz y a la rectificación de la información en condiciones de equidad, cuya vulneración le atribuyó a la declaración rendida el 6 de septiembre de 2021, por el doctor Iván Duque Márquez, en su condición de Primer Mandatario de la Nación.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos y razones que 2. motivan el ejercicio de la acción se contraen, en síntesis, a lo siguiente: Manifestó que, el 6 de septiembre de 2021, en la emisión de las 7:00 p.m. del 2.1. programa «Noticias Caracol – Emisión Central» transmitido por el canal de televisión abierta Caracol Televisión S.A., se entrevistó al Presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, con el propósito de que absolviera varios interrogantes formulados por la ciudadanía en general, los cuales estaban relacionados: i) con problemáticas de interés público que se presentan en los diferentes sectores del país, y ii) con cuál ha sido la política estatal implementada por el gobierno del Presidente Duque para dar solución a dichas problemáticas, entre estas, la asociada con la reconstrucción de la Isla de Providencia, con ocasión de los daños económicos y personales surgidos por el paso del huracán «Iota».

2.2. Señaló que, durante la transmisión en vivo de dicho programa de televisión, el 2.3. señor Leandro Pájaro Balseiro, en su condición de veedor de las comunidades

afectadas en Colombia por el paso del huracán «Iota», le preguntó al Presidente de la República ¿Cuándo estarán listos los albergues para la población del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ante la llegada de nuevos huracanes? Manifestó que el primer mandatario, en relación con dicha pregunta, la cual fue 2.4. complementada con la afirmación del director de noticias quien le recordó el tema de que «en 100 días se reconstruiría Providencia», contestó haciendo un recuento de los retos que ha enfrentado el Gobierno nacional en el proceso de reconstrucción de la Isla de Providencia y reiteró su compromiso de recuperarla, en la medida de las posibilidades, antes de 2022. Indicó que una de las periodistas del citado noticiero le manifestó al Presidente 2.5. de la República que el anuncio de «reconstrucción en 100 días había sido demasiado optimista» y, que frente a tal afirmación, el jefe de Estado contestó diciendo que: «nunca dijo reconstrucción en 100 días», sino que había hablado de un «plan 100 que contemplaba: remoción de escombros, atención y restablecimiento de los servicios e inicio de la reconstrucción de las viviendas». Señaló que la anterior información se contradice con otras declaraciones rendidas 2.6. por el primer mandatario a finales del año 2020, en las cuales se dijo que la Isla de Providencia sería reconstruida en 100 días, tal como como consta: i) en la entrevista dada a la emisora «La F.M.» de la cadena radial de RCN, el 17 de noviembre de 2020; ii) en la entrevista brindada a RCN Radio el 18 de noviembre de la misma

anualidad; iii) en el programa la señal de la mañana del sistema de medios públicos RTVC para esa misma época1. Agregó que el Gobierno nacional, tiempo después, empezó a matizar las 2.7. primeras declaraciones rendidas por el Presidente en relación con el plan de reconstrucción de 100 días de la Isla de Providencia, reconociendo que la isla no sería reconstruida en el plazo estipulado inicialmente. Para sustentar tal afirmación, el accionante transcribió un aparte de la 2.8. declaración rendida por el ministro de vivienda, doctor Jonathan Tybalt Malagón González, quien durante el programa de «Prevención y Acción» del 17 de noviembre de 2020, manifestó que «[…] “Todas, todas, todas las viviendas de Providencia van a ser intervenidas y restauradas por el Gobierno nacional antes de 2022. Ese proceso comienza de inmediato. Hemos dispuesto la movilización de las primeras 10 viviendas y empezaremos, durante la próxima semana, un ejercicio de concertación con la comunidad respecto a los diseños culturales de las mismas, que nos permitan avanzar de manera muy rápida para que logremos sacar adelante buena parte de estas intervenciones en los primeros 100 días”, dijo2. […]» Agregó el accionante que: «[…] cambiar los planes es legítimo, sin embargo, 2.9. es muy distinto a negar que se afirmó algo cuando realmente si se afirmó. El Presidente efectivamente afirmó que la reconstrucción de la Isla de Providencia tomaría 100 días tal como queda probado en el acápite de anexos, y posteriormente dio información no veraz al afirmar que nunca dijo tal cosa […]».

Expuso que le solicitó al Presidente de la República de Colombia, a través de 2.10. la red social twitter, que rectificara la información dada sobre la reconstrucción de la isla, sin embargo, dicha petición no había sido objeto de pronunciamiento alguno. 1 Aunque el accionante no especificó cuál fue la fecha en la que se llevó a cabo esta última entrevista, se infiere que pudo haber sido rendida a finales del año 2020, poco después de los estragos dejados por el huracán Iota en la Isla de Providencia. 2 Se cita textualmente lo señalado por el accionante. Por último, resaltó que «[…] recibió información no veraz por parte del 2.11. Presidente de la República a propósito de acciones relacionadas directamente con sus funciones y no acciones de su vida personal y a través de un medio de difusión nacional, por lo que se vulnera mi derecho a la información […]».

III. PRETENSIONES El extremo accionante, en su escrito de tutela, formuló la siguiente pretensión: 3. […] Que se ordene al señor IVÁN DUQUE MARQUEZ, en su calidad de Presidente de la República, RECTIFICAR, a través de un medio oficial o de amplia difusión, lo afirmado el 6 de septiembre de 2021 en la noche, y por lo tanto brinde información completa, veraz e imparcial a propósito de sus afirmaciones sobre la reconstrucción de la Isla de Providencia. En especial, que corrija y reconozca que sí afirmó que las labores de reconstrucción en dicha isla tomarían cien días, y que por lo tanto, brinde información veraz e imparcial en su calidad de funcionario público […] (negrillas fuera

del texto).

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA El magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 20 de septiembre de 4. 2021, admitió la acción de tutela en contra del Presidente de la República de Colombia y además, ordenó notificar al Ministerio Público para que, rindiera concepto sobre el particular3.

V. INTERVENCIONES Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y al Ministerio Público, se

5. produjeron las siguientes intervenciones: El Presidente de la República de Colombia, a través de apoderada judicial, 5.1. rindió informe en el que hizo una explicación de las funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Presidente de la República, concluyendo que la primera tiene funciones encaminadas a prestar apoyo logístico y administrativo al Presidente en el cumplimiento de sus funciones, mientras que el Presidente de la República cumple funciones de jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, y que el Gobierno nacional 3 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, «Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones». se constituye con él y el ministro o director del departamento correspondiente, por tanto, quien se hace responsable por cualquier acto son dichos funcionarios y no el Presidente en sí mismo.

Manifestó que el Presidente de la República y la Presidencia de la República 5.2. no son la misma persona, toda vez que el primero tiene calidad de autoridad, mientras que la segunda es una entidad del orden nacional, lo que genera que sus representantes judiciales sean distintos.

Aunado a lo anterior, indicó que la acción de tutela había sido admitida 5.3. respecto del Presidente de la República de Colombia; sin embargo, los hechos en los que se fundamenta la misma, están enfocados a una solicitud realizada a la cuenta personal del Presidente, y por tanto, en este caso el mandatario no estaría representando a la Nación, toda vez que dicha reclamación no se hace en virtud del cumplimiento de sus funciones sino con las actuaciones que este efectúa como ciudadano. En tal contexto, solicita se declare la falta de legitimación en la causa por 5.4. pasiva de la Presidencia de la República y del Presidente de la República, toda vez que: «(i) no representan a la Nación para efectos de la acción de tutela de la referencia, (ii) no tienen funciones que se relacionen con la contestación de solicitudes de retracto de cualquier índole realizadas al Presidente de la República a través de su cuenta personal de las redes sociales». Por último, señaló que el mecanismo de amparo deviene en improcedente, 5.5. comoquiera que el accionante dispone de acciones civiles encaminadas a la obtención del pago de los perjuicios causados por la presunta vulneración del derecho a la información veraz, y, a través de ellos, puede solicitar como medida resarcitoria la rectificación de la información. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto 5.6. en el cual hizo un recuento jurisprudencial del derecho a la libertad de información, en el cual expuso que las alocuciones del Presidente no son absolutamente libres y deben estar enmarcadas en parámetros de objetividad y veracidad; sin embargo, son más laxas cuando se trata de sentar posiciones,

responder críticas o realizar la defensa de la gestión realizada, siempre y cuando haya un mínimo de justificación fáctica y criterios de razonabilidad. Sumado a lo anterior, indicó que, de las pruebas allegadas al plenario, se 5.7. evidenciaba que el accionante hace una comparación aislada de las frases pronunciadas por el Presidente de la República de Colombia, dejando de lado que en las mismas entrevistas el mandatario hacía una explicación de los efectos del huracán «Iota» y la destrucción que había dejado a su paso. Resaltó que en las acciones de tutela «el principio de la carga de la prueba 5.8. implica que aquel que instaura este mecanismo de defensa judicial por estimar vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales, tiene la carga procesal de probar sus afirmaciones», lo cual no ocurre en el presente caso, toda vez que el actor no acreditó la vulneración de su derecho fundamental a recibir información veraz.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1. Competencia de la Sala Esta Sala de Decisión es competente para conocer la acción de tutela 6. presentada por el ciudadano Andrés López Gallego en contra del Presidente de la República, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20215 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20186 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

VI.2. Cuestión previa

La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se ha 7. de resolver, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, a efectos de resolver la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Presidente de la República de Colombia. El artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva,

8. señala expresamente lo siguiente: […] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de 9. noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos: 4 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 5 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario

del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 6 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.” […] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…). Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe

cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño” […]. En primer lugar, la Sala pone de presente que la acción de tutela fue admitida 10. en relación con el Presidente de la República de Colombia, más no en contra del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE-, por lo que no encuentra razón alguna para pronunciarse respecto a la desvinculación de una entidad que no es parte accionada ni vinculada dentro del mecanismo de amparo de la referencia, tal como se evidencia de la parte resolutiva de la providencia que dispuso la admisión, la cual es del siguiente tenor: […] PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela promovida por el ciudadano Andrés López Gallego en contra del Presidente de la República de Colombia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión al doctor Iván Duque Márquez, Presidente de la República de Colombia. También se notificará al agente del Ministerio Público ante esta Sección, para lo de su competencia […] En segundo lugar, la Sala observa que la apoderada judicial del Presidente de 11. la República solicitó la desvinculación del mismo al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, a su juicio, el primer mandatario «(i) no representa a la Nación para efectos de la acción de tutela de la referencia

[y] (ii) no tiene funciones que se relacionen con la contestación de solicitudes de retracto o de cualquier índole realizadas al Presidente de la República a través de su cuenta personal de las redes sociales». 7 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

Aunado a lo anterior, indicó que los hechos de la presente tutela se relacionan 12. con una solicitud realizada por el accionante a la cuenta personal del Presidente, por lo que, en ese caso, el Presidente no representa a la Nación, «sino que ello solo sucede cuando la reclamación se relaciona con sus propias funciones y no con las actuaciones de Iván Duque actuando como ciudadano». Al respecto, la Sala estima pertinente precisar que, si bien es cierto la parte 13. accionante invoca como derecho vulnerado el de recibir información veraz, también lo es que su petición está encaminada a que el doctor Iván Duque Márquez, en su calidad de Presidente de la República, rectifique, «[…] a través de un medio oficial o de amplia difusión, lo afirmado el 6 de septiembre de 2021 en la entrevista concedida para Noticias Caracol, en la cual afirmó que «nunca dijo que reconstruiría Providencia en 100 días […]». En ese sentido, y luego de revisar el material probatorio mencionado por el 14. accionante en su escrito de tutela, la Sala encuentra que la entrevista realizada al mandatario se hizo en su calidad de Presidente de la República de Colombia y no en su condición de ciudadano colombiano. En relación con la función del Presidente de la República de mantener 15. informada a la ciudadanía respecto de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para conjurar crisis humanitarias o de informar sobre medidas administrativas de importancia económica, social o cultural, la jurisprudencia constitucional8 ha señalado que: «el Presidente de la República, tiene el deber de mantener informados a sus conciudadanos en relación con todos los asuntos de

orden económico, político y social», lo que, a su vez, guarda directa relación con la obligación de dar respuesta a las inquietudes que tengan los ciudadanos en relación con la gestión llevada a cabo por el primer mandatario de la Nación. En ese orden de ideas, y de conformidad con la jurisprudencia en cita, la Sala 16. concluye que el Presidente de la República de Colombia si se encuentra legitimado en la causa por pasiva para responder por el objeto de la acción de tutela, toda vez que la presunta vulneración de los derechos invocados se encuentra asociada con una información dada por el jefe del Gobierno Nacional en los medios de comunicación nacional, la cual, a juicio del accionante, es falsa y se contradice con lo señalado por este en otras oportunidades, de allí que el llamado a comparecer al proceso de la referencia sea el Presidente de la República quien, en el ejercicio de sus funciones, fue el que presuntamente vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante. 8 Corte Constitucional, sentencia C-1172 de 2001. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra