CE-11001-03-15-000-2021-06301-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES JUDICIALES / IMPULSO PROCESAL / MORA JUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO SUPERADO / EXPEDICIÓN DE AUTO – Que abre etapa probatoria La parte actora aseguró que el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B vulneró sus derechos fundamentales a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la omisión de: (i) contestar la solicitud de impulso procesal que presentó su apoderado el 27 de septiembre de 2019; y (ii) proferir sentencia de única instancia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Banco Agrario de Colombia S.A. y que se identifica con radicado N° 11001-03-25-000-2015-00352-00. (…) se observa que: (i) el proceso ingresó al despacho para proveer el 15 de agosto de 2015; (ii) el apoderado del demandante presentó un memorial de impulso procesal el 27 de septiembre de 2019; y (iii) el 23 de septiembre de 2021 la magistrada sustanciadora del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B dictó el auto mediante el cual abrió el período probatorio. En ese orden de ideas, se advierte que, si bien el expediente estuvo inactivo por algunos años, lo cierto es que la magistrada sustanciadora, a través del auto del 23 de septiembre de 2021, abrió el período probatorio del proceso y con ello impulsó el trámite judicial. Lo

anterior, significa que en la acción de tutela que ejerció el señor William Javier Pabón Moncada se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, debido a que durante el trámite de la solicitud de amparo la autoridad judicial accionada adoptó una decisión que hizo desaparecer el presupuesto fáctico que motivó la interposición del mecanismo de amparo constitucional. Desde ese panorama, la Sala se abstendrá de hacer algún análisis de fondo, por cuanto cualquier decisión que adopte en relación con la controversia planteada por el tutelante resultaría inane, pues, se reitera que el hecho que generó la presunta vulneración de derechos fundamentales se superó. Por último, conviene resaltar que la magistrada sustanciadora del proceso, en su intervención, aseguró que el expediente “se encuentra en orden de prioridad” y que, una vez culmine el período probatorio y se cumpla con el término de traslado para alegar de conclusión , se dictará sentencia de única instancia “en el menor tiempo posible”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06301-00(AC)

Actor: WILLIAM JAVIER PABÓN MONCADA Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B Temas: Tutela de fondo – peticiones respetuosas presentadas en actuaciones judiciales – mora judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el señor William Javier Pabón Moncada contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 15 de septiembre de 20211 al buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2, el señor William Javier Pabón Moncada, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de lo siguiente:  La omisión de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez de pronunciarse sobre la solicitud de impulso procesal que presentó su apoderado el 27 de septiembre de 2019, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Banco Agrario de Colombia S.A. y que se identifica con el radicado N° 11001-03-25-0002015-00352-00.  La omisión del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B de proferir sentencia de única instancia, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Banco

Agrario de Colombia S.A. y que se identifica con el radicado N° 11001-0325-000-2015-00352-00.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió: “SEGUNDO: Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO – SECCION (sic) SEGUNDA – {MAGISTRADA} SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, dentro del proceso radicado 11001032500020150035200, para {que} {en} el termino (sic) de cuarenta y ocho (48) horas improrrogables después de la notificación de la 1 Folio 1 del expediente digital de tutela. 2 La acción de tutela fue enviada al buzón web tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co Decisión Judicial, eleve respuesta de fondo respecto de la petición elevada el día 27 de septiembre de 2019, y se profiera sentencia dentro del mismo.” 1.2. Hechos probados y/o admitidos La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. En el año 2005, el señor William Javier Pabón Moncada presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Banco Agrario de Colombia S.A., con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos disciplinarios del 5 de agosto y 12 de noviembre de 2004, a través de los cuales se le sancionó con destitución del cargo3 e inhabilidad general por el término de 10 años.

5. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara reintegrarlo al cargo que venía desempeñando y que se condenara al Banco Agrario de Colombia S.A. a pagarle: (i) los salarios, emolumentos y prestaciones sociales que dejó de percibir “durante la sanción de suspensión –sin solución de continuidad-”; (ii) intereses corrientes, moratorios e indexar con base en el IPC las sumas que le fueran reconocidas; y (iii) perjuicios morales y extra patrimoniales “por valor de 22.000 gramos oro o su equivalente –para todo el núcleo familiar-”.

6. El proceso inicialmente le fue asignado al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, no obstante, por “falta de competencia del Tribunal” el asunto fue tramitado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta.

7. Posteriormente, por medidas de descongestión el expediente fue remitido al Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cúcuta que, mediante auto del 21 de octubre de 2014, declaró su falta de competencia para conocer asunto y, por ello, ordenó remitir el proceso al Consejo de Estado.

8. El expediente le correspondió por reparto la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, autoridad judicial que, mediante auto del 22 de junio de 2015, avocó conocimiento del proceso, decretó la nulidad de todo lo actuado -con excepción de las pruebas practicadas de las que dispuso conservar su validezy dispuso comunicar a las partes del cambio de número de radicado, por cuanto correspondía al “consecutivo de la sección segunda, al tratarse de un

proceso de única instancia”.

9. El 15 de agosto de 2015, el expediente ingresó al despacho para continuar con su trámite.

10. El 27 de septiembre de 2019, el apoderado del señor William Javier Pabón Moncada presentó un memorial con el que solicitó impulso procesal. 3 El cargo que desempeñaba el señor William Javier Pabón Moncada era el de gerente zonal de la ciudad de Cúcuta.

11. La magistrada de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que le corresponde sustanciar el proceso, a través de auto del 23 de septiembre de 2021, accedió al decreto de algunas pruebas solicitadas por las partes y negó otras. 1.3. Fundamentos de la solicitud

12. El señor William Javier Pabón Moncada aseguró que el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B vulneró sus derechos fundamentales a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la omisión de: (i) contestar la solicitud de impulso procesal que presentó su apoderado el 27 de septiembre de 2019; y (ii) proferir sentencia de única instancia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Banco Agrario de Colombia S.A. y que se identifica con radicado N° 11001-03-25-000-2015-00352-00.

13. Manifestó que padecía de hipertensión arterial, dislipidemia con cardiopatía y disminución de densidad ósea. Así mismo, indicó que su médico tratante le diagnosticó “formación lipomatosa de tejidos blandos, en la región supraclavicular

derecha”.

14. Advirtió que tenía 61 años de edad, ha esperado “18 años” a que se haga justicia y que con las tasas actuales de mortalidad producto del contagio a gran escala del virus Covid -19 su esperanza de vida disminuyó.

15. Sostuvo que el plazo que ha transcurrido, desde que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es suficiente para que se profiera una decisión de fondo.

16. Finalmente, transcribió apartes de la sentencia SU-453 de 2020 relacionados con los requisitos para que se configure la mora judicial injustificada y las circunstancias en las que se vulneran los derechos fundamentales de los usuarios de la administración de justicia. 1.4. Trámite de la acción de tutela

17. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del 21 de septiembre de 2021, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como a los magistrados del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, en calidad de autoridades judiciales accionadas.

18. Además, vinculó en calidad de terceros con interés, al Banco Agrario de Colombia S.A. y al abogado Luis Alejandro Corzo Mantilla, por ser el apoderado del señor William Javier Pabón Moncada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N° 11001-03-25-000-2015-00352-00.

1.5. Intervenciones

19. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las

siguientes intervenciones: 1.5.1. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B

20. Con escrito enviado por correo electrónico el 27 de septiembre de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, después de exponer los antecedentes del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales del accionante, por los siguientes motivos:

21. Aclaró que desde el año 2010 los procesos que se promovieron en vigencia del Decreto 01 de 1984, con el fin de que se declarara la nulidad de actos administrativos disciplinarios que hubieren sido expedidos por autoridades del orden nacional, han sido remitidos por competencia a la Sección Segunda del Consejo de Estado para que se tramiten en única instancia.

22. Puso de presente que los 6 despachos que conforman la Sección Segunda del Consejo de Estado recibieron “una enorme cantidad de asuntos similares al del señor William Javier Pabón Moncada” que se estaban tramitando en los 342 juzgados administrativos y 176 despachos de magistrados de tribunales de todo el país, lo que “generó una gran congestión judicial y dificultad para la evacuación de la sustanciación y fallo”.

23. Afirmó que la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de garantizar el derecho a la justicia material de los demandantes, abandonó la tesis de la “infalibilidad de la valoración probatoria de la autoridad disciplinaria” y dispuso que en este tipo de asuntos debía hacerse un análisis integral y pleno de los actos administrativos disciplinarios, por lo que se “elevó la complejidad” de estos

procesos.

24. Precisó que cada despacho de la Sección Segunda del Consejo de Estado debía conocer de: (i) procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos disciplinarios que se tramitan en vigencia del Decreto 01 de 1984 y la Ley 1437 de 2011; (ii) controversias laborales y pensionales de los servidores públicos; (iii) acciones de tutela; (iv) acciones populares y de “cumplimiento”; y (v) pérdidas de investidura de congresistas a través de las Salas

Especiales de Decisión.

25. Puso de presente que el despacho que preside ha realizado un gran esfuerzo para “proveer justicia dentro de los términos establecidos por la ley” y ello lo acreditaba con la siguiente estadística, la cual podía ser corroborada en el sistema de gestión judicial SAMAI4: 4 “SAMAI es un aplicativo web producto de la innovación interna, que recoge las necesidades y las buenas prácticas de gestión judicial; permite gestionar y controlar un expediente judicial desde su inicio hasta su

26. Señaló que actualmente en su despacho hay 1667 procesos ordinarios vigentes y en relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el accionante, aclaró: “Debe señalarse que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde obra como demandante el señor William Javier Pabón Moncada, ha estado bajo estudio del Despacho de tiempo atrás, lo cual dio lugar a que el 23 de septiembre de 2021 se profiriera el auto de apertura al período probatorio –en el que se decretaron y se negaron algunas pruebas solicitadas por las partes-, y luego de agotada esta etapa –la de pruebasse dará traslado para alegar de conclusión –por el término de

10 días-, para pasar a proferir sentencia de única instancia en el menor tiempo posible.”

27. En ese orden de ideas, concluyó que en el caso del tutelante “la mora tiene justificación”.

28. Por otra parte, indicó que cualquier persona tenía derecho a presentar peticiones respetuosas ante los jueces de la República y a obtener respuesta, siempre que el objeto de la solicitud no recayera sobre los procesos que el funcionario judicial tramitara.

29. Ello, por cuanto los jueces únicamente podían pronunciarse sobre los procesos que conocían a través de “autos y sentencias”, y en las etapas procesales correspondientes.

30. En relación con la petición que presentó el señor William Javier Pabón Moncada, aseguró: “Atendiendo a lo anterior y aplicando las reglas jurisprudenciales decantadas en párrafos previos, es claro que para tales efectos el amparó (sic) constitucional resulta improcedente, no sólo porque el ejercicio de que no es adecuado frente a procesos y actuaciones judiciales, sino porque de todas formas existiría carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en que este Despacho a través de auto de 23 de terminación; la incorporación de los antecedentes del expediente digitalizados; notificaciones electrónicas; la participación de sujetos procesales autorizados y el trámite de los expedientes dentro cada despacho; integra en una sola aplicación funcionalidades dispersas y brinda un tablero de control al servidor judicial para el seguimiento de su despacho. Integra otros sistemas internos como la gestión de personal y el sistema de relatoría (…)” septiembre de 2021 –el cual ya fue notificado a las partes por la Secretaría de la

Sección Segundadio impulsó (sic) al proceso judicial contencioso administrativo, al abrir la etapa probatoria y proveer sobre las pruebas solicitadas por las partes”.

31. Por último, advirtió que el proceso del accionante “se encuentra en orden de prioridad”, por lo que una vez se agote la etapa probatoria y se presenten los alegatos de conclusión, se proferirá sentencia de única instancia en el “menor tiempo posible”.

32. Así las cosas, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se negaran las pretensiones de la demanda.

1.5.2. Banco Agrario de Colombia S.A.

33. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de septiembre de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el representante legal para asuntos judiciales de la entidad sostuvo que el banco no había vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

34. Al efecto, precisó que la controversia constitucional planteada por el señor William Javier Pabón Moncada estaba dirigida a cuestionar la presunta mora judicial en la que incurrió el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B al tramitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió, por lo que no se le podía atribuir al banco la transgresión de una garantía constitucional.

35. Por otra parte, indicó que la acción de tutela era improcedente, debido a que el tutelante podía acudir a otros mecanismos de defensa judicial5 y no acreditó que se pudiera configurar un perjuicio irremediable.

36. En ese orden de ideas, pidió que se “negara” la acción de tutela por resultar

improcedente.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

37. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor William Javier Pabón Moncada contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Legitimación en la causa 5 El Banco Agrario de Colombia S.A. no indicó cuáles eran los otros mecanismos judiciales a los que podía acudir el accionante para defender sus derechos fundamentales.

38. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

39. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

40. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T416 de 19976, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye

un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

41. En la sentencia T-086 de 20107, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

42. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 20118, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

43. En la sentencia T-435 de 20169, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 201610, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.11 6 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416 del 28.08.97., M.P. Antonio

Barrera Carbonell. 7 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083 del 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 8 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176 del 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 9 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435 del 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado 10 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454 del 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 11 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 del 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318 del 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los

44. Con fundamento en el marco conceptual expuesto12, la Sala advierte que el señor William Javier Pabón Moncada es el titular de los derechos fundamentales

que reclama, en consideración a que es el demandante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N° 11001-03-25-000-201500352-00.

45. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

46. En relación con la autoridad judicial accionada, se advierte que la demanda se dirigió contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, que le corresponde resolver en única instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el tutelante contra el Banco Agrario de Colombia S.A., por lo que se encuentra legitimado por pasiva. 2.3. Problema jurídico

47. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los informes presentados y el material probatorio recaudado, el problema jurídico que subyace al caso concreto es el siguiente: ● ¿Vulneró el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B los derechos fundamentales a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor William Javier Pabón Moncada, con ocasión de la omisión de: (i) contestar la solicitud de impulso procesal que presentó su apoderado el 27 de septiembre de 2019; y (ii) proferir sentencia de única instancia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Banco Agrario de Colombia S.A. y que se identifica con radicado

N° 11001-03-25-000-2015-00352-00?

48. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

(i) generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho a presentar peticiones respetuosas en actuaciones judiciales; (iii) la mora judicial; (iv) la carencia actual de objeto; y (v) análisis del caso concreto. 2.4. Generalidades de la acción de tutela

49. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 12 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia del 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00. reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

50. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio

como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

51. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

52. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió. 2.5. Derecho a presentar peticiones respetuosas en actuaciones judiciales

53. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha insistido en que existen dos clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de justicia:

I. Aquellas relativas al proceso judicial, que se tramitan de conformidad con el procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley.

II. Las generales, que no tienen incidencia en el proceso judicial y que están reguladas en el Título 2º de la Ley 1437 de 2011.

54. Esta Sección, en sentencia del 25 de enero de 201813, señaló que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado han reiterado que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales

tienen un alcance diferenciado que implica limitaciones. Por tanto, resaltó esta Sala que es necesario diferenciar las siguientes dos clases de solicitudes que se eleven ante los jueces: “(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto; y (ii) Aquellas que, por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 25.01.18., M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02981-00.

55. Por tanto, en la providencia en cita se indicó que, el derecho de petición no procede para solicitar a un funcionario judicial que cumpla con sus funciones jurisdiccionales, debido a que esta es una actuación que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial, puede existir una vulneración a los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sin embargo, en estas situaciones no existe una transgresión del derecho de petición14. 2.6. La mora judicial

56. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es

originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de estos15.

57. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que “atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”16.

58. Aunado a lo anterior, la Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales, ha precisado que: “(…) por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la

resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones” (Negrita y subrayado fuera del texto). 14 Consejo de Estado, Sala de lo Conten