CE-11001-03-15-000-2021-06333-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO SUSTANTIVO / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / PROCESOS

EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCESO EJECUTIVO /

TERMINACIÓN DEL PROCESO POR DESISTIMIENTO TÁCITO /

REVOCATORIA DEL AUTO / REQUISITOS DEL DESISTIMIENTO TÁCITO DE LA DEMANDA – No acreditados / INACTIVIDAD PROCESAL – No acreditada / / ACTUACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Análisis del presunto defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 317 del Código General del Proceso. El actor señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación de las normas jurídicas, al considerar que “[…] hay un defecto sustantivo, pues el Tribunal administrativo dando una interpretación errada de la norma, revoca la decisión del a quo, por considerar que cualquier actuación, inclusive las que desarrolla la parte accionada y las de mera comunicación interrumpe el termino para contabilizar el desistimiento tácito […]”. (…) la Sala advierte que, no se configura la indebida interpretación del artículo 317 del Código General del Proceso, en la medida en que: Teniendo en cuenta que el desistimiento que se decretó en el caso sub examine se derivó de la inactividad procesal y no de la falta de cumplimiento de una carga procesal establecida por la ley o por la autoridad judicial a las partes, el numeral que resulta aplicable a este caso corresponde al numeral 2.° de dicha disposición, de conformidad con el cual no

se distingue entre sí es el ejecutante o el ejecutado quien debería realizar o solicitar actuación alguna para entender que se suspendió el término para decretar el desistimiento. Igualmente, al revisar el contenido de dicha norma y ante la falta de interpretación que al respecto haya establecido el Consejo de Estado, la Sala observa que el artículo 317 no precisa el tipo de actuación que se debe solicitar o realizar para que se suspenda el término respectivo y no se decrete el desistimiento tácito de la demanda. En ese orden de ideas, la Sala advierte que la interpretación que el Tribunal Administrativo del Cesar le dio al artículo 317 del Código General del Proceso, es razonable y atiende el contenido mismo de la norma. En efecto, la Sala observa que ante la renuncia de poder que presentó el apoderado de la parte ejecutada y la aceptación de esa renuncia por parte del Tribunal, era razonable que la autoridad judicial contabilizara desde esa actuación, en este caso, el término de 2 años para determinar si se había configurado o no el desistimiento tácito de la demanda por simple inactividad procesal, más no por falta de cumplimiento de una carga establecida por la ley o la autoridad judicial a alguna de las partes. En esa medida, teniendo en cuenta que i) la norma no distingue frente al tipo de actuación que suspende el término para entender desistida la demanda, ii) tampoco especifica de cuál parte del proceso debe provenir la actuación, iii) no existe interpretación vinculante en la materia dentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y iv) los jueces en sus providencias gozan de autonomía e independencia; la Sala considera que

lo resuelto por el Tribunal se ajustó al artículo 317 del Código General del Proceso y a los presupuestos fácticos y jurídicos propios del caso objeto de análisis. AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - No constituye precedente, en tanto, no es vinculante para la Jurisdicción Contencioso Administrativo Frente al posible desconocimiento del precedente judicial fijado en la sentencia mencionada supra proferida por la Corte Suprema de Justicia, la Sala considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y por la Jurisdicción Ordinaria, no constituyen precedente, en la medida que no es vinculante para la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA / CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO / JUEZ

DISCIPLINARIO / EXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCESO DISCIPLINARIO Análisis de la causal por violación directa de la Constitución. El actor en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial demandada incurrió en una violación directa de la Constitución, no obstante, tal como se advirtió al estudiar los demás defectos planteados en el escrito de tutela, no se acreditó que el juez colegiado vulneró sus derechos fundamentales por haber efectuado una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución o iii) en la solución del caso se

dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional. Finalmente, la Sala advierte que dentro del escrito de tutela el actor propuso un reparo relacionado con una “[…] flagrante violación al código disciplinario del abogado […]” por parte de los apoderados de las partes dentro del proceso ejecutivo de la referencia, frente a lo cual esta Sala no se pronunciara en la medida en que para dicho cuestionamiento el actor debe acudir a un proceso disciplinario ante la autoridad competente, para que sea esta y no el juez de tutela, quien defina lo pertinente. Igualmente, frente al reparo del actor según el cual el Tribunal no se pronunció sobre los argumentos del escrito de apelación, sino que, por el contrario, a su juicio, abordó temas que no fueron tratados por las partes; la Sala advierte que no le asiste razón al tutelante, en la medida en que el Tribunal precisamente estudio el tema principal de la decisión cuestionada, esto es, la configuración o no del desistimiento tácito de la demanda ejecutiva.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO

317

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06333-00(AC)

Actor: MUNICIPIO DE PAILITAS - CESAR

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Temas: Defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas/alcance Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance Causal de violación directa de la Constitución/alcance Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra el Tribunal Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, al proferir el auto de 19 de agosto de 2021, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 200012331006200000776-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, al proferir el auto de 19 de agosto de 2021, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 200012331006200000776-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, Ferretería Industrial, a través de su Representante Legal el señor Geovanni Angarita Ortega, presentó demanda ejecutiva, la cual correspondió al 1 Documento denominado “5_ED_ANEXOS_17_9_20218_(.pdf) NroActua 2” Archivo aportado en forma

digital. Folio 46. Tribunal Administrativo del Cesar, autoridad judicial que, mediante auto de 1 de agosto de 2000, libró mandamiento de pago a favor de “[…] Geovanny Angarita Ortega y/o Ferretería Industrial […]” y en contra del Municipio de Pailitas.

4. Expuso que, a través de auto de 21 de julio de 2006, el Tribunal remitió el expediente de la referencia a la Oficina Judicial para que se hiciera el reparto correspondiente ente los Juzgados Administrativos de Valledupar de conformidad con el Acuerdo núm. PSAA063409 de 9 de mayo de 20062.

5. Señaló que, por reparto judicial, el proceso ejecutivo le correspondió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar, el cual por medio de auto de 21 de septiembre de 2006 avocó conocimiento; sin embargo, conforme con lo dispuesto en el Acuerdo núm. PSAA12-9549 de 21 de junio de 20123, se ordenó remitir el proceso al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar, el cual avocó conocimiento a través de auto de 5 de septiembre de

2012.

6. Manifestó que, mediante auto de 13 de noviembre de 2014, el Juzgado mencionado supra ordenó seguir adelante con la ejecución contra el Municipio de Pailitas y ordenó practicar la liquidación del crédito.

7. Mencionó que, por medio de la providencia de 13 de noviembre de 2015, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar remitió el proceso al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar, de conformidad con

el Acuerdo PSACA015-027 del 11 de noviembre de 2015, autoridad judicial que avocó conocimiento a través de auto de 30 de noviembre de 2015.

8. Adujo que, el 16 de marzo de 2016, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar modificó de oficio la liquidación del crédito.

9. Expuso que, de conformidad con el memorial allegado por la parte demandante dentro del proceso ejecutivo de la referencia, el 8 de febrero de 2018, Juzgado Séptimo decretó “[…] el embargo del remanente que existe o llegase a existir dentro del proceso ejecutivo con radicado 2001-074, seguido por 2 “Por el cual se dictan medidas tendientes a poner en operación los Juzgados Administrativos”. 3 “Por el cual se adoptan medidas transitorias para el fortalecimiento de los despachos que ingresan a la oralidad y se adoptan medidas complementarias en el Distrito Judicial Administrativo de Cesar”. el señor JAMES ENRIQUE ROMERO SÁNCHEZ contra el MUNICIPIO DE PAILITAS, que curse (sic) en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR […]”.

10. Mencionó que, el 8 de marzo de 2019, el Juzgado negó la petición que presentó el apoderado del Municipio de Pailitas relacionada con que se fijara fecha para celebrar audiencia de conciliación, toda vez que, advirtió que con dicha solicitud no se allegó escrito con una propuesta de pago a la parte demandante para que esta decidiera sobre su viabilidad.

11. Indicó que, el 13 de enero de 2020, el apoderado del Municipio de Pailitas

allegó memorial a través del cual renunció al poder otorgado en el proceso de la referencia, frente a lo cual, el Juzgado se pronunció a través de auto de 27 de enero de 2020, en el sentido de admitir la renuncia de poder. Auto de 24 de marzo de 2021 proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 200012331006200000776-00

12. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar dispuso: “[…] PRIMERO: Decretar el desistimiento de la demanda ejecutiva de Ferretería Industrial en contra del Municipio de Pailitas por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar terminado el presente proceso, de acuerdo con lo expuesto.

TERCERO: Levantar las medidas cautelares ordenadas en este asunto. Por

Secretaría Ofíciese […]”.

13. Dentro de sus consideraciones señaló que: “[…] la Corte Suprema en providencia de nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020). Magistrado ponente OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE, STC111912020 Radicación N° 11001-22-03-000-2020-01444-01, señaló lo siguiente acerca del tema […]”. […] “[…] De la lectura anterior, se puede concluir que es una actuación aquella que conduzca a definir las controversias o a poner en marcha los procedimientos necesarios para la satisfacción de las prerrogativas de un proceso, quiere decir esto que no cualquier actuación interrumpe el termino para declarar el desistimiento tácito.

En el caso en concreto encuentra el Despacho que la última actuación efectuada por parte de este fue de fecha 8 de febrero de 2018, por medio del cual se decretó el embargo de un remanente existente con radicado 2001-00074 seguido por el señor James Romero contra el Municipio de Pailitas, por lo que desde esa fecha han trascurrido más de 2 años, razón por la cual es pertinente declarar el desistimiento tácito como lo contempla el literal b del numeral 2 del artículo 317 del C.G.P. Por lo anterior, concluye el Despacho que la mera inactividad del proceso o actuación de cualquier naturaleza, por el periodo de un año genera el desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo, por lo que se declarará el desistimiento tácito del proceso y con esto su terminación. […]”. Auto de 19 de agosto de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 200012331006200000776-01

14. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto de 19 de agosto de 2021, dispuso: “[…] PRIMERO: REVOCAR el auto proferido el 24 de marzo de 2021 por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, a través del cual se declaró terminado el proceso por desistimiento tácito, atendiendo las consideraciones expuestas previamente. […]”.

15. Como fundamento de su decisión manifestó que: “[…] La figura del desistimiento tácito de la demanda es de relativa reciente creación en nuestro ordenamiento jurídico, y básicamente propende por el

cumplimiento de las cargas procesales que le corresponden a las partes dentro de la actuación judicial, de tal suerte que de la inactividad pueda deducir el juez, que es voluntad del obligado a una determinada actuación procesal que se termine el proceso y se ordene su archivo, evitando de esta forma la desidia de las partes y la dilación innecesaria de los procesos judiciales4. En tratándose de procesos ejecutivos tramitados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al existir una remisión permanente a las normas del estatuto procesal ordinario, esta figura ha sido admitida desde la expedición de la Ley 1194 de 2008, en cuanto modificó el contenido del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, ahora retomada por el artículo 317 del Código General del Proceso […]”. […] “[…] Para las demás actuaciones que se tramitan ante esta jurisdicción, la figura fue creada de manera especial en la Ley 1395 de 2009, la cual se ha ido ajustando en las nuevas reglamentaciones que se han ido expidiendo en la materia (actualmente reguladas por los artículos 178, 268 y 280 de la Ley 1437 de 2011), tal y como lo ha destacado el H. Consejo de Estado […]”. 4 Cita del texto original: “De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, se entiende por desistimiento el acto de “. . . [a]bdicar o abandonar un derecho o una acción procesal [. . .]”. […] “[…] En relación con su aplicación en los procesos ejecutivos que cuentan con sentencia ejecutoriada o auto que ordene continuar con la ejecución, además de

que la norma transcrita exige que transcurra un lapso de dos años o más en que el proceso se encuentre “paralizado” (que se reduce a un año en otra clase de actuaciones), prevé que para su declaración no es necesario emitir un auto advirtiendo a las partes sobre su eventual configuración. No obstante, merece especial reflexión que la parálisis de las actuaciones judiciales de esta naturaleza no siempre obedece a causa imputable a las partes, sino a las limitaciones existentes para hacer efectivas las medidas cautelares sobre los bienes y recursos públicos, aspecto en el cual ha hecho énfasis la jurisprudencia para aceptar que en estos casos la aplicación de la figura del desistimiento tácito debe ser excepcional y atender a las circunstancias particulares que se hayan presentado en el asunto, pese a encontrarse superado el término admitido por el legislador para su aplicación. Lo anterior, por cuanto una decisión de esta naturaleza puede conllevar para la parte ejecutante la negación del principio de acceso material a la administración de justicia, aspecto que demanda especial atención en circunstancias como las descritas […]”. […] “[…] En el asunto bajo examen, se cuestiona la decisión adoptada por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, mediante la cual se dio aplicación a la figura del desistimiento tácito de la demanda prevista en el artículo 317 del Código General del Proceso, atendiendo que se advertía inactividad procesal por un lapso superior a un año. Al revisar el expediente remitido en apelación se ha podido constatar que en este proceso se persigue el pago de 37 órdenes de suministro suscritas entre el señor

GEOVANNY ANGARITA ORTEGA y el entonces Alcalde del municipio de Pailitas, por valor determinado en el auto de mandamiento de pago de $8.091.347, que se encontraron debidamente soportadas. La sentencia que resolvió las excepciones propuestas y ordenó continuar adelante con la ejecución data de 13 de noviembre de 2014; en ella adicionalmente se ordenó realizar la liquidación del crédito, la cual fue presentada por la parte actora el 29 de septiembre de 2015, habiendo sido modificada con apoyo en la liquidación realizada por el Contador de esta Corporación, quien determinó que con corte a 3 de agosto de 2015 la obligación ascendía a la suma de $58.113.207,44 ($23.570.917,16 por concepto de capital y $34.542.240,28 por concepto de intereses de mora); este valor fue parcialmente modificado mediante auto de fecha 16 de marzo de 2016 proferido por esta Corporación. Cabe destacar que desde el 17 de agosto de 2000 hasta la fecha, la parte ejecutante ha presentado tres solicitudes de embargo, dos referidas a remanentes de la naturaleza anteriormente descrita, y la última, radicada el pasado 5 de abril de 2021, después de que se interpusiera recurso de apelación en contra del auto apelado, en el cual se resolvió declarar el desistimiento tácito. Este valor ha servido de referente para emitir órdenes de embargo de los remanentes de títulos de depósito judicial constituidos en otros procesos que se tramitan ante esta jurisdicción, sin que hasta la fecha se haya podido hacer efectiva ninguna de ellas por no existir saldos sobre los cuales se dé cumplimiento

a la medida, y pese a que el municipio ha solicitado en dos oportunidades que se cite a audiencia de conciliación, hasta la fecha el ente territorial no ha presentado ninguna propuesta de pago a ser sometida a consideración de la parte ejecutante, en perjuicio de los recursos del ente territorial y de los intereses de la parte actora, que cabe destacar, tampoco ha sido acusiosa en proporcionar los elementos requeridos para adoptar las decisiones que reclama con posterioridad a la adopción de la decisión apelada. Para los efectos de esta decisión, resulta necesario evidenciar el trámite que se le ha dado al proceso ejecutivo desde la fecha que se promovió, pues se destaca que las obligaciones cuyo pago se persigue nacieron entre el 16 de marzo de 1998 y el 21 de septiembre de 1999, sin que hasta la fecha se hayan hecho efectivas, después de transcurridos más de 20 años de trámite […]”. […] “[…] De la consulta hecha sobre el trámite que se ha impartido al proceso, se advierte que la última actuación promovida por la parte ejecutante data de 29 de enero de 2018; en esa oportunidad solicitó el embargo de remanentes de un título de depósito judicial constituido dentro de un proceso ejecutivo que se tramitaba en el Tribunal Administrativo del Cesar, solicitud a la cual accedió la A quo mediante proveído de 8 de febrero de ese mismo año. Si se toma esta última fecha como referente para la contabilización del plazo de dos años fijados en la ley, es claro que a la fecha en que se declaró el desistimiento tácito del proceso ejecutivo (auto de 24 de marzo de 2021), éste se encontraba más que superado.

No obstante lo anterior, con posterioridad a esa fecha, la entidad ejecutada, esto es, el municipio de Pailitas, intervino en varias oportunidades, bien constituyendo nuevo apoderado o solicitando la convocatoria a audiencia de conciliación, que no se ha llevado a cabo por falta de propuesta por parte del ente territorial susceptible de ser sometida a consideración de la parte ejecutante. Por lo que se pregunta la Sala ¿cualquier intervención realizada dentro del trámite procesal impone modificar la fecha tomada como referente para la aplicación del desistimiento tácito de la demanda?. Aun cuando no se conoce posición adoptada por la corte de cierre de esta jurisdicción frente a este interrogante, estima la Sala que la inactividad a la cual se refiere la norma comprende a cualquiera de las partes, por lo que en este caso el plazo de los dos años se ha debido contabilizar no a partir del 8 de febrero de 2018, sino de la fecha en que se radicó la última solicitud por parte del apoderado del ente territorial, quien con fecha 13 de enero de 2020 presentó renuncia al poder conferido, que fue aceptada a través de auto de 27 de enero de ese mismo año. Partiendo de estas premisas, para la Sala es claro que para la fecha en que se declaró el desistimiento tácito de la demanda (auto de 24 de marzo de 2021), aún no había transcurrido el plazo de los dos años de inactividad al que hace mención el artículo 317 del CGP, aplicable en este caso en tanto se está ante proceso ejecutivo en el cual existe orden de continuar con la ejecución impartida desde el 13 de noviembre de 2014. En consecuencia, se revocará el auto apelado y se

ordenará continuar con el trámite del proceso, instando a las partes a cumplir con las cargas procesales, en tanto la mora registrada en el pago de las obligaciones constituidas a favor de FERRETERÍA INDUSTRIAL afecta los recursos del municipio de Pailitas […]”. La solicitud de tutela Pretensiones

16. El actor solicitó en su escrito de tutela: “[…] 1Revocar la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar por ser esta contradictoria del derecho y violatoria de derechos fundamentales.

2Declarar el desistimiento tácito en el proceso de referencia, por la evidente inactividad del ejecutante por más de 3 años […]”.

17. El actor señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación de las normas jurídicas y en la causal de violación directa de la Constitución, al considerar que “[…] hay un defecto sustantivo, pues el Tribunal administrativo dando una interpretación errada de la norma, revoca la decisión del a quo, por considerar que cualquier actuación, inclusive las que desarrolla la parte accionada y las de mera comunicación interrumpe el termino para contabilizar el desistimiento tácito y violación directa de la constitución pues la interpretación dada imposibilita a la entidad el acceso a la figura contemplada en la Ley, aunque el ejecutante perdiera pleno intereses (sic) y dejara pasar 10 años, no podría aplicarse, pues con cada cambio de asesor jurídico conforme a esta interpretación se interrumpiría el termino, dejando abiertos de forma indeterminada los procesos judiciales, congestionando a la administración de justicia y perjudicando a la entidad […]”.

18. Al respecto, manifestó que: “[…] La comunicación de renuncia o de cambio de apoderado NO puede ser tomada como una actuación de la parte ejecutante, pues lo anterior vulnera sustancialmente los derechos de la entidad, obligándola a contratar al mismo abogado de forma consecutiva con el fin de poder tener oportunidad de solicitar el desistimiento tácito.

SÉPTIMO. El término “Actuación” que se contempla en la norma que se refiere al desistimiento tácito, hace referencia a actuaciones tendientes a dar continuidad a la actuación procesal y las debe desempeñar la parte que esté interesada en dicha continuidad, en ese sentido, por tener un ejemplo si la parte ejecutante tenía el deber de solicitar el impulso procesal, no puede tenerse como actuación que interrumpa el desistimiento tácito por un oficio de solicitud de copias del expediente. OCTAVO. Adoptar la postura del tribunal administrativo del Cesar, es eliminar para la entidad toda posibilidad de acceder al desistimiento tácito como terminación anormal del proceso y premiar a la parte que omiten sus deberes procesales de diligencia, ya que todos los años al inicio de la vacancia judicial se enviara renuncia por parte del apoderado del municipio y en inicio de año calendario se aportara nuevo poder por el nuevo apoderado del municipio […]”. […] “[…] En el presente caso, se evidencia que la ultima (sic) actuación del ejecutante correspondió al 29 enero de 2018, realizando una solicitud de entrega de remanentes, solicitud que fue resuelta el 08 de febrero de 2018, desde ese entonces NO HA VUELTO A INTERVENIR EN EL PROCESO hasta el

momento de la declaratoria de desistimiento tácito del proceso es decir el 24 de marzo del año 2021, más de 3 años después. Conforme a lo anterior, es evidente que la defensa del municipio se ve vulnerada por la postura del Tribunal administrativo del Cesar, al considerar que un acto de mera comunicación, como lo es la renuncia del apoderado judicial del municipio puede ser considerado como una actuación procesal que interrumpa la sanción a la inactividad de la parte ejecutada […]”. […] “[…] De igual forma se evidencian vulneraciones al debido proceso, teniendo en cuenta que la apelación del ejecutante se basó únicamente en la supuesta imposibilidad de ejecutar acciones dentro del proceso, problema jurídico que correspondía al tribunal decidir, sin embargo, sin existir pronunciamiento respecto a las actuaciones del apoderado del municipio, señor NEVIO DE JESUS VALENCIA SANGUINO, como generador de interrupción del término para sancionar la inactividad del ejecutante, procede el tribunal en pronunciarse sobre este tema, OMITIENDO los cuestionamientos realizados por las parte y remitiéndose a temas que no fueron tratados por las partes y que por ende NO SE PERMITIO (sic) al ejecutado controvertir. Ante esta irregularidad se suma el hecho de que un miembro de la firma de abogados “Valencia&Gongora”, como lo es el señor “Hernando Gongora Arias” tome sustitución de poder en el proceso, esto toma importancia ya que el otro miembro de dicha firma de abogados es el señor “NEVIO DE JESUS VALENCIA SANGUINO” quien anteriormente fungió como abogado del municipio en el

proceso de referencia y a quien se le atribuyen las actuaciones que según el tribunal administrativo hicieron cesar la sanción por inactividad del ejecutante. Desde esa perspectiva se evidencia una flagrante violación al código disciplinario del abogado […]”. […] “[…] Al encontrarse asesorados por un miembro de la firma a la cual pertenece el anterior apoderado del municipio se genera una desigualdad procesal, ya que se evidencia una desigualdad al tener acceso a todos los conocimiento y defensas planteadas por el municipio en el tiempo que se ejerció como apoderado judicial […]”.

19. Igualmente, adujo que se desconoció la “[…] Sentencia de Tutela, Corte suprema de justicia, STC11191-2020, Radicación n°11001-22-03-000-202001444-01 […]”, por las siguientes razones: “[…] Se vulnera a su vez el principio de seguridad jurídica teniendo en cuenta que con la postura del tribunal administrativo se contraria lo establecido por la corte suprema de justicia al momento de definir cuáles son las actuaciones que interrumpen el termino para declarar el desistimiento tácito, así mismo, se elimina la posibilidad para la entidad de poder hacer uso de esta figura o a su vez se obliga a la entidad a contratar INCLUSIVE en los periodos de vacancia judicial a los apoderados externos y continuar con el mismo apoderado de forma indefinida para poder si quiera aspirar a utilizar dicha figura […]”. […] “[…] Mediante acción de tutela, la corte suprema de justicia analizó una acción de tutela contra providencia judicial que niega la declaración de desistimiento tácito, encontrando el mismo problema jurídico, la determinar con exactitud cuales

“actuaciones” interrumpen el conteo de los términos relacionados con la declaratoria de desistimiento tácito, encontrando que no se puede interrumpir el desistimiento tácito por acciones que no cuenten con fuerza para dar impulso procesal […]”. (Resaltado por la Sala) Actuación

20. El Despacho sustanciador, mediante auto de 24 de septiembre de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar; iii) vinculó al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar, a Geovanny Angarita Ortega y a Ferretería Industrial, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular; y iv) negó la medida provisional solicitada.

Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

21. El Tribunal Administrativo del Cesar solicitó negar la solicitud de amparo, toda vez que, a su juicio, no se configuró el defecto sustantivo que alegó el actor.

Para tal efecto, hizo referencia a los argumentos expuestos en la sentencia cuestionada y expuso que: “[…] estimó la Corporación que la inactividad a la cual se refiere la norma comprendía a cualquiera de las partes, por lo que en este caso el plazo de los dos años se ha debido contabilizar no a partir del 8 de febrero de 2018, sino de la fecha en que se radicó la última solicitud por parte del apoderado del ente territorial, quien con fecha 13 de enero de 2020 presentó renuncia al poder conferido, que fue

aceptada a través de auto de 27 de enero de ese mismo año. Partiendo de estas premisas, para la Corporación fue claro que para la fecha en que se declaró el desistimiento tácito de la demanda (auto de 24 de marzo de 2021), aún no había tran