CE-11001-03-15-000-2021-06397-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA - En relación con los defectos procedimental absoluto y desconocimiento del precedente judicial Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la sentencia de 25 de marzo de 2021 dentro de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 11001-33-36-035-2015-00127-01, incurrió en un defecto sustantivo por indebida aplicación de las normas jurídica, defecto sustantivo por falta de aplicación de las normas jurídica, un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, y en un defecto procedimental absoluto, lo que trajo como consecuencia que se modificara la indemnización de perjuicios pretendida por los actores respecto de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. (…) Los actores afirmaron que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto procedimental absoluto. Al respecto, la Sala advierte que los actores no cumplieron con la carga argumentativa mínima para estructurar el cargo por defecto procedimental absoluto, toda vez que no indicaron específicamente: i) cuáles normas procesales considera que la autoridad judicial demandada no

observó, y en ese sentido, establecer ii) las razones por las cuales consideraban que de manera grosera y arbitraria se desvió completamente del procedimiento establecido en la ley; y iii) que lo anterior trajo como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales invocados supra. (…) Para la Sala los actores no cumplieron con la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no indicaron específicamente cuales fueron las i) reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que mencionó en su escrito de tutela, y mucho menos argumentó que las ii) situaciones fácticas y los iii) problemas jurídicos en ambos casos eran análogos o similares.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE

CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DEFECTO SUSTANTIVO - No

configuración / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Los actores, presentación solicitud de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 25 de marzo de 2021 dentro de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 11001-33-36-035-201500127-01, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. (…) [L]a Sala considera que la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación de las normas jurídicas. Por el contrario, advirtió razonablemente y de conformidad con la ley que, en los casos

en los que la autoridad judicial encuentra acreditado que, en la causación del daño, están involucrados particulares y entidades públicas, la sentencia debe determinar la proporción por la cual deben responder de acuerdo con su influencia causal en la ocurrencia del daño. En ese sentido, se advierte una aplicación razonable del último inciso del artículo 140 de la Ley 1437 por parte de la autoridad judicial demandada en el caso sub examine. Lo anterior, teniendo en cuenta que la decisión que adoptó la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consistió en establecer cuál fue la 2

Núm. único de radicación: 110010315000202106397-00 Actores: Nydia Carolina Tibaduiza Cárdenas y otros injerencia en la acusación del daño antijurídico causado a los actores, por parte de la entidad pública y el particular, implicados en el accidente. Ello para establecer la proporción en la cual la entidad pública debía ser condenada para resarcir dicho perjuicio, análisis que puso de presente que la norma estudiada no contempla la responsabilidad solidaria. Situación que deviene en la imposibilidad de condenar a la entidad pública a resarcir la totalidad del daño, puesto que se encontró probado que su actuar no fue la causa exclusiva del mismo. (…) En suma, para la Sala resulta improcedente la acción de tutela frente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, al defecto fáctico interpretado como defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica, y al defecto procedimental absoluto, alegados por el actor. Asimismo, para la Sala la

autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración del derecho fundamental de los actores.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06397-00(AC)

Actor: NYDIA CAROLINA TIBADUIZA CÁRDENAS Y OTROS

Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Temas: Defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas/alcance Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional Derechos Fundamentales Invocados: i) debido proceso e ii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

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Núm. único de radicación: 110010315000202106397-00 Actores: Nydia Carolina Tibaduiza Cárdenas y otros La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Nydia Carolina Tibaduiza Cárdenas1, Carlos Alfonso Tibaduiza, YNPAT y VTC2, contra la Subsección A de la

Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 25 de marzo de 2021 dentro de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 11001-33-36-035-201500127-01, vulneraron sus derechos fundamentales al invocados supra. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. Los actores, actuando a través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 25 de marzo de 2021 dentro de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 11001-33-36-035-2015-00127-01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. Indicaron que “[…] LEONOR LETICIA CARDENAS PARDO (q,e,p,d), falleció el día 25 de septiembre de 2012, aproximadamente a las 8:30 de la mañana,

cuando se encontraba como peatón en inmediaciones de la av.. Calle 68 Sur Con carrera 49 vía pública de esta ciudad, con ocasión del accidente vehicular 1 Actuando en nombre propio y en representación de su hijo YNPAT. Esta Sala adopta como medida de protección a la intimidad del menor de 18 años relacionado en este proceso la supresión de los datos que

permiten su identificación, razón por la cual, su nombre será reemplazado por las siguientes iniciales YNPAT. 2 Carlos Alfonso Tibaduiza Méndez actuando en nombre propio y en representación de su hija VTC. Esta Sala adopta como medida de protección a la intimidad de la menor de 18 años relacionada en este proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, su nombre será reemplazado por las siguientes iniciales VTC. 4

Núm. único de radicación: 110010315000202106397-00 Actores: Nydia Carolina Tibaduiza Cárdenas y otros ocasionados por los vehículos de placas OBH-776 Y SIR-488, el primero perteneciente a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CUERPPO (sic) DE BOMBEROS DE BOGOTA y el segundo a la empresa de transporte público EXPRESSO BOGOTANO, según constancia expedida por la fiscalía 43 Unidad Primera de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal. […]”.

4. Señalaron que “[…] se encontraba en compañía de su esposo CARLOS ALFONSO TIBADUIZA MENDEZ, quien también resultó lesionado […]”.

5. Afirmaron que la señora Leonor Leticia Cárdenas Pardo “[…] durante la permanencia en la Policía Nacional, nunca recibió el aumento de salario al (sic) equivalente al 30%, por concepto de subsidio familiar, ni la prima de actividad de acuerdo a lo contemplado por la Ley 1214 de 1990 en su artículo 38 […]”.

6. Adujeron que a la “[…] señora LEONOR LETICIA CARDENAS PARDO

(q,e,p,d)., para el momento de su deceso trabajaba desde su hogar cuidando niños y colaborando con los quehaceres de su hogar, contaba con 52 años de edad y gozaba de perfecta salud, física, mental y psíquica […]”.

7. Los actores presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de que: i) se declare responsable de los daños y perjuicios ocasionados con motivo del fallecimiento de la señora Leonor Leticia Cárdenas Pardo y ii) se declare responsable de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de las lesiones sufridas por el señor Carlos Alfonso Tibaduiza Méndez, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 25 de septiembre de 2012.

Asimismo, solicitaron que se condenara a la entidad al pago de una indemnización de perjuicios inmateriales y materiales, presuntamente causados a los demandantes. Sentencia proferida el 17 de junio de 2020 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá dentro de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 110013336035201500127 – 00 5

Núm. único de radicación: 110010315000202106397-00 Actores: Nydia Carolina Tibaduiza Cárdenas y otros

8. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 17 de junio de 2020, decidió: “[…] PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a

BOGOTÁ D.C. – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, por la muerte de la señora LEONOR LETICIA CÁRDENAS PARDO y las lesiones sufridas por el señor CARLOS ALFONSO TIBADUIZA MÉNDEZ, generadas con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 25 de septiembre de 2012; por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a BOGOTÁ D.C. – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ por concepto de DAÑO MORAL derivado de la muerte de la señora Leonor Leticia Cárdenas

Pardo, a realizar los siguientes pagos: Nombre Cantidad en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes Carlos Alfonso Tibaduiza Méndez 100 (cónyuge) Nidya Carolina Tibaduiza Cárdenas 100 (hija) VTC (hija) 100 YNPT (nieto) 50

TERCERO: CONDENAR a BOGOTÁ D.C. – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ por concepto de DAÑO MORAL derivado de las lesiones del señor Carlos Alfonso Tibaduiza

Méndez, a realizar los siguientes pagos: Nombre Cantidad en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes Carlos Alfonso Tibaduiza Méndez 10 (cónyuge) Nidya Carolina Tibaduiza Cárdenas 10 (hija) VTC (hija) 10 YNPT (nieto) 5

CUARTO: CONDENAR a BOGOTÁ D.C. – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ por concepto de LUCRO CESANTE derivado de la muerte de la señora Leonor Leticia Cárdenas Pardo, a realizar el pago en favor de Valentina Tibaduiza Cárdenas por la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($93.475.698), conforme a lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: EXHORTAR a BOGOTÁ D.C. – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, para que, en caso de considerarlo procedente, adelante las gestiones respectivas para obtener la devolución de lo que proporcionalmente les corresponda a los demás sujetos que pudieron intervinieron en la generación del daño, y que ha generado las medidas de reparación contenidas en esta providencia.

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Núm. único de radicación: 110010315000202106397-00 Actores: Nydia Carolina Tibaduiza Cárdenas y otros SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto.

[…]”.

9. Como problema jurídico, planteó el siguiente: “[…] ¿Es factible imputar a Bogotá Distrito Capital – UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, el daño objeto de la demanda consistentes en la muerte de la señora Leonor Leticia Cárdenas Pardo y las lesiones y pérdida de la capacidad laboral sufridas por el señor Carlos Alfonso Tibaduiza Méndez derivadas del

accidente de tránsito ocurrido el 25 de septiembre de 2012 en el que se vio comprometido un vehículo de dicha institución conducido por uno de sus miembros y una buseta de servicio público, o si por el contrario no se presentó responsabilidad del Estado debido a que el hecho puede ser catalogado como culpa exclusiva de un tercero, en este caso, el conductor de la buseta de placas SIR 488? […]”.

10. Como fundamento de su decisión, consideró que: “[…] Examinadas en su conjunto las pruebas obrantes en el expediente, es posible concluir que el vehículo de placas OBH776, de propiedad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, identificado como máquina M-776, se desplazaba el 25 de septiembre de 2012 a atender una emergencia en la transversal 58 # 74-14 del Barrio Sierra Morena en la ciudad de Bogotá.

De dichas pruebas se extrae igualmente que, durante el desplazamiento en mención, la máquina M-776 colisionó con la buseta de servicio público de placas SIR488, en la intersección de la Avenida Calle 68 Sur con Carrera 49 de la ciudad de Bogotá, lo que generó que el segundo vehículo se saliera de la vía y atropellara a los señores Leonor Leticia Cárdenas Pardo y Carlos Alfonso Tibaduiza Méndez, quienes caminaban por el andén. De acuerdo a lo anterior, en primer lugar, es posible afirmar que dado que no existe duda sobre la titularidad del vehículo de placas OBH766 que estuvo involucrado en el accidente de tránsito en el que fueron víctimas los señores

Leonor Leticia Cárdenas Pardo y Carlos Alfonso Tibaduiza Méndez, se presume que la guarda de la actividad peligrosa estaba en cabeza de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos. […]” […] En relación con la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, la entidad accionada alega que está constituido por la imprudencia del conductor de la buseta de servicio público al no cederle el paso a la máquina de bomberos que por estar catalogada como un vehículo de emergencias tiene prelación en el tránsito de las vías terrestres. Por tanto, deberán analizarse los requisitos que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dispuesto para que se exima de responsabilidad a la administración por esta causal. “[…] En cuanto al segundo requisito, se advierte que el hecho de que el conductor del vehículo de placas SIR488 no le haya cedido el paso al camión de bomberos, que de acuerdo al artículo 64 del Código Nacional de Tránsito es un vehículo de emergencias, era imprevisible para la entidad accionada, pues pese a que el conductor de la máquina de bomberos se hubiera representado mentalmente la posibilidad de su ocurrencia y a que aparentemente obrara con diligencia y cuidado al prender la luces y sirenas para anunciar su paso, el hecho acaeció. 7

Núm. único de radicación: 110010315000202106397-00 Actores: Nydia Carolina Tibaduiza Cárdenas y otros En igual sentido, las consecuencias del hecho del tercero resultaron irresistibles para la entidad demandada, por cuanto no le dio tiempo a quien se encontraba conduciendo el vehículo de bomberos de realizar una valoración concienzuda de

las posibles secuelas, ni de discernir con suficiencia las potenciales alternativas para responder a los riesgos desprendidos del desplazamiento de la buseta. En efecto, no existió la posibilidad de mitigar los efectos devastadores, pues los peatones fueron arrollados y la señora Leonor Leticia Cárdenas Pardo murió en el instante, lo cual imposibilitó que se realizaran acciones tendientes a conservar su vida. […]”. […] “[…] Así las cosas, los impactos sufridos por cada uno de los vehículos y la disposición final de éstos luego del choque, permiten concluir que la máquina de bomberos impactó por un costado a la buseta de servicio público y ésta desvió su desplazamiento hacia la acera hasta que se encontró con un poste de alumbrado público y arrolló a los peatones, entre los que se encontraban los demandantes. Ahora bien, no puede pasarse por alto que el artículo 64 del Código Nacional de Tránsito señala que, pese a que los vehículos de emergencia tengan prelación en la circulación, éstos deben reducir la velocidad y constatar que les han cedido el derecho de paso al cruzar una intersección. En ese sentido, teniendo en cuenta que en el presente caso en el lugar de los hechos había una intersección, el conductor del vehículo de bomberos debió cerciorarse que en efecto la totalidad de los vehículos que venían transitando por la Avenida Calle 68 Sur, en sentido occidente – oriente, le habían cedido el paso. Con mayor razón, si se tiene en cuenta que el semáforo que le daba vía a la máquina de bomberos de placas OBH776 estaba de amarillo a verde y, en esa

medida, el vehículo de bomberos no tenía certeza que el semáforo de la vía por la que transitaba la buseta estaba en rojo. Bajo ese entendido, la colisión no hubiera ocurrido si el conductor de la máquina de bomberos se hubiera cerciorado que en efecto la totalidad de vehículos le habían cedido el paso. Por consiguiente, el hecho del tercero no fue la causa exclusiva del accidente y, por ende, tampoco de los daños causados a los demandantes, de manera que no tiene la capacidad de desvirtuar la responsabilidad en cabeza de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá […]”. (Resaltado por la Sala).

11. Respecto de la cuantía de los daños sufridos por los actores dispuso que: “[…] En el presente caso, con los registros civiles obrantes a folios 63 del cuaderno principal y 3 a 4 del cuaderno de pruebas se tienen probados los lazos filiales de Leonor Leticia Cárdenas Pardo, así: Nidya Carolina Tibaduiza Cárdenas (hija); […] (hija); […] (nieto).

A su vez con el acta de matrimonio 10 de diciembre de 1979, suscrita por el Notario Quinto del Círculo de Bogotá (fl. 5 cuaderno de pruebas), se tiene acreditada la relación afectiva conyugal con el señor Carlos Alfonso Tibaduiza Cárdenas. En consecuencia, el pago por daño moral por la muerte de la señora Leonor Leticia Cárdenas Pardo, será el siguiente: 8

Núm. único de radicación: 110010315000202106397-00 Actores: Nydia Carolina

Tibaduiza Cárdenas y otros Nombre Cantidad en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes Carlos Alfonso Tibaduiza Méndez 100 (cónyuge) Nidya Carolina Tibaduiza Cárdenas 100 (hija) […] (hija) 100 […] (nieto) 50 […] Entonces, debido al dolor que el señor Carlos Alfonso Tibaduiza Méndez sufrió al momento del accidente, durante el período que duró en hospitalización y la práctica de terapias, así como las secuelas con las que quedó en su miembro inferior derecho, este estrado judicial reconocerá para él y los demás demandantes, en virtud de los principios de equidad y reparación integral, las siguientes sumas: Nombre Cantidad en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes Carlos Alfonso Tibaduiza Méndez 10 (cónyuge) Nidya Carolina Tibaduiza Cárdenas 10 (hija) […] (hija) 10 […] (nieto) 5 […] De conformidad con la jurisprudencia reiterada y sostenida de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la causación del lucro cesante por muerte se presume en relación con los hijos menores, en virtud de la obligación alimentaria contenida en el numeral 2 del artículo 411 del CC, que se extiende hasta los 25 años, edad en la que, para estos casos, se presume la independencia económica de los hijos no discapacitados, presunciones que, desde luego, son susceptibles de ser desvirtuadas dentro del proceso. En ese sentido, teniendo en cuenta que (i) la menor […] acreditó ser hija de la señora Leonor Leticia Cárdenas Pardo; (ii) demostró que para la fecha de la

muerte de su madre (25 de septiembre de 2012) tenía 15 años, dado que nació el 26 de junio de 1997 (fl. 4 cuaderno de pruebas); y, (iii) la parte demandada no desvirtuó la presunción derivada de la referida obligación alimentaria; el reconocimiento del lucro cesante en favor de la aludida demandante resulta procedente. En lo que respecta a la señora Nidia Carolina Tibaduiza Cárdenas, está demostrado que para el momento del fallecimiento de su madre tenía la edad de 29 años pues nació el 30 de octubre de 1982 (fl. 3 cuaderno de pruebas), razón por la cual no opera la presunción de la obligación alimentaria. Tampoco acreditó alguna condición excepcional, temporal o permanente, que la imposibilitara para obtener por sí misma su sustento o que le impidiera hacerlo a futuro. Por consiguiente, era su carga demostrar la dependencia económica, lo cual no efectuó, de manera que no resulta procedente el reconocimiento del perjuicio material reclamado. Ahora, frente al menor […], nieto de la señora Leonor Leticia Cárdenas Pardo, tampoco se reconocerá el perjuicio correspondiente al lucro cesante, como quiera 9

Núm. único de radicación: 110010315000202106397-00 Actores: Nydia Carolina Tibaduiza Cárdenas y otros que no acreditó la dependencia económica de su abuela, tal como lo ha exigido la jurisprudencia del Consejo de Estado […]”. (Resaltado en el texto original).

Sentencia proferida el 25 de marzo de 2021 por la Subsección A de la

Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 11001-33-36-035-2015-00127-01

12. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 25 de marzo de 2021, decidió: “[…] PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 17 de junio de dos mil veinte (2020) por el Juzgado Cuarto (4) Administrativo del Circuito de Bogotá, y en su lugar quedará así: “PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, por por (sic) la muerte de la señora LEONOR LETICIA CÁRDENAS PARDO y las lesiones sufridas por el señor CARLOS ALFONSO TIBADUIZA MÉNDEZ, generadas con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 25 de septiembre de 2012; por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ por concepto de DAÑO MORAL derivado de la muerte de la señora Leonor Leticia Cárdenas Pardo, a realizar los siguientes

pagos: Demandante Calidad SMLMV Carlos Alfonso Tibaduiza Cónyuge 50 Méndez Nidya Carolina Tibaduiza Hija 50 Cárdenas […] Hija 50 […] Nieto 25

TERCERO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ por concepto de DAÑO MORAL derivado de las lesiones del señor Carlos Alfonso Tibaduiza Méndez, a realizar los

siguientes pagos: Demandante Calidad SMLMV Carlos Alfonso Tibaduiza Cónyuge 5 Méndez Nidya Carolina Tibaduiza Hija 5 Cárdenas […] Hija 5 […] Nieto 2.5 10

Núm. único de radicación: 110010315000202106397-00 Actores: Nydia Carolina Tibaduiza Cárdenas y otros

[…]”.

13. Como problema jurídico, planteó el siguiente: “[…] ¿Si la muerte de la señora LEONOR LETICIA CARDENAS PARDO y las lesiones sufridas por el señor CARLOS ALFONSO TIBADUIZA CARDENAS en accidente de tránsito, fueron consecuencia de una infracción a las normas de tránsito por parte del vehículo de Bomberos o si, por el contrario, se configuró el eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero?

En caso de que se encuentre probada la declaratoria de responsabilidad de la demandada, la Sala deberá determinar ¿Sí procede la modificación de la liquidación de los perjuicios reconocidos por el juez de instancia? […]”.

14. Como fundamento de su decisión, consideró que: “[…] i) En primer lugar, la autoridad de tránsito registró como hipótesis que los vehículos atravesaron el semáforo en rojo, dado que, al tratarse de una intersección, es claro que uno de ellos tenía permitido el paso y el otro no, sin

embargo, no se demostró cuál vehículo fue el infractor y, aunque, el conductor del camión de bomberos sostuvo que realizó el giró cuando el semáforo pasaba de luz amarilla a verde, no hay ninguna prueba que permita verificar esa afirmación. ii) En segundo lugar, se registró que el bus de servicio público viajaba con exceso de velocidad, teniendo en cuenta que, se constató la existencia de una huella de frenado extendida, no obstante, no se demostró a través de una prueba técnica a qué velocidad se desplazaba el automotor y, por tanto, no se puede concluir que el accidente se produjo como consecuencia de esta supuesta infracción. iii) En tercer lugar, en ambos casos se consignó la posible vulneración del artículo 64 del Código Nacional de Tránsito –Ley 769 de 2002-, el cual establece: […] Al respecto, se tiene que, probablemente, el vehículo de servicio oficial no constató que le habían cedido el derecho de paso para cruzar la intersección, puesto que, si se hubiera cerciorado, habría advertido que el bus de servicio público no detuvo su marcha y, en esa medida, habría podido evitar la colisión. Por tanto, se advierte que, aunque se trataba de un vehículo de emergencia, la entidad demandada tenía la obligación de desplegar la actividad de conducción con las medidas de seguridad respectivas, dado que toda persona que haga parte del flujo vehicular debe comportarse de tal forma que no perjudique o ponga en riesgo a los demás ciudadanos, tanto así, que la Ley 769 de 2002, sanciona al conductor que realice maniobras altamente peligrosas y

conduzca de manera irresponsable. […] Si bien, el camión de bomberos alertó de su presencia y con ello solicitó prelación en la vía, lo cierto es que, no verificó que todos los usuarios de la vía le hubieran cedido el derecho de paso al cruzar la intersección y, tal maniobra, evidentemente peligrosa, fue determinante en la ocurrencia de la colisión. 11

Núm. único de radicación: 110010315000202106397-00 Actores: Nydia Carolina Tibaduiza Cárdenas y otros Entonces, aunque era evidente que el vehículo oficial, por la urgencia que llevaba, gozaba de prelación para su tránsito, no podía desatender lo consignado en el art. 64 de la Ley 769 de 2002, según el cual, para el cruce de una intersección, se debía constatar que la vía se encontraba completamente despejada y, tal inobservancia, se constituyó como una de las causas adecuadas del daño.[…]”. “[…] i) Se tiene que el vehículo de servicio público no detuvo el movimiento para ceder el paso en la vía al vehículo de emergencia, pese a que el conductor de la máquina de bomberos manifestó que anunció su presencia mediante luces y sirenas “que la maquina iba con todas las señales lumínicas y de seguridad incluidas las sirenas”, puesto que, si lo hubiera hecho probablemente, no se habría presentado la colisión, de manera que, la maniobra realizada por el vehículo oficial no fue la causa exclusiva del daño, porque, como se vio, el bus de servicio público también incurrió en una omisión que, de igual forma, propició el desenlace fatal. […]”.

“[…] ii) Por tanto, es claro que dicha conducta que no se puede pasar por alto, puesto que el Código Nacional de Transito le impone a todo conductor el deber de ceder el paso -en este caso deteniendo el automotoral cuerpo de bomberos cuando estos alerten su presencia por medio de sirenas, luces o pito. iii) En ese sentido, toda vez que el bus de servicio público no obró en la forma que legalmente le correspondía, por cuanto desplegó una actividad peligrosa omitiendo los deberes de tránsito, se impone concluir que, su exposición imprudente al riesgo también incidió en la concreción del daño ocasionado, sin que haya lugar a afirmar que se configura en causal exonerativa de responsabilidad, por cuanto es claro, que la conducta desplegada por el tercero no fue exclusiva. Ahora bien, como quiera que, el inciso final del artículo 140 del CPACA, establece que “En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”, se evidencia una dificultad interpretativa para determinar o deducir la voluntad o intención del legislador al introducir esta disposición, razón por la cual, la Sala encuentra pertinente realizar las siguientes precisiones: […] c) Es importante recordar, que el contenido del inciso final del artículo 140 del CPACA, fue objeto de control ante la Corte Constitucional, la cual mediante Sentencia C-055 del 10 de febrero de 2016, se declaró INHIBIDA; sin

desconocer que en sus consideraciones argumentó: (i) que el inciso final del artículo 140, no implica la exclusión o eliminación de la responsabilidad solidaria del Estado; (ii) que, por consiguiente, el juez en su sentencia PUEDE dar aplicación a la solidaridad, en los casos que considere necesarios, de acuerdo con las reglas judiciales del derecho viviente; (iii) que la norma no define la forma como la obligación de reparar se hace exigible frente a la víctima: simplemente establece el DEBER de realizar en la sentencia el juicio de proporcionalidad; (iv) que lo que se regula es la división de la condena entre los codeudores llamados a resarc