CE-11001-03-15-000-2021-06511-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CONFIGURACIÓN

DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / CONFIGURACIÓN DEL

ERROR JUDICIAL / ACCIÓN POPULAR / RECURSO DE APELACIÓN /

TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN / INDEBIDO

RECHAZO DEL RECURSO DE APELACIÓN / SENTENCIA DE REEMPLAZO –

Procedencia / PROCEDENCIA DE RECURSO DE APELACIÓN EN LA ACCIÓN

POPULAR / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA Así las cosas, las autoridades judiciales accionadas resolvieron rechazar por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, toda vez que las partes contaban con tres (3) días después de la notificación para recurrir la decisión, esto es, hasta el 22 de enero de 2021, no obstante, la actora radicó el recurso solo hasta el 1o. de febrero siguiente. A juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto procedimental absoluto, comoquiera que la indujeron en error al informarle que el término para recurrir la decisión era de diez (10) días, procediendo posteriormente a rechazar el recurso de apelación por extemporáneo al considerar que el término para presentarlo era de tres (3) días. (…) En el caso concreto se encuentra probado que el Secretario del Juzgado, al momento de notificar la sentencia proferida en primera instancia, informó a las partes que el término que tenían para

recurrir la decisión era de diez (10) días, de tal forma que la parte actora, amparada en el principio de confianza legítima, interpuso el recurso de apelación dentro de dicho término señalado por la autoridad judicial. Así las cosas, comoquiera que en la notificación de la sentencia de 15 de enero de 2021, se emitió una información que le generó a la actora la confianza legítima de interponer el recurso de apelación en el término de diez (10) días siguientes a esa actuación, no había lugar a rechazar por extemporáneo el mismo, pues no resulta admisible trasladarle dicho error judicial al usuario. En efecto, la parte actora procedió a recurrir la decisión en el término indicado por la autoridad judicial, por lo que tal yerro no debió ser asumido por el particular, máxime cuando no se puede desconocer que existe una discrepancia en cuanto a la interpretación dada a la normativa aplicable cuando se pretenda apelar la decisión de primera instancia dictada dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, la cual en algunos casos sostiene la tesis del término de tres (3) días y en otros el de diez (10) días para apelar la decisión, controversia que si bien se encuentra zanjada por esta colegiatura, aun presenta discusión en muchos despachos judiciales. Aunado a lo anterior, se resalta que si bien la acción popular fue promovida por la Personería Municipal de Yacopí, a través de su personero municipal, el fin de ello es la protección de los derechos colectivos del barrio El Amarillal, por lo que en últimas los afectados directos con la declaratoria de

extemporaneidad serían los habitantes de dicha comunidad. Por último, conviene advertir que la Sala se relevará del análisis del desconocimiento del precedente alegado, dado que la inconformidad abordada respecto del defecto procedimental absoluto tiene vocación de prosperidad. Siendo ello así, la Sala concederá el amparo de los derechos deprecados y, en consecuencia, dejará sin efecto la providencia de 19 de julio de 2021, proferida por el Tribunal, comoquiera que esta fue la que dio por terminado el proceso y, ordenará que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, se adopte una providencia de reemplazo, en la que se tenga en cuenta como término para la admisión del recurso de apelación el informado en la notificación de la sentencia de primera instancia, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06511-00(AC)

Actor: PERSONERÍA MUNICIPAL DE YACOPÍ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN

PRIMERA SUBSECCIÓN B Referencia: Acción de tutela

TESIS: ACCEDE AL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL

ACCIONADA INCURRIÓ EN DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO AL

DECLARAR LA EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN. LA PARTE ACTORA RECURRIÓ LA DECISIÓN EN EL TÉRMINO INDICADO POR LA SECRETARÍA DEL JUZGADO, POR LO QUE EL ERROR JUDICIAL EN LA

NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA NO PUEDE SER TRASLADADO AL

PARTICULAR, MÁXIME CUANDO NO SE PUEDE DESCONOCER QUE EXISTE

DISCREPANCIA EN CUANTO A LA INTERPRETACIÓN DADA A LA

NORMATIVA APLICABLE AL RECURSO DE APELACIÓN EN ACCIÓN

POPULAR.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA DEFENSA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Zipaquirá1 y la Sección PrimeraSubsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2. I – ANTECEDENTES I.1. La Solicitud La PERSONERÍA MUNICIPAL DE YACOPÍ, actuando a través de su Personero y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el Juzgado y el Tribunal, al proferir, respectivamente, las providencias de 25 de febrero y 6 de mayo de 2021 y 19 de julio de la presente anualidad, dentro de la acción popular identificada con el número único de radicación 2019-00083-01.

1 En adelante el Juzgado. 2 En adelante el Tribunal. I.2. Hechos Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos contra el Municipio de Yacopí, en favor de la comunidad del barrio El Amarillal, con el fin de amparar sus derechos al goce de un ambiente sano, al goce del espacio público, a la seguridad y a la salubridad pública, por lo que solicitó que se ordenara la reubicación de la plaza de feria ganadera fuera del perímetro urbano. Refirió que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 25899-3333-003-2019-00083-00 y correspondió en primera instancia al Juzgado que, mediante sentencia de 15 de enero de 2021, declaró vulnerados los derechos colectivos invocados y, en consecuencia de lo anterior, ordenó lo siguiente: “[…] se ORDENA al Municipio de Yacopí, que en el término improrrogable de dos (2) meses, adelante las gestiones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para evitar la vulneración de los derechos colectivos acá protegidos, las cuales deberán ser publicadas en un lugar público para que la comunidad las conozca y las acate, en especial, profiriendo las siguientes medidas:

1. FIJARÁ horarios estrictos para la entrada y salida de semovientes.

2. DEFINIRÁ una zona de descarga de ganado, que no perturbe la seguridad de los habitantes del casco urbano del municipio.

3. ESTABLECERÁ y DELIMITARÁ una ruta única de acceso a pie de los semovientes.

4. Para el cumplimiento del numeral anterior, se UBICARÁN barreras que separen el paso de los animales con los peatones, garantizando su tranquila locomoción y seguridad

5. Se REALIZARÁ el lavado y fumigación al sitio donde se lleva a cabo la feria ganadera, inmediatamente después de finalizada su utilización.

De igual modo se mantendrá aseada la vía pública donde transita el ganado que es llevado a la plaza de ferias […]”. Sostuvo que la anterior decisión fue notificada el 19 de enero de la presente anualidad, a través de correo electrónico, por medio del cual el Secretario del Juzgado informó que se tenían diez (10) días para recurrir la sentencia adoptada. Relató que, al estimar que las órdenes emitidas por el Juzgado no eran efectivas para amparar los derechos colectivos invocados, el 1o. de febrero de 2021, interpuso recurso de apelación; no obstante, mediante auto de 25 de febrero del presente año, el Juzgado lo rechazó por extemporáneo, en razón a que el término para presentar el recurso era de tres (3) días. Señaló que inconforme con lo expuesto, interpuso recurso de reposición y en subsidio de queja, que fueron resueltos, por el Juzgado que, mediante proveído de 6 de mayo de 2021, resolvió no reponer la decisión y, por el Tribunal que, mediante auto de 19 de julio siguiente, confirmó la decisión de rechazar por extemporáneo el recurso de apelación presentado contra la sentencia de 15 de enero de 2021. I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, el Juzgado vulneró sus derechos fundamentales invocados al inducirlo en error y alterar los términos de presentación del recurso de apelación, comoquiera que al momento de notificar la sentencia de primera instancia, le informó que el término para recurrir la decisión era de diez (10) días, procediendo posteriormente a rechazarlo por extemporáneo al considerar que el término para presentar el recurso era de tres (3) días. Resaltó que el Juzgado en proveído de 6 de mayo de 2021, aceptó que cometió un error al informar el término que se tenía para recurrir la decisión y se justificó en el hecho, según el cual, son formatos los que utilizan para notificaciones y que, además, el accionante debía conocer las normas, lo cual no resulta de tal validez, pues si bien quien promovió la demanda es un profesional del derecho, le asistía igual cuidado a los funcionarios del Despacho, trasladándosele tal yerro al usuario. Arguyó que el Tribunal erró al confirmar la decisión de declarar extemporáneo el recurso, dado que si bien el personero municipal, quien presentó la acción popular es un profesional del derecho, se le dio un trato desigual frente al Juzgado, Despacho judicial que indicó un término diferente. Finalmente, aseveró que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente jurisprudencial dispuesto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que, en sentencia de 18 de abril de 2017, discurrió respecto del error en la notificación por parte de la autoridad judicial, la cual genera una expectativa cierta y razonable, en virtud del principio de confianza legítima

I.4. Pretensiones La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia: “[…] 2. Se dejen sin efectos la decisión del recurso de queja mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera – Subsección «B», confirmo el rechazo del recurso de Apelación contra el fallo de primera instancia de la Acción Popular nro. 20190083 por extemporáneo.

3. Se dejen sin efectos la decisión del recurso de reposición mediante la cual el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Zipaquirá, confirmo el rechazo del recurso de Apelación contra el fallo de primera instancia de la Acción Popular nro. 2019-0083; por extemporáneo.

4. Se dejen sin efectos la decisión del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Zipaquirá, por medio del cual rechazo el recurso de Apelación contra el fallo de primera instancia de la Acción Popular nro. 2019-0083; por extemporáneo.

5. Se ordene al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Zipaquirá, admitir el recurso de apelación presentado en termino dentro de la Acción Popular nro. 2019-0083; y darle el trámite correspondiente para que se resuelva el mismo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca […]”.

I.5. Defensa I.5.1.- El Juzgado, luego de hacer un recuento del trámite surtido dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, sostuvo que si bien hubo un error mecanográfico en un formato de notificación, también lo es que

el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, dispone que el término para la apelación de sentencias deberá sujetarse a lo señalado en el Código General del Proceso, esto es, tres (3) días después de la notificación, tal como lo señala el artículo 322 ibidem, por lo que mal haría el recurrente al excusarse en un error mecanográfico, cuando por su calidad de personero y su profesión de abogado, debería tener claro que nos encontramos en un estado de derecho donde impera el mandato legal y los principios generales del derecho. Finalmente, solicitó denegar el amparo solicitado, comoquiera que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. I.5.2.- El Tribunal pese a ser notificado en debida forma del presente trámite constitucional, guardó silencio. I.6. Intervinientes I.6.1.- El Municipio de Yacopí pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01). En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así: “[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada

importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se

tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h . Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto) En el presente asunto, la actora pretende que se dejen sin efecto las providencias de 25 de febrero y 6 de mayo de 2021 y 19 de julio de 2021, proferidas, respectivamente, por el Juzgado y el Tribunal, por medio de las cuales se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el número único de radicación

2019-00083-01. A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, habida cuenta que, a juicio de la actora, el Juzgado la indujo en error y alteró los términos de presentación del recurso de apelación, comoquiera que al momento de notificar la sentencia de primera instancia, le informó que el término para recurrir la decisión era de diez (10) días, procediendo posteriormente a rechazarlo por extemporáneo al considerar que el término para presentar el recurso era de tres (3) días. Añadió la parte actora que el Juzgado en proveído de 6 de mayo de 2021, aceptó

que cometió un error al informar el término que se tenía para recurrir la decisión y se justificó en el hecho, según el cual, son formatos los que utilizan para notificaciones y que, además, el accionante debía conocer las normas, lo que, a su juicio, no resulta válido, pues si bien quien promovió la demanda es un profesional del derecho, le asistía igual cuidado a los funcionarios del Despacho, trasladándosele tal yerro al usuario. Arguyó que el Tribunal erró al confirmar la decisión de declarar extemporáneo el recurso, dado que si bien el personero municipal, quien presentó la acción popular es un profesional del derecho, se le dio un trato desigual frente al Juzgado, Despacho judicial que indicó un término diferente. Finalmente, aseveró que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente jurisprudencial dispuesto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que, en sentencia de 18 de abril de 2017, discurrió respecto de que los errores en la notificación cometidos por parte de la autoridad judicial, generan una expectativa cierta y razonable, en virtud del principio de confianza legítima. En este punto, la Sala destaca que si bien el actor alegó únicamente la existencia del desconocimiento del precedente judicial, de las inconformidades expuestas en el escrito de tutela también se advierte la configuración de un defecto procedimental absoluto, de tal manera que la solicitud de amparo se desarrollará bajo tales preceptos. Así las cosas, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales deprecados e incurrieron en el defecto procedimental absoluto y en desconocimiento del precedente judicial, al haber proferido las providencias de 25 de febrero, 6 de mayo y 19 de julio de 2021, dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el número único de radicación 2021-00083-01. De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación. La Sala advierte que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto procedimental absoluto y desconocimiento del precedente judicial y, vulneraron los derechos fundamentales invocados; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable3 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados. Verificado lo anterior y superado el análisis de procedibilidad, corresponde determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los yerros

endilgados al proferir las providencias de 25 de febrero, 6 de mayo y 19 de julio de 2021, dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el número único de radicación 2021-00083-01. Del defecto procedimental En relación con el defecto procedimental, esta Sala ha señalado4 lo siguiente: “[…] La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de defectos procedimentales: el denominado defecto procedimental absoluto y el llamado defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Se ha señalado que el defecto procedimental absoluto se configura cuando “[…] el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso […]”5. De otra parte, se ha afirmado que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto tiene lugar cuando el funcionario, por el apego excesivo e irrestricto a las formas, termina generando un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, en consecuencia, sus actuaciones se convierten en una clara denegación de justicia6. Se incurre en esta modalidad cuando, entre varias interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que no favorece el principio pro homine e impide al ciudadano el acceso efectivo a la administración de justicia […]”. Conforme con lo expuesto en cita, al alegarse el defecto procedimental contra una

providencia judicial, lo correcto es que el interesado ilustre la manera en que la autoridad judicial accionada desconoció el trámite establecido para la adopción de aquella, esto es, que demuestre que el proceso judicial que dio lugar a la decisión acusada fue adelantado sin observar el trámite que las normas adjetivas establecen para tal efecto. Del desconocimiento del precedente judicial 3 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez). 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de marzo de 2019, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001031500020180402301. 5[?] “Sentencia T-327 de 2011”. 6[?] “Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva”. En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que encuentra sus límites en la realización de otros valores constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia constitucional. En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional puntualizó: “Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el

respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el precedente7”. De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial8. No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y cuando se sustenten debidamente las razones de su posición (principio de razón suficiente)9. Precisado lo anterior, en el presente asunto la Sala encuentra probado lo siguiente: - La Personería Municipal de Yacopí, a través de su personero, promovió

demanda en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos contra el Municipio de Yacopí, con el fin de obtener el amparo de los derechos al goce de un ambiente sano, al goce de un espacio público, a la seguridad y a la salubridad pública en favor de la comunidad del barrio El Amarirral, por medio del cual solicitó que se ordenara la reubicación de la plaza de feria ganadera fuera del perímetro urbano. - La demanda fue resuelta en primera instancia por el Juzgado que, en sente