CE-11001-03-15-000-2021-06526-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL /

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / INDEBIDA

APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / APLICACIÓN DE LA

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN

DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA

DEL SERVICIO / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR MUERTE /

PRUEBA DEL PERJUICIO MORAL / PRUEBA DE PARENTESCO /

CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD

[L]a Sala encuentra que si bien la sentencia cuestionada tuvo en cuenta el precedente que regula la estimación de indemnizaciones por perjuicios morales, esto es, el fijado en las sentencias del 28 de agosto de 2014, dictadas por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, lo cierto es que lo aplicó de manera indebida. (…) De conformidad con el precedente citado, la menor [M.C.] se ubicaba en el nivel 1 de cercanía afectiva con la víctima directa y para el reconocimiento de perjuicios morales bastaba con demostrar el estado civil, esto es, la relación de parentesco con el patrullero [Y.S.], hecho que estaba debidamente probado en el proceso de reparación directa. Ahora, que el reconocimiento de la relación de filiación hubiese sido posterior a la muerte del patrullero [Y.S.] no modifica la relación paterno-filial y, por ende, tampoco puede modificar el nivel de relación afectiva en el que se encuentra, esto es, nivel 1. De

ahí que la autoridad judicial demandada al exigirle a la menor [M.C.] que, además de la prueba del estado civil, pruebe la relación afectiva, terminó por aplicar indebidamente el precedente de unificación, pues le exigió requisitos previstos para los niveles 3 y 4, cuando la menor se encuentra en el nivel 1 y, se insiste, sólo debía probar el estado civil, tal y como lo señala el precedente de unificación. La Sala estima que la indebida aplicación del precedente afecta el derecho de igualdad de [M.C.], pues, a pesar de encontrarse en el primer nivel de relación afectiva, está recibiendo un trato diferente al previsto jurisprudencialmente para esos casos. Del mismo modo, se está desconociendo que el fin de las sentencias de unificación es garantizar una aplicación uniforme e igualitaria del derecho y, por ende, las decisiones deben ajustarse a los estrictos términos señalados en el precedente unificado, habida cuenta de que solo de esa forma se garantiza la seguridad jurídica, principio que, a su vez, implica una garantía de certeza. Siendo así, la Sala concluye que la sentencia cuestionada aplicó indebidamente el precedente unificado fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en las sentencias del 28 de agosto de 2014, en lo que se refiere al reconocimiento de perjuicios morales y, en consecuencia, se concederá el amparo correspondiente.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL /

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No acreditado / AUSENCIA DE

DEFECTO FÁCTICO / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA /

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL

SERVICIO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN

/ ALTERACIÓN EN LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES A juicio de la Sala, no puede derivarse desconocimiento del precedente o defecto fáctico frente a la decisión de denegar el reconocimiento de indemnización de perjuicios por daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia, por cuanto la autoridad judicial demandada denegó el reconocimiento de este perjuicio por falta de pruebas que demuestren una verdadera modificación de las condiciones habituales de vida o existencia de [M.C.]. Según lo entendió la autoridad judicial demandada, no se probó que la muerte del patrullero [Y.S] alterara las condiciones de existencia de la menor [M.C.], por cuanto no había pruebas que demostraran que en vida hubo la intención de entablar una relación afectiva. En otras palabras, la muerte del patrullero no determinó la desaparición de una relación afectiva previamente existente y, por ende, no hubo una alteración de las condiciones de la menor [M.C.]. La decisión adoptada en este punto resulta válida y se ajusta a las pruebas obrantes en el proceso de reparación directa y al precedente fijado en la materia por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que, se reitera, exige prueba de una afectación relevante en las condiciones de existencia, afectación que la autoridad judicial demandada no encontró probada, habida cuenta de que del hecho dañoso (muerte del patrullero) no pudo derivarse la desaparición de una relación afectiva que, según dijo, nunca

existió. (…) De ahí que el defecto fáctico se configura únicamente cuando se evidencia que existe una clara desconexión entre las pruebas del proceso y la decisión adoptada, al punto que resulta incompatible con la Constitución. Pero lo cierto es que eso no ocurrió en este caso. Se reitera, la valoración probatoria fue razonable y desconocerla derivaría en el desconocimiento del principio de autonomía judicial. Siendo así, se desestima el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente frente a este punto.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CONFIGURACIÓN

DEL DEFECTO SUSTANTIVO / APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA /

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO /

RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / ALIMENTOS A MENOR DE

EDAD / ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA / CONFIGURACIÓN

DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

[L]a providencia cuestionada deniega el lucro cesante porque no se evidenció que, al momento de su muerte, el patrullero [Y.S.] tuviera la obligación de contribuir con la manutención de la menor [M.C.]. Además, la autoridad judicial demandada señaló que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, la declaración judicial de paternidad sólo tiene efecto respecto de las personas citadas al proceso de filiación y notificadas en los 2 años siguientes al fallecimiento del causante. (...) A juicio de la Sala, dicha norma no es aplicable en este caso, por cuanto se refiere exclusivamente a los efectos patrimoniales

propios de los derechos herenciales. Como se sabe, la indemnización por lucro cesante nada tiene que ver con derechos herenciales. Para este caso, el lucro cesante se refiere a los ingresos económicos que la menor [M.C.] hubiera percibido de continuar con vida el patrullero [Y.S.] y eso de ninguna manera se asimila a una herencia. El perjuicio por lucro cesante tampoco puede condicionarse a la prueba de la existencia de una relación de dependencia económica al momento de la muerte, habida cuenta de que, en todo caso, legalmente existe una obligación de colaboración económica de padres frente a hijos. De conformidad con el artículo 411 del Código Civil, se deben alimentos a los hijos y a los nietos naturales. Justamente, la muerte del patrullero [Y.S.] impidió que [M.C.] pudiera percibir la prestación alimentaria a la que tiene derecho. (…) Resulta contraevidente concluir que no se demostró la existencia de perjuicios por lucro cesante, por cuanto, mediante registro civil, se demostró la relación de paternidad y quedó en evidencia que la muerte del patrullero [Y.S.] privó a la menor [M.C.] del ingreso económico que legalmente correspondía a título de alimentos. Es cierto que, al momento de la muerte, el patrullero [Y.S.] no respondía económicamente por la menor, pero también es cierto que de haber continuado con vida habría tenido que asumir la obligación alimentaria. (…) Así resulta imperioso que ante la responsabilidad parcial del Estado frente a la muerte del señor [Y.S.], se garantice el derecho alimentario que asistía a la menor [M.C.]. En últimas, lo cierto es que sí hubo lucro cesante, por cuanto la muerte del

patrullero [Y.S.] impidió que la menor [M.C.] reclamara el cumplimiento de la obligación alimentaria. En definitiva, de acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que la sentencia del 5 de marzo de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 10 de la Ley 75 de 1968 y en indebida aplicación del precedente de unificación en materia de perjuicios morales.

FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 – ARTÍCULO 411 / LEY 75 DE 1968 –

ARTÍCULO 10

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06526-00(AC)

Actor: MARÍA ESPERANZA MARIÑO OSORIO, EN NOMBRE PROPIO Y EN

REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJA MARÍA CAMILA YUSTI MARIÑO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: Contra providencia judicial. Reparación directa por muerte de patrullero. Falla en el servicio. Reconocimiento de perjuicios morales, por lucro cesante y por daños a la vida de relación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora María Esperanza

Mariño Osorio contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones 1.1. El 24 de septiembre de 2021, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado judicial, la señora María Esperanza Mariño Osorio1 pidió la protección del derecho fundamental al debido proceso, que estimó vulnerado por la

1 En nombre propio y en representación de su mejor hija María Camila Yusti Mariño. sentencia del 5 de marzo de 2021 (notificada el 26 de marzo siguiente), dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En concreto, la parte actora formuló textualmente las siguientes pretensiones: PRIMERO: Tutelar el derecho al debido proceso que le asiste a MARÍA CAMILA YUSTI MARIÑO, representada legalmente por su madre, MARÍA

ESPERANZA MARIÑO OSORIO.

SEGUNDO: Dejar sin efectos o invalidar la sentencia judicial de segunda instancia proferida por el 05 de marzo de 2021 por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, Consejero Ponente José Roberto Sáchica Méndez, dentro del proceso con radicado 54-001-23-33-000-2013-00214-00 (1), providencia que fue notificada el 26 de marzo de 2021.

2. Hechos Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes: 2.1. El 2 de abril de 2006, nació María Camila Yusti Mariño, hija de la señora María Esperanza Mariño Osorio. 2.2. El 18 de marzo de 2011, el patrullero Aron Herney Yusti Saavedra falleció,

por causa de las heridas sufridas durante un ataque guerrillero a la Estación de Policía del corregimiento Las Mercedes, en el municipio de Sardinata (Norte de Santander). 2.3. La señora María Esperanza Mariño Osorio promovió proceso de filiación extramatrimonial y petición de herencia en favor de la menor María Camila Mariño Osorio y contra la sucesión ilíquida del patrullero Aron Herney Yusti Saavedra. 2.4. Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2013, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil (Santander) declaró que la menor María Camila Yusti Mariño es hija del patrullero Aron Herney Yusti Saavedra. 2.5. María Esperanza Mariño Osorio interpuso demanda de reparación directa contra el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por estimarlo patrimonialmente responsable de la muerte del patrullero Aron Herney Yusti Saavedra. A juicio de la parte actora, la responsabilidad del Estado se sustentó en la falla en el servicio, toda vez que la estación de policía atacada no cumplía las normas mínimas de seguridad, pese a encontrarse en una zona con evidentes problemas de orden público. 2.6. Mediante sentencia del 23 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró la responsabilidad del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a título de falla en el servicio, por cuanto encontró demostrado que la edificación atacada no estaba adecuada para soportar los riesgos propios de una zona de orden público. Por consiguiente, condenó a pagar a la menor María Camila Yusti Mariño indemnizaciones por perjuicios morales (100 SMLMV), por

daño a la vida de relación (50 SMLMV) y por lucro cesante ($113.704.825). Además, el tribunal reconoció costas en favor de la parte demandante. 2.7. Las partes del proceso de reparación directa apelaron esa decisión. En lo que interesa, la parte actora cuestionó las liquidaciones de perjuicios, por cuanto, en su criterio, 50 SMLMV no constituyen una indemnización adecuada frente al daño sufrido, en el daño material procede descontar únicamente el 25 % del ingreso de la víctima y las costas reconocidas resultan insuficientes. 2.8. Por sentencia del 5 de marzo de 2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, modificó la sentencia apelada, así: (i) declarar la responsabilidad parcial del Ministerio de Defensa – Policía Nacional frente a la muerte del patrullero Aron Herney Yusti Saavedra; (ii) denegar el reconocimiento de perjuicios, por no estar demostrados, y (iii) condenar en costas al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en suma equivalente al 1 % de 50 SMLMV, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso. 2.8.1. En síntesis, la autoridad judicial demandada consideró que la responsabilidad del Estado fue parcial, toda vez que a la falla en el servicio derivada de la inadecuada construcción de la estación de policía se agrega la concausa atribuible a la conducta del grupo armado que perpetró el atentado. 2.8.2. La indemnización de perjuicios morales fue denegada porque no se demostró la relación de familiaridad entre el fallecido y la menor María Camila.

Que no resulta posible aplicar la presunción de aflicción, pues lo cierto es que no hubo relación paterno – filial. 2.8.3. La indemnización por daño a la vida de relación fue desestimada, habida cuenta de que en el expediente de reparación directa no se evidenció que la muerte del patrullero Yusti Saavedra produjera una alteración trascendental en la menor María Camila. 2.8.4. También fueron denegados los perjuicios materiales, puesto que en el proceso no se evidenció que el patrullero fallecido respondiera económicamente por la menor María Camila. Que, de hecho, al momento del fallecimiento, el señor Yusti Saavedra no la había reconocido como su hija y ese reconocimiento ocurrió por razón de un proceso de filiación post mortem. Que «del acervo probatorio obrante en el expediente no se evidencia que el señor Yusti Saavedra contribuyera económicamente con la subsistencia de la menor María Camila, al lado de que ninguna obligación de sostenimiento y manutención era exigible para él en ese momento, por lo que la declaración de una relación paterno filial posterior al fallecimiento del primero, no tiene la virtualidad de imponer un pago indemnizatorio de un derecho inexistente en tanto la declaración de paternidad post mortem solo tiene efectos patrimoniales relativos sobre las personas debidamente citadas al proceso y notificadas dentro de los dos años siguientes a la muerte del causante de conformidad con el artículo 10 de la Ley 75 de 1968». 2.8.5. Una de las magistradas de la Sala de Decisión salvó el voto, por cuanto, en

su criterio, el registro civil era suficiente para tener por demostrados los perjuicios reclamados. Agregó que el parentesco es un vínculo natural y preexistente al respectivo registro. Otra magistrada aclaró el voto, en el sentido de señalar que en los casos en los que se accede a la indemnización del lucro cesante y obra prueba del reconocimiento prestacional por el mismo daño, se debe restar el valor concedido por la institución a la indemnización que se otorgue en esta instancia, pues, de lo contrario, constituye una doble indemnización.

3. Argumentos de la acción de tutela 3.1. La parte actora adujo que la sentencia del 5 de marzo de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en defecto fáctico, en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente, por cuanto pasó por alto el vínculo jurídico y natural entre el patrullero fallecido y la menor María Camila. Que lo cierto es que en el proceso de reparación directa se cumplió con la carga de aportar el respectivo registro civil y eso era suficiente para efecto del reconocimiento de los perjuicios reclamados. 3.2. Dijo que la sentencia cuestionada desconoce el principio de interés superior del menor, por cuestionar el vínculo de María Camila con el señor Yusti Saavedra.

Que «desconoce este fallo que la condición de hijo es para toda la vida, situación que afecta los más altos postulados de la dignidad y de la familia, pues desconoce el derecho que tenía MARÍA CAMILA YUSTI MARIÑO para crecer en el seno de la familia, el dolor no es solo por la muerte de su padre sino por los

efectos que se generan derivados de la privación de contar con el apoyo y la figura paterna de por vida». 3.3. Alegó que, de conformidad con las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, dictadas por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la relación de parentesco es suficiente para efecto de presumir el sufrimiento derivado de la muerte de un familiar. 3.4. Agregó que el asunto debe estudiarse de fondo, por estar cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

4. Trámite procesal 4.1. Por auto del 29 de septiembre de 2021, el Despacho Sustanciador admitió la demanda de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y como terceros con interés, al ministro de defensa Nacional y al director general de la Policía Nacional, que oficiaron como demandados en el proceso de reparación directa. 4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes, por correos electrónicos enviados el 4 de octubre de 20212.

5. Intervenciones 5.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por conducto del magistrado ponente de la providencia acusada, solicitó que se denegara la tutela, por lo siguiente: 5.1.1. Que la decisión cuestionada se fundó en las normas y precedente aplicables y en la valoración adecuada de las pruebas aportadas al proceso de reparación directa, que evidenciaron la improcedencia de las indemnizaciones

reclamadas. 5.1.2. Que, si bien la sentencia cuestionada fue objeto de salvamento de voto, lo cierto es que eso no significa que existe vulneración de derechos fundamentales. Que, en últimas, los salvamentos de voto constituyen una de las facultades que enmarcan el ejercicio de la autonomía judicial. 5.1.3. Que la decisión de denegar el reconocimiento de perjuicios se sustenta en la ausencia de relación afectiva y económica entre el fallecido y la menor María Camila. Que el registro civil no demuestra la aflicción o congona derivada de la muerte del patrullero Yusti Saavedra. Que «la declaración de su calidad de hija se dio con posterioridad a la muerte del padre razón por la que no puede operar la presunción según la cual de la relación de afecto y familiaridad se deduce la tristeza, angustia, congoja y en general la afectación por la muerte de un ser querido tan cercano como es el padre ni la responsabilidad económica de este con aquella». 5.1.4. Que no se evidencia una manifiesta contradicción entre lo probado en el proceso de reparación directa y lo decidido en la providencia cuestionada. 5.2. El jefe del Área Jurídica de la Policía Nacional también se opuso a las pretensiones de la demanda de tutela. En síntesis, dijo lo siguiente: 5.2.1. Que la providencia cuestionada sí tuvo en cuenta el precedente fijado en materia de estimación de indemnización por perjuicios morales, pero lo cierto es que no encontró demostrada la relación paterno filial y eso impide concluir que hubo congoja o tristeza por la muerte del patrullero Yusti Saavedra.

5.2.2. Que, en cuanto al daño a la vida de relación, en el proceso de reparación directa no se demostró que, por causa de la muerte del patrullero Yusti Saavedra, la menor María Camila hubiera sufrido una alteración trascendental en las condiciones de vida. 5.2.3. Que lo cierto es que no se evidencian las condiciones exigidas por la Corte Constitucional para que exista defecto fáctico, habida cuenta de que la valoración probatoria fue adecuada.

CONSIDERACIONES

2 Índice No. 19 de Samai.

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales 1.1. A partir del año 20123, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad. 1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela. 1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el

juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución. 1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

2. Planteamiento del problema jurídico 2.1. En los términos de la demanda de tutela y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, la Sala estima que el problema jurídico se concreta en decidir si la sentencia del 5 de marzo de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en defecto fáctico, en defecto sustantivo o en desconocimiento del precedente al denegar el reconocimiento de indemnizaciones por perjuicios morales, por daño a la vida de relación y por lucro cesante en favor de la menor maría Camila Yusti Mariño. 2.2. Para efecto de mayor claridad en la exposición, la Sala estudiará de manera

separada cada una de las modalidades de perjuicios objeto de discusión. 3 Ver sentencia del 31 de julio de 2012. 4 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.

3. De los perjuicios morales 3.1. En cuanto a la existencia de perjuicios morales sufridos por la menor María Camila, la providencia cuestionada reconoció que el Consejo de Estado ha señalado que es esperable y comprensible el sufrimiento y dolor por la muerte de un familiar. Seguidamente, acudió a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, que unificó el precedente en materia de reconocimiento y liquidación de perjuicios morales en caso de muerte y de daño inmaterial por afectación de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados (medidas de satisfacción no pecuniarias). 3.1.1. La autoridad judicial demandada advirtió que el precedente unificado indica que el reconocimiento de perjuicios morales por muerte está asociado a la relación de parentesco, así: (i) para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; (ii) para los niveles 3 y 4, además, se requiere la prueba de la relación afectiva, y (iii) para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva. Seguidamente, la providencia cuestionada concluyó que no resultaba procedente el reconocimiento de perjuicios morales a la menor María Camila, por las siguientes razones: (…) la parte demandada alegó que al momento de la muerte del señor Yusti, la niña María Camila no ostentaba su calidad de hija del anterior, ya

que hasta esa fecha no había sido reconocida como tal, lo cual, en sentir del accionado, demuestra que entre aquellos no existía una relación familiar que pudiere significar ahora el reconocimiento de perjuicios. En efecto, en este caso se encuentra que la niña María Camila Yusti Mariño no fue reconocida por el señor Arón Herney Yusti Saavedra en vida sino que fue registrada con el apellido de éste, el 25 de septiembre de 2013, tras la culminación de un proceso de filiación que la madre de ella inició con posterioridad a la muerte de aquél, ocurrida el 18 de marzo de 2011. En casos como este no basta con aportar el respectivo registro civil de nacimiento para presumir el daño moral que la hija sufrió por la muerte de su padre sino que además le correspondía a la parte actora acreditar la relación familiar que había entre ellos, pues la declaración de su calidad de hija se dio con posterioridad a la muerte del padre razón por la que no puede operar la presunción según la cual de la relación de afecto y familiaridad se deduce la tristeza, angustia, congoja y en general la afectación por la muerte de un ser querido tan cercano como es el padre. Así las cosas, ante la ausencia de elementos que acrediten la aflicción sufrida por la reconocida postmortem hija, no procede reconocimiento del perjuicio moral deprecado pues en este evento no resulta posible aplicar la presunción de aflicción. Sobre la particular resulta oportuno señalar que en el expediente no reposa un solo elemento que permita evidenciar la relación familiar padre-hija para la época en que se produjo el deceso de éste y con anterioridad a él. Así,

las reglas de la experiencia, entendidas como las enseñanzas adquiridas por el uso, la práctica o el diario vivir5, no permiten dar paso a la presunción 5

Cita del texto original: «Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un de dolor y aflicción para familiares en los grados ya indicados, por cuanto es claro que la presunción de aflicción que opera frente a los familiares cercanos según el artículo 42 de la Carta Política, se desvirtuó́ a partir de la prueba que se trajo a juicio en relación con la declaración de paternidad

(filiación) post mortem del señor Yusti, sin que la prueba arrimada al expediente de cuenta de una relación afectiva, carga que ostentaba la parte actora. (Resalta la Sala). 3.2. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que si bien la sentencia cuestionada tuvo en cuenta el precedente que regula la estimación de indemnizaciones por perjuicios morales, esto es, el fijado en las sentencias del 28 de agosto de 2014, dictadas por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, lo cierto es que lo aplicó de manera indebida. En efecto, sobre la reparación del perjuicio moral en caso de muerte el precedente unificado en sentencias del 28 de agosto

de 2014 señala lo siguiente: […] para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así: Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paternofiliales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV. Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio. Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio. Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio. La siguiente tabla recoge lo expuesto: conocimiento experimental de las cosas […] El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino

libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento”. Sentencia C-202 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería». Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva (subraya la Sala). 3.2.1. De conformidad con el precedente citado, la menor María Camila se ubicaba en el nivel 1 de cercanía afectiva con la víctima directa y para el reconocimiento de perjuicios morales