CE-11001-03-15-000-2021-06721-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE

LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DEL CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO DE TRÁMITE / NEGATIVA DE SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO – Acto no es susceptible de control jurisdiccional / INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO / PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN AL MANDAMIENTO DE PAGO / EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO – No se interpuso en la etapa procesal dispuesta dentro del trámite administrativo / INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN - De la facultad de ejecución de la sanción con la expedición de la orden de pago / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Si bien el señor [A.O.S.] manifestó que no pretende atacar la legalidad de las Resoluciones Nos. 10712 y 10713 de 10 de julio de 2021, expedidas por la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, lo cierto es que sus argumentos están dirigidos a cuestionar las razones de las referidas decisiones. Lo anterior, por cuanto en el escrito de tutela se alegó que ante el vacío normativo, respecto a la forma en que se debe analizar la prescripción en el proceso contravencional luego de que se notifica el mandamiento de pago, debe acudirse al artículo 818 en el cual se establece que: “Interrumpida la prescripción en la

forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago”. (…) la Sala precisa que en este asunto se supera el aspecto relativo a la subsidiariedad, comoquiera que en el marco del procedimiento administrativo de cobro coactivo, el artículo 101 de la Ley 1437 de 2011 dispone: “Artículo 101.- Solo serán demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito. (…)”. En ese sentido, es claro que las Resoluciones Nos. 10712 y 10713 de 10 de julio de 2021, no son susceptibles de ser demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto la norma que regula la materia señala concretamente tres tipos de decisiones, esto es, la que resuelve excepciones a favor del deudor, la que dispone seguir adelante con la ejecución y aquella que liquida el crédito. (…) De manera preliminar, esta Colegiatura anuncia que negará la acción de tutela contra acto administrativo, habida cuenta que, tal como se precisó en líneas anteriores, las Resoluciones 10712 y 10713 de 10 de julio de 2021, a través de las cuales se negaron dos solicitudes de prescripción, constituyen actos de trámite que no son pasibles de control judicial, en tanto en ellas no se decidió alguno de los tres aspectos señalados en el artículo 101 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, tal como lo expuso la Secretaría de Transporte y

Movilidad de Cundinamarca, el señor [A.O.S.] tuvo a su disposición las etapas procesales dentro del trámite administrativo para alegar la excepción de prescripción de la acción de cobro contra el mandamiento de pago, en los términos del artículo 831 del Estatuto Tributario (…) Ahora, en consonancia con lo analizado por la judicatura censurada, en el presunto evento en que dicha excepción no hubiera prosperado, el accionante estaría habilitado para demandar ante el juez de lo contencioso administrativo la providencia que ordena seguir adelante la ejecución, ya que esta sí es susceptible de control jurisdiccional, como se apuntó. Por lo anterior, concluye esta Sala de Decisión que la sentencia de 30 de agosto de 2021 no desconoce los artículos 159 del Código Nacional de Tránsito y 28 de la Constitución Política, ni la sentencia C-556 de 2001, en tanto la secretaría reprochada interrumpió la prescripción de la facultad de ejecución con la expedición de la orden de pago, así como con el normal desarrollo de las etapas propias del proceso administrativo que se han llevado a cabo de forma diligente. En ese orden, es preciso acotar que el señor [A.O.S.] debió acogerse a las ritualidades que regulan el proceso de cobro coactivo y, en esa medida, plantear la excepción de prescripción de la acción de cobro, para que la autoridad de tránsito resolviera lo pertinente.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / SENTENCIA DE LA

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE

CUMPLIMIENTO – Para controvertir la legalidad del acto que niega la solicitud de prescripción de la acción de ejecución de las sanciones / VÍA ADMINISTRATIVA – Existencia de recursos procedentes para atacar el mandamiento de pago / PROPÓSITO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - Es la eficacia material de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos / INEXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE – Que hiciera procedente la acción de cumplimiento Al descender al caso sub lite, se advierte que en la providencia de 30 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, señaló que lo perseguido por el señor [A.O.S.] consistía en que se ordenara a la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca que diera cumplimiento a lo estipulado en el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito y en el artículo 818 del Estatuto Tributario “en el sentido de declarar la prescripción de la acción de cobro de los comparendos al demandante”. En ese orden, advirtió que lo pretendido por el señor [A.O.S.] radicaba en discutir sobre las decisiones adoptadas por la referida secretaría departamental, a través de las cuales se negó la solicitud de prescripción de la acción de ejecución de las sanciones impuestas al actor por infringir las normas de tránsito, lo cual, resultaba improcedente en consideración a lo establecido en el artículo 9º de la Ley 393 de 1997 (…) Ante esa decisión, advierte la Sala que no le asiste razón al señor [A.O.S.] al señalar

que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia al negar la solicitud de declaratoria de prescripción. Lo anterior, obedece a que los fundamentos que sustentan la solicitud de amparo de la referencia dan cuenta de la inconformidad del actor con lo decidido en las Resoluciones Nos. 10712 y 10713 de 10 de julio de 2021, toda vez que los argumentos enervados atacan la legalidad del acto al señalar que fueron expedidos sin atender al marco normativo que, a juicio del demandante es el correcto. No obstante, tal como lo resaltó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el señor [A.O.S.] contó con los recursos procedentes en vía administrativa para atacar el mandamiento de pago y, eventualmente, al despacharse de manera desfavorable, reprochar la decisión de seguir adelante con la ejecución en sede judicial a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; razón más que suficiente para entender que la providencia de 30 de agosto de 2021 se encuentra ajustada a derecho, comoquiera que en sede de la acción de cumplimiento no es posible asumir el estudio de la alegada infracción de las normas invocadas en la demanda. En este punto del análisis, es preciso iterar que según lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución y en la Ley 393 de 1997, el propósito específico de la acción de cumplimiento es la eficacia material de las normas con fuerza material de ley y de

los actos administrativos. (…) La única excepción establecida por la citada norma es que de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante, lo cual en este caso no fue demostrado por el señor [A.O.S.], como consta en la sentencia de 30 de agosto de 2021, así como en el escrito tutelar y de las pruebas allegadas al proceso. Esta especial circunstancia hace que, en el marco de la acción de cumplimiento, tampoco sea procedente ordenarle a la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca que revoque las decisiones de 10 de julio de 2021; o que se expida otro acto administrativo a través del cual se aplique la figura de la prescripción como lo pretende el accionante, puesto que no es posible que existan en la vida jurídica dos decisiones contrapuestas sobre el mismo asunto.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 87 / LEY 393 DE 1997 – ARTÍCULO 9 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 831 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 101

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06721-00(AC)

Actor: ARQUÍMEDES OLAYA SAAVEDRA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN

CUARTA - SUBSECCIÓN B Y OTROS Temas: Tutela contra acto administrativo – tutela contra providencia judicial FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Arquímedes Olaya Saavedra, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el Juzgado 30 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda y la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991.

1. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud El señor Arquímedes Olaya Saavedra, con escrito radicado el 30 de septiembre de 2021, ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villeta1, presentó acción 1 Por medio de auto de 1º de octubre de 2021, dicha autoridad judicial remitió a la Secretaría General de esta Corporación la presente acción de tutela, porque carecía de competencia para conocer del proceso; el expediente pasó a este Despacho el 5 de octubre de 2021 para decidir sobre su admisión. de tutela con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia.

Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por: (i) la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Cundinamarca, al dictar las Resoluciones Nos. 10712 y 10713 de 10 de julio de 2021, a través de las cuales negó la solicitud de declaratoria de la prescripción de la ejecución sancionatoria por infringir las normas de tránsito; y (ii)

la Subsección B, de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en providencia de 30 de agosto de 2021 confirmó la decisión de 13 de agosto de la presente anualidad, proferida por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, por medio de la cual se declaró improcedente la acción de cumplimiento que promovió el actor contra la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, identificado con el radicado Nº. 11001-33-35-030-2021-00237-01. 1.2. Hechos Del escrito de tutela y de las pruebas allegadas al expediente de la referencia, se extrajo la siguiente información: La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Cundinamarca, le impuso al señor Arquímedes Olaya Saavedra las órdenes de comparendo identificadas con los números 99999999000000236133 de 5 de junio de 2011 y 25875000000000421743 de 20 de febrero de 2012. Con los autos Nos. 7250 de 22 de julio de 2011 y 1187 de 4 de abril de 2012, declaró como contraventor de las normas de tránsito al señor Olaya Saavedra, razón por la cual, la entidad inició cobro coactivo dentro de los tres años siguientes. A través de escrito radicado el 15 de junio de 2021, el tutelante solicitó que se declarara la prescripción dentro de los procesos de cobro coactivo adelantados por las órdenes de comparendo referidas, comoquiera que, a juicio del actor han

transcurrido más de 6 años desde la fecha de notificación del mandamiento de pago, Ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley 769 de 2002. Mediante las Resoluciones Nos. 10712 y 10713 de 10 de julio de 2021, la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca negó la declaratoria de prescripción propuesta por el tutelante. Inconforme, promovió “el medio de control de cumplimiento tal como lo permite el artículo 87 de la Constitución, la ley 393 de 1997 y constituyendo en renuencia según el artículo 146 de la ley 1437 de 2011”, con el fin de que se aplicaran los artículos 159 de la Ley 769 de 2002 y 818 del Estatuto Tributario; marco en el cual tanto el Juzgado 30 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, coincidieron en declarar la improcedencia del mecanismo constitucional al considerar que no cumplía con el presupuesto de la subsidiariedad, debido a que la legalidad de los actos proferidos por la administración debe ser objeto de debate en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. 1.3. Fundamentos de la solicitud 1.3.1. En relación con las decisiones adoptadas por la Secretaría de Tránsito y Movilidad, el señor Arquímedes Olaya Saavedra señaló que el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito establece: “Artículo 159. Cumplimiento. La ejecución de las sanciones que se impongan por

violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de la demanda”. (Énfasis del texto) Por lo anterior, indicó que en virtud de la norma referida, se podría llegar a pensar que la prescripción se interrumpe con el inicio del proceso de cobro coactivo, y que ello es suficiente para que la facultad de ejecución no perezca en el futuro. Sin embargo, al considerar lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política, es claro que en Colombia no existen “penas ni medidas de seguridad imprescriptibles”, principio penal que también es aplicable a las actuaciones o procesos administrativos según lo decantado por la Corte Constitucional en la sentencia C240 de 1994. Refirió que, pese a que el estatuto ejusdem no regula lo concerniente a la prescripción del cobro coactivo, en su artículo 162 dispone la posibilidad de acudir a otras normas como las del “Código Contencioso Administrativo” por compatibilidad o analogía. Asimismo, señaló que el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 dispone que para los procesos de cobro coactivo se aplicarán las normas del Estatuto Tributario en caso de que no exista una regulación especial, puesto que en este, el artículo 818 establece la interrupción y suspensión del término de prescripción, en los siguientes términos: “Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de

pago”. Finalmente, puntualizó que en la sentencia C-556 de 2001, la Corte Constitucional manifestó que la prescripción es un instituto de orden público que no puede ser interpretada de manera “amañada y debe ser aplicada en todos los casos sin excepción”; no aplicarla implica la vulneración al debido proceso y del principio de legalidad. 1.3.2. Respecto a la providencia de 30 de agosto de 2021, el accionante advirtió que la autoridad censurada incurrió en violación directa de la Constitución2, “al 2 Si bien el tutelante no lo refirió expresamente, la Sala infiere de los argumentos que se trata de un defecto por violación directa de la Constitución. argumentar sin motivos legales contundentes” que debía acudir al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin considerar que no “comprende la naturaleza jurídica de mi solicitud a la justicia, pues yo no pretendo que se declare la nulidad de un acto administrativo sino por el contrario que mediante otro acto administrativo simplemente se aplique la figura jurídica de la prescripción y que el medio ideal para que esto se haga es precisamente el medio de control de cumplimiento”. Adicionó que, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 establece que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debe ejercerse dentro de los 4 meses siguientes al hecho vulnerador; su resolución tarda un tiempo bastante amplio; y además, debe ser promovido por conducto de apoderado judicial, lo cual implica un gasto que no puede sufragar. Por último, puntualizó que acude a este mecanismo constitucional para evitar un

perjuicio irremediable con ocasión de una vía de hecho, puesto que primero acudió a la vía gubernativa, luego a la judicial y, en las dos sedes sus súplicas fueron negadas sin fundamentos jurídicos. 1.4. Petición de amparo constitucional La pretensión de la demanda de tutela es la siguiente: “Que se amparen mis derechos fundamentales a la legalidad, defensa, debido proceso y acceso a la justicia y se ordene al organismo de tránsito aplicar la prescripción del (los) comparendo (s) 25875000000000421743 y 99999999000000236133 y los elimine del SIMIT y de toda la base de datos infractores”. 1.5. Trámite de la acción Mediante auto de 7 de octubre de 2021, el Despacho Ponente admitió la solicitud de tutela; ordenó notificar a la parte actora, a los magistrados de la Subsección B, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Juzgado 30 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda y a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Cundinamarca. En calidad de terceros con interés, ordenó vincular a la Secretaría de Movilidad de Villeta, Cundinamarca, por ser la entidad ante la cual el accionante radicó la petición de declaratoria de prescripción, y a la Oficina de Procesos Administrativos – Cobro Coactivo – de la Secretaría de Tránsito de Cundinamarca. 1.6. Intervención 1.6.1. Efectuadas las notificaciones correspondientes, la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, a través de la jefe de la Oficina

Asesora Jurídica, manifestó que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva en el asunto de la referencia, por cuanto los fundamentos que sustentan la acción de tutela están dirigidos a cuestionar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. Agregó que, en el caso concreto se interrumpió la prescripción de la ejecución de la sanción, debido a que se adelantaron todas las actuaciones correspondientes al proceso administrativo contravencional que, a su vez dio lugar al cobro coactivo con el mandamiento de pago librado contra el infractor según lo establece el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el artículo 26 de la Ley 1383 de 2010 y por el artículo 206 del Decreto 019 de 20123. Adujo que según el artículo 5º de la Ley 57 de 1887, las normas contenidas en una ley especial deben aplicarse de forma preferente respecto aquellas que contienen una disposición de carácter general, por tanto, en este caso “[l]a ley 769 de 2002 y sus normas que la modifican y/o aclara, es una norma especial y por ello se da aplicación a lo contenido en el Artículo 159”. En ese orden, advirtió la inexistencia de un hecho vulnerador en el caso de la referencia al haberse garantizado el derecho al debido proceso del demandante, razón por la cual este mecanismo constitucional no tiene vocación de prosperidad, por cuanto su objeto se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales cuando resulten transgredidos o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares cuando ejerzan funciones públicas.

Adicionalmente, resaltó que lo pretendido con esta solicitud es “dejar sin valides (sic) sanciones o dilatar el cumplimiento de las sanciones legalmente impuesta (sic) por autoridad competente”, máxime, teniendo en cuenta que el señor Arquímedes Olaya Saavedra es un infractor frecuente, el cual ha sido conocedor de sus infracciones y, pese a ello, no ha asistido a las audiencias públicas a través de las cuales puede ejercer su derecho de defensa y contradicción, así como tampoco ha justificado esas ausencias. Acotó que las peticiones presentadas por el actor, consistentes en que se declarara la prescripción de la ejecución de la sanción, fueron resueltas de forma clara, precisa y congruente. 3“ARTÍCULO 159. CUMPLIMIENTO. <Artículo modificado por el artículo 206 del Decreto 19 de

2012. El nuevo texto es el siguiente:> La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de Ia jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario.

Las sanciones impuestas por infracciones a las normas de tránsito prescribirán en tres (3) años contados a partir de Ia ocurrencia del hecho; Ia prescripción deberá ser declarada de oficio y se interrumpirá con Ia notificación del mandamiento de pago. La autoridad de tránsito no podrá iniciar el cobro coactivo de sanciones respecto de las cuales se encuentren configurados los supuestos necesarios para declarar su prescripción. Las autoridades de tránsito deberán establecer públicamente a más tardar en el mes de enero de

cada año, planes y programas destinados al cobro de dichas sanciones y dentro de este mismo periodo rendirán cuentas públicas sobre Ia ejecución de los mismos.” Finalmente, refirió que se debe declarar la improcedencia de la acción de tutela, puesto que el demandante tiene a su disposición los medios de defensa judiciales idóneos a través de los cuales puede lograr la protección de sus derechos fundamentales. 1.6.2. Pese a haber sido notificados en debida forma4, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el Juzgado 30 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, la Secretaría de Movilidad de Villeta, Cundinamarca y la Oficina de Procesos Administrativos – Cobro Coactivo – de la Secretaría de Tránsito de Cundinamarca guardaron silencio respecto a los hechos y fundamentos de la solicitud de amparo.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Competencia Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Arquímedes Olaya Saavedra contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y otros, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Arquímedes Olaya Saavedra, los cuales

consideró vulnerados con las Resoluciones Nos. 10712 y 10713 de 10 de julio de 2021, expedidas por la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, así como por la providencia de 30 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en el marco de la acción de cumplimiento identificado con el radicado número 11001-33-35-0302021-00237-01. Para resolver el problema relacionado con las decisiones adoptadas por la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Cundinamarca, se analizarán los siguientes aspectos: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos; y (iii) el análisis del caso concreto. En cuanto al problema vinculado con la decisión de 30 de agosto de 2021, expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, se estudiarán los siguientes asuntos: (i) el criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela y, de encontrarse superados; (iii) las generalidades del defecto por violación directa de la Constitución; y (iv) el 4 Según las constancias de notificación obrantes en índice 7 del sistema de gestión judicial SAMAI. análisis del caso concreto. 2.3. Tutela contra acto administrativo 2.3.1. Generalidades de la acción de tutela Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela

es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuandoquiera que resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió. 2.3.2. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y

determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia5. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos. Por tanto, debe haber claridad en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las controversias que se puedan suscitar de un acto administrativo, frente al cual se pueden pedir medidas cautelares en los términos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). No obstante, a pesar de ser este el juez natural de este tipo de asuntos es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos fundamentales, pues se

puede dar el caso de que tal transgresión sea el producto de una decisión administrativa que a la luz del ordenamiento contencioso se encuentre revestida de legalidad. En esos casos, la tutela se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden superior. 2.3.3. Caso concreto 2.3.3.1. Si bien el señor Arquímedes Olaya Saavedra manifestó que no pretende atacar la legalidad de las Resoluciones Nos. 10712 y 10713 de 10 de julio de 2021, expedidas por la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, lo cierto es que sus argumentos están dirigidos a cuestionar las razones de las referidas decisiones. Lo anterior, por cuanto en el escrito de tutela se alegó que ante el vacío normativo, respecto a la forma en que se debe analizar la prescripción en el proceso contravencional luego de que se notifica el mandamiento de pago, debe acudirse al artículo 818 en el cual se establece que: “Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago”. En ese sentido, indicó que la secretaría vulneró su derecho fundamental al debido proceso y el principio de legalidad al no proceder en la forma que dispone el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, esto es, declarar la prescripción de la sanción incluso de oficio, por cuanto es un instituto de orden público y no puede ser interpretado de forma subjetiva, según la sentencia C-556 de 2001. 5 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” 2.3.3.2. Bajo este panorama litigioso, la Sala precisa que en este asunto se supera el aspecto relativo a la subsidiariedad, comoquiera que en el marco del procedimiento administrativo de cobro coactivo, el artículo 101 de la Ley 1437 de 2011 dispone: “Artículo 101.- Solo serán demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los términos de la Parte