CE-11001-03-15-000-2021-06732-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN DE

LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MEDIO DE CONTRO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ / ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ / APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LA PENSIÓN DE VEJEZ / CONFIGURACIÓN DE DEFECTO SUSTANTIVO - Indebida interpretación normativa / CONFIGURACIÓN DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE Para la Sala la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo al no interpretar de manera razonable y adecuada la derogación expresa contenida en el artículo 25 de la Ley 33 de 1985, que le conllevó a desestimar el análisis del caso concreto del accionante a partir del cumplimiento de los presupuestos contemplados para la «pensión de retiro por vejez», prevista en el artículo 29 del Decreto 3135 de 1968; la cual se reitera, no fue derogada ni «expulsada del ordenamiento jurídico», como lo erróneamente se indicó en la sentencia acusada. (…) Ahora bien, debe precisarse que antes de la Ley 100 de 1993, regía la Ley 33 de 1985, la cual en su artículo 1° contempló el derecho al reconocimiento de una «pensión mensual vitalicia de jubilación», la cual como ya se indicó difiere en la naturaleza jurídica de la pretendida por el demandante, esto es, de la «pensión de

retiro por vejez». No obstante, no se encuentra razonable la aplicación de tal norma, pues se recuerda que el accionante indicó que ingresó a laborar en el cargo de auxiliar de servicios generales, desde el 15 de junio de 1992 hasta el 28 de agosto de 2003; es decir, mucho después de la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, que fue publicada en el Diario Oficial 36100 del 13 de febrero de

1985. Adicionalmente, se precisa que no puede desconocerse un derecho pensional bajo la aplicación de un régimen de transición, solo por la intención de unificación del sistema de seguridad social integral en Colombia con la Ley 100 de 1993 y mucho menos, en la exclusividad que se consagró en su artículo 283 ibidem. (…) De manera que, para la Sala en la sentencia acusada también se incurrió en una interpretación arbitraria del mencionado artículo 283, pues en su razonamiento no tuvo en cuenta que la «exclusividad» referida, tiene un condicionamiento, el cual consiste en que «con cargo a las cotizaciones previstas en la presente Ley», el Sistema de Seguridad Social Integral pagará exclusivamente las prestaciones consagradas en la misma. (…) [L]a Sala considera que en efecto el Tribunal desconoció el criterio trazado en la mencionada providencia, según el cual el artículo 29 del Decreto 3135 de 1968 no fue derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985 y, en tal sentido, la «pensión de retiro por vejez» es una prestación que puede configurarse en aquellos casos en los que se demuestre el cumplimiento de los presupuestos para ello. Lo

anterior, por cuanto en la sentencia acusada se consideró de manera errada que la «pensión de retiro por vejez» fue expulsada del ordenamiento jurídico a través de los artículos 25 de la Ley 33 de 1985 y 283 de la Ley 100 de 1993, pues no era acorde con lo enunciado para la primera norma en cita y porque la segunda estableció una «exclusividad» para el reconocimiento pensional solo de las prestaciones reguladas por dicha ley.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06732-00(AC)

Actor: HERIBERTO JAUREGUI ACERO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante de la referencia, en ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de

1991.

I. ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional Mediante escrito radicado el 4 de octubre de 2021, a través de la ventanilla virtual con el número 96661, el señor Heriberto Jauregui Acero, en nombre propio,

interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y móvil, al debido proceso, a la igualdad, así como, a los principios de favorabilidad y de seguridad jurídica de las decisiones judiciales. Sostuvo que las garantías constitucionales invocadas le han sido vulneradas con ocasión de la sentencia del 26 de agosto de 2021, notificada el 20 de septiembre de la misma anualidad, en la cual se decidió revocar la decisión dictada en primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cúcuta y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; proceso que se identificó con el radicado 54001-3333-010-2016-00815-01. En consecuencia, solicitó: «Solicito respetuosamente TUTELAR mis derechos a la SEGURIDAD SOCIAL, VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, MINIMO VITAL Y MOVIL, DEBIDO PROCESO, FAVIRABILIDAD E IGUALDAD Y SEGURIDAD JURIDICA EN LAS DECISIONES JUDICIALES y por tanto se deje sin efecto por VIA DE HECHO la sentencia judicial proferida por el H TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER el día 26 de agosto de 2021 y notificada el 20 de septiembre de 2021, dentro del proceso con radicación 54-001-33-33010-2016-00815-01 y se

proceda a confirmar el reconocimiento a mi favor de la PENSION DE RETIRO POR VEJEZ tal y como se estableció en la sentencia proferida por el JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE CUCUTA.» (sic para la cita) La petición de tutela, tuvo como fundamento los siguientes: 1 Escrito de demanda que fue asignada a este despacho con acta individual de reparto del 4 de octubre de 2021, expediente que ingresó al despacho el día 5 del mismo mes y año.

2. Hechos Sostuvo que nació el día 22 de agosto de 1938, y que es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, adicionalmente, que es una persona que no cuenta con los medios necesarios para subsistir, tal y como se demuestra con las «…declaraciones extra-juicio y los demás documentos que se allegan a esta solicitud. (SISBEN) y las pruebas practicadas en el proceso judicial tramitado bajo radicación 20001-23-39-000-2014-00274-01(5024-15) (sic)».

Indicó que estuvo vinculado al Departamento Norte de Santander, en la Secretaría de Educación, en el cargo de auxiliar de servicios generales, desde el 15 de junio de 1992 hasta el 28 de agosto de 2003, con afiliación en seguridad social en la extinta Cajanal, para un total de tiempo laborado de 11 años, 2 meses y 14 días. Mencionó que fue retirado del servicio por llegar a la edad de retiro forzoso (65 años para la época), mediante el Decreto 000861 del 28 de agosto de 2003,

expedido por el gobernador del Departamento para la época, para lo cual se alegó que había llegado a la edad 65 años y por ende, edad de retiro forzoso, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 y el artículo 122 del Decreto 1950 de 1973. Afirmó que la extinta Cajanal mediante Resolución 9053 del 28 de febrero de 2006 le reconoció una indemnización sustitutiva de pensión de vejez, en atención al tiempo laborado. Añadió que presentó reclamación ante la UGPP para que le reconocieran su «pensión de retiro por vejez», pero que dicha entidad le negó mediante Resolución RDP 28705 de 2015, la cual fue confirmada con ocasión de su recurso de apelación con Resolución RDP 041700 de 2015. Refirió que promovió una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 54001-33-33-010-201600815-01, en contra de la referida unidad pensional con la finalidad de que se declarara la nulidad del aludido acto administrativo y, en consecuencia, se le ordenara a reconocer y pagar su pensión de retiro por vejez. Mencionó que el Juzgado Décimo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cúcuta mediante sentencia del 11 de abril de 2019 accedió a lo pretendido, para lo cual declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 028705 y 041700 de 2015 y, en consecuencia, ordenó a la referida unidad que le reconociera y pagara una pensión de retiro por vejez a partir del 28 de agosto de 2003, en cuantía

equivalente al 20% del último sueldo devengado y, un 2% adicional por cada año de servicios. Además, dispuso que el valor reconocido por la indemnización le fuera descontado de las mesadas adeudadas. Informó que entre los fundamentos para la anterior decisión se señaló que era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y por tanto debía aplicarse la normatividad anterior prevista en el artículo 29 del Decreto 3135 de 1968 y que fue retirado del servicio por haber llegado a la edad de retiro forzoso, sin cumplir con el número mínimo de semanas requeridas, pues prestó sus servicios solo durante 11 años, 2 meses y 14 días y que a partir de los elementos probatorios se deducía su carencia de recursos para una congrua existencia. Agregó que la UGPP presentó recurso de apelación en contra de dicha providencia, al considerar que se le reconoció una indemnización sustitutiva, que la Ley 100 de 1993 no contempló una «pensión de vejez por retiro» y que la consagrada fue la pensión de vejez previo cumplimiento de los requisitos legales, que solo acreditó 1 año, 9 meses y 17 días a la entrada en vigencia de dicha norma, esto es, al 1° de abril de 1994, fecha para la cual contaba con 55 años de edad y 4.034 días laborados, equivalentes a 576 semanas, que son 11 años, 2 meses y 14 días. Precisó que de la aludida alzada conoció el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que mediante decisión del 26 de agosto de 2021, revocó la sentencia

de primera instancia para, en su lugar, negar lo pretendido y abstenerse de condenar en costas, por los siguientes motivos: a) Indicó que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, él contaba con más de 40 años, pues nació el 22 de agosto de 1938, pero que tan solo tenía 1 año, 9 meses y «días (sic)» de servicios prestados. b) Manifestó que cuando fue retirado del servicio por cumplir con la edad de retiro forzoso solo había laborado 11 años, 2 meses y «13 días (sic)». c) Precisó que no tenía derecho al reconocimiento y pago de la «pensión de retiro por vejez», dado que tal figura existió bajo la vigencia del artículo 29 del Decreto 3135 de 1968 y que si bien era cierto que «…este no fue derogado tácitamente (sic) también lo es que s[í] se expulsó del ordenamiento jurídico a través de los artículos 25 de la Ley 33 de 1985 y 283 de la Ley 100 de 1993…». d) Sostuvo que el citado artículo 25 de la Ley 33 de 1985 señaló expresamente que con la creación de esa norma se derogaban los artículos 27 y 28 del Decreto 3135 de 1968 y las demás disposiciones que le sean contrarias, es decir, las que no sean acordes a lo enunciado en ella, tal como lo era la «pensión de retiro por vejez», que no fue contemplada en la misma. e) Refirió que aunado a lo anterior, la Ley 100 de 1993 fue creada con el fin de unificar el sistema de seguridad social integral en Colombia y que en su artículo

283 se expuso que dicha norma gozará de exclusividad, por lo cual solo serán reconocidas las prestaciones consagradas en la misma. f) Resaltó que revisada minuciosamente la Ley 100 de 1993, la prestación pretendida, la «pensión de retiro por vejez» no estaba consagrada en la misma y por tanto, no había lugar a su reconocimiento. g) Aclaró que los actos administrativos demandados se encuentran conformes con el ordenamiento jurídico, puesto que el demandante no cumplía con el requisito de los 20 años de tiempo de servicios para acceder a una pensión de jubilación y que lo procedente era otorgar una indemnización sustitutiva. Informó que la precitada sentencia se notificó electrónicamente el 20 de septiembre de 2021.

3. Sustento de la vulneración La parte accionante consideró que con la providencia demandada se incurrió en lo siguiente2: 3.1. Defecto sustantivo Mencionó que la posición del Tribunal no se encuentra acorde con una interpretación favorable al afiliado, pues establece restricciones donde la norma no las señala y confunde la «pensión de retiro por vejez» con la «pensión por vejez».

Afirmó que de forma errónea considera que la «pensión de retiro por vejez» del artículo 29 del Decreto 3135 de 1968 es contraria a la Ley 33 de 1985, cuando es una prestación totalmente diferente a la de jubilación regulada por dicha norma. Aclaró que con la «pensión de retiro por vejez» se busca proteger al funcionario público que es retirado de su trabajo y por tanto se le imposibilita seguir laborando

por llegar a la edad legal de retiro forzoso, sin que ello sea contrario a ninguna norma que tenga que ver con la pensión mensual vitalicia de jubilación establecida en la Ley 33 de 1985, como lo sostuvo el Tribunal demandado. 3.2. Desconocimiento del precedente Sostuvo que el Consejo de Estado se ha pronunciado concretamente en este tema, y tiene una posición pacifica, clara pero contraria a la sostenida por el Tribunal demandado en la sentencia atacada, donde se sostiene que la «pensión de retiro por vejez» no ha sido derogada ni por la Ley 33 de 1985 ni por la Ley 100 de 1993, y sigue vigente para aquellas personas beneficiarias del régimen de transición. Citó, respecto a la no derogatoria por parte del artículo 25 de la Ley 33 de 1985, la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado de fecha 12 de julio de 2017, dentro del proceso con radicación 20001-23-39-000-2014-0027401(5024-15). Refirió su contenido, según el cual la Ley 33 de 1985 derogó los artículos 27 y 28 del decreto 3135 de 1968 y disposiciones que le fueran contrarias, pero de ninguna manera el artículo 29 que consagró la «pensión de retiro por vejez». Agregó que tal postura la reiteró dicha Corporación en la sentencia del 1° de julio de 2021, dentro del proceso 25000-23-42-000-2015-02149-01(2544-17), en la cual se citan otras providencias relacionadas con el asunto3, criterio según el cual, la pensión de retiro por vejez sigue vigente para aquellos servidores públicos

beneficiarios del régimen de transición. Destacó que la autoridad judicial acusada efectuó una interpretación contraria a la constitucional nacional y a las leyes que regulan la materia y se apartó de la reiterada línea jurisprudencial que sobre el tema ha sostenido el Consejo de Estado, Sección Segunda, sin que aduzca razones, argumentos o justificaciones 2 Aunque la parte accionante no especificó los defectos, de sus argumentos se deducen los que se indican en este acápite. 3 Entre ellas, del Consejo de Estado las sentencia del 7 de abril de 2005, la del 19 de febrero de 2009 (expediente 0720 de 2008) y de la Corte Constitucional las sentencias T-174 de 2012 y T-080 de 2013. válidas para apartarse de dicho criterio. Al respecto, añadió «… es más, no es al menos citada la línea jurisprudencial del superior jerárquico para apartarse de la misma.» Advirtió que el Tribunal demandado lo dejó sin protección social, en total estado de indefensión, con más de 84 años de edad, sin sustento alguno para su digna subsistencia, pese a que prestó más de 11 años servicios al estado, siendo beneficiario del régimen de transición e iniciado a prestar sus servicios con anterioridad a la Ley 100 de 1993. Mencionó que acudió a la justicia contenciosa administrativa, pero que luego de más de 5 años de trámite judicial y continuar con sus necesidades, obtuvo una decisión contraria a sus pretensiones, pero que lo inaceptable es que dicha decisión, no se ajusta al derecho a la igualdad ni a la favorabilidad en la aplicación de la Ley que debe amparar a cualquier ciudadano.

Recordó su especial protección constitucional, por su edad y su condición personal, lo cual acredita con las declaraciones extrajuicio y con los testimonios rendidos ante la jurisdicción dentro del trámite procesal objeto de esta acción de tutela.

4. Trámite de la solicitud de tutela Mediante auto del 5 de octubre de 2021, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

A su vez, se vinculó en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso al Juzgado Décimo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cúcuta y al director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

5. Contestaciones 5.1. Tribunal Administrativo de Norte de Santander El magistrado ponente de la sentencia acusada se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al considerar que no se cumple con la totalidad de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, así como tampoco concurre alguno de los requisitos específicos anteriormente reseñados, de modo que no es procedente realizar un estudio de fondo en el presente caso.

Hizo referencia al contenido de la providencia demandada; para luego destacar que no desconoció las normas y la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado, pues valoró las pruebas que en su oportunidad podrían ser tenidas en cuenta, y resolvió el asunto de fondo conforme a derecho. Aclaró que en su decisión se precisó concretamente en lo que tiene que ver con la

vigencia del artículo 29 del Decreto 3135 de 1968, que si bien este no fue derogado tácitamente, también lo era que sí se expulsó del ordenamiento jurídico a través de los artículos 25 de la Ley 33 de 1985 y 283 de la Ley 100 de 1993, último cuerpo normativo, que pretende integrar toda la materia, decidiendo entonces derogar los artículos 27 y 28 del Decreto 3135 de 1968 y las demás disposiciones que le sean contrarias, es decir, las que no vayan acordes a lo enunciado en ella, como el caso de la pensión de retiro por vejez. Resaltó que la acción de tutela resulta claramente improcedente, puesto que las pretensiones de la parte actora son incompatibles con la finalidad de esta acción constitucional, dado que lo que se persigue con la misma es dejar sin efectos una decisión judicial que se encuentra ajustada a la ley y a la jurisprudencia aplicable. 5.2. UGPP La aludida entidad solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de tutela, por los siguientes motivos: a. En las decisiones adoptadas por los despachos accionados, no se incurrió en los defectos material o sustantivo ni fáctico, sino que por el contrario las mismas se ajustaron al ordenamiento legal, jurisprudencial que regula el tema de la pensión de jubilación, así como el acervo probatorio aportado al proceso laboral donde se discutió dicho reconocimiento prestacional. b. La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la

causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el efecto. c. En este caso existe cosa juzgada, la cual está siendo desconocida por la parte actora con la invocación de esta solicitud de amparo, pasando por alto que en la actuación laboral hoy cuestionada y la de tutela por él incoada en el año 2019 ya se resolvió y se discutió el tema del reconocimiento pensional frente al cual el tutelante pretende desconocer, como así se derivó de las pruebas allí allegadas, pues en todas las actuaciones judiciales la decisión fue la misma, esto es, negando la pensión por no tener derecho a ello. d. No existe violación al debido proceso en razón a que, de la revisión del proceso laboral, que culminó con los fallos cuestionados se le garantizó al accionante sus derechos de contradicción y defensa lo que hace que el objeto de inconformismo del accionante con esas decisiones no puedan ser catalogadas como violatoria de derecho fundamental alguno. Agregó que, como consecuencia de lo anterior se niegue el amparo deprecado por el demandante por no configurarse vulneración alguna y se ordene el archivo del presente expediente constitucional. Hizo referencia a los antecedentes administrativos, así como de las actuaciones judiciales, para resaltar que la extinta Cajanal a través de la Resolución IHC 6053 del 28 de febrero de 2006, reconoció y ordenó el pago por una sola vez de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al demandante de conformidad con lo dispuesto en el artículos 37 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 3° del Decreto 1730 de 2001, liquidada con 580 semanas cotizadas, comprendidas entre

el 15 de junio de 1992 y el 28 de marzo de 2003, con inclusión de los factores salariales de asignación básica, bonificación por servicios prestados y horas extras, actualizando con base en el IPC de los años 1992 al 2002. Destacó que el accionante ya recibió una indemnización sustitutiva de pensión de vejez, la cual es incompatible con la pensión de retiro solicitada, toda vez que la indemnización sustitutiva se reconoce a las personas que no cumplen con las semanas de cotización para obtener la pensión de vejez y manifiestan voluntariamente no continuar con la vinculación al sistema, para así poder reclamar dicha prestación. No obstante, si una persona se le reconoce una pensión, no podría posteriormente pedir una indemnización sustitutiva o viceversa, tal y como lo expresa el artículo 6° del Decreto 1730 de 2001. Adujo que, que al efectuarse el pago y reconocimiento de la pensión, los aportes dados durante toda la vida laboral son los que garantizan el pago y por tanto no podría darse una devolución, en la medida que el sistema de seguridad social en pensiones lo rige el principio de solidaridad, lo que sí tendría lugar sería solicitar una «reliquidación de su pensión con inclusión de los nuevos aportes (sic)». 5.3. El juzgado vinculado, pese a su notificación, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,

modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como el Acuerdo 080 de 2019.

2. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, de acreditarse, si la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos específicos alegados, al revocar la sentencia de primera instancia que había accedido al reconocimiento y pago de su «pensión de retiro por vejez» con fundamento en el artículo 29 del Decreto 3135 de 1968, para, en su lugar negarla, por lo que, a juicio del demandante corresponde a una interpretación errada de la normatividad aplicable y con desconocimiento del criterio jurisprudencial de la Sección del Consejo de Estado frente a la procedencia de la misma.

Para abordar el problema jurídico planteado se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, ii) análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad y finalmente, de encontrarse superados, se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de 4 Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María

Elizabeth García González. la acción de tutela contra providencias judiciales5, conforme al cual: «De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»6. La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación. Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…». Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por

ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características. La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia7 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva). En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) relevancia constitucional, ii) que no se trate de tutela contra tutela, iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo 5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 6 Ibidem. 7 Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la Corte Constitucional.

impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia. Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva En primer término, se advierte que los reparos contra la providencia de segunda instancia bajo cuestionamiento pretenden poner de presente las irregularidades en que presuntamente incurrió la parte demandada, en tanto comprometen garantías de orden superior, más allá del debate legal surtido en las instancias del caso, por lo que el asunto es relevante desde el punto de vista constitucional ante la evidente tensión entre los derechos fundamentales invocados y la decisión judicial que se controvierte.

Por otro lado, se cumple con el requisito de que no se trate de tutela contra un fallo de esa misma naturaleza, pues la controversia gira en torno a la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. El presupuesto de la inmediatez también se encuentra acreditado ya que la sentencia de segunda instancia se notificó electrónicamente el 20 de septiembre de 2021, mientras que la solicitud de tutela se presentó el 4 de octubre de la misma anualidad, se advierte que fue promovida dentro de los seis meses que esta Corporación ha considerado oportunos y prontos para su ejercicio.

En relación con la subsidiariedad, contra la referida decisión no proceden recursos ordinarios y tampoco cuenta con los recursos extraordinarios de revisión, ni el de unificación de jurisprudencia conforme lo dispone la Ley 1437 de 2011. Por tanto, Sala abordará el fondo de la solicitud frente al sustantivo, así como del desconocimiento del precedente, sin perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.

5. Caso concreto De conformidad con lo expuesto en precedencia, se analizarán cada uno de los defectos específicos invocados, así: 5.1. Defecto sustantivo En relación con el defecto sustantivo, se ha considerado que este se configura cuando: «… la actuación controvertida desconoce una ley adaptable al caso o se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (i) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley, (ii) es incons