CE-11001-03-15-000-2021-06801-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL /

AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA / DEFECTO SUSTANTIVO / DEFECTO FÁCTICO / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE INFORMALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA Los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas (…) Para la Sala, los actores no cumplieron con la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas, toda vez que no indicaron específicamente i) cuales fueron los artículos de la Ley 906 de 2004 que la autoridad judicial accionada interpretó arbitrariamente en el caso sub examine, y en ese orden de ideas, ii) argumentar que dicha interpretación arbitraria, trajo como consecuencia que la autoridad judicial accionada adoptara una decisión judicial contraria al ordenamiento jurídico. (…) De igual manera, los actores señalaron que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en un defecto fáctico (…) Para la Sala, los actores no cumplieron con la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto fáctico, toda vez que no i) indicaron específicamente cuales pruebas fueron valoradas erróneamente por parte del juez colegiado; ii) que además dichos medios probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de la decisión; y iii) demostrar

que la valoración errónea de las pruebas fue una actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de sus derechos fundamentales, lo cual no aconteció en el caso sub examine. (…) Por último, los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial accionada incurrió en la causal de violación directa de la Constitución (…) Para la Sala los actores no cumplieron con la carga argumentativa de establecer las razones jurídicas que en el caso concreto acreditaran que el juez colegiado vulneró sus derechos fundamentales por haber efectuado una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución o iii) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto , pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio , el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06801-00(AC)

Actor: JOSÉ RAFAEL MANGA GUERRERO Y OTROS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los actores contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, porque, a su juicio, al proferir la sentencia 1 de septiembre de 2021, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 470013333003201700288-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. Los actores, obrando mediante apoderado, presentaron solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, porque, a su juicio, al proferir la sentencia 1 de septiembre de 2021, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 47001333300320170028801, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Adujeron que presentaron demanda contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la privación injusta de la libertad del que fuera víctima el señor José Rafael Manga Guerrero1. 2

Sentencia proferida el 4 de diciembre de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 47-001-3333-003-201700288-00

4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta resolvió lo

siguiente: “[…] PRIMERO: DECLARAR ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE a la NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACÓN y a la NACION-RAMA JUDICIAL por la privación injusta de la libertad que sufrió el señor JOSE RAFAEL MANGA GUERRERO del 6 de agosto de 2012 hasta el 27 de julio de 2015, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR solidariamente a la NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN y a la NACION-RAMA JUDICIAL al pago de los siguientes conceptos y a favor de los siguientes litigantes: 2.1 Por concepto de lucro cesante a favor de JOSE RAFAEL MANGA GUERRERO como víctima directa, la suma equivalente a 35.66 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. Se utilizará el salario mínimo vigente al momento de la ejecutoria de la sentencia de primera o segunda

instancia según fuere el caso. 2.2 Por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

NOMBRE NIVEL DE PERJUICIOS MORALES

PARENTESCO A PAGAR

JOSE RAFAEL MANGA VICTIMA 100 SMMLV

GUERRERO

MARIA JOSE MANGA HIJA (Nivel 1) 100 SMMLV MANGA MAYERLIN PAOLA HIJA (Nivel 1) 100 SMMLV 1 En nombre propio y en representación de los menores de 18 años de edad, MPMM y RJMM. Este Despacho adopta como medida de protección a la intimidad de los menores relacionados en este proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales MPMM y RJMM. 2 María José Manga Manga, Carmen Judith Guerrero Mejía, Johony de Jesús Manga Guerrero, Dannis Daniel Manga Guerrero y Juan Carlos Marañon Guerrero.

MANGA MANGA RAFAEL JUNIOR HIJO (Nivel 1) 100 SMMLV

MANGA MANGA CARMEN JUDITH MADRE (Nivel 1) 100 SMMLV

GUERRERO MEJIA

JOHONY DE JESUS HERMANO (nivel 2) 50 SMMLV

MANGA GUERRERO DANNIS DANIEL HERMANO (nivel 2) 50 SMMLV

MANGA GUERRERO JUAN CARLOS HERMANO (nivel 2) 50 SMMLV MARAÑON GUERRERO Se utilizará el salario mínimo vigente al momento de la ejecutoria de la sentencia de primera o segunda instancia según fuere el caso

TERCERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN de FALTA DE

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA de la NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda […]”.

5. Consideró que: “[…] Revisado los argumentos esbozados encontramos que para el caso concreto el Fiscal de turno no contaba con elementos suficientes para solicitar la medida toda vez que la ausencia de antecedentes penales, el hecho de que el capturado fuese un comerciante con establecimiento abierto al público, es decir, con arraigo en el municipio de Sitio Nuevo y que sus afirmaciones de inocencia se soportaban en desprestigiar a los policías que le efectuaron la captura (GARAY Y JIMENEZ), siendo una persona que no constituía peligro para la sociedad, no tenía capacidad para obstruir con la investigación ni de ocultar pruebas que entorpecieran el trámite, o que fuese a dejar el país, no debió solicitar si quiera la imposición de la medida, la cual se aprecia desproporcionada e irracional.

El tiempo de duración del proceso (3 años) que fue el mismo de la duración de la medida, da lugar a entender indiciariamente que las afirmaciones del hoy actor pueden ser reales, ya que al sostener la comisión de un delito por parte de un efectivo de la policía, este mismo debería ser el más interesado en acudir como testigo de acreditación al proceso, pero pese al sinnúmero de citaciones jamás lo hicieron, impulsando la teoría del caso de la defensa, la cual no varió desde la misma imputación y se sostuvo hasta que se dictó sentencia absolutoria.

El operador judicial sufre la misma suerte, toda vez que debió advertir en su decisión la falta de proporcionalidad y razonabilidad de la medida, ante un ciudadano que desde el principio no acepta los cargos y que sus antecedentes y arraigo le permitían cumplir con el deber de enfrentar el juicio en libertad, pudiendo evitar el daño antijurídico que al final se concreta con la privación de la libertad de

JOSE RAFAEL MANGA GUERRERO.

La FISCALÍA GENERAL DE LA NACION y la RAMA JUDICIAL serán declaradas responsables administrativa y patrimonialmente de la privación injusta de la libertad de JOSE RAFAEL MANGA GUERRERO […]”. Sentencia proferida el 1 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 47-001-3333-003-2017-0028800

6. La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso textualmente lo siguiente: “[…] PRIMERO: ACEPTAR el impedimento propuesto por la Magistrada Martha

Lucía Mogollón Saker.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 4 de diciembre de 2010, mediante la cual el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, y en lugar se (sic) NEGAR las pretensiones de la demanda […]”.

7. Adujo que: “[…] Con base en el anterior derrotero normativo, esta Colegiatura concluye que,

en vigencia de la Ley 906 de 2004, el delegado de la Fiscalía General de la Nación con base en los elementos materiales probatorios obtenidos, así como de la evidencia física recaudada, podrá solicitar al Juez de Control de Garantías que se imponga una medida de aseguramiento. Bajo esas consideraciones, una vez analizados los elementos de prueba obrantes en este proceso, así como también analizadas las piezas procesales del proceso penal debidamente aportadas a la contienda, considera la Sala que, pese a que la Fiscalía General de la Nación NO contaba con suficientes elementos de prueba para solicitar la medida de aseguramiento, el Juez de Control de Garantías SI contaba con el sustento para decretarla con fundamento en lo siguiente: La captura del señor José Rafael Manga Guerrero se dio el 6 de agosto de 2012, cuando fue presuntamente sorprendido en flagrancia con un arma de fuego tipo escopeta por Agentes de la Policía Nacional (No se logró acreditar al interior del proceso penal que tal presunción fuera cierta, toda vez que los Agentes de Policías implicados en el caso no acudieron a rendir su testimonio en el Juicio). El 7 de agosto de 2012 ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Zona Bananera con función de control de garantías se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. La captura fue legalizada, en cuanto a la formulación de imputación el señor José Manga Guerrero se allanó a los cargos y le fue impuesta medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en lugar

de residencia, conforme el artículo 307 Literal A numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. El 20 de septiembre de 2012 en audiencia de verificación de allanamiento e individualización de la pena y sentencia, el Juez Segundo Penal del Circuito de Ciénaga, Magdalena, declaró la nulidad de la diligencia de formulación de imputación al advertir que la Fiscalía General de la Nación incurrió en un error al ofrecer al procesado la rebaja de la cuarta parte de la pena, cuando lo procedente era ofrecer una rebaja de la cuarta parte de la mitad de la pena. Por lo cual ordenó remitir el expediente al Juzgado de Control de Garantía para que repitiera la audiencia de formulación de imputación. La audiencia de formulación de imputación se celebró nuevamente, no obstante, en esta oportunidad el señor José Manga Guerrero no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación. El 07 de junio de 2012 se celebró la audiencia de acusación en la que el ente acusador, formuló acusación contra el señor José Manga Guerrero en calidad de autos de a (sic) conducta delictiva de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, no obstante, cargos que no fueron aceptados por el acusado. Desde el 3 de septiembre de 2013 se dio inicio al Juicio Oral, sin embargo, dicha etapa culminó el 27 de julio de 2015 con sentencia absolutoria al estimar el Juzgado Primero Penal Municipal del Circuito de Ciénaga, Magdalena que había precluido la oportunidad del ente acusador para aportar las pruebas y demás elementos materiales probatorios, entre ellos los testimonios de los Agentes de

Policías que capturaron en flagrancia al señor Manga Guerrero en los hechos acaecidos el 6 de agosto de 2012. Ahora bien, advierte la Sala que, si en gracia de discusión se aceptara que le asiste responsabilidad a las entidades accionadas, se observa que de igual forma no hay lugar a declararla, toda vez que en el caso concreto se demostró la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad, tal y como pasa a explicarse a continuación […]”. […] “[…] Ahora bien, en el sub lite, respecto a la investigación seguida en contra del (sic) José Rafael Manga Guerrero, la Sala encuentra que las razones por las cuales el Juez de Control de Garantías impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva, tuvo que ver con el allanamiento por parte del sindicado. El aquí demandante en principio aceptó la comisión del delito y pese a que dicha diligencia estuvo viciada de nulidad lo cierto es que al momento de dictar la medida de aseguramiento se contó con dicha versión, por lo cual al haber sido sorprendido en flagrancia y al haber aceptado los cargos imputados, el juez encontró pertinente y adecuada la medida impuesta. Huelga anotar que, a juicio de la Sala, si existían elementos probatorios que validaran al Juez de Garantías a imponer la medida restrictiva de la libertad, pues si bien no se desconoce el hecho manifestado por el Juez de primera instancia que señaló que el informe de laboratorio de la Policía Nacional, únicamente logra establecer las características del elemento material probatorio, esto es, un arma tipo escopeta, no determinó que la misma se encontrara en poder del señor

Manga, lo cierto es que al momento de la diligencia de imposición de medida de aseguramiento si había elementos configurativos de la culpabilidad del imputado, pues él mismo sindicad (sic) se atribuyó la responsabilidad del punible al haberse allanado a los cargos imputados. No desconoce la Sala que la diligencia de imputación en la que el actor se allanó fue declarada nula por el Juez de individualización, lo que quiere decir que dicha actuación dejó de existir en la vida jurídica y los efectos fueron volver las cosas al estado anterior. Sin embargo, la diligencia de imposición de medida de aseguramiento no corrió la misma suerte pues la misma gozó de legalidad y las decisiones adoptadas ahí quedaron en firme, por lo cual no podría predicarse que la medida restrictiva de la libertad fue infundada […]”.

8. Expresó que al actor le asistía el deber de colaborar con la administración de justicia, sin embargo, al rendir declaraciones confusas respecto a su participación en los hechos, implicó que sobre él mismo se pusieran todas las dudas posibles, configurándose un indicio grave de responsabilidad que llevó a que se le privara de la libertad.

9. Consideró que “[…] la actuación y dicho del actor llevó a que se le tomara como responsable de los hechos del punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de defensa personal, pues se tenía que efectivamente había cometido la conducta pues había aceptado cargos imputados, y que, si bien en su dicho posteriori se mostró totalmente ajeno al delito, sus declaraciones llevaron al juez penal a convencerse de la comisión del delito […]”.

La solicitud de tutela Pretensiones

10. Los actores solicitaron en su escrito de tutela: “[…] Respetuosamente, solicitamos al Juez Constitucional dejar sin efecto la sentencia dictada en segunda instancia por el h. Tribunal Administrativo del Magdalena y ordenar que, en un plazo de diez (10) días, dicte una nueva sentencia resolviendo el recurso de apelación conforme los razonamientos expuestos en el fallo de tutela […]”.

11. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas y en la causal de violación directa de la Constitución.

Actuación

12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de octubre de 2021; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena y iii) vinculó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta, a la Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

13. La Secretaría General de la Policía Nacional solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, por haberse configurado la falta de legitimación en la causa por pasiva.

14. La Fiscalía General de la Nación consideró que: “[…] Sirvan los argumentos hasta aquí expuestos, para demostrar a su Despacho

que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno a los señores José Rafael Manga Guerrero, María José Manga Manga, Carmen Judith Guerrero Mejía, Johony de Jesús Manga Guerrero, Dannis Daniel Manga Guerrero y Juan Carlos Marañon Guerrero, y que, en todo caso, la tutela impetrada es a todas luces improcedente, razón por la cual se solicita respetuosamente se despachen desfavorablemente las pretensiones invocadas por los accionantes por cuanto no se cumplen las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, así como tampoco se argumenta la configuración de alguna causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ya que la parte actora no sustentó la configuración del presunto defecto en el que habría incurrido la autoridad judicial accionada, a pesar de que tenía la carga de la prueba […]”.

15. El Tribunal Administrativo del Magdalena expresó que: “[…] En este punto resulta imprescindible aclarar que al momento de analizar el caso concreto, se determinó por parte de la Sala que debía revocarse la sentencia de primera instancia. Lo anterior, en atención a que a juicio de la Corporación, la actuación y dicho del señor MANGA GUERRERO llevó a que se le tomara como responsable de los hechos del punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de defensa personal, pues éste había aceptado los cargos imputados, y que si bien en su dicho posteriori se mostró totalmente ajeno al delito, sus declaraciones llevaron al juez penal a convencerse de la comisión del delito. Igualmente, es preciso recordar que aunque

algunas de las diligencias adelantadas en el proceso penal fueron declaradas nulas, lo mismo no ocurrió con la medida de detención preventiva en lugar de residencia, por lo cual no hubo lugar a emitir un nuevo pronunciamiento al respecto por parte del Juez de Control de Garantías. De acuerdo con el anterior relato de las actuaciones, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el actor, se tiene que del trámite procesal adelantado no se vislumbra violación alguna a las garantías fundamentales de las partes, toda vez que, contrario a lo expresado por el actor, en ningún momento se le ha privado de la posibilidad de concurrir al proceso. Por el contrario, se advierte que la solicitud de amparo está dirigida más a acceder a una tercera instancia, sin aceptar el veredicto proferido por los Jueces naturales en el curso del trámite regulado por el C.P.A.C.A; razón por la cual se deben desestimar los argumentos planteados por los actores, teniendo en cuenta los criterios sobre la materia expuestos en la jurisprudencia constitucional. Así las cosas, y como quiera que no se verifica la alegada vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes por parte de esta Corporación, es necesario entonces hacer prevalecer el principio de autonomía e independencia judicial y como consecuencia de ello denegar el amparo solicitado […]”.

16. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia de la Sala 17.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por

el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 y 4 con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela. Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

19. La Sala advierte que, previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

20. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente: “[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un 3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.” superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

21. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos: “[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una

pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[6]. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”. 5 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

6 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

22. La Sala advierte que la Policía Nacional solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

23. Al respecto, es preciso indicar que la parte actora presentó la solicitud de tutela de la referencia contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, teniendo en cuenta que, a su juicio, al proferir la sentencia de 1 de septiembre de 2021, dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 470013333003201700288-01, vulneró sus derechos fundamentales, en el cual la Policía Nacional fungía como parte vinculada; es decir, que le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera respecto al medio de control de reparación directa. 24.En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Policía Nacional le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera.

25. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada.

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito de relevancia constitucional.

27. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 28.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe 7 acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

29. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de 9 los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

30. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,

estableció como requisitos generales de