CE-11001-03-15-000-2021-06920-00(AC)

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito de la inmediatez. (…) En el expediente está plenamente acreditado que: i) la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial) profirió la sentencia el 29 de marzo de 2017; posteriormente profirió providencia de 30 de mayo de 2018, mediante la cual adicionó la sentencia mencionada supra, y que se notificó el 24 de septiembre de 2018 ; y ii) que el actor presentó la acción de tutela el 8 de octubre de 2021 , es decir, 36 meses, 14 días desde la fecha de la notificación hasta la presentación de la acción de tutela. (…) [P]ara la Sala no se cumple con el requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable, teniendo en cuenta que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el amparo debe ser presentado dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir de la notificación de la providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06920-00(AC)

Actor: VÍCTOR HUGO TERREROS PÉREZ

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – COMISIÓN NACIONAL DE

DISCIPLINA JUDICIAL Y COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Nación – Rama Judicial – Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, porque, a su juicio, la Comisión Nacional, al proferir el auto de 29 de marzo de 2017 y la sentencia de 30 de mayo de 2018, y la Comisión Seccional, al proferir la sentencia de 24 de agosto de 2015, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 110011102000201105712-03, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, actuando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, porque, a su juicio, la Comisión Nacional, al proferir el auto de 29 de marzo de 2017 y la sentencia de 30 de mayo de 2018, y la Comisión Seccional, al proferir la sentencia de 24 de agosto de

2015, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 110011102000201105712-03, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra. Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. María Elena Antonia Barrera de Martínez y Ramón Antonio Martínez Cuesta, formularon queja ante la Procuraduría General de la Nación, la cual fue remitida a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, comoquiera que, la Fiscalía General de la Nación, archivó la denuncia penal que instauraron contra el actor, con ocasión de los presuntos delitos de infidelidad a los deberes procesales, estafa y fraude.

Sentencia de 24 de agosto de 2015 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Bogotá dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 110011102000201105712-00

4. Mediante sentencia de 24 de agosto de 2015 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 110011102000201105712-00, se resolvió: “[…] PRIMERO: Declarar disciplinariamente responsable al abogado Víctor Hugo Terreros Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.369.378 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, de los cargos atribuidos en la audiencia de once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014), por las razones expuestas en esta

providencia, y se le sancionará con EXCLUSIÓN en el ejercicio de la profesión de abogado. […]”.

5. Consideró que: “[…] En el presente caso se observa que el abogado Víctor Hugo Terreros Pérez, como profesional del derecho sabía cuáles eran sus deberes y las consecuencias de su actuar y sin embargo llevó a cabo todo un plan para defraudar la confianza de la quejosa y del quejoso y su patrimonio económico, usufructuando un bien sin destinar los recursos que producía en pagar la deuda que ella y él tenían con sus acreedores, ni regresárselo como era debido.

Como abogado olvidó los fines sociales que implican el ejercicio del derecho y dio paso a que su actuar no sólo se pusiera en tela de juicio el correcto ejercicio de la abogacía, sino que de paso dejó latentes los intereses jurídicos de quienes a ella acudieron debido a sus necesidades personales, sintiéndose estas personas defraudadas de la justicia […]”. Sentencia de 29 de marzo de 2017 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura1 dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 110011102000201105712-03

6. La autoridad mencionada supra dispuso: “[…] PRIMERO.- CONFIRMAR la Sentencia proferida del 24 de agosto de 2015, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogotá, sancionó al abogado VÍCTOR HUGO TERREROS PÉREZ, con EXCLUSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, como responsable de la falta establecida en el numeral 4 del

artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, conforme a las razones expuestas en las consideraciones de esta sentencia. Segundo.- Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual la misma empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria. […]”.

7. Dentro de sus consideraciones señaló que: “[…] Del estudio detallado del material probatorio que obra en el expediente, esta Colegiatura encuentra plenamente acreditado que el profesional del derecho VÍCTOR HUGO TERREROS PÉREZ no hizo entrega a la menor brevedad posible de los dineros obtenidos en virtud de la gestión encomendada, los cuales recaudó

durante años, producto de la administración del inmueble ubicado en la carrera 72 No. 71-01 y 71-17 de esta ciudad, con matrícula inmobiliaria No. 50C-477599; por 1 Actualmente Comisión Nacional de Disciplina Judicial. lo tanto, se materializó la falta a la honradez del abogado, descrita en el numeral 4 del artículo 35 de la ley 1123 de 2007, pues al togado encartado le asistía la obligación de pagar a los acreedores reconocidos en el concordato propuesto por los quejosos Ramón Antonio Martínez Cuesta y María Helena Antonia de Martínez, lo cual no se advierte que haya ocurrido de acuerdo al acervo probatorio recolectado. […] De manera que el papel que correspondía desarrollar al doctor VÍCTOR HUGO TERREROS PÉREZ como apoderado de los quejosos, era asesorar a sus clientes

en buscar el cumplimiento de una fórmula con los acreedores, para pagar las obligaciones reconocidas, y en lo posible mantener la vigencia de la empresa de los quejosos, tal como lo prevé el artículo 98 de la ley 222 de 1.995. Sin embargo de lo anterior, el disciplinable incumplió sus deberes como abogado, y se apoderó de la administración del inmueble ubicado en la carrera 72 No. 71-01 y 71-17 de esta ciudad, apropiándose de los dineros que produjo su arrendamiento y no cancelando las obligaciones de la cual eran titulares los acreedores. Para conseguir lo anterior, elaboró y suscribió con los quejosos, sus clientes, promesa de compraventa de 11 de abril de 2.007, en donde se compromete a adquirir la propiedad del bien y a pagar las acreencias reconocidas en el proceso concordatario, para lo cual, suscribieron adicionalmente, un contrato de venta y cesión de derechos litigiosos de 11 de abril de 2007, en el cual actuaron como partes, el disciplinado como representante legal de la sociedad Briceño y Terreros Abogados Asociados Ltda y los empresarios-quejosos Martínez Cuesta y Barrera de Martínez […]”. […] “[…] De manera que no les asiste razón al disciplinado y sus defensores, cuando señalan que los contratos de promesa de compraventa y cesión de créditos y derechos litigiosos son válidos pues fueron celebrados de común acuerdo entre el apoderado disciplinado y sus clientes-quejosos, y que ello, corresponde a un negocio de naturaleza civil y no disciplinario. Nada de lo anterior es cierto. Lo

primero, porque los bienes de los empresarios sometidos al trámite de un concordato, son administrados por el contralor designado para ese efecto, lo que se traduce en que los deudores pierden la administración de sus bienes; lo mismo ocurre, dentro de la etapa de la liquidación forzosa, en donde los comerciantes deudores, son separados de la administración de sus bienes, ellos son embargados y secuestrados y entregados al liquidador para su realización y pagar las acreencias reconocidas en el proceso respectivo. De manera que los negocios que efectuó el abogado TERREROS PÉREZ con los quejosos, son nulos, por tener objeto ilícito, pues están contraviniendo la ley, situación que conocía el disciplinado, al punto, que en los textos de las promesas celebradas, se dejó Id Documento: 11001031500020210692000005025220006 expresa constancia de las medidas cautelares que recaían sobre el inmueble. Esta situación no puede entenderse simplemente como una negociación de derecho privado, sino que hace incurrir al abogado en transgresión de sus deberes profesionales. Desde luego, que estas maniobras, son las que permiten al jurista disciplinado hacerse al manejo del inmueble, arrendarlo y apropiarse de los arrendamientos producidos durante varios años, sin que se encuentre prueba de haber pagado a los acreedores, por lo contrario, lo que se demuestra es que incursionó en la falta antiética prevista en el artículo 35, numeral 4, de la ley 1123 de 2007, por lo cual se le formuló cargo disciplinario, en la audiencia del 11 de

diciembre de 2014. El análisis del amplío acervo probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, muestran con grado de certeza no solo la comisión de la infracción al estatuto deontológico de los abogados sino su responsabilidad, sin que se encuentre causa que justifique el actuar errado del apoderado de los quejosos. Se percibe a lo largo del expediente, que el disciplinado interpuso cantidad de recursos de reposición, no con el propósito de contribuir a la defensa de los intereses de sus clientes, ni procurar el pago de las acreencias, sino para dilatar el desarrollo del mismo, pues la sociedad que representaba, Briceño Terreros Abogados Asociados Ltda, era la única que se beneficiaba, porque percibía periódicamente los cánones de arrendamiento del inmueble que durante años administró, cuya propiedad y posesión estaban afectos al trámite concordatario inicialmente y al de liquidación forzosa de manera final. Finalmente debe resaltarse que el argumento esgrimido por la defensa del disciplinado TERREROS PÉREZ relativo a que se está desconociendo el efecto de la providencia proferida por la Fiscalía, que ordenó archivar la denuncia penal formulada por los quejosos contra el abogado que fungía como su apoderado, no es de recibo por esta Sala, porque sabido es, que Id Documento: 11001031500020210692000005025220006 una es la investigación penal, y otra la disciplinaria que de la actuación del Togado se pueda desprender, sin que sus efectos siempre puedan ser coincidentes. Como ocurre en el caso en estudio, los intereses jurídicos son diferentes. Aquí lo que se investiga es el actuar antiético del

jurista, a quien se le entregó un inmueble, con el compromiso de pagar las acreencias reconocidas en el concordato y en la liquidación forzosa, con el resultado que el abogado tomó para su sociedad los dineros producto de arrendamiento del inmueble propiedad de los quejosos, sus clientes. […]”. Providencia de 30 de mayo de 2018 mediante la cual se resolvió la solicitud de adición de la sentencia de 29 de marzo de 2017, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura2 dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 110011102000201105712-03

8. La autoridad mencionada supra dispuso: “[…] PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de 29 de marzo de 2017, mediante la cual esta Corporación confirmó la decisión proferida en agosto 24 de 2015, que sancionó al abogado VICTOR HUGO TERREROS PÉREZ con EXCLUSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, como responsable de la falta establecida en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en el sentido de negar las solicitudes de declaratoria de prescripción de la acción disciplinaria y de retiro del agravante contenido en el numeral 5 del literal c del artículo 45 ibídem, conforme al análisis efectuado en precedencia.

SEGUNDO: DEJAR incólume en todo lo demás la sentencia objeto de adición, tal como se indicó en el obiter dicta de la presente decisión […]”.

9. Como fundamento de su decisión manifestó que: “[…] debe tenerse en cuenta que está probado conforme al certificado No. 239780 de la Secretaría de esta Sala y allegado al plenario, que el abogado TERREROS

PÉREZ fue sancionado por sentencia de marzo 17 de 2010, con suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión al interior del proceso disciplinario 200804084 y como la conducta por la cual se le reprocha disciplinariamente en el 2 Actualmente Comisión Nacional de Disciplina Judicial. presente asunto se cometió desde abril 11 de 2007 y por ser una infracción permanente se ha prolongado en el tiempo, tales antecedentes se deben tomar como agravante de la sanción a imponer confirme al numeral 6 del literal c) del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, en razón a que la sanción de suspensión se profirió dentro de los cinco años anteriores al día en que inició la comisión de la conducta que aquí se investigó. […]”.

10. Indicó que “[…] el recurso de apelación tramitado ante la entidad superior aquí accionada y las providencias antes relacionadas fueron tramitados y evacuados con la intervención de los Honorables magistrados doctores PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO y JULIA EMMA GARZON DE GOMEZ quienes para la época en que se tramitó el ya citado recurso de apelación y se produjeron las ya también mencionadas providencias, aparentemente, detentaban la cabalidad de Magistrados en ejercicio de la entidad aquí accionada y, con base en ello, conocían y resolvían en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de primera instancia proferidas por la sala jurisdiccional disciplinaria seccional Bogotá. […]”.

La solicitud de tutela Pretensiones

11. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Acorde con lo expuesto, solicito a los honorables magistrados, muy respetuosamente, se sirvan concederme el amparo solicitado y, como consecuencia de ello, ordenar dejar sin valor ni efecto el trámite del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 24 de Agosto de 2015 al igual que la sentencia de segunda instancia fechada 29 de Marzo de 2017 y su correspondiente adición de fecha Mayo 30 de 2018. […]”.

12. Manifestó que las providencias demandadas en el caso sub examine se profirieron sin competencia de la autoridad judicial demandada, comoquiera que, a su juicio: “[…] El artículo 29 de nuestra constitución política clara y expresamente establece que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Acorde con lo dispuesto en la norma constitucional antes citada, el juzgamiento de la persona natural y/o jurídica en Colombia debe cumplirse ante el juez o tribunal competente lo cual implica y lleva consigo que el funcionario y/o funcionarios que lo conforman, por ministerio de la ley, deben estar legalmente designados y legitimados para ello pues, de no ser así, la labor de juzgamiento por ellos realizada se convierte en una apariencia y en un acto irreal, simulado e ineficaz a la luz de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 54 de la ley 270 de 1996 establece que las decisiones que emitan las corporaciones judiciales en ejercicio de sus funciones requerirán de la participación, presencia, deliberación y decisión de los funcionarios que legalmente

los conforman y sin el cumplimiento de esta fundamental exigencia cualquier decisión que se emita se torna en inexistente, ilegal y arbitraria. Ahora, ha salido a la luz pública y se ha convertido en un hecho notorio que los honorables magistrados doctores PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO y JULIA EMMA GARZON DE GOMEZ a la fecha en que participaron en el trámite y evacuación del recurso de apelación interpuesto por el suscrito accionante contra la sentencia proferida por la sala jurisdiccional disciplinaria de Bogotá el día 24 de Agosto de 2015 y, así mismo, a la fecha en que profirieron las providencias fechadas 29 de Marzo de 2017 y Mayo 30 de 2018 no ostentaban y no podían ostentar ya, por ministerio de la ley y la constitución que nos rige, el cargo de magistrados de la sala jurisdiccional disciplinaria superior del consejo superior de la judicatura y que, en consecuencia, se trataba de dos particulares que de manera arbitraria e ilegal usurpaban funciones que no le correspondían y que nadie les había otorgado. […] Acorde con la información suministrada por los medios de comunicación, los periodos constitucionales de los doctores SANABRIA BUITRAGO y GARZON DE GOMEZ culminaron de pleno derecho los días 9 de Septiembre y 21 de Agosto de 2016, respectivamente, fechas estas desde las cuales, por ministerio de la constitución que nos rige, cesaron en el ejercicio de sus cargos y de sus funciones convirtiéndose así, a partir de la citada fecha, en dos ciudadanos particulares más que nada tenían que hacer y, mucho menos,

intervenir, en las actuaciones a cargo de la entidad aquí accionada. De la misma manera, una vez emitidas las providencias fechadas Marzo 29 de 2017 y Mayo 30 de 2018 por parte de la entidad superior aquí accionada, la sala jurisdiccional disciplinaria de Bogotá del consejo seccional de la judicatura también aquí accionada procedió a cumplir y obedecer las decisiones anotadas, proferidas en segunda instancia a sabiendas de que estas habían sido dictadas con la participación de los particulares antes indicados que no tenían ya ninguna autoridad jurisdiccional para ello tornándose, así, su actuación en otra vía de hecho arbitraria e ilegal violatoria de los derechos fundamentales que legal y constitucionalmente me asistían en el proceso ya identificado […]”. (Resaltado por la Sala). Actuación

13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 29 de octubre de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, iii) vinculó a María Elena Antonia Barrera y a Ramón Antonio Martínez Cuesta, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular; y iv) negó la medida provisional solicitada por el actor.

Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

14. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial informó que: “[…] El Congreso de la República en sesión mixta del dos (2) de diciembre de 2020

eligió a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, siendo posesionados el día 13 de enero de 2021 por el Presidente de la República, habilitando plenamente a está Colegiatura para ejercer la función jurisdiccional disciplinaria a partir de dicha fecha. Conforme a lo anterior, no es posible que esta Corporación se pronuncie acerca de los fallos que profirió la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en la medida en que no los elaboró ni los discutió en el seno de su Sala Plena y no está dentro de sus competencias pronunciarse sobre el contenido de decisiones proferidas en el marco de procesos que fueron conocidos por la extinta corporación. […]”.

15. Indicó que: “[…] Sin embargo, los defectos alegados por el accionante tienen relación con la supuesta irregularidad de la providencia, al haber sido expedida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria sin el quorum requerido, al haber sido aprobada por solo 3 de los 7 magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, teniendo en cuenta que 2 de los magistrados presentes habían cumplido su periodo constitucional, es pertinente aclarar que la doctora Julia Emma Garzón y el doctor Pedro Alonso Sanabria Buitrago continuaban conociendo de los asuntos de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en razón a que para dicha época, a pesar de que ya habían expedido el Acto Legislativo 02 de 2015, no se habían posesionado los magistrados de la Comisión

Nacional de Disciplina Judicial. Por lo tanto, considerando que los magistrados de la Comisión Nacional de

Disciplina Judicial fueron posesionados el 13 de enero de 2021, es claro que la doctora Garzón y el doctor Sanabria, quienes venían desempeñándose como magistrados, se encontraban plenamente habilitados para seguir conociendo de los asuntos de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015.[…]”. (Resaltado por la Sala).

16. Afirmó que: “[…] se trae a colación la sentencia SU-355 de 27 de agosto de 2020, en la que la Corte Constitucional puso de presente el grave problema que implicó la interpretación que realizó el Consejo de Estado frente a los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura para la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pues ello conllevó a que no se materializara lo dispuesto en el artículo 257 A Constitucional en la forma prevista por el constituyente, e indicó en una de sus consideraciones que “…toda ampliación del período de los magistrados de las altas Cortes es inconstitucional”, también es cierto que en dicho pronunciamiento no se invalidaron las decisiones proferidas con participación de los magistrados Garzón y Sanabria.

Esta situación se encuentra reconocida en la sentencia SU-174 de 2021, al indicar la Corte Constitucional: “11. Aunado a lo anterior, en la sentencia SU-355 de 2020, la Corte evidenció la problemática que generó la sentencia del 6 de febrero de 2018 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, pero no por

ello invalidó las decisiones que en ese periodo hubieran sido adoptadas por los entonces magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.” En efecto, la Corte reconoció que la decisión del Consejo de Estado desconoció la ratio decidendi de la sentencia C-285 de 2016 y generó un bloqueo institucional que facilitó, entre otras cosas, la permanencia por más de 10 años en el cargo de magistrados de la Sala Jurisdiccional cuyo periodo constitucional es de 8 años. De ahí que la Corte decidiera dejar sin efectos la decisión del Consejo de Estado y dispusiera que las autoridades a las que se refiere el artículo 257A de la Constitución debían enviar al Congreso de la República, previa convocatoria pública reglada, las ternas que les corresponden conformar, para efectos de que el Congreso procediera a la elección de los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial antes de concluir el año 2020. Estos magistrados fueron elegidos el 2 de diciembre de 2020 y se posesionaron el 13 de enero de 2021. En consecuencia, los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tenían competencia para adoptar la decisión de segunda instancia en el proceso de la referencia. (Negrillas y subrayas fuera de texto) Aquí también es importante señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-174 de 2021 tampoco invalidó la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria por la situación presentada frente a los magistrados Garzón y Sanabria, sino que, en ese caso en particular, se debió al tema de la filtración de un proyecto en medios de comunicación. […]”.

17. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, María Elena Antonia Barrera y Ramón Antonio Martínez Cuesta guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia de la Sala

18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre 3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. de 20185 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente

indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable. Problemas jurídicos

20. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito de la inmediatez.

21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; procediendo posteriormente a vii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala 5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que

debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

23. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 8 Consej