CE-11001-03-15-000-2021-07156-00(AC)

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL

PRECEDENTE - No configuración / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO /

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECONOCIMIENTO DE

LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE / AUSENCIA DE VULNERACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto procede el amparo de los derechos fundamentales invocados por la tutelante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la providencia de 29 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, mediante la que confirmó lo resuelto el 5 de diciembre de 2019, por el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (…) promovido contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. (…) Particularmente, la parte actora alegó que, con la sentencia de 29 de abril de 2021 se incurrió en un defecto sustantivo y el que la Sala denominó desconocimiento del precedente, los cuales serán estudiados en conjunto, toda vez que la accionante los fundamentó bajo las mismas alegaciones. (…) [P]ara la Sala el cargo por desconocimiento del precedente judicial no tiene vocación de prosperidad, si se tiene en cuenta que las decisiones reseñadas por la accionante, no guardan similitud con los presupuestos fácticos y jurídicos estudiados en la

sentencia de 29 de abril de 2021, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y, además, por cuanto no se desconocieron las reglas y/o subreglas fijadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en las sentencias de unificación descritas previamente. Finalmente, se debe anotar que la interpretación normativa realizada por la corporación judicial demandada está enmarcada en los principios de autonomía e independencia que rigen la función judicial, de cuyas conclusiones no se advierte por esta Sala de Decisión que sean contrarias a las disposiciones constitucionales y legales que regulan el caso concreto. Bajo estas premisas, no le asiste razón a la demandante al afirmar que se debió aplicar el régimen previsto en el Decreto 758 de 1990 y en el Acuerdo 49 del mismo año. Por consiguiente, se negará el amparo deprecado, comoquiera que la parte actora no demostró la configuración de los defectos alegados. (…) Así las cosas, la Sala negará la solicitud de amparo frente a los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, toda vez que estos no se configuraron.

FUENTE FORMAL: DECRETO 758 DE 1990 / ACUERDO 49 DE 1990.

NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Pedro Pablo

Vanegas Gil.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-07156-00(AC)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actor: MARGARITA SILVA BENAVIDES

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “D” Y OTRO Temas: Tutela contra providencia judicial - defecto sustantivo – niega amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela formulada por la señora Margarita Silva Benavides, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud La señora Margarita Silva Benavides, en nombre propio, instauró acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al “debido proceso y a la vida digna en conexidad con el mínimo vital. El derecho A la igualdad” (sic

a toda la cita). Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” que, por medio de providencia de 29 de abril de 2021, confirmó la decisión de 5 de diciembre de 2019, proferida por el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, y que se identificó con el radicado No. 11001-33-42053-2017-00142-00. 1.2. Hechos La accionante fundó su escrito de tutela en los siguientes: 1 Con escrito presentado el 20 de octubre de 2021 a través del buzón electrónico jadmin53@cendoj.ramajudicial.gov.co y remitido a la Secretaría General del Consejo de Estado, el 21 de octubre del mismo año. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que contrajo matrimonio con el agente de la Policía Nacional, señor Sacramento Ruiz Sánchez, quien falleció el 23 de abril de 1993, fecha para la cual contaba con un tiempo de servicio de 14 años, 3 meses y 11 días. Expuso que le solicitó a dicha entidad el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, en calidad de esposa legítima del causante. No obstante, la Policía Nacional resolvió desfavorablemente su pretensión. Indicó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a través del cual pretendió que se declarara la nulidad de los actos administrativos Nos. S 2013 – 381380 DIRN APRE – GROIN 1.10 de 27 de diciembre de 2013, 238154 ARPRE GRUPE 1. 10 de 31 de julio de 2014 y el acto ficto o presunto producto del silencio administrativo generado por la falta de respuesta a la petición radicada el 27 de enero de 2016, por los cuales se negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pretendida. Señaló que el proceso correspondió por reparto al Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2019 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no era procedente la aplicación del Decreto 758 de 1990, toda vez que el causante no acreditó haber estado vinculado el Instituto de Seguro Social (en adelante ISS). Informó que la anterior decisión fue apelada y el conocimiento de la segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, corporación que, mediante sentencia del 29 de abril de 2021, confirmó en todas sus partes el proveído recurrido. 1.3. Fundamentos de la solicitud La actora consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá vulneraron sus derechos fundamentales “al debido proceso y a la vida digna en conexidad con el mínimo vital. El derecho A (sic) la igualdad”

con las providencias de 5 de diciembre de 2019 y 29 de abril de 2021, al incurrir en un defecto sustantivo. Particularmente, consideró que en su caso se desconoció el principio de favorabilidad, pues los jueces de primera y segunda instancia determinaron que, para la fecha de fallecimiento del agente Sacramento Ruiz Sánchez (23 de abril de 1993), el régimen que aplicaba era el establecido en el Decreto 1213 de 1990, cuando debió estudiarse su situación particular con fundamento en el Decreto 758 de 1990 y el Acuerdo 49 del mismo año, los cuales resultan ser más favorables que el primero. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, toda vez que el régimen especial de la Policía Nacional (Decreto 1213 de 1990) preceptúa un término de 15 años para efectos de reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes, tiempo de servicio que no cumplió el agente Sacramento Ruiz Sánchez, dado que para la fecha de su fallecimiento contaba con 14 años, 3 meses y 11 días. Por el contrario, el régimen general de pensiones (Decreto 758 de 1990) determinaba la posibilidad de acceder al derecho pensional al acreditarse 150 semanas dentro de los seis años anteriores al deceso o 300 semanas en cualquier época, condiciones que sí fueron cumplidas en el presente caso. Sobre el particular, la actora afirmó que “El régimen especial que cobija un trabajador no puede ser inferior o menos beneficioso que el régimen común y si lo fuese debe

aplicarse al trabajador el régimen más favorable. En este caso debe aplicarse en el reconocimiento de la pensión de sobreviviente el decreto 758 de 1990 y el acuerdo 49 de 1990, el cual exigía para la fecha menos semanas cotizadas al sistema pensional para obtener dicho beneficio”. Igualmente, dispuso que se desconoció el principio pro persona, pues no se tuvo en cuenta que tiene derecho a disfrutar de una pensión de vejez por reunir los requisitos de ley, por cuanto su esposo trabajo casi 15 años para la Policía Nacional. Además, las autoridades accionadas no evidenciaron el “vínculo de amor y de ayuda mutua” que existía entre ella y el causante y que con la muerte de su esposo quedó desprotegida, por lo que la pensión pretendida preserva su mínimo vital. Precisó que “aunque el causante no era oficial ni suboficial de la policía sino que tenía el rango de agente miembro de la Policía Nacional, como cónyuge supérstite me encuentro en las mismas circunstancias personales y de necesidad económica en que pudiese encontrase la viuda de un suboficial u oficial de la policía, el hecho de ser viuda de un agente de la policía no me hace menos persona como tampoco me niega derechos constitucionales, la condición de agente de la policía del causante no obsta para que se de aplicación a una norma inferior o desfavorable respecto de otros miembros con mayor rango ya que el principio de igualdad establecido en la carta política quedaría en la literalidad y los rangos de la milicia no aplican en cuestiones de derechos (…)”. Ahora, si bien la actora no lo enlistó expresamente, la Sala en uso de las

facultades interpretativas de que goza, enmarcará los demás reproches alegados por la accionante en su escrito de tutela, en el denominado defecto por desconocimiento del precedente judicial, comoquiera que alegó que las autoridades accionadas desconocieron la amplia jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado y la Corte Constitucional que establece principios en materia laboral y pensional, tales como “1. el principio protector, 2. el principio de favorabilidad, 3. principio pro persona, 4. principio de igualdad y 5. Principio De Inescindibilidad de la norma” (sic a toda la cita) y, en los cuales se ordena aplicar a los trabajadores el régimen más beneficioso vigente para la fecha de los hechos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, reseñó las siguientes sentencias como aquellas desconocidas por las autoridades accionadas en las providencias enjuiciadas:  Corte Constitucional: sentencias T-071/14 y SU-061/18.  Consejo de Estado: sentencia de 30 de mayo de 2019, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A”, M. P. William Hernández Gómez, dentro del proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-02235-01; sentencia de 27 de agosto de 2019, dictada por la Sección Segunda, dentro del radicado 0241-2007; y sentencia del 1° de marzo de 2018, fallada por la Sección Segunda, en el proceso 68001-23-33-000-2015-00965-01.

1.4. Petición de amparo constitucional La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordene: “PRIMERA: proteger los derechos fundamentales de la suscrita al debido proceso y a la vida digna en conexidad con el mínimo vital. El derecho A la igualdad, y demás que se encuentre probado que hayan sido vulnerados.

SEGUNDA: declarar que efectivamente hubo un error por defecto sustantivo en las decisiones de primera y segunda instancia respectivamente proferidas por el juzgado 53 administrativo de oralidad de Bogotá sentencia de fecha 5 de diciembre de 2019 y sentencia de segunda instancia proferida por el

TRBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SEBSECCION D Magistrada ponente MAGISTRADA DOCTORA ALBA LUCIA BECERRA de fecha 29 de abril del 2021 dentro del proceso REFERENCIA : MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ACCIONADAS : LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL Y CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL – CASURACTORA : MARGARITA SILVA BENAVIDES, C. C. No.41.343.196 de Bogotá No. 110013342-053-2017-00142-00.

TERCERA: REVOCAR las sentencias juzgado 53 administrativo de oralidad de Bogotá sentencia de fecha 5 de diciembre de 2019 y sentencia de segunda instancia proferida por el TRBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCION SEGUNDA SEBSECCION D Magistrada ponente MAGISTRADA

DOCTORA ALBA LUCIA BECERRA de fecha 29 de abril del 2021 dentro del proceso REFERENCIA : MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ACCIONADAS : LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL Y CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA

POLICIA NACIONAL – CASURACTORA : MARGARITA SILVA BENAVIDES, C.

C. No.41.343.196 de Bogotá No. 110013342-053-2017-00142-00. Por eror (sic) sustantivo.

CUARTA: Conceder las suplicas de la demanda como quiera que ha quedado ampliamente demostrado que los operadores judiciales aquí cuestionados no dieron aplicación a la norma que debía ser aplicada al caso concreto y de igual forma desconocieron la jurisprudencia de unificación de las altas cortes.” (Sic a toda la cita) 1.5. Trámite de la acción

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con auto de 25 de octubre de 2021, el magistrado ponente admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte actora y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y al Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, para que, si a bien lo tenían, rindieran informe sobre los hechos y argumentos de la tutela. Igualmente, vinculó como tercero interesado a la Nación – Ministerio de Defensa

Nacional - Policía Nacional [parte demandada en el proceso ordinario] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991. 1.6. Contestaciones Surtidas las notificaciones correspondientes, se presentaron las siguientes intervenciones: 1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” El 28 de octubre de 2021, por conducto de la magistrada ponente de la decisión acusada, allegó informe a través del cual solicitó que se declare improcedente la acción de tutela y, en la eventualidad de que se llegare a determinar que esta es procedente, se nieguen las pretensiones de la demanda, en consideración a que no se vulneró ningún derecho fundamental de la actora. Señaló que se decidió confirmar la decisión proferida por el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al considerar que el régimen contenido en el Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990, no es un régimen general, pues su aplicación se encuentra delimitada a (i) los trabajadores del sector privado que efectúen cotizaciones al ISS, (ii) los afiliados obligatorios a dicha entidad, o (iii) excepcionalmente a los servidores públicos que durante su vinculación estuvieron afiliados al ISS. En ese sentido, expuso que como el agente Sacramento Ruiz Sánchez no se encuentra dentro de los supuestos establecidos por el artículo 1° del Decreto 758 de 1990, pues no se demostró que hubiera efectuado cotizaciones al ISS, no es

posible hacerle extensiva la aplicación de dicho régimen. Máxime cuando la providencia acusada se fundamentó en la sentencia de 20 de noviembre de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M. P. William Hernández Gómez, dentro del radicado No. 47001-23-33-000-2015-0017301(1993-2017). Por otro lado, afirmó que de conformidad con la sentencia C-590 de 2005, en el presente caso no se reúnen las exigencias especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por lo que no es procedente que se acceda al amparo invocado. Lo anterior, por cuanto la providencia enjuiciada fue proferida “por i) funcionarios competentes, ii) con acatamiento al procedimiento establecido para esta clase de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co actuaciones, iii) aplicando el supuesto legal que sirvió de fundamento a la decisión, de acuerdo al acervo probatorio allegado al expediente, iv) sin que haya contradicción entre los fundamentos de la decisión y la parte resolutiva de la misma, v) no se está frente a un error inducido, vi) la decisión fue ampliamente motivada con fundamentos de hecho y de derecho y vi) no hubo desconocimiento del precedente constitucional”. Igualmente, consideró que en el caso de autos la acción de tutela también se torna improcedente, toda vez que la accionante ejerció cada uno de los medios judiciales que tenía a su disposición, por lo que de conformidad con el carácter

residual que caracteriza este mecanismo de amparo, no puede usarse como una tercera instancia, como lo pretende la parte accionante. Por último, aportó copia electrónica del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-42-053-2017-00142-00. 1.6.2. Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Mediante escrito enviado el 29 de octubre de 2021, el jefe del Área de Prestaciones Sociales de la Secretaría General de la Policía Nacional solicitó que se declare (i) la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a la presunta omisión en resolver la petición de la actora, dado que la entidad profirió la correspondiente respuesta; y (ii) la improcedencia de la acción constitucional, por no encontrarse probada la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En primer lugar, precisó que, en virtud de la descentralización de funciones y la naturaleza de esta figura al interior de la Policía Nacional, es al Área de Prestaciones Sociales – Grupo de Pensiones, a quien le corresponde pronunciarse frente a las peticiones de la actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución No. 07963 del 15 de diciembre de

2016. Por lo tanto, solicitó que, en caso de tutelarse algún derecho fundamental, se dirigiera la orden a esa dependencia directamente.

Por otro lado, en cuanto al reconocimiento pensional, dispuso que la Policía Nacional se encuentra en una imposibilidad jurídica y material para realizarlo, dado que esa entidad posee un régimen prestacional y pensional especial de carácter constitucional, por lo que no es posible la aplicación de las normas

pertenecientes al régimen general (Decreto 758 de 1990 y el Acuerdo 49 de 1990). Actuar de manera contraria, es decir, conceder una pensión que se encuentra fuera de la órbita de la normatividad vigente, podría conllevar eventualmente investigaciones disciplinarias, penales y fiscales, por el desconocimiento de los preceptos legales. Sobre la improcedencia de la acción de tutela, informó que la negatoria del reconocimiento pensional fue objeto de debate en sede judicial en el proceso No. 11001-33-42-053-2017-00142-00, ante el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección "D", instancias judiciales que negaron las pretensiones invocadas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, precisó que si la accionante no se encuentra conforme con lo resuelto a través del comunicado No. GS-2021-043207-SEGEN del 28 de octubre 2021, la acción de tutela no es el mecanismo judicial correspondiente para controvertir dicho acto administrativo, toda vez que la actora tiene a su disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para atacar la legalidad de las decisiones proferidas por la administración. 1.6.3. El Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, pese a haber sido debidamente notificado2, guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la señora Margarita Silva Benavides contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto procede el amparo de los derechos fundamentales invocados por la tutelante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la providencia de 29 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, mediante la que confirmó lo resuelto el 5 de diciembre de 2019, por el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 11001-33-42-053-2017-00142-00, promovido contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia y de encontrarse superados; (iii) el análisis del caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial 2 La notificación fue enviada el 26 de octubre de 2021, a los correos electrónicos jadmin53bta@notificacionesrj.gov.co y jadmin53bt@cendoj.ramajudicial.gov.co. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20123 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia. 2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la protección de sus derechos fundamentales al “debido proceso y a la vida digna en conexidad con el mínimo vital. El derecho A la igualdad” (sic a toda la cita). De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales alegados por la tutelante, en tanto que, a su juicio, la autoridad judicial incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, lo cual evidencia que trasciende un estudio de lo meramente legal. 2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte 3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.

6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co accionante fue proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-42-053-2017-00142-00. 2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia censurada fue notificada el 26 de mayo de 20217, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, mientras que la acción de tutela se promovió el 20 de octubre de 2021, por lo que, sin necesidad de verificar la ejecutoria, resulta ser un término que a juicio de la Sala es razonable por cuanto el mecanismo constitucional fue interpuesto antes de transcurridos 6 meses. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar

el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas. 2.4.4. Respecto del agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se tiene que se tiene que la parte accionante no cuenta con otro distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a su derecho fundamental invocado. Esto, toda vez que, contra la providencia proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” no procede ningún recurso ordinario y que los cargos alegados no se encuadran en las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión ni de unificación de jurisprudencia. Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales. 2.5. Generalidades de los defectos 2.5.1. Desconocimiento del precedente 7 Como se advierte de la revisión realizada al expediente 11001-33-35-014-2018-00206-01, en el sistema SAMAI, en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/Downloader.aspx? guid=97B209CC78BFE43F %20334E81AC98A32AA0%2074D91803D3F66172%20467932D4BF408A76%2011001031500020

2105643001100103. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 9 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el cual se sinteriza en los siguientes términos: “…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido…”.10 Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos11 explicó que el

concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho. Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por l