CE-11001-03-15-000-2021-07179-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO SUSTANTIVO / APLICACIÓN DE LA NORMA / APLICACIÓN DEL

ESTATUTO TRIBUTARIO / CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE

CARÁCTER TRIBUTARIO / APORTES PARAFISCALES AL SISTEMA DE

SEGURIDAD SOCIAL / LIQUIDACIÓN OFICIAL DEL APORTE PARAFISCAL /

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACIÓN / UGPP / ACTO QUE

DECIDE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO

DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA /

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES La Sala advierte que la autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto sustantivo, por las razones que se exponen a continuación: En primer lugar, la remisión al Estatuto Tributario que hizo el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión para resolver la controversia planteada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue acertada. En efecto, el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que es la corporación de cierre en la materia, en la sentencia del 30 de octubre de 2019, precisó lo siguiente: “2.1. La regla -en cuanto a la firmeza de las declaraciones tributariasconsagrada en el artículo 714 del E.T., aplicaba a las planillas de autoliquidación de aportes parafiscales al Sistema de Protección Social que presentó el Banco de

Bogotá para los periodos objeto de discusión, toda vez que los recursos parafiscales, denominados en la Constitución Política "contribuciones parafiscales”, tienen naturaleza tributaria. La Corte Constitucional, de tiempo atrás, ha señalado que “las contribuciones parafiscales en tanto gravámenes, se encuentran ineludiblemente sujetas a los principios de legalidad y reserva de ley, progresividad, equidad y eficiencia como cualquier otro tributo”. Incluso, desde sus primeras providencias, esa Corporación dijo que las contribuciones parafiscales son una especie del género tributos. Por eso, los recursos parafiscales de los subsistemas que conforman el Sistema de Protección Social, se consideran tributos. 2.2. El artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, penúltimo inciso, dispuso que “los procedimientos de liquidación oficial se ajustarán a lo establecido en el Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI”..”. De lo expuesto, se advierte que a la facultad fiscalizadora que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPPen el marco de sus competencias, se le aplican las normas establecidas en el Estatuto Tributario. Por ello, la remisión a las normas del Estatuto Tributario que cuestiona el accionante no es contraria al ordenamiento jurídico y, por ello, no vulnera su derecho fundamental al debido proceso. Y en segundo lugar, el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión aplicó la norma que regula la notificación electrónica de los actos administrativos expedidos por la

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, y contabilizó el término de caducidad en debida forma. (…) se advierte que: (i) el legislador expresamente estableció que el artículo 566-1 del Estatuto Tributario se aplica a los actos administrativos expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-; y (ii) la notificación electrónica “se entenderá surtida para todos los efectos legales” en la fecha en la que se envía el mensaje de datos al correo electrónico autorizado por el declarante. Desde ese panorama y como lo consideró la autoridad judicial accionada, si la Resolución N° RDC-2018-01549 del 27 de noviembre de 2018 se notificó por correo electrónico enviado el 30 de noviembre de 2018, el señor [M.G.Á.] tenía hasta el 1° de abril de 2019 para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, la demanda se presentó el 12 de abril de 2019 y, por ello, operó el fenómeno de la caducidad. Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Risaralda no vulneró los derechos fundamentales del tutelante y, en consecuencia, habrá que negar el amparo solicitado.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 565 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 566-1 /

ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 714

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-07179-00(AC)

Actor: MAURICIO GÓMEZ ÁLVAREZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA – SALA PRIMERA DE DECISIÓN Temas: Tutela contra providencia judicial – defecto sustantivo – caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – facultad fiscalizadora de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPPaplicación del Estatuto

Tributario SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el señor Mauricio Gómez Álvarez contra el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 22 de octubre de 20211 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado2, Mauricio Gómez Álvarez, actuando a través de apoderada, ejerció acción de tutela contra el Tribunal 1 Folio 1 del expediente digital de tutela. 2 La acción de tutela fue enviada al buzón web secgeneral@consejodeestado.gov.co.

Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión, con el fin de que le sea

amparado su derecho fundamental al debido proceso.

2. El accionante consideró vulnerada la referida garantía constitucional, con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión, el 30 de septiembre de 2021, mediante la cual se revocó el numeral 1° del fallo dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, el 26 de febrero de 20213, a través del cual se negaron las pretensiones de la demanda que presentó el señor Mauricio Gómez Álvarez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental invocado y, en consecuencia, pidió: “PRIMERO: que se revoque la decisión adoptada por el Tribunal de lo contencioso Administrativo de Risaralda mediante sentencia proferida el día 30 de septiembre del año 2021 y notificada mediante correo electrónico el día 1° de octubre del mismo año dentro del proceso promovido por el Sr. Mauricio Gómez Álvarez. En contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP., radicado 66001-33-33-005-201900137-01 (F-0430-2020), medio de control Nulidad y Restablecimiento del

Derecho.

SEGUNDO: como consecuencia del pronunciamiento anterior, se ordene al

Tribunal de lo Contenciosos Administrativo de Risaralda, profiera un nuevo fallo en donde exista pronunciamiento de fondo sobre los hechos materia del litigio dentro del proceso con radicado 66001-33-33-005-2019-00137-01 (F-0430-2020) interpuesto por mi mandante en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP., medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho.” (Sic a toda la transcripción) 1.2. Hechos probados y/o admitidos La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Mauricio Gómez Álvarez presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, con el fin de que se declarara la nulidad de: (i) la Liquidación Oficial N° RDO-2017-03386 del 27 de septiembre de 2017, por inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral, Subsistemas de Salud y Pensión por el período de enero a diciembre del año 2014; y (ii) la Resolución N° RDC-2018-01549 del 27 de noviembre de 20184, a través de la cual 3 El Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión revocó el numeral 1° del fallo dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira para, en su lugar,

declarar probada de oficio la excepción de caducidad. 4 Notificada por correo electrónico el 30 de noviembre de 2018. se resolvió el recurso de reconsideración que interpuso el tutelante y se modificó la Liquidación Oficial N° RDO-2017-03386 del 27 de septiembre de 2017.

5. El proceso le correspondió en primera instancia al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira que, a través de fallo del 26 de febrero de 2021, negó las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó que: “Teniendo en cuenta el análisis y verificación que se efectuó de los documentos que obran en el expediente administrativo, considera el Despacho que las razones indicadas por la entidad demandada fueron adecuadas para no aceptar los documentos que fueron rechazados en el recurso de reconsideración, por lo que no hay lugar a ordenar la modificación de la liquidación oficial de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. En igual sentido, se colige que la certificación suscrita por la contadora pública del señor Gómez Álvarez adolecía de los requisitos establecidos en la norma para ser considerada prueba contable.”

6. Inconforme con lo anterior, el señor Mauricio Gómez Álvarez apeló y el recurso de alzada le correspondió resolverlo al Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión que, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021, revocó el numeral 1° de la decisión recurrida para, en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de caducidad, al concluir lo siguiente: “En línea de lo expuesto, y teniendo en cuenta que la parte demandante recibió el

acto administrativo que resolvió el recurso de reconsideración el día 30 de noviembre de 2018, el término para interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho inició el 1° de diciembre de 2018, por lo que el lapso de 4 meses (Art. 164-2-d CPACA) venció el día 1° de abril de 2019 (día hábil). Sin embargo, según acta de reparto visible a folio 134 (AE.004) la parte demandante radicó la demanda el 12 de abril de 2019, sin que el término de caducidad se hubiere suspendido con ocasión de la conciliación extrajudicial, en cuanto no constituye un requisito obligatorio en este tipo de asuntos, y en tal virtud no fue agotado por la parte demandante, conforme el Decreto 1069 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho” –que compiló las normas del Decreto 1716 de 2009 sobre conciliacióncuyo artículo 2.2.4.3.1.1.2. parágrafo 1 dispone que “No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo: -los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario”; razón por la cual, al haber sido presentada la demanda luego de vencido el término para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho operó el fenómeno jurídicoprocesal de la caducidad.”

7. La sentencia del 30 de septiembre de 2021, se notificó por correo electrónico enviado el viernes 1° de octubre de 2021 a las 2:08 2:08 p.m. y quedó ejecutoriada

el miércoles 6 de octubre de 2021. 1.3. Fundamentos de la solicitud

8. El señor Mauricio Gómez Álvarez aseguró que el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión vulneró su derecho fundamental al debido proceso. Si bien el accionante no denominó el yerro en el que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada, lo cierto es que la inconformidad que planteó se adecúa a un defecto sustantivo, por las razones que se exponen a continuación:

9. Precisó que en la Resolución N° RDC-2018-01549 del 27 de noviembre de 2018 la Unidad administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPPindicó expresamente que la notificación del acto administrativo se realizaba de conformidad con el artículo 3125 de la Ley 1819 de 20166, sin embargo, la autoridad judicial accionada contabilizó el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho aplicando las normas del Estatuto Tributario7.

10. Aclaró que si el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión hubiera aplicado la norma que señaló la entidad en el acto administrativo demandado, habría concluido que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se ejerció oportunamente.

11. Por último, manifestó que el conteo de la caducidad debió hacerse teniendo en cuenta los siguientes términos: “notificación por correo electrónico” “30/11/2018” “8 días hábiles previstos en la norma” “entre el 3 de diciembre y el 12 de

diciembre de 2018” “término de 4 meses para interpones (sic) “entre el 13 de diciembre de 2018 y el 12 medio de control de nulidad y de abril del año 2019” restablecimiento del derecho” 1.4. Trámite de la acción de tutela

12. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del 26 de octubre de 2021, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como a los magistrados del Tribunal Administrativo de 5 “ARTICULO 312. Los actos administrativos que profiera la UGPP en los procesos de determinación de obligaciones y sancionatorios de las contribuciones parafiscales de la protección social y de cobro coactivo, podrán notificarse a la dirección electrónica que informa el aportante de manera expresa.

Una vez el aportante informe la dirección electrónica a la UGPP, todos los actos administrativos proferidos con posterioridad a ese momento, independientemente de la etapa administrativa en la que e encuentre el proceso, serán notificados a esa dirección hasta que el aportante informe de manera expresa el cambio de dirección. Se entenderá surtida la notificación electrónica el octavo día hábil siguiente a aquel en que se reciba el acto administrativo en la dirección electrónica informada por el aportante, de acuerdo con lo certificado por la UGPP. Para todos los efectos legales los términos se computarán a partir del día hábil siguiente a aquel en que quede notificado el acto de conformidad con la presente disposición. Cuando el interesado no pueda acceder al contenido del mensaje de datos por razones inherentes al mismo, deberá informarlo a la Unidad a más tardar el octavo día hábil siguiente a aquel en que se recibió el correo

electrónico, la UGPP previa evaluación del hecho, procederá a enviar el acto administrativo a través de correo electrónico. En este caso, la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Unidad, el octavo día hábil siguiente al recibo del primer correo electrónico del acto administrativo y para el aportante, el término para responder o impugnar se contará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que el acto le sea efectivamente notificado por medio electrónico. Si a pesar de lo anterior el aportante no puede acceder al mensaje de datos o no se pudiere notificar por problemas técnicos de la Administración, se podrán utilizar las otras formas previstas en la ley para la notificación. PARAGRAFO. En todos los casos en que la notificación electrónica o la notificación surtida por los otros medios previstos en la ley, se haya realizado más de una vez, los términos para efectos de la administración y para el aportante, se contarán a partir de la misma notificación realizada en debida forma.” 6 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.” 7 El Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión, para resolver la controversia planteada por el señor Mauricio Gómez Álvarez, aplicó los artículos 565 y 566-1 del Estatuto Tributario. Risaralda – Sala Primera de Decisión, en calidad de autoridades judiciales accionadas.

13. Así mismo, vinculó en calidad de terceros con interés al juez Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pereira y a la Unidad Administrativa

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-. Además, ofició a las Secretarías Generales del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Risaralda para que publicaran en sus respectivas páginas web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la acompañan y del auto admisorio, con el fin de que cualquier persona que tuviera interés conociera de los referidos documentos y pudiera intervenir en el trámite constitucional del vocativo de la referencia. 1.5. Intervenciones Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones: 1.5.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP14. Con escrito enviado por correo electrónico el 3 de noviembre de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la subdirectora jurídica de parafiscales de la entidad sostuvo que la Resolución RCD-2018-01549 del 27 de noviembre de 2018 fue notificada electrónicamente el 30 de noviembre de 2018 y que el artículo “566-1 del E.T. vigente al 2018” establecía que “los cinco (5) días son para responder o impugnar en sede administrativa”.

15. Aclaró que, de conformidad con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es de 4 meses contados a partir del día siguiente a la notificación del acto

administrativo demandado y, por ello, compartía la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión de declarar probada de oficio la excepción de caducidad.

16. Por otra parte, indicó que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPPno vulneró los derechos fundamentales del accionante, por lo que carecía de legitimación en la causa por pasiva.

17. En ese orden de ideas, solicitó que se negara el amparo deprecado.

1.5.2. Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión

18. Con escrito enviado por correo electrónico el 5 de noviembre de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado ponente de la providencia judicial cuestionada sostuvo que la decisión se fundamentó en la normativa y la jurisprudencia aplicable para contabilizar el término de la caducidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

19. Reiteró los argumentos expuestos en la sentencia del 30 de septiembre de 2021 y precisó que, en el caso del señor Mauricio Gómez Álvarez, la Resolución N° RDC-2018-01549 del 27 de noviembre de 2018 fue notificada electrónicamente el 30 de noviembre de 2018 y, por ello, el tutelante tenía hasta el 1° de abril de 2019 para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en tiempo, sin embargo, lo hizo solo hasta el 12 de abril de 2019.

20. Así las cosas, pidió “rechazar por improcedente” la acción de tutela o, en su

defecto, negar el amparo solicitado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

21. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor Mauricio Gómez Álvarez contra el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Legitimación en la causa

22. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

23. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

24. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T416 de 19978, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el

proceso de tutela. 8 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416 del 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell.

25. En la sentencia T-086 de 20109, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

26. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 201110, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

27. En la sentencia T-435 de 201611, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 201612, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.13

28. Con fundamento en el marco conceptual expuesto14, la Sala advierte que el señor Mauricio Gómez Álvarez es el titular del derecho fundamental que reclama, en consideración a que fue el demandante en el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia cuestionada.

29. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

30. En relación con la autoridad judicial accionada, se advierte que la demanda se dirigió contra el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión 9 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083 del 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 10 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176 del 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 11 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435 del 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado 12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454 del 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 13 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 del 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318 del 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la

acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 14 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia del 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00. que profirió la decisión que, a juicio de la parte actora, vulneró su derecho fundamental, por lo que se encuentra legitimado por pasiva. 2.3. Problema jurídico

31. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el accionante, el defecto formulado, el material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes: ● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

32. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo

siguiente: ● ¿El Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, por presuntamente incurrir en un defecto sustantivo al proferir la sentencia del 30 de septiembre de 2021, mediante la cual se revocó el numeral 1° del fallo dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, el 26 de febrero de 2021, a través del cual se negaron las pretensiones de la demanda que presentó el señor Mauricio Gómez Álvarez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-?

33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto. 2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201215 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema16 y declaró su procedencia.17

35. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 17 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

36. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

37. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva 2.5.1. Relevancia constitucional18

38. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia del 30 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión, comoquiera que, a su juicio, incurrió en un defecto sustantivo debido a que para contabilizar el término de caducidad no aplicó el artículo 312 de la Ley 1819 de 2016, sino las normas del Estatuto

Tributario.

39. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, el accionante considera vulnerado su derecho fundam