CE-11001-03-25-000-2000-0095-01(1393-00)-2002

DIRECCION NACIONAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER - Competencia del Presidente de la República para suprimir la planta de personal de esta dirección. Naturaleza de este organismo / PERSONERIA JURIDICAInaplicación de decreto que otorgó personería a la UAE para la Equidad de la Mujer / PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Facultades en cuanto a la expedición y supresión de plantas de personal de las entidades del orden nacional / PLANTAS DE PERSONAL - Expedición en las entidades centralizadas y descentralizadas / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - Modificación en su estructura. Asesoría en programas relativos a la mujer De la excepción de inconstitucionalidad frente al decreto 1182 de 1999: Indicó la ley del plan (Ley 188 de 1995) que para el desarrollo del programa “Mujer”, el gobierno nacional contaría con una instancia a la que no otorgó personería jurídica y consideró como dependiente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Así entonces, mal puede afirmar el demandante que mediante el decreto 1182 de 1999 el Presidente de la República violó la ley al eliminar la personería jurídica pues a este organismo no se la había conferido el legislador. Adicionalmente, y para controvertir otros argumentos del demandante, dirá la Sala que, el artículo 189-15 confiere al Presidente la facultad para “Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley”. Y, a su vez, de las condiciones para el ejercicio de esta facultad se ocupó el artículo 52 de la ley 489 de 1998. Así las cosas, no

encuentra la Sala razones que permitan admitir la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad propuesta. De la inaplicación del decreto 1282 de 1996: De la lectura del artículo 20 numeral 6.14 de la ley 188 de 1995 se concluye, sin duda alguna, que a la Dirección Nacional para la Equidad no se le confirió personería jurídica y, en esas condiciones, se previó su existencia como organismo del sector central y no del sector descentralizado. Sin embargo, el Presidente de la República al desarrollar el último inciso del mencionado artículo y numeral de ley 188 de 1995, antes trascrito, desbordó lo allí previsto otorgándole personería jurídica, mediante el decreto 1282 de 1996, a la Unidad Administrativa Especial para la Equidad de la Mujer; desconoció la ley 489 de 1998 artículo 69 conforme al cual las entidades descentralizadas del orden nacional solo pueden ser creadas por la ley; y, por contera, vulneró el artículo 150-7 de la C.P. conforme al cual es competencia del Congreso determinar la estructura de la administración nacional y crear entidades del orden nacional. En estas condiciones resulta forzoso inaplicar, para el caso concreto, por ilegalidad e inconstitucionalidad el decreto 1282 de 1996, con fundamento en lo previsto por el artículo 4 de la C.P. De la facultad del presidente para expedir las plantas de personal de las entidades del orden nacional: A juicio de esta Sala, no existe objeción legal para que el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, involucre programas relativos a la “mujer”,

siendo asistido para ello por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y asesorado por una consejería por cuanto, como se explicó, bien podía variar la forma de desarrollar políticas adoptadas en la administración anterior y, adicionalmente, como suprema autoridad administrativa, cuenta con las facultades contempladas en los numerales 16 y 17 del artículo 189 de la C.P.. Sin embargo, el decreto 1182 de junio 1999 transformó la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer en Consejería Presidencial como dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Así pues, resulta forzoso concluir que el acto acusado afectó de la planta de personal del Departamento Administrativo, tal como se previó en el artículo 4º del decreto 1182 de 1999 por el cual se había modificado su estructura, y no la planta de personal de la Unidad que ya no existía. De la expedición de las plantas en las entidades centralizadas y descentralizadas. En conclusión entonces, tratándose del sector descentralizado el procedimiento para la expedición de la planta de personal por parte del Presidente de la República requiere la propuesta por parte de la entidad. El mencionado requisito, a diferencia, no tendría cabida, si la determinación afecta a una entidad del sector central, por cuanto allí no hay, realmente, un desprendimiento de la función por parte del Presidente. Sustenta lo anterior la ley 489 en distintas disposiciones de su capítulo duodécimo que se contrae al sector central, según se infiere de la distribución prevista en el artículo 38 idem. Obsérvese que, tratándose del sector central, no se encuentra, conforme a la ley,

facultad alguna de estos organismos relativa a su participación en la modificación de su estructura y, no existiendo ella tampoco puede predicarse facultad para participar en la expedición de su planta de personal. Otra manera del argumento “a fortiori ratione”, antes expuesto, se expresa “A minori ad majus”, o sea que “a quien le está prohibido lo menos, con mayor razón le está prohibido lo más”. Debe entonces concluirse que el Presidente de la República tenía competencia para expedir el acto demandado, sin más trámite, pues la decisión afectaba un organismo del sector central. En estas condiciones, no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda.

NORMA DEMANDADA: DECRETO 2694 DE 1999 (No anulado)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Consejero ponente: ALBERTO ARANGO MANTILLA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil dos (2002).

Radicación número: 11001-03-25-000-2000-0095-01(1393-00)

Actor: JOSE ANTONIO GALAN GOMEZ Demandado: GOBIERNO NACIONAL El ciudadano JOSE ANTONIO GALAN GOMEZ, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del Decreto 2694 de 30 de diciembre de 1999, “Por el cual se suprime la planta de personal de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer”, expedido por

el Gobierno Nacional. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, lo siguiente: 1º. Que el artículo 20 numeral 6.14 de la ley 188 de 1995 previó que el gobierno nacional contaría con una instancia con autonomía administrativa y patrimonio propio, encargada de desarrollar la política de participación y equidad para la mujer; creó la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer y autorizó al gobierno nacional para determinar sus funciones y estructura. 2º. Que el gobierno nacional, con fundamento en la ley, expidió el decreto 1440 de 1995 por el cual creó la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer, como unidad administrativa especial adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 3º. Que por decreto No. 1282 de 1996 se aclaró el artículo 1º del decreto 1440 de 1995 confiriendo personería jurídica a la mencionada Dirección. 4º. Que de acuerdo con el artículo 150-7 de la C.P. corresponde al Congreso la creación de entes nacionales, es decir, mediante la ley 188 de 1995 se creó la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer como Unidad Administrativa Especial y mediante los decretos 1440 de 1995 y 1282 de 1996 se precisó su naturaleza jurídica. 5º. Que conforme a la ley 489 de 1998, artículo 38, las unidades administrativas especiales, con o sin personería jurídica, pueden pertenecer al sector central o al descentralizado por servicios; y al tenor del artículo 39 idem. los organismos o

entidades adscritos o vinculados a un Ministerio o Departamento Administrativo, cuando tienen personería jurídica conforman el sector descentralizado. 6º. Que de conformidad con los artículos 38,39, 68 y 69 de la ley 489 de 1998, la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer forma parte del sector descentralizado de la rama ejecutiva y de la administración pública. 7º. Que el artículo 189-14 de la C.P. invocado en el acto acusado contrae la facultad de creación, supresión y fusión de empleos frente a entidades de la administración central y no de las que forman parte del sector descentralizado. Propone la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad frente al decreto 1182 de 1999. Afirma que al transformar, mediante esta disposición, la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer en Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer se violó el ordinal 6.14 de la ley 188 de 2 de junio de 1995 y el artículo 188 de la C.P. pues el Presidente de la República está obligado a cumplir la ley; que este funcionario carecía de competencia para eliminar la personería jurídica; que ninguna disposición faculta al gobierno nacional para suprimir entidades nacionales, ni para modificar o eliminar su naturaleza jurídica y ello tampoco se desprende de las previsiones del artículo 54 de la ley 489 de 1998 CONTESTACION DE LA DEMANDA La demanda fue notificada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Director del Departamento Administrativo de la Función Pública y al Ministerio Público.

Al contestar la demanda el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se opone a las pretensiones de la demanda. Expresa que el acto acusado es de naturaleza reglamentaria y fue expedido con fundamento en las facultades consagradas en el artículo 189 numeral 14 de la C.P.; que en la sentencia C-078 de 1999, la cual transcribe parcialmente, la Corte Constitucional se pronunció sobre los alcances de la norma antes mencionada; que, tal como se desprende de la mencionada sentencia, la interpretación del demandante es limitada al considerar que el Presidente de la República carecía de competencia para suprimir los cargos de Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer por gozar, esa unidad administrativa especial, de personería jurídica; que al momento de expedición del acto acusado, dicha Dirección se había transformado en Consejería y por ello era necesario suprimir los cargos de su planta de personal ya que la misma había pasado a depender del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, tal como se dispuso mediante el decreto 1182 de 1999 y, en tales condiciones no posee planta independiente. ALEGATOS DE LAS PARTES Corrido el traslado presentó alegatos el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Al realizar una evolución normativa de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer, precisó que la ley 188 de 1989 ni exigió ni prohibió que este organismo gozara de personería jurídica; que esta entidad nace sin personería jurídica y posteriormente ella le es concedida mediante el decreto 1282 de 1996; que

posteriormente el decreto 1182 de 1999 transformó la entidad en Consejería Presidencial perdiendo de esa manera su personería jurídica, es decir, paso a formar parte del sector central y dejó de ser descentralizada; que el decreto 1182, mencionado, fue expedido en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 189 numeral 16 de la C.P. y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 de la ley 489 de 1998, época para la cual la Dirección para la Equidad de la Mujer era una unidad administrativa del orden nacional. Que el decreto 2694 de 1999, de naturaleza reglamentaria, se profirió en desarrollo de la facultad constitucional prevista en el artículo 189 numeral 14, cuando la entidad formaba parte del nivel central, y en cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 1182 de 1999. Agrega que la ley 188 de 1995 no creó la Dirección para la Equidad de la Mujer como una entidad con personería jurídica, sino que esta fue conferida por el Presidente de la República mediante el decreto 1282 de 1996; que el decreto 1182 de 1999 fue expedido en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 189 num. 10 de la C.P.; y que el acto acusado se limitó a desarrollar esta última disposición.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

DE LA EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD FRENTE AL DECRETO 1182 DE 1999: En primer lugar se referirá la Sala a la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad propuesta por el demandante frente al decreto 1182 de 1999, al

considerar que el Presidente de la República carecía de competencia para su expedición. El demandante considera que el decreto 1182 de 1999 es inconstitucional e ilegal pues, a su juicio, la transformación que allí se decidió al convertir la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer en Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer se violó el ordinal 6.14 de la ley 188 de 2 de junio de 1995 y el artículo 188 de la C.P. en razón a que el Presidente de la República está obligado a cumplir la ley y carecía de competencia para eliminar la personería jurídica; agrega que ninguna disposición faculta al gobierno nacional para suprimir entidades nacionales, ni para modificar o eliminar su naturaleza jurídica y ello tampoco se desprende de las previsiones del artículo 54 de la ley 489 de 1998 El Congreso mediante la ley 188 de 1995 aprobó el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 1995-1998. Dispuso el legislador respecto a la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer como Unidad Administrativa Especial: ARTICULO 20. La Descripción de los principales Programas y Subprogramas que el Gobierno Nacional espera ejecutar en la vigencia del Plan Nacional de Inversiones 1995-1998 es la siguiente: (...) 6.14 MUJER Se promoverán acciones orientadas hacia la equidad y participación de la mujer. El gobierno nacional contará con una instancia con autonomía administrativa y patrimonio propio, encargada de desarrollar la política de participación y equidad para la mujer. Se apoyarán las iniciativas legislativas y reglamentarias orientadas hacia los anteriores propósitos y se promoverán las actividades a

nivel territorial. La directora nacional tendrá asiento en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Compes. La Dirección Nacional para la equidad, dependiente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, tendrá por objeto la planificación, seguimiento y coordinación permanente de las acciones que desde distintos entes se adelantarán en beneficio de la equidad y participación de la mujer. El gobierno nacional en los tres (3) meses de vigencia del Plan de Desarrollo determinará la estructura y funciones específicas de la Dirección Nacional para la Equidad.” (Resalta la Sala) En primer lugar dirá la Sala que la ley del plan nacional de desarrollo tiene como finalidad señalar programas y subprogramas que el gobierno nacional espera ejecutar en el período para el cual se aprueba que, en este caso, se extendió a los años 1995-1998. Prevé el artículo 341 de la C.P. que el Gobierno Nacional debe elaborar el plan nacional de desarrollo y presentar “el proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo.”. En la sentencia C-557 de 16 de mayo de 2000 al examinar la constitucionalidad del plan nacional de desarrollo previsto para el período 1999-2002 y consignado en la ley 508 de 1999 expresó que la Corte que la Ley del Plan Nacional de Desarrollo debe expedirse en cada período presidencial y que algunas de sus normas definen la orientación de la política económica que debe regir la función pública durante un período determinado. En esas condiciones, si la transformación de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer se decidió en 1999 mal podría admitirse, de manera absoluta, la violación de la ley 188 de 1995 pues ello sería desconocer la

potestad del Presidente de la República para determinar cambios en las políticas que han de guiar su administración. En segundo lugar, indicó la citada ley del plan que para el desarrollo del programa “MUJER”, el gobierno nacional contaría con una instancia a la que no otorgó personería jurídica y consideró como dependiente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Así entonces, mal puede afirmar el demandante que mediante el decreto 1182 de 1999 el Presidente de la República violó la ley al eliminar la personería jurídica pues a este organismo no se la había conferido el legislador. En cuanto a la afirmación consistente en que el Presidente de la República no está facultado para suprimir entidades nacionales, ello se aleja de la realidad constitucional y legal. Sobre este aspecto se pronunció la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 2 de noviembre de 2000, expediente No. 5837, al negar la nulidad del decreto 1182 de 1999. Se dijo allí: “A través del Decreto acusado el Gobierno Nacional modificó la estructura orgánica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, invocando como fundamento las facultades conferidas en el artículo 189, numeral 16, de la Constitución Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998. El numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política, prevé: “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que

defina la ley”. Del texto de esta disposición se deduce que, en cualquier momento, y siempre que haya sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley, el Presidente de la República puede modificar la estructura de las entidades del Estado. Es preciso resaltar que la Corte Constitucional en la sentencia C-262 de 1995, fue enfática en señalar que el caso del numeral 16 del artículo 189 de la Carta “…encuadra bajo el concepto de leyes marco…que admite que, por esta vía, el Constituyente limita el ámbito de las competencias legislativas del Congreso en determinadas y precisas materias hasta el punto de que el legislador sólo queda habilitado para que defina los principios y objetivos generales que regulan la materia a los cuales debe sujetarse el Gobierno para su actuación administrativa, dejando, como se observa, al ejecutivo el amplio espacio que resta para regular en detalle la materia en cada caso….”. En este asunto encuentra la Sala que la Ley 489 de 1998, cuyo artículo 54, literales a), e), f), k), l) y m), fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional, trazó los principios y reglas generales con sujeción a los cuales el Gobierno puede modificar la estructura de las entidades mencionadas en el citado precepto constitucional. (...) Al revisar la Sala el texto del Decreto acusado y confrontarlo con los principios a que se refiere la sentencia transcrita no vislumbra trasgresión de los mismos, amén de que los cargos de la demanda no están enderezados a endilgar contrariedad alguna frente de tales principios. Finalmente, cabe resaltar que no puede pretenderse que para cada

entidad del Estado exista una ley que contenga, de manera concreta y específica, los principios y reglas a los cuales deba sujetarse el Gobierno Nacional para la modificación de su estructura, pues del contenido del artículo 189, numeral 16, se deduce que tales principios y reglas son generales y, por lo mismo, aplicables a todas las entidades....” Adicionalmente, y para controvertir otros argumentos del demandante, dirá la Sala que, el artículo 189-15 confiere al Presidente la facultad para “Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley”. En relación con los alcances de esta facultad la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia C-262 de 1999. Dijo al respecto: “...Además, en concepto de la Corte Constitucional, también debe tenerse en cuenta que en esta materia y especialmente, en el caso del art. 189 num. 15, la Constitución no señala límites materiales expresos, ni especiales ni específicos sobre el alcance y el eventual contenido de la ley de conformidad con la cual podría el Ejecutivo "suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales" ni condiciona su sentido, lo cual encuadra dentro de una de las clases de leyes de autorizaciones, noción constitucional elaborada por la doctrina y la jurisprudencia nacionales desde la Reforma Constitucional de 1968, que permite que el Congreso de la República pueda establecer condiciones y límites precisos y detallados para el ejercicio de esta facultad administrativa del Ejecutivo; resulta, pues, que el constituyente dejó en manos del legislador la competencia para definir las condiciones y requisitos, los objetivos, fines y controles pertinentes y predicables de la

función del jefe del poder ejecutivo, prevista en el numeral 15 que se comenta, para que aquel establezca un régimen razonable y armónico, lo mismo que preciso y reglado, para regular el ejercicio de esta competencia del Presidente de la República.” Y, a su vez, de las condiciones para el ejercicio de esta facultad se ocupó el artículo 52 de la ley 489 de 1998. Previó que, “El Presidente de la República podrá suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de entidades y organismos administrativos del orden nacional previstos en el artículo 38 de la presente ley cuando...”, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-702 de 1999. Así las cosas, no encuentra la Sala razones que permitan admitir la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad propuesta. DE LA INAPLICACION DEL DECRETO 1282 DE 1996: Mediante el decreto 1440 de 1995 el gobierno nacional definió y organizó la estructura y funciones de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer. Dispuso el artículo 1º en cuanto a su naturaleza: “Créase la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer a que se refiere el artículo 20 ordinal 6.14 de la Ley 188 de 1995, como unidad administrativa especial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con autonomía administrativa, patrimonio y régimen presupuestal propios en los términos y condiciones señalados en el presente decreto.” Posteriormente en el decreto 1282 de 1996, el gobierno nacional, aclaró el artículo 1º del decreto 1440 de 1995, y dispuso:

“Aclárase el artículo 1º del Decreto 1440 de 1995 en el sentido de que la Unidad Administrativa Especial “Dirección Nacional para la Equidad”, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, está dotada de personería jurídica, tal como se desprende de todas las disposiciones del Decreto 1440 de 1995, en particular los artículos 5º a 9º...” De los artículos 67 y 82 de la ley 489 de 1998 puede deducirse que las unidades administrativas especiales son organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa y financiera que ella les señale, que cumplen funciones administrativas para desarrollar o ejecutar programas propios de un ministerio o departamento administrativo. Veamos lo dispuesto en estas normas: “Artículo 67: Organización y funcionamiento de las unidades administrativas especiales: Las unidades administrativas especiales son organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa y financiera que ella les señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones para desarrollar o ejecutar programas propios de un ministerio o departamento administrativo. (...) Artículo 82: Unidades administrativas especiales y superintendencias con personería jurídica: Las unidades administrativas especiales y superintendencias con personería jurídica, son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico establecido en la ley que las crea y en lo no previsto en ella, al de los establecimientos públicos.” (Resalta la Sala) Al tenor del artículo 38 de la ley 489 de 1998, las unidades administrativas especiales pueden carecer de personería jurídica, caso en el cual formarán parte

del sector central, o contar con ella, perteneciendo entonces al sector descentralizado. Pero, en cualquiera de los casos, tal determinación corresponde al legislador en el acto de creación; aún más explícita es tal competencia en voces del artículo 69 idem. cuando se refiere a la creación de entidades descentralizadas. De la lectura del artículo 20 numeral 6.14 de la ley 188 de 1995 se concluye, sin duda alguna, que a la Dirección Nacional para la Equidad no se le confirió personería jurídica y, en esas condiciones, se previó su existencia como organismo del sector central y no del sector descentralizado. Sin embargo, el Presidente de la República al desarrollar el último inciso del mencionado artículo y numeral de ley 188 de 1995, antes trascrito, desbordó lo allí previsto otorgándole personería jurídica, mediante el decreto 1282 de 1996, a la Unidad Administrativa Especial para la Equidad de la Mujer; desconoció la ley 489 de 1998 artículo 69 conforme al cual las entidades descentralizadas del orden nacional solo pueden ser creadas por la ley; y, por contera, vulneró el artículo 150-7 de la C.P. conforme al cual es competencia del Congreso determinar la estructura de la administración nacional y crear entidades del orden nacional. Y para expedir el decreto 1282 de 1996, el Presidente de la República no podía invocar el numeral 16 del artículo 189 de la C.P. pues esta norma solo le permite modificar la estructura de las entidad, facultad que no puede confundirse con la de modificar la estructura de la administración nacional cambiando la naturaleza

de una entidad. Lo anterior encuentra sustento adicional en lo expuesto por la Corte Constitucional en su sentencia C-702/99 en la que examinó la constitucionalidad del artículo 54 de la ley 489 de 1998 que consagra los principios y reglas generales con sujeción a las cuales el gobierno nacional puede modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás organismos administrativos del orden nacional. Expuso en esa providencia: “Cosa distinta ocurre con el contenido normativo consignado en los artículos 53; y en los numerales b); c); d); g), h) e i) del artículo 54 que esta Corte encuentra contrarios a los numerales 7º. del artículo 150 y 16 del artículo 189 C.P. pues, en ellos el Legislador ciertamente delegó en el ejecutivo competencias de regulación normativa en materia de creación y autorización de empresas industriales y comerciales del Estado y de sociedades de economía mixta, y en relación con la estructura de la administración, que son de su privativo ejercicio, mediante Ley, según rezan los preceptos constitucionales citados. (...) Para la Corte, los literales b); c); d); g), h) e i) del artículo 54 en estudio, son contrarios al numeral 7º. del artículo 150 C.P., pues, es al Congreso a quien le corresponde “determinar la estructura de la administración nacional” y, en relación con cada entidad u organismo del orden nacional “señalar sus objetivos y estructura orgánica.” (Resalta la Sala) El Presidente de la República al expedir el decreto 1282 de 1996 y otorgar personería jurídica a la Unidad Administrativa Especial regulada en el decreto

1440 de 1995, determinó la estructura de la administración nacional trasladando esta entidad al sector descentralizado y desconociendo lo dispuesto por la ley 188 de 1995 artículo 20 numeral 6.14, en la que se creó como parte del sector centralizado. En estas condiciones resulta forzoso inaplicar, para el caso concreto, por ilegalidad e inconstitucionalidad el decreto 1282 de 1996, con fundamento en lo previsto por el artículo 4º de la C.P. que determina: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales...” DE LA FACULTAD DEL PRESIDENTE PARA EXPEDIR LAS PLANTAS DE PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL: Así las cosas procede estudiar la legalidad del decreto 2694 de 1999, partiendo de los siguientes supuestos: 1) Corresponde al Presidente de la República determinar el plan nacional de desarrollo que ejecutará durante su administración y, en consecuencia, puede variar algunas de las situaciones comprendidas en el plan nacional de desarrollo aprobado para el período presidencial que lo antecedió. 2) El Presidente de la República tiene la facultad para suprimir entidades de la administración nacional y, como consecuencia, puede suprimir empleos de las entidades del sector central. Para este análisis se tendrá en cuenta, por las razones expuestas inicialmente, que son equívocos los alcances que el actor da a la ley 188 de 1995; que el decreto 1282 de 1996 resulta inaplicable para este caso concreto; que la naturaleza jurídica de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer fue

dispuesta en el decreto 1440 de 1995 artículo 1º; y que el decreto 1182 de junio 29 de 1999, se encuentra vigente, no ha sido anulado por la jurisdicción contenciosa y, en consecuencia, está protegido por la presunción de legalidad. Ahora bien, examinado el decreto 1680 de 1991, por el cual se reorganizó el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, observa la Sala que tiene por objeto, al tenor del artículo 1º: “Corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, asistir al Presidente de la República en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y prestarle el apoyo administrativo y los demás servicios necesarios para dicho fin” (Resalta la Sala) En este mismo ordenamiento, se dispuso que el mencionado Departamento podría contar con consejerías y secretarías. Para el efecto reguló el artículo 7º: “Las Consejerías del Presidente de la República están encargadas de asistir al Presidente en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales...” El artículo 2º del decreto 1182 de 1999, resolvió: “Transfórmase la Dirección Nacional para la Equidad de la Mu