CE-11001-03-25-000-2005-00244-01(10067-05)-2011

BONIFICACION DE GESTION JUDICIAL - Creación. Beneficiarios / TRATADOS INTERNACIONALES - Prevalencia en el orden interno de los tratados que reconocen derechos humanos / CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS - Ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1992 / PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS - Ratificado por Colombia mediante la Ley 319 de 1996 / TRATADOS RATIFICADOS POR COLOMBIA - Prevalecen en el orden interno El Decreto 4040 de 2004. En su artículo 1º, creó una bonificación de gestión judicial, con carácter permanente, que junto con otros factores, iguala el 70% “de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las altas cortes”. Los destinatarios de ese derecho son los funcionarios de la rama judicial, los de la Fiscalía General de la Nación y los del Ministerio de Defensa Nacional, que se vinculen en los cargos de Magistrados de Tribunal y Consejo Seccional; los Magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar; los Magistrados auxiliares de las altas cortes; los Abogados asistentes y Abogados auxiliares del Consejo de Estado; los Fiscales delegados ante los tribunales de distrito; los Fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia; los Directores ejecutivos seccionales de administración judicial; los Secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional; y el Secretario judicial del Consejo Superior de la Judicatura. De conformidad con el artículo 9º de la Constitución Política, “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la

soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”, que en palabras de la Corte Constitucional, “significa ni más ni menos que nuestro país se acoge en un todo a los principios del derecho internacional que han sido aceptados, no sólo dentro de los parámetros de los tratados Públicos ya sean éstos bilaterales o multilaterales, o de los acuerdos suscritos dentro del marco de los organismos internacionales a los cuales el Estado ha adherido -en particular, la Organización de la Naciones Unidas, ONU-, sino también a aquellos que se derivan de los usos y costumbres internacionalmente consagrados”, con lo cual, acepta y hace suyos los principios del pacta sunt servanda y res inter allios acta, que lo obliga a respetar y cumplir de buena fe lo pactado. También se ha dicho que en lo concerniente a los derechos humanos, los tratados generan para los Estados las obligaciones de reconocer, garantizar, promover y respetar. Y que la primera de éstas va más allá de una incorporación formal de las disposiciones de los tratados en el derecho interno. Requiriendo la adopción de medidas, incluso legislativas, para que todo el aparato del Estado adopte una actitud respetuosa hacia estos derechos, y para que las personas sometidas a la jurisdicción del Estado puedan acceder al disfrute de los mismos en condiciones de igualdad y no discriminación. La garantía supone, además, la obligación de hacer respetar tales derechos, compromiso que demanda una actividad positiva del Estado para prevenir las violaciones de los derechos, y para perseguir y castigar a los autores

de las violaciones. En tal razón, Colombia aprobó mediante ley 16 de 1972 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 26 consagra el principio de la progresividad. Posteriormente, mediante la ley 319 de 1996, se aprobó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988, que en sus considerandos recordó que, “con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos” plasmando en su artículo 4º, taxativamente, la prohibición de la regresividad de los derechos reconocidos o vigentes en virtud de cualquier fuente formal de derecho; y en su artículo 7º, que en el ejercicio del derecho al trabajo, toda persona debe gozar del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción. De lo hasta aquí expuesto, tal como se viene reiterando, ya se puede vislumbrar que existen límites puestos por el derecho internacional, que le impiden a Colombia, sin razones atendibles jurídicamente, hacer regresivos los derechos sociales o el nivel

de derechos de esta índole ya alcanzados por los nacionales. Ahora bien, como de conformidad con el artículo 93 de la Constitución, “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”, no cabe duda que el tratado a que se ha hecho referencia prevalece sobre cualquier disposición normativa interna que pretenda disminuir las condiciones o hacer regresivos los derechos sociales obtenidos, tales como los de naturaleza laboral.

NOTA DE RELATORIA: Esta providencia fue proferida por la Sala de Conjueces de esta Sección.

NORMA DEMANDADA: DECRETO 4040 DE 2004 (3 de diciembre) GOBIERNO

NACIONAL (Anulado) BONIFICACION POR COMPENSACION - Creación. Beneficiarios / BONIFICACION POR GESTION JUDICIAL - Creación. Beneficiarios / DERECHOS LABORALES - Irrenunciables / DERECHOS CIERTOS E INDISCUTIBLES - Prohibición de transar o conciliar / DERECHO A LA IGUALDAD - Vulneración El decreto 610 de 1998, consagra un derecho laboral denominado bonificación por compensación con carácter permanente, a favor de los Magistrados de Tribunales, de Consejos Seccionales de la Judicatura, y magistrados Auxiliares de Altas Cortes, entre otros, el cual, sumado a la prima especial de servicio y demás ingresos laborales iguales, para la vigencia de 2001 en adelante, corresponderá como salario al 80% de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de

las Altas Cortes, y que se pagará mensualmente. Así las cosas, todos los Magistrados de Tribunales y Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, del país, en virtud del decreto 610 de 1998, adquirieron a partir de 2001, el derecho laboral irrenunciable a tener una remuneración mensual equivalente al 80% de lo devengado por un Magistrado de Alta Corte. Como es sabido, muchos Magistrados demandaron a la Rama Judicial para que se les reconociera el pago de sus salarios en el mencionado porcentaje, obteniendo fallos favorables, cosa que llevó al Gobierno Nacional, a adoptar un mecanismo que frenara tantas condenas, y fue así como el día 3 de diciembre de 2004, expidió el decreto 4040, creando una bonificación por gestión judicial, también con carácter permanente, que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale, a partir de la vigencia fiscal de 2001, el 70% que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, la cual se pagaría mensualmente. De tal manera, la norma posterior, el decreto 4040 de 2004, creó una desigualdad manifiesta entre iguales, como son los Magistrados de Tribunales, posibilitando un trato diferenciado basado en la validez del consentimiento dado para aceptar una transacción o desistimiento de un derecho irrenunciable. Para la Sala, independientemente de la situación, categoría o status social, político, económico o intelectual de un trabajador público o privado, está prohibido constitucionalmente renunciar a sus derechos adquiridos, o transar o conciliar sobre derechos ciertos e

indiscutibles. La jurisprudencia constitucional, contenciosa y laboral, han sido uniformes en definir que los derechos laborales ciertos e indiscutidos por las partes y más aún cuando están establecidos y reconocidos en la Constitución y en las leyes, no pueden ser materia u objeto de transacción o conciliación. Que cualquier negocio celebrado en contra de esa prohibición resulta de pleno derecho ineficaz, razón por la cual, por contener el decreto 4040 de 2004, un régimen salarial regresivo para los Magistrados de Tribunales y sus otros destinatarios, respecto de los que ya habían adquirido mediante decreto 610 de 1998, corresponderá a esta Sala, garantizarle a los accionantes sus derechos adquiridos, máxime si conforme al artículo 2º de la Constitución Política, debió el Gobierno actuar según los fines esenciales del Estado, de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, cosa que no se vislumbra con el mencionado decreto, pues, además, contravino los altísimos deberes de respeto a la normatividad internacional, creando condiciones que le impiden a quienes a él se acogieron, de gozar de sus derechos laborales en las mismas condiciones que lo disfrutan sus iguales, por lo que deberá inaplicarse dicha norma por inconstitucional, acogiendo el mandato del artículo 4º de la Constitución, y atendiendo que la jurisdicción que deviene de la soberanía le impone a este Tribunal el noble deber de administrar justicia y no arbitrariedad, lo cual implica

atender sin restricción alguna que “Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” NOTA DE RELATORIA: Esta providencia fue proferida por la Sala de Conjueces de esta Sección.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 4 / DECRETO 4040

DE 2004 / DECRETO 610 DE 1998

NORMA DEMANDADA: DECRETO 4040 DE 2004 (3 de diciembre) GOBIERNO NACIONAL (Anulado) DERECHO ADQUIRIDO - Derecho laboral / LEY - Que contiene un derecho laboral / DERECHO ADQUIRIDO - Garantía constitucional de ser irrenunciable / IN DUBIO PRO OPERARIO - Norma mas favorable al trabajador / DERECHO ADQUIRIDO - Prohibición de transacción puesto que carece de validez y eficacia jurídica / PRINCIPIO DE LA PROGRESIVIDAD – Violación / CONVENIO 95 Y CONVENIO 100 DE LA OIT - Desconocimiento de normas supralegales / CONCILIACION O TRANSACCION - Improcedencia sobre derechos ciertos e indiscutibles / CONVENIO 111 DE LA OITIncumplimiento Viene reiterando este Tribunal, que la fuente formal de derecho laboral, llámese ley en sentido material (ley, decreto, convención o pacto colectivo, acuerdo o concertación, contrato de trabajo, etc.), o jurisprudencia, pueden desaparecer del ordenamiento jurídico, pero el derecho laboral en ellos contenido se mantendrá

incólume para el trabajador privado o estatal mientras su vínculo laboral subsista y aún con posterioridad a éste cuando en su virtud se ha adquirido algún status con efectos prestacionales, pues entró a su patrimonio como derecho adquirido, con la garantía constitucional de ser irrenunciable, prohibición incluso oponible al mismo Estado, que debe en un Estado social de derecho respetar la dignidad del ser humano, y el trabajo en su cuádruple connotación de ser a la vez valor, principio, derecho y obligación social constitucionales, merecedor de una debida garantía.” Además, para la Sala, esa transacción carece de validez y de eficacia jurídica, por ser totalmente contrario a las normas constitucionales que se enlistaron en la demanda, máxime, si por una parte, de conformidad con los artículos 1523 y subsiguientes del Código Civil, existe objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes; y por otra parte, porque según el Convenio 100 de la OIT, en sus artículos 2 y 3, Colombia, en vez de promover la desigualdad salarial entre iguales, debe “emplear los medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.”, para lo cual, debe aplicar “este principio por medio de: a) la legislación nacional; b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido por la legislación; c) contratos colectivos

celebrados entre empleadores y trabajadores; o d) la acción conjunta de estos diversos medios.” Para la Sala, la bonificación por compensación es salario, por lo tanto, no puede ser válida una transacción sobre ella, pues, está prohibida por la Constitución, y por ello, con la susodicha transacción, se desatendió que conforme al texto del decreto 610 de 1998, a partir del primero (1º) de enero de 2001, la remuneración para los demandante en su condición de Magistrados, era el equivalente al ochenta por ciento (80%) de la totalidad de lo percibido como salario por todo concepto por los Magistrados de las Altas Cortes, no pudiendo ser objeto de ese negocio, porque se trataba de un verdadero derecho adquirido. Se reitera, que como la bonificación por compensación es salario, por ello, el decreto 4040 de 2004, y la transacción que devino por éste, desconocieron normas Supralegales como los Convenios 95 y 100 de la OIT, sobre la protección del salario, 1949, y sobre igualdad de remuneración, 1951.

NOTA DE RELATORIA: Esta providencia fue proferida por la Sala de Conjueces de esta Sección.

FUENTE FORMAL: CONVENIO 95 DE LA OIT / CONVENIO 100 DE LA OIT /

CONVENIO 111 DE LA OIT / DECRETO 4040 DE 2004

NORMA DEMANDADA: DECRETO 4040 DE 2004 (3 de diciembre) GOBIERNO

NACIONAL (Anulado)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SALA DE CONJUECES

Consejero ponente: CARLOS ARTURO ORJUELA GONGORA

Bogotá, D.C., diciembre catorce (14) de dos mil once (2011).

Radicación número: 11001-03-25-000-2005-00244-01(10067-05)

Actor: JAIRO HERNAN VALCARCEL Y OTRO Demandado: GOBIERNO NACIONAL Procede la Sala a decidir respecto de la demanda que en acción de nulidad instauraron los ciudadanos Jairo Hernán Valcárcel Monroy y Joselyn Huertas Torres, a través de apoderado judicial, contra el Decreto 4040 de 3 de diciembre de 2004, por medio del cual se crea una bonificación de gestión judicial para los magistrados de tribunal otros funcionarios, en cuanto consideran que fue expedido en forma irregular, ilegal e inconstitucional.

1. Las pretensiones de la demanda: Los demandantes formulan como petición principal, la de que “sea declarada la nulidad con efectos retroactivos o retrospectivos a fin de mantener la supremacía de la Carta Política”; y subsidiariamente, la de que se decrete la nulidad del aparte del inciso 3º, del artículo 3º, que dice: “La suma de que trata el presente artículo no constituye salario ni prestación social, ni será factor para ningún efecto”, por ser abiertamente contrario a la Constitución y a la Ley.

2. El Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004: El texto del acto demandado es el siguiente: “DECRETO 4040 DE 2004

(diciembre 3) Diario Oficial 45.751 de 3 de diciembre de 2004 Departamento Administrativo de la Función Pública Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los

Magistrados de Tribunal y otros funcionarios. El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4a de 1992, DECRETA: Artículo 1o. A partir de la vigencia del presente Decreto, créase una Bonificación de Gestión Judicial, con carácter permanente, que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, para los funcionarios de la Rama Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, y el Ministerio de Defensa Nacional, que a partir de la misma fecha se vinculen al servicio en los empleos que se señalan a continuación: Magistrados de Tribunal y Consejo Seccional Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura Igualmente, tendrán derecho a esta Bonificación de Gestión Judicial quienes ingresen, con posterioridad a la publicación de este Decreto, a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los Magistrados de Tribunal a que se refiere el presente artículo. La Bonificación de Gestión Judicial, pagad era mensualmente, solo

constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y hará parte integral del ingreso base de liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado, incluyendo esta Bonificación. Para tener derecho a la Bonificación de Gestión Judicial, de que trata el presente artículo, los servidores deberán reunir los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para ejercer el respectivo cargo. Parágrafo 1o. Los funcionarios descritos en el presente artículo, tendrán derecho a percibir única y exclusivamente la Bonificación de Gestión Judicial en los términos del presente artículo, la cual es incompatible para todos los efectos con la Bonificación por Compensación. Parágrafo 2o. La Bonificación de Gestión Judicial no podrá hacerse extensiva, ni se tendrá en cuenta, para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o instituciones del sector público. Artículo 2o. Podrán optar al reconocimiento y pago de la Bonificación de Gestión Judicial, a que se refiere el artículo anterior, los servidores de la Rama Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, y del Ministerio de Defensa Nacional, que con anterioridad a la publicación del presente Decreto se encontraban desempeñando los empleos de Magistrados de Tribunal Nacional de Orden Público, Fiscales Delegados ante Tribunal Nacional, Magistrados de Tribunal y Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales

Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la. Judicatura y los servidores de la Procuraduría General de la Nación que actúan de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados de Tribunal, siempre y cuando se encuentren en una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones, renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación. Parágrafo 1o. A efectos de acogerse al régimen de Bonificación de Gestión Judicial, los servidores que se encuentran en las situaciones previstas en el presente artículo deberán manifestar por una sola vez, antes del 31 de diciembre de 2004, por escrito ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, o la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría General de la Nación, o el Ministerio de Defensa Nacional, según el caso, su voluntad de optar a dicho régimen, aportando copia del contrato de transacción debidamente suscrito entre las partes (beneficiario-nominador), o copia del memorial en el que se presenta el

desistimiento radicado ante la respectiva autoridad judicial con nota de presentación personal. La opción contenida en el presente artículo se hará efectiva una vez se aporte copia del auto ejecutoriado por medio del cual se acepta el desistimiento. Se entiende, únicamente para los efectos del presente decreto, que la Nación a través de las entidades que se encuentran demandadas en cada uno de los procesos, coadyuvan los desistimientos presentados por los demandantes con ocasión de lo previsto en el presente artículo. Parágrafo 2o. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos fiscales a partir del 1ode enero de 2004 y es incompatible con la Bonificación por Compensación, que hasta la fecha de expedición del presente Decreto se viene reconociendo a los servidores citados en el presente artículo. Para efectos de la liquidación y pago de la Bonificación de Gestión Judicial para el año 2004 y hasta cuando se haga efectiva la opción, se restará lo percibido por concepto de Bonificación por Compensación. En el lapso transcurrido entre el 1ode enero de 2004, y el momento en que se haga efectiva la opción libre y expresa de acogerse al régimen de Bonificación de Gestión Judicial, no se causarán intereses ni indexación. Parágrafo 3o. También podrán optar por la Bonificación de Gestión Judicial, aquellos funcionarios que sin desempeñar alguno de los cargos enunciados en el presente artículo, a la entrada en vigencia de este decreto devengaban la "Bonificación por Compensación", siempre y cuando se encuentren en una de las situaciones descritas en los literales a y b de este artículo y cumplan

con la totalidad de los requisitos establecidos para el efecto. Dicha Bonificación de Gestión Judicial la percibirán sólo mientras permanezcan en dichos cargos. Artículo 3o. Quienes estén o hayan estado vinculados entre el 1ode enero del año 1999 y el 31 de diciembre de 2003 a los empleos señalados en el artículo 2odel presente Decreto y que cumplan tanto con las situaciones descritas en los literales a) o b) del artículo 2odel presente, como con los requisitos establecidos en el mismo artículo, percibirán por una sola vez una suma de acuerdo con la siguiente tabla: 1999 2000 2001 2002 2003 Magistrados de Tribunal de Orden Público 0 22,671,901 25,960,068 28,912,574 33,432,061 Fiscales Delegados ante Tribunal Nacional 0 22,671,901 25,960,068 28,912,574 30,513,617 Magistrados de Tribunal y Consejo Seccional 0 22,671,903 26,002,021 28,942,294 34,031,128 Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar 0 22,671,903 26,002,021 28,942,294 34,031,128 Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado 0 22,671,903 26,002,021 28,942,294 34,031,128 Fiscales Delegados ante Tribunales del Distrito 0 22,671,903 26,002,021 28,942,294 30,766,006 Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia 0 22,671,903

26,002,021 28,942,294 30,766,006 Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura 0 22,671,914 26,013,058 28,953,112 34,041,641 La suma de que trata el presente artículo no constituye salario ni prestación social, ni será factor para ningún efecto. Igualmente, tendrán derecho a percibir esta suma y en las mismas condiciones, quienes dentro del mismo lapso estén o hayan estado vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los Magistrados de Tribunal a que se refiere el presente artículo, y cumplan tanto con las situaciones descritas en los literales a) o b) del artículo segundo del presente, como con los requisitos establecidos en el mismo. Igual derecho tendrán los funcionarios que se encuentren en la situación descrita en el parágrafo 3odel artículo 2odel presente decreto. Parágrafo. Los valores anteriormente enunciados serán pagados a sus beneficiarios en forma proporcional al tiempo laborado en cada una de las respectivas vigencias. Artículo 4o. Los funcionarios a que se refiere el artículo 2odel presente Decreto que no opten por el régimen de Bonificación de Gestión Judicial, continuarán devengando la Bonificación por Compensación, con carácter permanente, la cual a partir del 1ode enero de 2004 quedará así: Magistrados de Tribunal y Consejo Seccional 3,030,523 Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar 3,030,523 Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y

Abogados Auxiliares del Consejo de Estado 3,030,523 Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito 3,030,523 Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia 3,030,523 Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial 3,030,523 Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura 3,074,054 Se entienden incluidos en este artículo los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los Magistrados de Tribunal a que se refiere el presente artículo. Se incluyen igualmente los funcionarios que se encuentren en la situación descrita en el parágrafo 3odel artículo 2odel presente decreto y que no opten por el régimen de Bonificación de Gestión Judicial, quienes la devengarán mientras permanezcan en dichos cargos. La bonificación por compensación, pagadera mensualmente, sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y hará parte integral en su totalidad del ingreso base de liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado, incluyendo esta bonificación, monto a tener en cuenta para el reconocimiento de las pensiones. Parágrafo. En todo caso para tener derecho a la bonificación por compensación de que trata el presente decreto se deberán reunir los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para ejercer el cargo. Artículo 5o. Para efectos de dar aplicación a las disposiciones contenidas en

el presente decreto, el Gobierno Nacional hará los ajustes presupuestales necesarios. Artículo 6o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 3570 de 2003. Publíquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2004. ÁLVARO URIBE VÉLEZ El Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera. El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo Rubiano”.

3. Fundamentos de hecho y de derecho de la demanda: Los actores aducen que el Presidente de la República expidió el decreto acusado en desarrollo de las normas señaladas en la Ley 4ª de 1992, pero sin la debida observancia a los principios de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad.

Agregar, de igual manera, que obran en procura de la salvaguarda de la integridad del ordenamiento jurídico. Señalan que el decreto en cuestión violó el preámbulo y los artículos 2, 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Política y los artículos 2, 3 y 36 del C. C. A.; la Ley 4ª de 1992, en especial el literal a) del artículo 2º, en concordancia con el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996.

4. El concepto de la violación: Argumentan los actores, que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 del 26

de marzo de 1998, mediante el cual creó una bonificación por compensación, con carácter permanente a partir del 1º de enero de 1999, para los magistrados de los tribunales y otros funcionarios, en un porcentaje del 60% de los que percibieran los magistrados de las Altas Cortes; en un 70% para el año 2000 y en un 80%, para el año 2001. Ese decreto y el 1239 del mismo año, fueron derogados por el Decreto 2668 del 31 de diciembre de 1998; posteriormente se dictó el Decreto 664 de 1999, que implicaba un porcentaje inferior al ya mencionado, con efectos fiscales a partir del 1º de septiembre de 1999. El Consejo de Estado, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2001, con ponencia del Ex Magistrado y Conjuez Álvaro Lecompte Luna, dictada en el expediente Nº 395-99, declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998, con efectos “ex tunc”. Por ello, el Decreto 610 de 1998 recobró su vigencia y debe entenderse que las normas posteriores al acto anulado perdieron su fuerza ejecutoria y son inaplicables, entre ellas el Decreto 664 de 1999. En ese orden de ideas, el Decreto 4040 de 2004, que modifica materialmente la bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998, para reducirla, sufre de los mismos defectos que llevaron a la anulación del Decreto 2668 de 1998. De otro lado, este estatuto consagró una discriminación para varios sectores de funcionarios judiciales, especialmente en cuanto a los efectos de esa

bonificación para la liquidación de derechos de carácter pensional; de donde se concluye que vulneró los derechos de índole constitucional a la igualdad (art. 13,

C. P.) y al respeto de los derechos adquiridos (art. 53, ibídem).

Los demandantes invocan en respaldo de sus afirmaciones, las tesis sobre condición más beneficiosa y favorabilidad, sentadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-168 del 20 de abril de 1995, con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, y T-827-99, con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero.

5. Posición del Gobierno Nacional: El Gobierno Nacional se constituyó en parte a través de los Ministerios del Interior y de Justicia, de Hacienda y Crédito