CE-11001-03-26-000-2013-00181-00(49421)-2014

RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION LAUDO ARBITRALnaturaleza extraordinaria / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL - Versa sobre vicios procedimentales o vicios in procedendo y no sobre vicios in iudicando / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL - Causales de anulación. Debe ser sustentado clara y suficientemente Ya en anteriores oportunidades se ha resaltado que la naturaleza extraordinaria y excepcional del recurso de anulación de laudo arbitral, así como su finalidad primordial tendiente a proteger la garantía fundamental al debido proceso hacen que éste sólo sea procedente por vicios procedimentales o in procedendo, más no de juzgamiento o in iudicando y con fundamento en las causales expresa y taxativamente señaladas en la ley. Así, se torna a todas luces improcedente que en sede de anulación el Juez contencioso Administrativo aborde nuevamente el estudio y análisis del asunto de fondo, reviva el debate probatorio efectuado en el curso del trámite arbitral, o cuestione los razonamientos jurídicos o la valoración probatoria utilizada por el juez arbitral para adoptar su decisión. (…) Tal como se manifestó en líneas anteriores el carácter extraordinario y excepcional del recurso de anulación de laudo arbitral conduce a una limitación en la competencia del juez del recurso, de forma tal que en sede de anulación éste no puede interpretar lo manifestado por el recurrente para tratar de entender o deducir la causal que invoca. Así las cosas, la impugnación del laudo por la vía del recurso de anulación

supone que se cimente en las causales previstas en la ley pero además que se sustente clara y suficientemente, de forma tal que el juez de anulación no se encuentre compelido a realizar un esfuerzo interpretativo adicional para tratar de deducir la causal que se invoca.

FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTICULO 22 / DECRETO 2279 DE 1989 - ARTICULO 38 / DECRETO 1818 DE 1998

NOTA DE RELATORIA: Al respecto se pueden consultar las decisiones: 15 de 1992, exp. 5326; 8 de junio de 2006, exp. 32398; 4 de diciembre de 2006, exp. 32871; 26 de marzo de 2008, exp. 34071; 21 de mayo de 2008, exp. 33643; y 13 de mayo de 2009, exp. 34525

RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL - Decreto 1818 de 1998 artículo 163 numeral 6, causal 6 o causal sexta / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL - Fallo en conciencia o fallo en equidad / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL - Tacha de testimonio. No se reabre valoración probatoria, no es segunda instancia / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL - No prospera Es de precisar en éste punto que la causal en comento no se encuentra instituida para discutir o expresar la inconformidad que se tiene respecto de la valoración jurídica y probatoria que el juez arbitral realizó frente a los diferentes aspectos de la controversia sometida a su conocimiento para adoptar su decisión, razón por la

cual se torna a todas luces improcedente afirmar que se profirió un fallo en equidad cuando los argumentos del recurrente se encuentren encaminados fundamentalmente a discutir ésa valoración.(…) Así las cosas, no puede entenderse que se incurre en fallo en conciencia o equidad cuando el Tribunal de arbitramento fundó su decisión en la normativa legal aplicable al asunto que se somete a su conocimiento y con base en la valoración y análisis de las probanzas arrimadas al expediente, pues la sola mención a normas de derecho positivo excluye de por si el contenido de un fallo en conciencia, el cual se caracteriza por la ausencia absoluta de razonamientos jurídicos o probatorios. (…) Así las cosas, ésta Sala comparte las consideraciones esbozadas por la vista fiscal en éste punto en el sentido de afirmar que no le asiste razón al recurrente al afirmar que el juez arbitral incurrió en fallo en equidad, pues adoptó su decisión con fundamento en las normas vigentes aplicables al asunto y conforme a la valoración de las probanzas allegadas, razón por la cual no puede ahora venir a pretender que se anule el laudo por la causal que alega cuando lo que en realidad discute es la valoración jurídica y probatoria efectuada por los árbitros para declarar probada la tacha por sospecha del testimonio de la ingeniera Ariza Arango.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1818 DE 1998 - ARTICULO 163; CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTICULO 217 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTICULO 218

RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRALDecreto 1818 de 1998 artículo 163 numeral 8, causal octava o causal 8 / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRALHaber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL - Principio de congruencia del laudo arbitral / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL - Vicios procedimentales o vicios in procedendo Ya en anteriores oportunidades ésta subsección ha señalado que por medio de la causal a la que se alude lo que se busca es garantizar el principio de congruencia de las sentencias judiciales, que al tenor de lo previsto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil y hoy en el artículo 218 del Código General del Proceso, consiste en la consonancia o coherencia correlativa que debe existir entre la providencia judicial y los hechos y las pretensiones que se aducen en la demanda, así como con las excepciones del demandado. (…) Así, por regla general, a efectos de determinar la configuración de la causal en comento debe realizarse un cotejo o ejercicio comparativo entre los hechos y las pretensiones de la demanda o su causa petendi, o lo uno y lo otro, con la parte resolutiva de la sentencia judicial, descartándose de ésta forma, y también por regla general, que la consonancia como vicio in procedendo se configure cuando haya discrepancia entre aquellas y las motivaciones de la decisión.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1818 DE 1998 - ARTICULO 163 NUMERAL 8

NOTA DE RELATORIA: Sobre el particular ver la sentencia de 24 de octubre de

2013, exp. 46696 VICIOS IN PROCEDENDO - Modalidades: Fallos ultra petita y fallos extra petita Este vicio in procedendo tiene dos modalidades de configuración conocidas normalmente en la doctrina y la jurisprudencia como fallos ultra petita, que se presentan cuando se condena al demandado por más de lo pedido en la demanda y fallos extra petita que tienen lugar cuando se condena al demandado por un objeto diverso al pretendido o por una causa diferente a la que se invoca en la demanda.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL.

Decreto 1818 de 1998 artículo 163 numeral 8, causal octava o causal 8 / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRALHaber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL - Teoría de la imprevisión El recurrente sustenta esta causal argumentando que el Tribunal de Arbitramento analizó la teoría de la imprevisión cuando ésta no había sido alegada por la demandante, que no tuvo en cuenta las estipulaciones contractuales y las pruebas allegadas al plenario, que condenó al IDU al pago de unos costos sin considerar que éstos se encontraban incluidos en el precio global del contrato, y que consideró equivocadamente que Transmilenio S.A. era una mandataría del IDU. (…) La teoría de la imprevisión exige entre otros requisitos que el desequilibrio no sea imputable a alguna de las partes, pues en este evento se trataría de un

incumplimiento contractual.(…) Lo anterior significa que no es cierto que el laudo acusado haya cimentado todas sus condenas en la teoría de la imprevisión puesto que al analizar las motivaciones, en ninguna de ellas trae decididamente este fenómeno como fundamento de la prosperidad de las pretensiones que acogió.(…) Lo que ocurre en este caso es que ninguno de los argumentos expuestos alrededor de la causal 8ª se arrima a una decisión ultra o extra petita o sin competencia de los árbitros por caducidad de la acción o por no estar comprendida en el pacto arbitral, lo que en realidad acontece es que el recurrente pretende que por vía de anulación se aborde nuevamente el estudio de fondo de la cuestión litigiosa olvidando que éste recurso no se constituye en una segunda instancia.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1818 DE 1998 - ARTICULO 163 NUMERAL 8

RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRALCondena en costas. Agencias en derecho El inciso tercero del artículo 165 del Decreto 1818 de 1998 dispone que si ninguna de las causales prospera, se declarará infundado el recurso y se condenará en costas al recurrente. (…) Por su parte el inciso primero del citado artículo prevé que en la misma sentencia se liquidarán las costas y condenas a cargo de las partes. (…) En éste asunto no aparecen acreditados expensas o gastos que se hubieren efectuado con ocasión del recurso de anulación, razón por la cual sólo habrá lugar al pago de las agencias en derecho (…) a cargo del recurrente.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1818 DE 1998 - ARTICULO 165

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá, D.C., nueve (09) de octubre de dos mil catorce (2014).

Radicación número: 11001-03-26-000-2013-00181-00(49421)

Actor: CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A.

Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU - Y LA EMPRESA

DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO Referencia: RECURSO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL (SENTENCIA) Procede la Sala a resolver el recurso de anulación interpuesto por El Instituto de Desarrollo Urbano -IDUcontra el laudo arbitral del 29 de octubre de 2013, proferido por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias originadas entre éste, La Empresa de Transporte del Tercer MilenioTransmilenioy la Sociedad Constructora San Diego Milenio S.A. con ocasión del contrato de obra No. 134 celebrado entre las partes el 28 de diciembre de 2007.

I. ANTECEDENTES

1. El 20 de septiembre de 2001 se celebró entre transmilenio S.A. y él IDU el convenio interadministrativo, por virtud del cual éste se obligó a realizar los estudios requeridos y las gestiones necesarias para contratar las obras necesarias para la implementación del sistema transmilenio en las diferentes zonas del país y a su vez Transmilenio S.A. se obligó a realizar el pago de las obligaciones dinerarias en favor

de los contratistas, previa autorización del IDU.

2. El 28 de diciembre de 2007 y en desarrollo del convenio referido se celebró entre el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y la Sociedad Constructora San Diego S.A. y Transmilenio S.A. el contrato de obra No. 134, por virtud del cual la Sociedad San Diego S.A. se obligó a realizar por el sistema de precio global con ajustes las obras y actividades necesarias para la adecuación del sistema

TransMilenio en la carrera 10ª (Avenida Fernando Mazuera) tramo No. 1 que comprendía la calle 31 sur y la calle 30ª sur entre carreras 10ª y 5ª incluyendo el patio, el portal y sus vías perimetrales en Bogotá D.C. Por su parte TransMilenio se obligó a pagar en favor de la sociedad contratista las obligaciones dinerarias adquiridas por el IDU con ocasión del contrato celebrado.

3. Como valor total estimado del contrato se fijó la suma de $146.288548.034.00 que comprendía la sumatoria del valor global total y el valor correspondiente a los ajustes.

4. Por medio de la cláusula No. 13 se acordó que si el contratista consideraba necesario incluir nuevos ítems, diferentes a los previstos en el contrato, debía informar a la interventoría, la cual debía pronunciarse al respecto de forma motivada y que “En todo caso, el Contratista no podrá adelantar la ejecución de ningún ítem no previsto sin la correspondiente autorización de la Interventoría y el IDU”.

5. El Término de duración del contrato se pactó en 85 meses contados a partir del 17 de junio de 2008, fecha ésta en la cual se suscribió el Acta de inicio de obra.

También se acordó que la ejecución del contrato comprendería 3 etapas, la primera de ellas de preconstrucción que sería de 4 meses, otra de construcción de 21 meses y la última de mantenimiento de 60 meses.

6. Diversas circunstancias hicieron necesario que las partes convinieran la modificación, adición y prórroga del contrato principal mediante la suscripción de 10 otro síes, el último de ellos del 15 de marzo de 2011.

7. Mediante el No. 21.3 las partes pactaron cláusula compromisoria a través de la cual acordaron someter a decisión de un Tribunal de Arbitramento con domicilio en la Ciudad de Bogotá todas las divergencias originadas con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, terminación y liquidación del contrato.

8. Aduce el actor que en la ejecución del contrato se presentaron las siguientes circunstancias; I) Deficiencias en los planos y diseños previos que generaron sobrecostos por mayores cantidades de obra al cimentar el puente peatonal ubicado

en la carrera 10 con calle 31 sur ; II) sobrecostos por mayores cantidades de acero de refuerzo en las losas del patio del portal; III) sobrecostos por errores en la inclusión de las juntas constructivas en algunas partes de las edificaciones; IV) deficiencia en los diseños de cubiertas y plataformas de artículos alimentadores, lo que condujo a mayores costos en los remates tipo nariz para su obtención no incluidos en el precio global del contrato; V) No reconocimiento de compensaciones ambientales por tala de árboles, costos que no se encontraban incluidos ni el precio global ni en el presupuesto oficial del contrato; VI) mayores cantidades de obra por

la colocación de capas adicionales de rajón al construir el pavimento de las zonas del patio y del portal; VII) Sobrecostos por realizar obras de pilotaje y utilizar equipos y herramientas especializadas para sobrellevar las dificultades presentadas en el terreno de las obras, desconocidas al celebrar el contrato y no discriminadas en el precio global; VIII) Mayores costos por obras de demolición adicionales cuyo precio no se encontraba previsto en el presupuesto oficial de la licitación; IX) Mayores costos al modificarse las condiciones de seguridad para la realización de trabajos en alturas, por medio de la Resolución No. 3673 de 2008; X) la configuración del silencio administrativo de la comunicación No. 134-481-2011, mediante la cual la contratista reclamó el reconocimiento de los mayores costos y mayores cantidades de obra ejecutada y recibida.

9. Por medio de diversas comunicaciones la actora reclamó en su oportunidad el reconocimiento de los mayores costos y mayores cantidades de obra ejecutada, solicitudes que fueron denegadas por la interventoría y posteriormente confirmadas por el IDU.

10. El 1 de diciembre de 20111 la Sociedad Constructora San Diego Milenio S.A. presentó demanda arbitral contra el Instituto de Desarrollo Urbano - IDUy TransMilenio S.A., solicitando que se declarara el incumplimiento del contrato No. 134 de 2007 y que aquel debía reconocer los mayores costos en que incurrió al ejecutar algunas obras objeto del contrato, otras obras de demolición no previstas en éste y por otros factores no previstos en el precio global inicialmente pactado, por vulnerar el procedimiento previsto en la cláusula 13 del contrato y por tener que

ejecutar trabajos en condiciones diversas a las inicialmente pactadas. Pidió que se le reconocieran los sobrecostos reclamados mediante comunicación No. 134-481-2011 del 17 de marzo de 2011, frente a la que afirma que operó el silencio administrativo positivo y en subsidio solicitó el reconocimiento de los sobrecostos en que incurrió por la realización de otras obras. Pidió también que se declarara la “improcedencia” de las comunicaciones y actas mediante las cuales el IDU negó el reconocimiento de los sobrecostos solicitados. Solicitó en consecuencia que se declarara la ruptura del equilibrio económico del contrato y se condenara a las demandadas al pago de los costos y extracostos; a los perjuicios pasados, actuales y futuros resultantes, sus intereses y la condena en costas, estimando la cuantía del proceso en $18.650.762.744.

11. El Tribunal de Arbitramento que se convocó para el efecto profirió el correspondiente laudo el 29 de octubre de 2013 en el que declaró infundadas las objeciones por error grave formuladas contra los dictámenes periciales, probada la tacha por sospecha de la testigo Natalia Ariza Arango, como no probadas las excepciones propuestas, salvo las denominadas “Actuación como simple pagador”-

1 Folios 1 a 121 del c. Principal No. 1 falta de legitimación en la causa por pasiva en cabeza de TransMilenio S.A., la de inexistencia de solidaridad entre ésta y el IDU frente a situaciones no pactadas expresamente y accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, pues declaró

que el IDU no reconoció a la Constructora San Diego Milenio S.A. los mayores costos en la ejecución de algunas obras objeto del contrato No. 134 de 2007, los de otras obras de demolición no previstas en éste, los mayores costos reclamados mediante comunicación No. 134-481-2011 del 17 de marzo de 2011 por haber operado el silencio administrativo, el incumplimiento de las demandadas y la improcedencia de las decisiones negativas del IDU frente a las solicitudes de reconocimiento económico. Como consecuencia de las anteriores declaraciones declaró la ruptura del equilibrio económico del contrato y condenó al IDU al pago de la suma de $14.482 251.230.00.

12. Frente al laudo en mención tanto el IDU como TransMilenio S.A. presentaron solicitud de aclaración, corrección y/o complementación, las cuales fueron resueltas desfavorablemente en la audiencia oral que se llevó a cabo el 13 de noviembre de

2013.

13. Por medio de escrito del 20 de noviembre de 2013 el convocado IDU instauró el recurso de anulación contra el laudo arbitral del 29 de octubre de 2013 invocando las causales 6ª y 8ª del artículo 163 del Decreto No. 1818 de 1998.

14. El 26 de noviembre de 2013 la Secretaría del Tribunal de Arbitramento remitió el expediente a esta Corporación a efectos de que se le diera trámite al recurso interpuesto, advirtiendo que no se había dado cumplimiento al artículo 161 del decreto 1818 de 1998, pues el recurso no se instauró ante el presidente del tribunal de arbitramento.

15. En auto del 10 de diciembre de 2013 ésta Corporación avocó el conocimiento del asunto y corrió el traslado para que la recurrente sustentara el recurso y para que ambas partes presentaran los correspondientes alegatos.

16. Contra dicho auto las partes instauraron los recursos de reposición los cuales fueron resueltos mediante proveído del 16 de junio de 2014 en el sentido de rechazar por extemporáneo el interpuesto por el IDU y confirmar el auto recurrido en todas y cada una de sus partes.

II. EL RECURSO DE ANULACION El recurrente pide que se anule el laudo arbitral proferido el 29 de octubre de 2013 con fundamento en las siguientes causales y razones: 1) La causal 6ª del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, esto es, haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que ésta circunstancia aparezca de forma manifiesta en el laudo.

Inicia su argumentación el recurrente haciendo mención a la noción de fallo en equidad y su diferencia con el fallo en derecho, trae a cuento algunas sentencias proferidas por la Sección Tercera de ésta Corporación al respecto para luego afirmar que en el presente asunto el Tribunal de Arbitramento emitió un fallo en equidad debiendo hacerlo en derecho, pues fundó su decisión en normas de derecho positivo no vigentes y profirió condena sin valorar las pruebas allegadas al plenario. Afirma que el Tribunal de arbitramento no sólo desconoció los preceptos legales que regulan la tacha de las pruebas testimoniales sino que le dio una interpretación errada a los artículos 217 y 218 del C.P.C., pues se limitó a declarar como probada

la tacha por sospecha del testimonio rendido por la Ingeniera Natalia Ariza Arango sin explicar el valor probatorio que le otorgó a éste. Señala que el Tribunal de arbitramento no se pronunció sobre los nuevos hechos acaecidos con posterioridad a la presentación de la demanda y esbozados por el IDU en sus alegatos de conclusión, para lo cual hace mención a la existencia de otro proceso arbitral iniciado por el Grupo Empresarial Vías Bogotá S.A.S. contra el IDU con ocasión del contrato No. 137/07 para la ejecución y desarrollo de la fase III de TransMilenio S.A. donde se ordenó la vinculación de ésta como parte, para afirmar que también debía vincularse al proceso como parte en el contrato objeto del presente litigio. Aduce que el Tribunal de arbitramento no sólo desconoció la cláusula segunda del contrato referida a su perfeccionamiento con la sola firma de las partes y el registro presupuestal sino también las cláusulas contractuales que le otorgaban deberes y obligaciones a TransMilenio S.A. al señalar que ésta no tenía la calidad de parte en el contrato No. 134/07. Manifiesta que en la parte motiva del laudo impugnado el Tribunal incurrió en inconsistencias al señalar que “de todas formas fueron de incidencia trascendental en la Mayor permanencia de la firma contratista en la ejecución del oleoducto referido…” , pues la obra contratada era muy diferente; y al señalar que hubo “incumplimiento del contratante público por mora en la entrega del anticipo, como causa de los SOBRECOSTOS en que incurrió el contratista…”, pues de las probanzas allegadas se acreditó que dicha circunstancia no había sido alegada

por la demandante. Argumenta que el Tribunal de Arbitramento emitió un fallo en conciencia al declarar la responsabilidad del demandado IDU, ignorando el material probatorio que obra en el expediente y mediante el cual se acreditó que la contratista fue la que modificó las condiciones iniciales del contrato y realizó las obras no pactadas en éste; razón por la cual no era posible endilgarle responsabilidad alguna por los costos y riesgos que ésta asumió directa o indirectamente. Hace mención a las cláusulas contractuales para concluir que si la entidad responsable de los pagos derivados del contrato No. 134 de 2007 era TransMilenio S.A., ésta era la llamada a responder y no el IDU y que el Tribunal de arbitramento no había tenido en cuenta ni las pruebas, ni las estipulaciones contractuales, ni las normas jurídicas que regulaban el fondo de la controversia, razón por la cual su decisión no tenía sustento probatorio alguno. Concluye señalando que la omisión en la valoración de las pruebas se constituye en una causal de anulación del laudo arbitral proferido, así como también en una vulneración del derecho fundamental al debido proceso. 2) Respecto de la causal 8ª del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, esto es, haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido, argumentó que ni en las pretensiones ni en los argumentos de derecho esbozados por la parte convocante en la demanda arbitral se había hecho alusión a la teoría de la imprevisión, premisa a partir de la cual el Tribunal equivocadamente había resuelto favorablemente las pretensiones

de la demanda. Reitera que el Tribunal de Arbitramento profirió un fallo en conciencia al no tener en cuenta ni las estipulaciones contractuales, ni la confesión presunta de la contratista quién en la demanda y su contestación afirmó que pese a no existir planeación en el contrato decidió ejecutar las obras asumiendo los riesgos respectivos. Señala que se condenó al IDU al pago de unas sumas relativas a los costos por la realización de unas obras sin considerar que éstos se encontraban incluidos en el valor global del contrato, circunstancia que se acreditó mediante las pruebas allegadas al plenario. Por último señala que el Tribunal de Arbitramento equivocadamente asumió que TransMilenio S.A. tenía la calidad de mandatario del IDU dentro del contrato No. 134 de 2007.

III. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público pidió que se declarara infundado el recurso de anulación apoyándose en las razones que se sintetizan así: El Tribunal de Arbitramento no incurrió en la causal del numeral 6º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 pues de la lectura del fallo impugnado se evidencia el análisis jurídico y probatorio efectuado a efectos de resolver las pretensiones de la demanda.

El Tribunal de Arbitramento no profirió un fallo en conciencia al declarar probada la tacha por sospecha del testimonio rendido por la ingeniera Natalia Ariza Arango y no valorarlo dentro del proceso, pues dicha decisión la adoptó con fundamento en las pruebas allegadas al plenario y según lo previsto en el artículo 217 del C.P.C.

Señala que los argumentos del recurrente encaminados a señalar que el Tribunal de Arbitramento profirió un fallo en equidad al no pronunciarse sobre los nuevos hechos presentados por el IDU en los alegatos de conclusión y al declarar que TransMilenio S.A. no hacía parte del contrato No. 134 de 2007 se encontraban dirigidos a cuestionar las razones de fondo que éste tuvo para adoptar su decisión, lo cual era improcedente en sede de anulación. Afirma que lo realmente pretendido por el impugnante es que se realice un nuevo estudio del fondo del asunto para revocar la condena que se profirió en su contra, pues de la lectura del fallo se evidenciaba que las decisiones adoptadas por el Tribunal de Arbitramento fueron producto del análisis de las pruebas allegadas, de las estipulaciones contractuales y conforme al derecho positivo vigente aplicable al asunto. Precisa que en sede de anulación el Juez Contencioso Administrativo no puede realizar una nueva valoración ni del análisis probatorio, ni del estudio jurídico ni de la labor interpretativa del juez arbitral. En lo relativo a las inconsistencias en las que el recurrente afirma que el Tribunal de arbitramento incurrió en la parte motiva del fallo señala que éstas no hacen referencia ni a los hechos ni a las pretensiones del asunto sometido a su conocimiento, sino que son extractos de fallos proferidos por la Sección Tercera de ésta Corporación sobre la Ecuación Financiera o Económica del contrato. Concluye señalando que el Tribunal de arbitramento no emitió un fallo en equidad, pues los árbitros no fundaron la decisión en su íntima convicción sino que fue el

resultado de una valoración jurídica y probatoria que el recurrente no comparte. De otro lado, señala que el Tribunal de Arbitramiento tampoco incurrió en la causal de anulación prevista en el numeral 8º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, pues contrario a lo que afirma el recurrente la sociedad convocante en su demanda sí adujo la existencia de hechos imprevistos y sobrevinientes a la celebración del contrato, razón por la cual los árbitros adoptaron su decisión dentro del ámbito de su competencia y conforme a lo esbozado en el libelo demandatorio. Finalmente el Ministerio Público señala que los demás argumentos expuestos por el recurrente no tenían relación alguna con la causal alegada, sino que reflejaban la su disconformidad con lo decidido y analizado por el Tribunal. No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado se procede a resolver el recurso de anulación previas las siguientes

IV. CONSIDERACIONES.

1. Ya en anteriores oportunidades2 se ha resaltado que la naturaleza extraordinaria y excepcional del recurso de anulación de laudo arbitral, así como su finalidad primordial tendiente a proteger la garantía fundamental al debido proceso hacen que éste sólo sea procedente por vicios procedimentales o in procedendo, más no de juzgamiento o in iudicando y con fundamento en las causales expresa y taxativamente señaladas en la ley.

Así, se torna a todas luces improcedente que en sede de anulación el Juez contencioso Administrativo aborde nuevamente el estudio y análisis del asunto de fondo, reviva el debate probatorio efectuado en el curso del trámite arbitral, o

cuestione los razonamientos jurídicos o la valoración probatoria utilizada por el juez arbitral para adoptar su decisión. Ahora bien, según lo establece el artículo 22 de la Ley 1150 de 2007 las causales de anulación del laudo arbitral son las previstas en el artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 o las normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan. A su vez, el Decreto 1818 de 1998 compila las normas existentes sobre arbitramento, entre ellas las contenidas en el Decreto 2279 de 1989, razón por la cual finalmente las causales de nulidad de los laudos arbitrales que se relacionen con los contratos estatales son las consagradas en el artículo 163 del Decreto primeramente citado.

2. Tal como se manifestó en líneas anteriores el carácter extraordinario y excepcional del recurso de anulación de laudo arbitral conduce a una limitación en la competencia del juez del recurso, de forma tal que en sede de anulación éste no puede interpretar lo manifestado por el recurrente para tratar de entender o deducir la causal que invoca3.

Así las cosas, la impugnación del laudo por la vía del recurso de anulación supone que se cimente en las causales previstas en la ley pero además que se sustente clara y suficientemente, de forma tal que el juez de anulación no se encuentre 2 Entre ellas las siguientes: Sentencia de mayo 15 de 1992 (Expediente 5326); Sentencia de noviembre 12 de 1993 (Expediente 7809); Sentencia de junio16 de 1994 (Expediente 6751); Sentencia de octubre 24 de 1996

(Expediente 11632); Sentencia de mayo 18 de 2000 (Expediente 17797); Sentencia de agosto 23 de 2001 (Expediente19090); Sentencia de junio 20 de 2002 (Expediente 19488); Sentencia de julio 4 de 2002 (Expediente 21217); Sentencia de julio 4 de 2002 (Expediente 22.012); Sentencia de agosto 1º de 2002 (Expediente 21041); Sentencia de noviembre 25 de 2004 (Expediente.25560); Sentencia de abril 28 de 2005 (Expediente 25811); Sentencia de junio 8 de 2006 (Expediente 32398);