CE-11001-03-27-000-2007-00030-00(16625)-2011

COSA JUZGADA – Relativa y absoluta / COSA JUZGADA ABSOLUTA – Concepto / COSA JUZGADA RELATIVA – Concepto / NUEVOS CARGOS DE LA DEMANDA DE NULIDAD – Permite su estudio ante la jurisdicción Se deduce del articulo 175 del Código de Procedimiento Civil que consagra tanto la cosa juzgada absoluta como la cosa juzgada relativa. Para la Corte Constitucional, la cosa juzgada absoluta es aquella que opera a plenitud, precluyendo por completo la posibilidad de interponer, con posterioridad a la sentencia, nuevas demandas. Este efecto de cosa juzgada sólo opera cuando “se declara la nulidad del acto demandado”, lo cual tiene razón de ser pues, una vez que desaparece del ordenamiento jurídico la norma demandada, resulta inoficioso volver a demandarla o pronunciarse sobre lo ya decidido. Cosa distinta ocurre cuando el acto demandado sigue formando parte del ordenamiento jurídico y no prosperan los cargos de nulidad contra ese acto. En esos eventos, opera la cosa juzgada relativa, según la cual, se admite que, en el futuro, se formulen nuevos cargos contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corporación ya ha analizado. Mediante sentencia del 25 de marzo de 2010, la Sala declaró la nulidad del artículo 3º del Decreto 057 del 12 de enero de 2006 expedido por el Gobierno Nacional – Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como también de las expresiones “superiores al mínimo señalado

en el artículo 3º del presente decreto” y “el mayor porcentaje entre el nivel mínimo establecido en el artículo 3º del presente decreto y” contenidas, respectivamente, en el inciso primero y en el parágrafo primero del artículo 5º del Decreto 057 del 12 de enero de 2006 expedido por el Gobierno Nacional – Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En consecuencia, la Sala debe estarse a lo resuelto en esa sentencia, pues sobre el artículo 3º y los apartes del artículo 5º del Decreto 057 de 2006 que se declararon nulos operó la cosa juzgada absoluta.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 175

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ARTÍCULO 5 NO ANULADO FACTOR DE APORTE SOLIDARIO – Cálculo / METODOLOGIA DE CALCULO DEL FACTOR DEL APORTE SOLIDARIO – Alcance / CONCEJO MUNICIPAL O DISTRITAL – Tiene la facultad para definir el porcentaje de aporte solidario / BOLSA COMUN – Puede conformarse con recurso recaudados de las EPS

El factor del aporte solidario se calcula atendiendo a la metodología que estableció el Decreto 1013 de 2005. Conforme se dijo en la sentencia del 25 de marzo de 2010, “(…) la metodología radica en definir una forma o un método o serie de ellos para calcular los ingresos esperados por contribuciones y para estimar los egresos necesarios para atender los subsidios, de manera que ello dé lugar a la determinación de un porcentaje que, aplicado a las contribuciones, resulte el equilibrio esperado legalmente. (…)”En la sentencia también se precisó en qué consistía la metodología que al tenor del artículo 2º del Decreto 1013 de 2005 se debía seguir para establecer el factor del aporte solidario. Con fundamento en lo expuesto, en la sentencia del 25 de marzo de 2010, la Sala concluyó que “(…) el Gobierno Nacional fijó la metodología ordenada por el artículo 2 de la Ley 632 de 2000 en el Decreto 1013 de 2005 y dispuso que era el Concejo Municipal o Distrital el ente encargado de definir el porcentaje de aporte solidario necesario para lograr y mantener el equilibrio entre las contribuciones y los subsidios según el procedimiento reseñado. (…)” En ese contexto, si la nulidad del artículo 3º del Decreto 057 de 2006 no implicó la nulidad del factor del aporte solidario, pues tal factor lo regula la ley y lo deben establecer los concejos municipales o distritales conforme con la metodología prevista en el Decreto 1013 de 2005, para la Sala es evidente que la bolsa común puede conformarse con los recursos que recauden

las ESP, por concepto de ese aporte fijado en esas condiciones.

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ARTÍCULO 5 NO ANULADO AUTONOMIA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA GESTIONAR SUS PROPIOS RECURSOS – Es limitada por la ley y la Constitución / AUTONOMIA PRESUPUESTAL DE LOS ENTES TERRITORIALES – Debe desarrollarse conforme al financiamiento estatal Como la autonomía de las entidades territoriales queda supeditada a la Constitución y a la Ley, para la Corte Constitucional la potestad conferida al legislador para definir el ámbito del ejercicio de esa autonomía territorial tiene límites. El primer límite que destaca la Corte es el de la primacía del principio de unidad en general sobre el principio de autonomía en particular. El segundo límite lo constituye el equilibrio que tiene que existir entre el poder central y la autonomía territorial. Y el tercero, “(…) los principios de fundamentalidad del municipio y los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad (C.P., arts. 288 y 311).” En ese contexto, la Corte se refirió a la autonomía de las entidades territoriales para

gestionar sus propios recursos, y dijo que la responsabilidad fiscal y macroeconómica del Gobierno era uno de aquellos aspectos que formaban parte de la primacía del principio de unidad sobre el principio de autonomía y que, por eso, la autonomía presupuestal de los entes territoriales debía ejercerse dentro de las metas macroeconómicas y de los planes de financiamiento estatal. Pero también la Corte advirtió que, para que no se vulnere esa autonomía presupuestal, cuando el legislador se ocupaba de definir determinadas políticas presupuestales o de saneamiento fiscal no podía entrar a definir específicamente las funciones que debían cumplir las entidades territoriales al punto de dejarlas sin margen de acción. Que, así mismo, el legislador no podía transferir en su totalidad las responsabilidades de la nación, sin el acompañamiento de los medios y recursos necesarios para atenderlos eficientemente. De ahí que, la Corte Constitucional abordara el análisis de la norma acusada en ese proceso, a partir del estudio sistemático de la misma a efectos de advertir si la medida adoptada en la norma demandada era proporcional en cuanto a si daba un margen de acción a las entidades territoriales o, por el contrario, implicaba un vertimiento total de la competencia por parte del Estado en cabeza de las entidades territoriales.

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ARTÍCULO 5 NO ANULADO EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – Tienen la facultad para repartir los subsidios provenientes del factor de aporte solidario / PORCENTAJE DE APORTE SOLIDARIO – Lo estima el alcalde con la información que las empresas prestadoras le suministra El objetivo principal del artículo 4º del Decreto 057 de 2006 fue el de facultar a las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a conformar una bolsa común con los recursos provenientes del factor de aporte solidario para que puedan ser distribuidos proporcionalmente por dichas empresas entre los municipios atendidos por estas, de acuerdo con el procedimiento expresamente establecido en ese Decreto. Una vez realizada la distribución proporcional de los recursos conforme con el procedimiento establecido, el artículo 4º demandado dispone que las entidades prestadoras deben observar lo previsto en el parágrafo del artículo 3º del Decreto 057 de 2006. Según el parágrafo del artículo 3º del Decreto 057 de 2006, las entidades prestadoras deben asignar los recursos provenientes del factor de aporte solidario conforme con los criterios de asignación que dicte el Alcalde respectivo. Pero, también dice que cuando el Alcalde no haya fijado criterios de asignación, se faculta a la empresa prestadora a que reparta los subsidios conforme a las reglas

previstas en ese parágrafo. Adicionalmente, el artículo 4º demandado prevé que las empresas prestadoras “deberán considerar”, para cada municipio, el mecanismo de distribución establecido en la misma disposición para cuando vaya a hacer las estimaciones establecidas en los numerales 1º y 3º del artículo 2º del Decreto 1013 de 2005. Este propósito es importante por cuanto, como lo reitera el artículo 4º demandado, el resultado de las estimaciones establecidas en los numerales 1º y 3º del artículo 2º del Decreto 1013 de 2005 son, a su vez, los recursos potenciales que los municipios deben recaudar por concepto de aportes solidarios, a través de las empresas prestadoras. De ahí que el artículo 4º demandado reitere el deber de las empresas prestadoras de informar a los respectivos alcaldes de los resultados de esas estimaciones, porque con fundamento en esa información, el alcalde municipal o distrital, luego de analizarla, debe proceder a preparar un proyecto consolidado de los recursos que potencialmente se van a recaudar, proyecto que debe presentarlo a discusión y aprobación del concejo municipal o distrital, quien, conjuntamente con la aprobación del presupuesto del respectivo ente territorial, se encargan de definir el porcentaje de aporte solidario necesario para solventar el déficit entre aportes y subsidios.

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MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL – ARTÍCULO 5 NO ANULADO CALCULO DEL FACTOR DE APORTE SOLIDARIO – El que hacen las entidades prestadoras de servicios domiciliarios es una herramienta para definir el porcentaje de aporte / ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – Su función es determinante para la distribución de los recursos por parte de las entidades territoriales / AUTONOMIA TERRITORIAL – No se vulnera al permitir que las entidades prestadoras calculen el factor de aporte solidario / BOLSA COMUN – Recursos que la componen Los cálculos que las entidades prestadoras de tales servicios deben hacer para establecer, por una parte, el estimado de los recursos potenciales que deben recaudar las entidades territoriales por concepto de aportes solidarios en aras de disminuir el déficit de los aportes y los subsidios, y, por otra, los montos proporcionales que tales entidades deben distribuir entre los municipios y o distritos que correspondan a su ámbito de operación, son un factor determinante y útil para que los alcaldes analicen y ponderen los recursos que necesitan para cubrir no solo los subsidios de los usuarios de los estratos 1 y 2 de los servicios de acueducto y alcantarillado, sino también el déficit existente entre aportes y subsidios. Así mismo, son un factor determinante y útil para que los concejos

municipales o distritales definan el porcentaje de aporte solidario necesario para cubrir los subsidios y solventar el déficit. De manera que, la labor que las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado ejecutan incide en la actividad que deben ejecutar las entidades territoriales para fijar y distribuir sus recursos propios, pero no suplantan a esas entidades en la realización de las mismas, al punto de limitar su autonomía fiscal y presupuestal. Por lo tanto, el artículo 4º no viola el contenido esencial de la autonomía territorial previsto en el artículo 287 de la Carta Política, como tampoco viola el artículo 1º idem, pues el artículo 4º demandado salvaguarda la autonomía territorial prevista en esa norma, así como también los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad “(…) tal y como lo dispone el artículo 288 constitucional, para armonizar las complejas relaciones en que puede desenvolverse la vida institucional, económica y fiscal, así como la planeación entre la Nación y las entidades territoriales, bajo el entendido que los intereses territoriales son articulables y no enfrentados, como una premisa política en un Estado Unitario” Por otra parte, dado que la norma no hace otro tipo de distinción, del tenor literal no es pertinente inferir que las entidades prestadoras deban tomar únicamente los recursos de los aportes de las entidades territoriales cuyo balance entre subsidios y aporte arroje superávit. Por el contrario, de la norma se infiere que las entidades prestadoras deben tomar en consideración, para formar la bolsa común, las sumas provenientes del factor de aporte solidario que se recauden en todos los municipios y o distritos sobre los cuales, tales empresas presten el servicio o

tengan cobertura.

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ARTÍCULO 5 NO ANULADO FACULTAD REGLAMENTARIA – Alcance / CONTROL JUDICIAL – Alcance / IMPUESTOS TERRITORIALES – El decreto que los reglamente está limitado por la autonomía fiscal de las entidades territoriales La Sala reitera que la facultad reglamentaria, que la Constitución le reconoce al poder ejecutivo, es una facultad gobernada por el principio de necesidad, que se materializa justamente en la necesidad que en un momento dado existe de detallar el cumplimiento de una ley que se limitó a definir de forma general y abstracta determinada situación jurídica. Entre más general y amplia haya sido la regulación por parte de la ley, más necesidad hay de la reglamentación en cuanto que este mecanismo facilitará la aplicación de la ley al caso concreto. A contrario sensu, cuando la ley ha detallado todos los elementos necesarios para aplicar esa situación al caso particular no hay necesidad de reglamentos. Es evidente que el control judicial que recae sobre el reglamento debe cuidar que la función reglamentaria no sobrepase ni invada la competencia del legislativo, en el sentido

de que el reglamento no puede ni desfigurar la situación regulada por la ley ni hacerla nugatoria ni extenderla a situaciones de hecho que el legislador no contempló. Si el reglamento preserva la naturaleza y los elementos fundamentales de la situación jurídica creada por la ley, bien puede este instrumento propio del ejecutivo detallar la aplicación de la ley al caso mediante la estipulación de todo lo concerniente al modo como los sujetos destinatarios de la ley la deben cumplir. Ahora bien, cuando la potestad reglamentaria se ejecuta para detallar la aplicación de una ley que regule impuestos territoriales, el Gobierno debe tener en cuenta, además de lo precisado anteriormente, el respeto por la autonomía fiscal de las entidades territoriales y, por ende, al igual que esa ley, el reglamento también debe respetar el margen proporcional de acción que deben tener las entidades territoriales y, por lo mismo, el reglamento tampoco puede verter todo ese margen de acción en cabeza de las entidades territoriales.

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MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL – ARTÍCULO 5 NO ANULADO REGIMEN TARIFARIO EN SERVICIOS PUBLICOS – Criterios que lo orienta /

FACTURA DE SERVICIO – Debe discriminar el valor del servicio y el factor de subsidio / FACTOR DE SOLIDARIDAD – Reglas de recaudo y distribución Pues bien, conforme se precisó en la sentencia del 25 de marzo de 2010 “en materia de servicios públicos domiciliarios la Ley 142 de 1994 estableció que el régimen tarifario estaría orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia (artículo 87) y definió que por “solidaridad y redistribución se entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a "fondos de solidaridad y redistribución", para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas” (87.3).” También se precisó que el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, en aplicación de los principios de solidaridad y redistribución de ingresos “(…) señaló que las comisiones de regulación exigirían gradualmente a todos quienes prestan servicios públicos que, al cobrar las tarifas que estén en vigencia al promulgarse la ley, distingan en las facturas entre el valor que corresponde al servicio y el factor que se aplicaría para dar subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2. Igualmente, definirían las condiciones para aplicarlos al estrato 3.” Y “Que los concejos municipales debían crear "fondos de solidaridad y redistribución de ingresos, para incorporar en el presupuesto del municipio las

transferencias que a dichos fondos deben hacer las empresas de servicios públicos, según el servicio de que se trate. Los recursos de dichos fondos serán destinados a dar subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, como inversión social. A igual procedimiento y sistema se sujetarán los fondos distritales y departamentales que deberán ser creados por las autoridades correspondientes en cada caso.” Conforme con la norma citada se extraen las siguientes reglas: El recaudo del aporte o factor solidario le corresponde a las empresas que presten el servicio público. Lo que se recaude por factor solidario se debe destinar para el pago de subsidios, de acuerdo con las normas pertinentes, Para el efecto, las empresas prestadoras deben llevar contabilidad y cuentas detalladas. Si se recauda por aporte solidario más de lo que se necesita para pagar los subsidios, las empresas de servicios públicos oficiales de orden distrital, municipal o departamental deben destinar el superávit a los "fondos de solidaridad y redistribución de ingresos". El superávit que se transfiera a los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos se debe destinar al pago de los susbsidios que le corresponda cubrir a empresas de de servicios públicos oficiales que presten el mismo servicio en la misma entidad territorial al de la empresa aportante. Si después de la anterior distribución, los "fondos de solidaridad y redistribución de ingresos" presentan superávit, éste se destinará para pagar los subsidios de los usuarios de las empresas de la misma naturaleza y servicio con sede en departamentos, distritos o municipios limítrofes, respectivamente. Los repartos se harán de acuerdo a los mecanismos y criterios que establezcan las

comisiones de regulación respectivas. Cuando el superávit proviene de las empresas privadas o mixtas prestatarias de los servicios de agua potable o saneamiento básico, aquel se destinará a los "fondos de solidaridad y redistribución de ingresos" del municipio o distrito correspondiente.

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MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL – ARTÍCULO 5 NO ANULADO DECRETO 1013 DE 2005 – Se expidió para equilibrar la balanza entre subsidios y contribuciones / BOLSA COMUN – Recursos que la conforman / EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS – Pueden operar en igualdad de condiciones en cualquier parte del país Para la Sala, partiendo del presupuesto de que las entidades territoriales están prestando déficit en la balanza entre subsidios y contribuciones, y que tanto el Decreto 1013 de 2005, como el Decreto 057 de 2006 se expidieron para propender por el equilibrio de esa balanza, tiene razón el Ministerio demandado en cuanto indica que el artículo 4º del Decreto 057 de 2006 no establece distinción de ningún orden para interpretar que la bolsa común debe conformarse con los

recursos que por aporte solidario recauden las empresas prestadoras en los municipios o distritos que no presenten déficit. También le asiste razón en cuanto a que la norma no regula en lo absoluto los recursos que se asignan a los FSRI, porque, como se vio, esos fondos se nutren, entre otros recursos, con el superávit del factor de aporte solidario. Ahora bien, respecto a si cuando el artículo 2º de la Ley 632 de 2000 dispone que “Las entidades prestadoras destinarán los recursos provenientes de la aplicación de este factor para subsidios a los usuarios atendidos por la entidad, dentro de su ámbito de operaciones.”, el ámbito de operación se entiende referido a todas las entidades territoriales en las que presta el servicio la empresa prestadora, la Sala precisa que también es cierto, porque de conformidad con el artículo 23 de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos pueden operar en igualdad de condiciones en cualquier parte del país, con sujeción a las reglas que rijan en el territorio del correspondiente departamento o municipio. En consecuencia, si las empresas prestadoras operan en varias entidades territoriales, su ámbito de operación cubrirá la jurisdicción de esas entidades territoriales. De lo anterior se deduce que fue la Ley 632 de 2000 la que reguló como un nuevo evento la posibilidad de hacer cruces entre las contribuciones recaudadas por el prestador que opera en varios municipios o distritos con los subsidios de los usuarios de esa empresa. En esa medida era pertinente y necesario que el Gobierno reglamentara el inciso referido y, por lo tanto, no se configura la causal de violación de los artículos 150 y 189 de la C.P.,

por extralimitación de las facultades reglamentarias.

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MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL – ARTÍCULO 5 NO ANULADO NOTA DE RELATORIA: Respecto a la nulidad de los artículos 3 y 5 se está a lo resuelto en la sentencia de 25 de marzo de 2007, Rad. 16078, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS

Bogotá D.C. Trece (13) de junio de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-27-000-2007-00030-00(16625); 11001-03-27-0002009-00008-00(17542)

Actor: JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO, ASOCIACIÓN DE

COMERCIANTES DE RIONEGRO

Demandado: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO

TERRITORIAL.

FALLO La Sala decide la acción pública de nulidad instaurada por el señor JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO y la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE RIONEGRO. ASOCAR, contra los artículos 3º, 4º y 5º del Decreto 057 de 2006, expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. LOS ACTOS DEMANDADOS Se demandan los artículos 3º, 4º y 5º del Decreto 057 de 2006 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que disponen: “DECRETO 057 DE 2006 (enero 12)

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO

TERRITORIAL.

Por el cual se establecen unas reglas para la aplicación del factor de aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, y por el artículo 2 de la Ley 632 de 2000

DECRETA:

(…)

ARTÍCULO 3°. NIVEL MÍNIMO DEL FACTOR DE APORTE SOLIDARIO.

Para cada uno de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el nivel mínimo del factor de aporte solidario a que hace referencia el artículo 89.1 de la Ley 142 de 1994, será el que se define a continuación: Usuarios Residenciales de estrato 5: (50%) Usuarios Residenciales de estrato 6: (60%)

Usuarios Comerciales: (50%) Usuarios Industriales (30%) Parágrafo. Ante la ausencia de criterios de asignación por parte del Alcalde respectivo, según lo dispuesto en el artículo 6o del decreto 565 de 1996, la persona prestadora repartirá entre los usuarios por ella atendidos los subsidios provenientes de los recursos derivados de la aplicación del factor de aporte solidario, aplicando al interior de cada municipio el mismo porcentaje a usuarios pertenecientes al mismo estrato. En todo caso deberá mantenerse una proporción mínima de 1.25 veces el porcentaje aplicado al estrato 1 en relación con el estrato 2, y de 2.67 veces el porcentaje aplicado al estrato 2 en relación con el estrato 3, sin superar en ningún caso los topes máximos de subsidios señalados por la Ley.

El otorgamiento de subsidios al estrato 3 deberá sujetarse a las condiciones y requisitos que para el efecto establezca la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, de acuerdo con lo señalado en el artículo 99.7 de la Ley 142 de1994. ARTICULO 4o. DISTRIBUCIÓN DE CONTRIBUCIONES POR APORTES SOLIDARIOS EN EL INTERIOR DEL ÁMBITO DE OPERACIÓN. En el caso de personas prestadoras cuyo ámbito de operación comprenda varios municipios y/o distritos, las sumas provenientes de la aplicación del nivel mínimo del factor de aporte solidario establecido en el artículo anterior, sin incluir las derivadas de la previsión contenida en el artículo 5o del presente Decreto, conformarán una bolsa común de recursos para el otorgamiento de

subsidios tarifarios. Los recursos provenientes de la contribución por aportes solidarios se distribuirán proporcionalmente entre los municipios atendidos, de acuerdo con el siguiente procedimiento: a) Para cada municipio, la persona prestadora determinará los requerimientos máximos de subsidios de los usuarios de estratos 1 y 2 por ella atendidos, suponiendo un escenario de otorgamiento de subsidios correspondiente a los topes máximos establecidos por la Ley. b) Con base en el estimativo anterior, la persona prestadora calculará los requerimientos ajustados de subsidios, afectando el requerimiento máximo de subsidios de cada municipio por la relación entre la factura promedio sin subsidio ni contribución del municipio respectivo y la correspondiente al municipio con mayor factura promedio sin subsidio ni contribución, según los costos de referencia correspondientes, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula: SAm = Sm x FPRm

MAX ( FPRm)

donde: FPRm=CFm+CVmxQm FPRm = Factura promedio para el municipio m, sin subsidio ni contribución. CFm = Componente tarifario fijo mensual para un suscriptor de estrato 4 en el municipio m. CVm = Componente tarifario variable, por metro cúbico o por tonelada, según sea el caso, para un suscriptor de estrato 4 en el municipio m. Qm = Consumo promedio mensual por suscriptor, calculado con base en los consumos de estrato 1 y 2 en el municipio m. SAm = Requerimiento de subsidios ajustados para el municipio m. Sm = Requerimiento de subsidios calculados de acuerdo con el numeral anterior. MAX(FPRm)= Máxima factura promedio para los municipios o distritos

del ámbito de operación. c) Las sumas así resultantes de requerimientos ajustados de subsidios serán la base para la distribución proporcional de los recursos provenientes de las contribuciones por aporte solidario, de acuerdo con la siguiente fórmula: Cm = SAm n Σ SAi i =1

Donde: Cm = Proporción de contribuciones a ser distribuidas al municipio m i = Municipios del ámbito de operación Una vez realizada la distribución proporcional de las sumas provenientes de la contribución por aportes solidarios, en cada uno de los municipios que conforman su ámbito de operación, la persona prestadora observará lo previsto en el parágrafo del artículo 3o del presente Decreto.

Para efectos de las estimaciones establecidas en los numerales 1o y 3o del artículo 2o del Decreto 1013 de 2005 o la norma que lo modifique o adicione, las personas prestadoras deberán considerar, para cada municipio, el mecanismo de distribución establecido en el presente artículo, cuyo resultado se entenderá como el valor de los recursos potenciales a recaudar por concepto de Aportes Solidarios, el cual deberá ser informado a los respectivos alcaldes municipales y/o distritales, a efectos de la aplicación de la metodología de equilibrio entre contribuciones y subsidios contenida en el precitado Decreto. Parágrafo. Modificado por el artículo 1 del Decreto 2825 de 2006. La bolsa común de recursos a la cual hace referencia el presente artículo corresponde a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”.

ARTÍCULO 5°. ESFUERZO LOCAL PARA EL OTORGAMIENTO DE

SUBSIDIOS. Los Municipios y/o Distritos podrán establecer contribuc