CE-11001-03-27-000-2008-00027-00(17317)-2011

ACUMULACION DE PRETENSIONES – Facultad jurisdiccional que opera a solicitud de parte / SOLICITUD DE ACUMULACION DE PRETENSIONES – Procede respecto de procesos que se encuentren en trámite pendientes de fallo / COSA JUZGADA – Efectos La acumulación de procesos fue prevista en el artículo 157 del Código de Procedimiento Civil, como una facultad jurisdiccional que opera a solicitud de parte y que, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, busca el estudio conjunto de las pretensiones elevadas en dos o más procesos especiales de igual procedimiento, o en dos o más ordinarios, siempre que se encuentren en la misma instancia y que, tratándose de los segundos, dichas pretensiones se hayan podido integrar en una misma demanda, el demandado sea el mismo, y las excepciones propuestas se fundamenten en los mismos hechos. A su vez, el artículo 82 ibídem avala la acumulación de pretensiones, cuando quiera que se cumplan tres requisitos fundamentales, a saber: que el juez sea competente para conocer de todas (sin embargo, pueden acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía); que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias; y que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. Bajo esta perspectiva legal la solicitud de la DIAN estaría dotada de razones sustanciales de no ser porque el pasado 3 de marzo se profirió sentencia en el proceso 110010327000200800042 00 (exp. 17443), y el 7 de abril en el proceso 11001032700020080002500 (17315), M. P.

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, a los cuales se pide que se acumule el presente. Dichas providencias, sin duda alguna, impiden que se ejerza la facultad otorgada por el evocado artículo 157, comoquiera que ésta presupone la existencia de procesos en trámite, pendientes de fallo, precisamente con el fin de que puedan resolverse a través de una misma sentencia que, además de agilizarlos, evite decisiones contradictorias para las causas de idéntico origen. Dentro de esa dinámica, la solicitud de acumulación in examine carece de objeto y, por tanto, está llamada a rechazarse, lo cual se dispondrá junto con la decisión de fondo que habrá de dirimir el presente juicio de legalidad, pues es ello lo que imponen los principios procesales de celeridad, economía y eficacia, frente a la inmutabilidad del hecho cierto que dejó sin objeto la solicitud, se repite, el fallo de mérito en uno de los procesos sobre los cuales recae. Sin duda alguna, dicha decisión anulatoria constituye cosa juzgada erga omnes con carácter absoluto y oponible a todos, hayan o no intervenido en el proceso, en los términos del artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, porque se adoptó mediante providencia de fondo debidamente ejecutoriada, en la que la jurisdicción tuvo la oportunidad de estudiar la causa petendi juzgada en esta oportunidad. Como tal, ha dicho la Sala que dicha figura jurídica impide que se expidan pronunciamientos futuros sobre el mismo asunto, dada su previa definición o juzgamiento a través de sentencia en firme, en clara salvaguarda de la seguridad jurídica; y en acciones de

simple nulidad no se condiciona a requisitos especiales de procedencia como sí se hizo en el caso de las acciones de reparación directa, contractuales y de cumplimiento (inc. 3). En consecuencia, corresponderá estarse a lo resuelto en la sentencia referida (la del 3 de marzo del 2011) que hizo desaparecer del mundo jurídico al Concepto No. 064693 del 7 de julio del 2008, y en tal sentido se impartirá la orden respectiva.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 157

NORMA DEMANDADA: CONCEPTO 064693 DE 2000 DIAN – ANULADO IMPUESTO DE TIMBRE – Hecho generador. Sujetos pasivos / AGENTES DE RETENCION – Responsables / HECHO GENERADOR – Elementos / DOCUMENTOS SIN CUANTIA – No están gravados con el impuesto de timbre / IMPUESTO DE TIMBRE - Causación De acuerdo con los parámetros legales vigentes para cuando se expidió el concepto demandado, el impuesto de timbre se genera por el otorgamiento o aceptación de instrumentos públicos o documentos privados (incluidos los títulos valores), en el país o fuera de él, por parte de entidades públicas, personas jurídicas o asimiladas, o personas naturales comerciantes con ingresos brutos o patrimonio bruto superior a 30.000 UVT en el año inmediatamente anterior, siempre que en dichos instrumentos o documentos se haga constar la existencia, modificación, extinción, prórroga o cesión de obligaciones. Así, las personas naturales comerciantes ubicadas en los rangos patrimoniales establecidos, las

personas jurídicas y asimiladas, y las entidades públicas no exceptuadas expresamente, que intervengan como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores y suscriptores de los documentos o instrumentos objeto del gravamen, o a cuyo favor se expidan, otorguen o extiendan los mismos, son contribuyentes del impuesto de timbre. A su turno, todos los agentes de retención son responsables de dicho tributo y los funcionarios oficiales que autorizan, expiden, registran o tramitan documentos o instrumentos sometidos al impuesto, o quienes desempeñen funciones públicas e intervengan en los mencionados hechos, son responsables solidarios con el agente de retención (E. T. arts. 515 - 518). Sin duda alguna, la descripción hecha en el artículo 519 del Estatuto Tributario permite estructurar el hecho generador del impuesto de timbre a partir de cuatro elementos fundamentales a saber: i) la existencia de documentos privados o documentos públicos catalogados como instrumentos; ii) la naturaleza jurídica de quienes los otorgan, aceptan, giran, emiten o suscriben; iii) el contenido de los documentos mencionados respecto de la constitución, existencia, modificación, extinción, prórroga o cesión de obligaciones; iv) la cuantía del documento en cuanto debe superar las 6.000 UVT, excepto para los documentos que enlista el artículo 521 del Estatuto Tributario que están sujetos al impuesto cualquiera que fuere su cuantía. Los documentos sin cuantía, entonces, no están gravados con el impuesto, salvo algunos que lo causan en un valor expresamente determinado en la Ley (E. T. Art. 523). La realización del hecho generador como presupuesto

legal que origina la obligación tributaria sustancial y que tiene por objeto el pago del tributo (E. T. Art. 1º), causa el impuesto de timbre y a partir de ese momento éste comienza a deberse.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 515 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 516 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 517 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 518 / ESTATUTO TRIBUTARIO –

ARTICULO 523

NORMA DEMANDADA: CONCEPTO 064693 DEL 2008 DIAN - ANULADO HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE TIMBRE – No siempre coincide con la exigibilidad o causación del tributo / CAUSACION DEL IMPUESTO DE TIMBRE – Ocurre al momento del otorgamiento, suscripción, giro, expedición aceptación, vencimiento, prórroga o pago del documento / BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE TIMBRE – Recae sobre la cuantía o el valor del documento que lo genera Debe observarse que la ocurrencia del hecho generador no en todos los casos coincide con la exigibilidad o causación del tributo, pues ésta puede preverse para un momento posterior al nacimiento de la obligación fiscal, como ocurre cuando al instante de concretarse el hecho jurídico que la origina, no es dable determinar la cuantía de la obligación subyacente ni, por ende, la base gravable del impuesto.

Por regla general, la causación ocurre al momento del otorgamiento, suscripción, giro, expedición, aceptación, vencimiento, prórroga o pago del documento, lo que ocurra primero, salvo casos especiales señalados en los artículos 527 y 528 del Estatuto Tributario y en el Decreto 2076 de 1992 (arts. 26 y 30). El artículo 519

del Estatuto Tributario no contempla una base gravable única para el impuesto, sin embargo, la interpretación sistemática de todos sus incisos permite concluir que aquél recae sobre la cuantía o el valor del documento que lo genera, excepto en algunos documentos contemplados en normas especiales.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 527 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 528 / DECRETO 2076 DE 1992 – ARTICULO 26 / DECRETO 2076 DE 1992 – ARTICULO 30

NORMA DEMANDADA: CONCEPTO 064693 DEL 2008 DIAN - ANULADO CONTRATOS DE CUANTIA INDETERMINADA – Concepto. A estos se les aplica las reglas para determinar las cuantías / CONTRATOS DE EJECUCION SUCESIVA – La cuantía corresponde al valor total de los pagos periódicos / CONTRATOS DE VALOR INDETERMINADO – La cuantía se determina conforme el título I del Libro IV del Estatuto Tributario / CONTRATOS DE MONEDA EXTRANJERA – La cuantía se determina por el cambio oficial en el momento en que el impuesto se hace efectivo / IMPUESTO DE TIMBRE EN CONTRATOS DE CUANTIA INDETERMINABLE – Se causa el tributo sobre cada pago o abono en cuenta derivado del contrato o documento / BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE TIMBRE EN LOS CONTRATOS DE CUANTIA INDETERMINABLE – Corresponde a criterios objetivos de acuerdo con el hecho generador. Es diferente a la base gravable del impuesto de timbre Los contratos de cuantía indeterminada, como documentos representativos de acuerdos de voluntades dirigidos a constituir obligaciones recíprocas entre una o

más personas y otra u otras, en los que no se dispone un quantum exacto pero cuyas cláusulas permiten inferir la existencia del mismo y su determinabilidad a través de las reglas previstas en el artículo 522 ibídem. De acuerdo con dichas reglas, en los contratos de ejecución sucesiva la cuantía corresponde al valor total de los pagos periódicos que deban hacerse durante la vigencia del convenio, y en los de duración indefinida al valor de los pagos durante un año; en los actos o actuaciones que por naturaleza sean de valor indeterminado se toma como cuantía la que aparezca regulada en las normas del título I del Libro IV del Estatuto Tributario; y en los contratos en moneda extranjera corresponde al cambio oficial en el momento en que el impuesto se hace efectivo. Ahora bien, dentro del contexto de regulación de la base gravable del impuesto para los documentos de cuantía indeterminada, en este caso contratos, el inciso quinto del artículo 519 ibídem señala que el impuesto se causa sobre cada pago o abono en cuenta derivado del contrato o documento, durante el tiempo de su vigencia. Tal disposición, conforme con el inciso sexto ejusdem, además de congruente con la circunstancia misma de indeterminación del valor cuantificable, se restringió a los contratos suscritos, modificados o prorrogados a partir de la Ley 383 de 1997. Como tal, la base gravable responde a criterios objetivos acordes con el hecho generador del impuesto, de modo que a partir de éste se determina su base de cálculo, sin que el hecho de que el valor del impuesto tome en consideración la magnitud económica del hecho gravado, haga desaparecer la naturaleza y

alcance de uno y otro elemento. Por lo mismo, el hecho generador puede ocurrir independientemente del momento en que pueda causarse y concretarse la base gravable. Así las cosas, no podría entenderse que la base gravable del impuesto de timbre en contratos de cuantía indeterminada constituye al tiempo su hecho generador, pues tal predicado desconocería la definición legal del mismo, que es el otorgamiento o aceptación de documentos o contratos en los que consten obligaciones económicas, sobre las cuales se determine el valor del tributo, ya sea que los mismos documentos contengan la cuantía o que el impuesto se liquide sobre los pagos o abonos en cuenta cuando tales documentos no la determinen con precisión. Dicho de otro modo, la base gravable del impuesto de timbre en los contratos de cuantía indeterminada a partir de la causación especial que establece el inciso 5º del artículo 519 de E. T. no puede confundirse con el hecho generador del tributo previsto de manera unívoca para todo tipo de documentos, incluidos los contratos privados en general.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 522

NORMA DEMANDADA: CONCEPTO 064693 DEL 2008 DIAN - ANULADO REDUCCION DEL IMPUESTO DE TIMBRE - Recae sobre todo tipo de documentos / CONTRATOS CON Y SIN CUANTIA DETERMINADA – Se les aplica la reducción del impuesto de timbre / REDUCCION DE TARIFA DEL IMPUESTO DE TIMBRE – Beneficio fiscal que favorece a los sujetos pasivos del impuesto / RETROACTIVIDAD DE LA LEY – Se aplica cuando es en beneficio del contribuyente / CONTRATOS SIN CUANTIA – Antes y después

de entrar a regir la Ley 1111 del 2006 se les aplica las tarifas establecidas en el artículo 519 del Estatuto Tributario parágrafo 2 El parágrafo 2º del artículo 519 del Estatuto Tributario dispone la reducción “del impuesto de timbre a que se refiere esa norma”, al uno por ciento (1%) en el año 2008, al medio por ciento (0.5%) en el año 2009 y al cero por ciento (0%) a partir del año 2010. El impuesto de timbre al que se refiere el artículo 519, según llamado del parágrafo, recae sobre todo tipo de documentos, entre los cuales se incluyen los contratos con y sin cuantía determinada. Más allá del tipo de impuesto objeto de la reducción, el parágrafo no estableció ninguna condición objetiva ni subjetiva para acceder a la misma, y donde la Ley no distingue no le es dable hacerlo al intérprete. Así mismo, puede decirse que ante la sencillez e inteligibilidad de la redacción de la norma, su disposición cobra aplicación exegética porque, de acuerdo con el artículo 11 del Código Civil, cuando el sentido de la ley sea claro no se desatenderá su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu. Y es que, según el artículo 5º de la Ley 153 de 1887, la crítica y la hermenéutica sirven para fijar el pensamiento del legislador y aclarar ó armonizar disposiciones legales oscuras ó incongruentes. Bajo esa perspectiva de contenido sustancial, la reducción de la tarifa del impuesto de timbre prevista en el parágrafo

señalado es procedente para los contratos de cuantía indeterminada, porque, se repite, sobre éstos también recae el hecho generador del impuesto de timbre regulado por el artículo 519, que párrafos atrás se analizó. Aunque podría pensarse que en virtud del principio de irretroactividad de la Ley tributaria consagrado en el artículo 363 de la Constitución Política, la reducción sólo cobija a los contratos otorgados o aceptados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1111, lo cierto es que las reducciones de tarifas son una especie de beneficio fiscal que favorece a los sujetos pasivos del impuesto, y, según lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-006 de 1998 refiriéndose a impuestos de periodo y cuya doctrina es, a su vez, norma para interpretar las Leyes, si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad puede aplicarse en el mismo período sin quebrantar el artículo 338 de la Constitución, porque la prohibición que esta norma contiene se dirige a impedir el aumento de las cargas al contribuyente, con regulaciones para períodos vencidos o en curso. En otros términos, las normas con esas características pueden tener efectos retroactivos, y aplicarse a partir de su promulgación, a menos que el legislador expresamente lo haya prohibido, sin que por ello quebrante el artículo 338 de la Constitución, toda vez que las derogaciones tributarias que benefician al contribuyente se cobijan por la inmediatez. Pero más allá de ello, una interpretación coherente y razonable con el espíritu de la reforma introducida por el artículo 72 de la Ley 1111 del 2006, es

aceptar que en los contratos de cuantía indeterminada suscritos, modificados, prorrogados, otorgados o aceptados antes de entrar a regir dicha Ley, podían aplicarse las nuevas tarifas establecidas en el parágrafo 2º del artículo 519 del Estatuto Tributario para los años 2008, 2009, 2010, respecto de los pagos o abonos en cuenta realizados en esos años.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 519 PARAGRAFO / LEY 1111 DE 2006 – ARTICULO 72 / CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO

338

NORMA DEMANDADA: CONCEPTO 064693 DEL 2008 DIAN - ANULADO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ

Bogotá D. C., diecinueve (19) de mayo del dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-27-000-2008-00027-00(17317)

Actor: JAIME ANDRES GIRON MEDINA

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES FALLO De acuerdo con la competencia otorgada por el artículo 128 del Código

Contencioso Administrativo (No. 1), provee la Sala sobre la demanda de nulidad interpuesta contra el Concepto 064693 del 7 de julio del 2008, a través del cual la Jefe de la División de Normativa y Doctrina Tributaria de la Oficina Jurídica – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, respondió la solicitud de aclaración del Oficio No. 050378 del 20 de mayo del 2008 de la División de

Relatoría, en el siguiente sentido: “…En primer lugar, el inciso 10 del artículo 519 del E.T ahora modificado por el artículo 72 de la Ley 1111 de 2006, en esencia ha tenido identidad en cuanto a los hechos generadores del impuesto de timbre nacional desde la vigencia de la Ley 383 de 1997, con modificaciones en otros aspectos en cuanto a la tarifa y las cuantías. En principio la tarifa de este impuesto era del 1 %, modificada por el artículo 116 ibídem, al 1.5% a partir del 1º de enero de 1999, disposición también modificada por el artículo 27 de la Ley 788 de 2002, que elevó las cuantías para la causación del impuesto, y por el artículo 72 de la ley 1111 de 2006, que incluyó como punto de referencia en lugar de valores absolutos la UVT, norma que adicionó un parágrafo al artículo 519, reduciendo la tarifa al 1 % para el año 2008; 0.5% en 2009 y 0% a partir de 2010. Ahora bien, los elementos del impuesto, acorde con lo señalado en la Sentencia del H Consejo de Estado de 14 de julio de 2000, radicado 9822 M. P. Dr. Germán Ayala Mantilla, con ocasión de la nulidad del Concepto 046362 de 1999, están dados por el inciso primero del artículo 519 del estatuto Tributario, la cual señaló en algunos de sus apartes: “/… Sostener que el hecho generador varía, según, si la cuantía del contrato es determinada o indeterminada, y que para contratos o documentos de cuantía indeterminada el hecho generador del impuesto de timbre está

constituido por el pago de la obligación subyacente a la obligación tributaria, implica desconocer abiertamente lo dispuesto en el inciso V del artículo 519 del Estatuto Tributario, para efectos de tales contratos, lo cual no es posible en atención a que es ese primer inciso el que define el hecho generador del impuesto de manera general, para todo tipo de contrato o documento. No puede olvidarse que el pago que se efectúa en cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato o documento de cuantía indeterminada, corresponde a la ejecución de éste, y no al hecho generador del impuesto. Igualmente advierte la Sala, que en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 338 de la Constitución Política, la tarifa de los impuestos debe estar predeterminada al momento en que se verifica el hecho generador que da origen a la obligación tributaria, que se reitera, en este caso, es la suscripción, modificación, prórroga, otorgamiento o aceptación de documentos donde consten obligaciones económicas, por constituir la tarifa uno de los elementos del tributo que sólo puede ser señalado por el legislador, el que otorga seguridad jurídica a los contribuyentes, quienes previamente a contraer obligaciones con consecuencias fiscales que se derivan en la imposición de un impuesto, tienen el derecho a conocer la tarifa de tal impuesto, así como la definición legal de su base gravable, a pesar de que ésta solo puede ser cuantificada con posterioridad a la concreción del hecho generador previo a realizar el hecho descrito en la ley como de tal manera que no puede ser variada en forma arbitraria con posterioridad a que ha surgido en cabeza del contribuyente la obligación tributaria.

Conforme a lo expuesto a lo largo de la providencia, aceptar que es el pago o el abono en cuenta el que genera la obligación tributaria, implica aceptar que un simple pago o abono en cuenta que no se origina en un contrato o documento de los descritos en el inciso primero del artículo 519 del Estatuto Tributario, genera el impuesto de timbre, de tal suerte que no es posible deslindar los inciso V y 5°, para efectos de establecer el hecho generador del impuesto y afirmar que varía según la cuantía sea determinada o indeterminada. Nótese que el propio legislador en el inciso T de la norma referida, al prever que "Lo anterior será aplicable para los contratos que se suscriban, modifiquen o prorroguen a partir de la presente ley. (Inciso modificado Ley 383/97, artículo 36)", reiteró que el núcleo central de la obligación tributaria derivada del impuesto de timbre, es la suscripción, modificación o prórroga de contratos o documentos y no el pago derivado de ellos, el cual no constituye nada diferente que la base gravable del impuesto. Por último, llama la atención de la Sala, que uno de los argumentos esgrimidos en la consulta para darle sustento, corresponde a que la ley 383 de 1997 "dispuso que el impuesto de timbre cuando no es posible determinar la cuantía, se causará a la tarifa del 1 % sobre cada pago o abono en cuenta derivado del contrato o documento, durante el tiempo que dure vigente" (Subraya la Sala), cuando de tal argumento lo que se concluye es que para los contratos de cuantía indeterminada celebrados bajo el amparo de la ley 383 de 1997, la tarifa del impuesto

de timbre es la del 1% durante el tiempo de la vigencia del contrato, independientemente de las variaciones a la tarifa que puedan ocurrir con posterioridad a su celebración, como es el caso de la expedición de la Ley 488 de 1998. …/” De manera tal, que la reducción de la tarifa acorde con lo dispuesto por el el (sic) parágrafo 2o del artículo 519 del E. T., adicionado por el artículo 72 de la Ley 1111 de 2006, si bien es cierto aplica en cada año, es un hecho que se da respecto de los contratos que se otorguen en cada uno de ellos y no de manera automática de manera aislada respecto de los pagos sobre contratos de cuantía indeterminada, independiente de la fecha en que se hayan suscrito u otorgado, toda vez que como señala la sentencia, el hecho generador es el núcleo central del cual deriva la aplicación del impuesto de timbre, independiente si el contrato es de cuantía determinada o indeterminada, aspecto corroborado en el Concepto No. 048188 de 2005 vigente. El parágrafo 2o del artículo 519 del E. T., adicionado por la Ley 1111 de 2006, establece la reducción de la tarifa para cada año, pero no de manera aislada, sino en consideración al hecho generador del impuesto, pues no de otra manera debe entenderse la referencia al elemento de tasación del mismo, pues sin la ocurrencia del hecho generador, no puede hablarse del impuesto propiamente dicho. Por lo tanto, en consonancia con la sentencia enunciada, la reducción de la tarifa necesariamente está ligada a la fecha del otorgamiento, suscripción o aceptación del documento, que por su cuantía o la de los

ingresos o el patrimonio en el año inmediatamente anterior de la persona natural que lo suscribe en cuanto sea comerciante, genera el impuesto, según el caso. Por lo tanto, la reducción de la tarifa no se da respecto de todos los contratos de manera independiente de la fecha de su otorgamiento, pues la ley no lo consagra así, cuando señala: La tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo se reducirá de la siguiente manera: . . .". La disposición no está modificando los demás elementos del impuesto, los cuales permanecen incólumes. Por ende, no es que ipso, facto, el I° de enero de 2010 desaparezca el impuesto en relación con los contratos suscritos con anterioridad, sino que a partir de esa fecha, la tarifa de los que se otorguen, suscriban o acepten, es del 0%.” El actor reclama la nulidad del Concepto precitado en cuanto expresa que la tarifa del impuesto de timbre para los años 2008 y siguientes no se reducirá conforme a lo establecido en el artículo 519 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 72 de la Ley 1111 del 2006, para los contratos de cuantía indeterminada suscritos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA El artículo 72 de la Ley 1111 del 2006 adicionó el artículo 519 del Estatuto Tributario en el sentido de reducir progresivamente la tarifa del impuesto de timbre del 1.5% en el 2007, al 0% en el 2010. En Concepto 004314 del 25 de junio de 1999 la DIAN interpretó que el impuesto

de timbre en contratos de cuantía indeterminada se causa sobre cada pago o abono en cuenta derivado del contrato, a la tarifa vigente cuando se realicen. Posteriormente, mediante el Concepto 064693 del 7 de julio del 2008 – aquí demandado - señaló que, aunque la reducción de la tarifa aplica en cada año, esa reducción sólo se da respecto de los contratos otorgados en cada uno de ellos, y no respecto de los pagos sobre contratos de cuantía indeterminada, independientemente de la fecha en que se hayan suscrito u otorgado. El demandante estima que el Concepto acusado viola los artículos 95 (No. 9) y 209 de la Constitución Política; 1º y 519 del Estatuto Tributario, y 2º del Código Contencioso Administrativo, por las siguientes razones: El acto demandado viola los principios de justicia y equidad en cuanto considera que la reducción de la tarifa del impuesto de timbre prevista por la Ley 1111 del 2006 para los años 2008 y siguientes, sólo se aplica a los nuevos contratos suscritos en esos años. Igualmente se violan dichos principios porque ni las autoridades administrativas ni el legislador contemplaron monto alguno como exceptiva de recaudo por concepto de timbre para el año gravable 2010, y bajo interpretaciones erróneas como la realizada por la DIAN, se entendería que algunos contribuyentes con contratos de cuantía indeterminada firmados antes de la reducción de las tarifas, causarían el impuesto de timbre y tendrían que pagarlo. La actuación de la DIAN se aparta de principios constitucionales de la función pública como el de moralidad administrativa, porque la única finalidad del concepto

acusado es la de dotar a la DIAN de herramientas jurídicas para exigir a los contribuyentes el cumplimiento de obligaciones que excedan el marco legal, de modo que quienes hayan suscrito contratos con antelación y que aún estén causando el impuesto de timbre, paguen una tarifa superior a la prevista en la Ley para los años 2008, 2009 y 2010. Así mismo, el acto demandado transgrede el principio de igualdad, porque pretende establecer limitaciones o condiciones a la reducción de la tarifa de timbre que estableció la Ley 1111 del 2006 para todos los casos. El Concepto de la DIAN presupone que el hecho generador de la obligación tributaria es estático en el tiempo, desconociendo que para que nazca la misma en el impuesto de timbre se requiere el cumplimiento de todos los requisitos legales incluida la causación. En los contratos de cuantía indeterminada la ley ató la aplicación de la tarifa al momento de causación del impuesto y dado que ésta se materializa en cada pago o abono en cuenta, no puede considerarse que el cumplimiento del hecho generador sea suficiente para aplicar la tarifa y que ésta permanece fija aunque se contemple su reducción o eliminación, contraviene la lógica del artículo 1º del Estatuto Tributario. Dado que en los contratos de cuantía indeterminada el pago o abono en cuenta supone la causación del impuesto de timbre, y ya que cuando ella ocurre se configuran los elementos del impuesto, es necesario que éstos se verifiquen en cada pago. La actuación de la DIAN se soportó en el erróneo entendimiento de que el único

presupuesto de la obligación tributaria sustancial por el gravamen señalado, es el hecho generador aislado, en el instante en que se suscribe u otorga el documento. El artículo 72 de la Ley 1111 del 2006 no condicionó la reducción de la tarifa del impuesto a la fecha del otorgamiento, suscripción o aceptación del documento. Los antecedentes de dicha norma y su redacción evidencian que la intención del legislador fue eliminar el impuesto por sus inconvenientes prácticos en el desarrollo de los negocios; y si la finalidad de la norma no pudiera deducirse de su redacción, tendría que acudirse a los criterios auxiliares de interpretación para definir su alcance. El concepto demandado, lejos de garantizar los derechos de los administrados hace nugatoria la reducción de la tarifa del impuesto de timbre a partir del año 2008. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Dirección de Impuestos Nacionales se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente: El hecho generador del impuesto de timbre se restringe a la suscripción del documento en el que conste la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones. De acuerdo con ello, la tarifa aplicable es la vigente a la fecha en que se suscribe el documento, independientemente de las diferencias de criterio que existen respecto de los contratos de tracto sucesivo, en los que la cuantía no puede establecerse plenamente al momento de suscribirlos, aceptándose que la misma puede determinarse en la medida que vaya ejecutándose los pagos o abonos en cuenta, y que la tarifa aplicable es la vigente al momento de realizarse

el pago. El Consejo de Estado en sentencia del 14 de junio (sic) del 2000, (exp. 9822), señaló que la tarifa aplicable en los contratos mencionados es la vigente en la fecha de celebración del contrato, porque el hecho de liquidar el impuesto sobre cada pago o abono en cuenta no implica el nacimiento de un nuevo impuesto con base en un hecho generador diferente, pues éste sigue siendo la suscripción del contrato y no la susc