CE-11001-03-27-000-2009-00011-00(17545)-2011

LEY ANTITRAMITES – Antecedentes legislativos. Objetivos de la ley En la exposición de motivos se determina que el objeto claro de la ley es la disminución del término y cantidad de trámites relacionados con los procesos entre los administrados y el Estado, para eliminar los procesos y trámites innecesarios. La principal función de la norma es reducir los trámites en desarrollo de lo dispuesto en los principios establecidos en la Constitución Política; el objeto allí establecido se repite y refuerza durante todo el trámite legislativo. Vistos los anteriores antecedentes legislativos, concluye la Sala que la Ley 962 de 2005 tenía como finalidad desde el mismo inicio del debate, fijar medidas claras para establecer los términos más perentorios a la administración pública con el fin de garantizar la eficacia en los trámites que los ciudadanos adelanten ante la misma y ante los particulares que ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos. Por ello, ha de examinarse si el concepto demandado resulta contrario a los objetivos de la Ley 962 de 2005.

NORMA DEMANDADA: CONCEPTO 39724 DE 2007 (29 de mayo) DIAN – (No anulado) CORRECCION DE ERRORES EN LA DECLARACION – No debe modificar de fondo la determinación del tributo / CORRECCION DE ERRORES EN LA IMPUTACION O ARRASTRE DE UN SALDO A FAVOR – Procede siempre que no incida en la determinación del impuesto / CORRECIONES QUE DISMINUYEN EL VALOR A PAGAR O AUMENTAN EL SALDO A FAVOR – Requisitos. El término para hacerla es dentro del año siguiente al vencimiento del plazo para presentar la declaración / CORRECCION DE

ERRORES DE IMPUTACION DE SALDOS A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES SIN SOLICITUD DE DEVOLUCION O COMPENSACION – Se les aplica el procedimiento establecido en el artículo 589 del Estatuto Tributario. Debe hacerse dentro del año siguiente al vencimiento del plazo para presentar la declaración El artículo 43 de la Ley 962 de 2005, dispone que la exigencia para realizar la corrección de los errores de imputación es que la misma no resulte relevante para definir de fondo la determinación del tributo o la discriminación de los valores retenidos, para el caso de la declaración mensual de retención en la fuente, es decir, que la inconsistencia no afecte la determinación del impuesto, la cual se puede realizar en cualquier tiempo.En cuanto a la corrección de errores en la imputación o arrastre de un saldo a favor, ha precisado la Sala que “…en principio, no es un aspecto que resulte relevante para definir de fondo la determinación del tributo, pues el tributo, con o sin imputación, ya estuvo determinado, mientras que la imputación hace parte de la liquidación de un saldo a pagar o de un saldo a favor. Sin embargo, tanto la determinación del tributo como la liquidación privada del impuesto a cargo de un contribuyente están contenidas en una declaración tributaria cuya presentación, no obstante ser una obligación formal, materializa la obligación sustancial y está sometida a un término de firmeza, el cual, una vez ocurre, la determinación del impuesto es inmodificable por cualquiera de las partes, la Nación o el contribuyente, es decir, el tributo ya está definido. Observa la Sala, de conformidad con el articulo 589 del E.T:, que la ley tributaria establece un

procedimiento para garantizar el derecho a corregir los errores cometidos por los contribuyentes en sus declaraciones tributarias, con el objeto de liquidar un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor. Pero el término para hacer uso de ese derecho no es indefinido, sino que como lo indica el articulo transcrito, debe surtirse dentro del año siguiente al vencimiento del plazo para presentar la declaración, en virtud de lo indicado en el articulo 8° de la ley 383 del 10 de julio de l997. Esta norma debe ser observada por cuanto se trata de un procedimiento especial, cuya finalidad es la corrección de las declaraciones tributarias, para disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor, como ocurre en el caso del artículo 43 de la Ley 962 de 2005, errores de imputación de saldos a favor de períodos anteriores sin solicitud de devolución y/o compensación. Es claro entonces, que el procedimiento especial, establecido en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, para la corrección de omisiones o errores de imputación o arrastre de saldos a favor del período anterior sin solicitud de devolución y/o compensación, se sujeta al establecido en el artículo 589 del Estatuto Tributario, con la advertencia, que la solicitud de corrección debe presentarse dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración en la cual se pretende imputar el saldo a favor, o dentro del año siguiente a su corrección. Bajo ningún aspecto puede considerarse que la Ley 962 de 2005, en su artículo 43, reformó o derogó la vigencia de las normas especiales de carácter tributario, toda vez que el alcance de la ley antitrámites, fue el de suprimir trámites innecesarios,

relativos a corrección y/o omisiones de carácter meramente formal, y no de índole sustancial que impliquen corrección de fondo de la declaración, por cuanto para ello, y la forma de corregir las declaraciones que disminuyen el valor a pagar o que aumentan el saldo a favor del contribuyente, existen las normas especiales que regulan el procedimiento que debe adelantarse para tales efectos; el propósito de la ley, no fue dejar sin efecto la perentoriedad de los términos para el ejercicio del trámite.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 589

NORMA DEMANDADA: CONCEPTO 39724 DE 2007 (29 de mayo) DIAN – (No anulado) CORRECCION DE LA DECLARACION TRIBUTARIA – Procede siempre y cuando no esté en firme / CORRECCION DE ERRORES DE IMPUTACION DE SALDOS A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES SIN SOLICITUD DE DEVOLUCION O COMPENSACION – Debe limitarse en el tiempo en virtud de los principios de economía, celeridad y eficacia administrativa Para la Sala, la corrección de la declaración tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, procede siempre y cuando la declaración tributaria no se encuentre en firme; de no ser así, limitar en el tiempo el acceso a los trámites procesales, sería desconocer las garantías en el ejercicio de los derechos de los particulares y la protección del interés general, tal como lo establece el artículo 209 de la Constitución Política. Además, la expresión en cualquier tiempo no puede interpretarse en el sentido de indefinido, sugerido por el

actor y la parte coadyuvante, ya que los mismos antecedentes legislativos, puestos de presente, parten de la eficacia administrativa, consistente con el artículo 209 de la Constitución, el cual establece el principio de eficacia de la función administrativa, a la vez que sirve de protección jurídica para los particulares. El procedimiento administrativo regulado por una disposición legal, se convierte en una garantía para el administrado; supone la obligación de cumplir la norma que la ley establece, y ello requiere, por parte de la autoridad, el deber de adaptarse a las formalidades establecidas para tal fin, y en el particular, el deber de cumplirlas, de este modo se garantiza la recta aplicación de los preceptos constitucionales y legales que regulan el ejercicio de la función pública. De acuerdo con lo expuesto, la Sala observa que en el concepto demandado la DIAN se limitó a definir el plazo para realizar las correcciones de que trata el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, es decir, acató los principios de economía, celeridad y eficacia administrativa contenidos en los artículos 83, 84, 209 y 33 de la Constitución Política y en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, ya que al establecer que la corrección se hará dentro del término de firmeza de la declaración tributaria, no dejó al arbitrio ni del Estado ni de los administrados el término para realizarla, evitando de esa forma, la violación del principio constitucional de la seguridad jurídica, es decir, el conocimiento relativamente cierto de cuál es la norma o normas jurídicas aplicables a cada caso, la interpretación uniforme, la similitud de

trato para todas las personas por parte de la Administración, y el pronunciamiento de decisiones similares frente a situaciones fácticas similares. En ese orden de ideas, comparte la Sala las razones expuestas en el Concepto 039724 del 29 de mayo de 2007 que confirma el Concepto 059295 del 14 de julio de 2006, pues era necesario condicionar la corrección, de que trata el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, a que se realice dentro del término establecido en el artículo 589 del Estatuto Tributario, es decir, dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración en que se pretende imputar el saldo a favor, o dentro del año siguiente a su corrección; y no procede la corrección si el denuncio tributario se encuentra en firme, es decir, si se presenta después del plazo señalado en el artículo 714 del Estatuto Tributario; en consecuencia, la Sala negará las súplicas de la demandad.

FUENTE FORMAL: ARTICULO 43 de la Ley 962 de 2005

NORMA DEMANDADA: CONCEPTO 39724 DE 2007 (29 de mayo) DIAN – (No anulado)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ

Bogotá, D. C. cinco (05) de diciembre de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-27-000-2009-00011-00(17545)

Actor: MANUEL DE JESUS OBREGON

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

FALLO

Decide la Sala la acción pública de nulidad instaurada por el ciudadano Manuel de Jesús Obregón, contra el Concepto 39724 del 29 de mayo de 2007, proferido por la Oficina Jurídica1 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, relacionado con el procedimiento y término para corregir los errores u omisiones de imputación o arrastre de saldos a favor del período anterior sin solicitud de devolución y/o compensación.

ANTECEDENTES

1 Hoy Dirección de Gestión Jurídica. La demanda El ciudadano Manuel de Jesús Obregón, solicita la nulidad del Concepto 39724 del 29 de mayo de 2007, que expresa2: “Concepto Tributario 39724 del 29 de mayo de 2007 Tema Procedimiento tributario Descriptores Correcciones de las declaraciones tributarias Fuentes formales Estatuto Tributario, artículos 589, 714, 815, 815 y 816

Problema jurídico: ¿Cuál es el procedimiento y el término para corregir los errores u omisiones de imputación o arrastre de saldos a favor del período anterior sin solicitud de devolución y/o compensación?

Tesis jurídica: El procedimiento para corregir las omisiones o errores de imputación o arrastre de saldos a favor del período anterior sin solicitud de devolución y/o compensación, es el previsto en el artículo 43 de la Ley 962 y en la Circular 00118 de 2005.

La Administración podrá de oficio o a petición de parte, corregir dichas inconsistencias, dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración en que se pretende imputar el saldo a favor, o dentro del año siguiente a su corrección. En todo caso, esta corrección solo

podrá efectuarse dentro del término de firmeza de la declaración objeto de corrección.

Interpretación jurídica: Mediante el oficio de la referencia se solicita la rectificación del Concepto número 059295 del 14 de julio de 2006 en el que este Despacho sostuvo que, la Administración puede de oficio o a petición de parte corregir las omisiones o errores de imputación o arrastre a los que se refiere la Ley 962 de 2005 dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración en que se pretende imputar el saldo a favor o dentro del año siguiente a su corrección.

Se fundamenta la solicitud en las siguientes razones: “Conforme al artículo 43 de la Ley 962 de 2005 y la circular DIAN 118 de 2005, cuando en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes o responsables, se detecten inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios prescritos para el efecto, estos se 2 Folios 9 a 28 pueden corregir de oficio o a solicitud de parte, “en cualquier tiempo” sin sanción, siempre que tal inconsistencia no afecte el valor por declarar. La Ley 962 y la circular DIAN 118 de 2005, señalan la oportunidad para corregir los errores en el diligenciamiento de formularios y en ningún caso limitan tal oportunidad en el tiempo. Precisamente, la Ley 962 de 2005, fue concebida; primero, para racionalizar los trámites entre la Administración y los ciudadanos y, en segundo, para hacer efectivos los principios de eficiencia y eficacia de la administración. Por lo tanto no puede la doctrina restringir dicho derecho, en el sentido de señalar que solo procede la

corrección de tales errores dentro del período de firmeza de las declaraciones, o mas concretamente dentro del año siguiente al vencimiento del término para declarar o dentro del año siguiente al de su corrección; si expresamente la ley ha dicho que procede en cualquier tiempo. (...) Es que el sentido de la ley va más allá de una simple racionalización de trámites. La ley 962 fue concebida, además, para permitirle al ciudadano que se vean garantizados efectivamente sus derechos que por aspectos puramente formales en muchos casos se ven entorpecidos, generándole, en veces, pérdidas patrimoniales que no encuentran razón para que el Estado se favorezca. Es el caso de las imputaciones de los saldos a favor no incluidos en la declaración y que, según la ley, podrán corregirse como error que no altera el valor por declarar, como lo ha entendido la misma doctrina emitida por esa entidad. Si no se permite la corrección del error, el contribuyente estará inexorablemente condenado a perder el recurso, sin que exista un hecho generador que le resulte imputable. Así las cosas, no puede el concepto de la oficina jurídica, imponer requisitos adicionales para el ejercicio de derechos que no fueron establecidos de manera general ni en la ley ni en la circular de la DIAN 118, los cuales tienen mayor jerarquía normativa que este”. El Concepto 059295 del 14 de julio de 2006 al que se refiere el solicitante y cuya rectificación solicita, se ocupó de dos aspectos; uno relativo al procedimiento, y el otro relativo a la oportunidad para corregir los errores u omisiones de imputación o arrastre de saldos a favor del período anterior

sin solicitud de devolución y/o compensación, a la luz de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley 962 de 2005. En cuanto al término para solicitar la corrección de las omisiones o errores de imputación o arrastre de saldos a favor, en el mencionado concepto se sostuvo lo siguiente: “La Administración podrá de oficio o a petición de parte, corregir dichas inconsistencias, dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración en que se pretende imputar el saldo a favor, o dentro del año siguiente a su corrección. En todo caso, esta corrección solo podrá efectuarse dentro del término de firmeza de la declaración objeto de corrección”. Como fundamento de la anterior tesis este Despacho expuso las siguientes razones: “Como es bien sabido, en el caso específico de los saldos a favor de las declaraciones tributarias, existen en el procedimiento, términos perentorios, así: la solicitud de devolución y/o compensación, se debe presentar dentro de los dos años siguientes a la fecha de vencimiento del término para declarar (artículos 816 y 854 del E.T.), la solicitud de corrección de la declaración para imputar un saldo a favor, que no se arrastró en la declaración inicial, se debe presentar dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar esta declaración o de su corrección (artículos 589 y 815 del E.T. y artículo 8o de la Ley 383 de 1997). Así mismo, es pertinente señalar que de acuerdo con la doctrina reiterada de este Despacho, avalada por el honorable Consejo de Estado, al quedar en firme una declaración tributaria, no es modificable por parte del

contribuyente, ni por parte de la Administración (Sentencias 14773 del 6 de octubre de 2005 y 12949 del 10 de febrero de 2003). En resumen, las normas citadas consagran un requisito de oportunidad para solicitar la devolución y/o compensación de los saldos a favor, o para imputarlos en la declaración del período gravable siguiente, cuya falta de ejercicio no es subsanable a través del mecanismo consagrado en la Ley 962 de 2005 (…)”. Respecto del tema en análisis resulta pertinente y debe tenerse en cuenta, que el honorable Consejo de Estado se ha pronunciado acerca del alcance de la expresión “en cualquier tiempo” utilizada por el legislador al regular el procedimiento tributario. Es así como dicha corporación en reiteradas oportunidades (Sentencias 10146 de 7 de diciembre de 2000, 12177 de 8 de febrero de 2002 y 13185 del 6 de marzo de 2003) ha manifestado que la expresión “en cualquier tiempo” contenida en el artículo 567 del Estatuto Tributario y referida a la posibilidad con que cuenta la Administración para corregir las actuaciones enviadas a dirección errada, debe interpretarse en el entendido que tal facultad debe ejercerse dentro del término de firmeza de la liquidación privada. En efecto, en sentencia número 13185 del 6 de marzo de 2006 <sic, es 2003> el honorable Consejo de Estado dijo: Tratándose del evento previsto en el artículo 567, ha sido insistente la Sala en precisar que la posibilidad que tiene la administración para corregir “en cualquier tiempo” las notificaciones efectuadas a dirección errada, no

implica que pueda extenderse el término previsto en la ley para la firmeza de la declaración privada. Así que la actuación en virtud de la cual se corrige el error debe hacerse dentro del término legal otorgado a la administración para modificar la liquidación privada pues de no hacerlo así, no solo se estarían modificando los términos legales sino que equivaldría a aceptar como válida la notificación efectuada a dirección errada, cuando en realidad esta solo produce efectos jurídicos cuando se realiza en debida forma (…). Además de lo anterior, resulta oportuno observar que en el texto transcrito el Honorable Consejo de Estado efectúa una interpretación sistemática de las normas que regulan el procedimiento tributario. Al ser obligatoria la armonización de las normas jurídicas por parte del interprete, no resulta razonable realizar una interpretación gramatical y aislada de una norma particular. Es imperativo entonces trascender la literalidad de las normas con el fin de interpretar su alcance dentro del contexto jurídico dentro del cual ellas se han concebido. Es así como el Concepto número 059295 del 14 de julio de 2006 interpreta el artículo 43 de la Ley 962 de 2005. Adicionalmente, debe recordarse que la propia Ley 962 de 2005 en su artículo 1o adopta como principio rector en la aplicación de la misma, entre otros, al artículo 209 de la Constitución Política, según el cual “La función administrativa está al servicio de los intereses generales”. Deben entonces garantizarse los principios de seguridad jurídica y eficacia en el tráfico jurídico con el fin de proteger debidamente el interés general. Así las cosas, limitar en el tiempo el acceso a los trámites procesales no

implica el desconocimiento de las garantías en el ejercicio de los derechos de los particulares, sino su reconocimiento subordinado a la protección del interés general, conforme con la ley y el mandato constitucional referidos. Para terminar, es oportuno recordar que conforme con reiterada jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, toda declaración, incluso aquellas que están incursas en las causales para darlas como no presentadas, quedan en firme si dentro del término legal la Administración no se ha pronunciado al respecto. En Sentencia 8735 del 12 de junio de 1998 dicha corporación expresó: Lo anterior, porque teniendo en cuenta que las declaraciones tributarias se hayan (sic) cobijadas por la presunción de veracidad consagrada en el artículo 746 del estatuto tributario, que para ser desvirtuada requiere indefectiblemente de actuación por parte del ente oficial, la cual debe producirse dentro del término legal de dos años, so pena de firmeza de la declaración privada, en los términos del artículo 714 del mismo estatuto. De tal manera que si el ente gubernativo no cuestionó dentro de los dos años siguientes a su presentación, las declaraciones tributarias que posteriormente fueron desconocidas, estas habían adquirido firmeza, por lo cual la actuación oficial resulta extemporánea. Por lo anterior, este Despacho confirma el Concepto número 059295 del 14 de julio de 2006. (…)” Pretensiones a.) “Se declare la nulidad del Concepto 39724 del 29 de mayo de 2007, expedido por la DIAN; Diario Oficial No. 46.657 del 12 de junio de 2007.

b.) (…) c.) Se decrete la nulidad del Concepto No. 59.295 del 14 de julio de 2006; Diario Oficial No. 46.355 del 9 de agosto 2006, expedido por la DIAN, el cual fue ratificado por el Concepto No. 39724 demandado. d.) Se prohíba la reproducción posteriormente del concepto demandado”. El demandante considera que el Concepto 39724 viola los artículos 121, 150-12 , y 338 de la Constitución Política; 1°, 2° y 43 de la Ley 962 de 2005; 1°, 850 y 851 del Estatuto Tributario y los principios de legalidad, jerarquía de las normas y el de la seguridad a favor del ciudadano. El concepto de violación se puede resumir así: Violación de los aspectos generales de la Ley 962 de 2005. Manifiesta que, en su opinión, el concepto demandado infringe los artículos 1°, 2° y 43 de la Ley 962 de 2005, al sostener que el procedimiento y el término para corregir los errores u omisiones de imputación o arrastre de saldos a favor del período anterior sin solicitud de devolución y/o compensación es el establecido en el artículo 589 del Estatuto Tributario, tesis contraria a lo dispuesto por el artículo 43 de la ley en cita La Ley 962 de 2005, conocida como ley antitrámites, fue expedida con la única finalidad de facilitar las relaciones entre los particulares y la administración pública3; es aplicable a toda la Administración Pública, con unas pocas excepciones4, y reguló, de manera expresa, algunos aspectos del procedimiento tributario5 , de obligatorio cumplimiento; la DIAN, por su parte, la califica de norma

ajena al Estatuto Tributario, dejando de lado la modificación tácita que ésta realiza al Estatuto en los procedimientos allí establecidos. El artículo 43 de la Ley 962 de 2005 se refiere a la corrección de errores e inconsistencias en las declaraciones tributarias y recibo de pago, para lo cual, precisa que cuando en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables, agentes de retención, y demás declarantes de los tributos se detecten inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios prescritos para el efecto, tales como omisiones o errores en el concepto del tributo que se cancela, año y/o período gravable, se podrán corregir de oficio o a solicitud de parte, sin sanción, para que prevalezca la verdad real sobre la formal, generada por error, siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor por declarar. Bajo estos mismos presupuestos, la Administración podrá corregir sin sanción, errores de NIT, de imputación o errores aritméticos, siempre y cuando la modificación no resulte relevante para definir de fondo la determinación del tributo o la discriminación de los valores retenidos para el caso de la declaración mensual de retención en la fuente; la corrección se podrá realizar en cualquier tiempo, modificando la información en los sistemas que para tal efecto maneje la entidad, ajustando registros y los estados financieros a que haya lugar, e informará de la corrección al interesado; la declaración, así corregida, reemplaza para todos los efectos legales la presentada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, si dentro del mes siguiente al aviso el interesado no ha presentado

por escrito ninguna objeción. Estas características y la vocación a favor de los particulares son desconocidas por la DIAN en el concepto demandado. Las directrices simplificadoras son de obligatorio cumplimiento para la Administración Tributaria, al derogar tácitamente 3 Artículo 1° 4 Artículo 2° 5 Artículo 43 a 48 las normas que le sean contrarias. Los límites establecidos en la norma son las únicas barreras para no acceder a la corrección, como sería: modificar el fondo de la determinación del tributo, es decir, el impuesto a cargo fijado en la declaración tributaria; de lo contrario es válida y cuando así lo solicite el contribuyente la administración está obligada a aprobarla. Afirma que la DIAN no se refiere a la noción de “impuesto a cargo”, como concepto fundamental para entender el verdadero limite para acceder a la corrección o como dice el inciso segundo del artículo 43: “cuando la corrección no resulte relevante para definir de fondo la determinación del tributo”. Por ello es necesario precisar la noción en cita. Transcribe la definición, que según él, es la mas aceptada por la doctrina: “El impuesto a cargo es un valor que cobra importancia cuando se hace necesario calcular por ejemplo la sanción por extemporaneidad, toda vez que la base de esta sanción es precisamente el impuesto a cargo; (…) es el impuesto por el que el contribuyente debe responder ante la administración de impuestos, y en el caso de las retenciones por IVA, son simplemente un pago anticipado de ese impuesto por el que debe responder (un pago anticipado del impuesto a cargo), así que las

retenciones no se deben restar para determinar el impuesto a cargo, puesto que lo que hace la retención es precisamente un pago de ese impuesto a cargo que ya está determinado”6. Agrega que en el caso del impuesto sobre la renta el impuesto a cargo se obtiene de restar del impuesto neto de renta los descuentos tributarios; después viene la afectación del impuesto a cargo con la retención en la fuente, el anticipo y saldos a favor del año anterior y finalmente, el saldo a pagar por el impuesto; de tal manera, si el límite para la corrección es no modificar el impuesto a cargo, ello no debe referirse a la retención en la fuente, al anticipo o al arrastre de los saldos a favor del año anterior, al no modificarse el fondo del asunto como claramente se deduce de la definición del impuesto a cargo. Con la interpretación suministrada en el concepto demandado se está limitando la corrección desde el saldo a pagar o al saldo a favor , desconociendo el alcance del artículo 43, es decir, a todo el formulario de la liquidación privada. La corrección puede hacerse en cualquier tiempo: Manifiesta que no puede la DIAN limitar la oportunidad para solicitar la corrección; para lo cual afirma que su mayor reproche reside en el desconocimiento del mandato claro del artículo 43 de la Ley 962 de 2005, de poder realizar la corrección en cualquier tiempo, como debe entenderse literalmente la frase contenida en el inciso tercero del artículo en cita. Dice que a las normas debe dársele su interpretación más obvia como es la literal7, cuando el texto es claro no se debe tratar de consultar su espíritu, como lo establece el artículo 27 del Código Civil. En ese contexto, la frase “en cualquier

tiempo”, no puede quedar referida a las prescripciones del Estatuto Tributario, como lo pretende la DIAN. Además, no puede hacerse una interpretación sistemática, pues el artículo 43 es prevalente frente a las normas del estatuto que le sean contrarias, teniendo en cuenta sus objetivos y ámbito de aplicación, por lo cual, no se pueden armonizar, sino cumplir. 6 http:www.gerencie,com/impuesto-a-cargo-en-la-declaracion-de-iva.html 7 NARANJO M. Vladimiro, Teoría Constitucional e Instituciones políticas, séptima Edición, Temis, 1997, Bogotá, pág. 414 Indica que el legislador no estableció términos para las correcciones o inconsistencias de que trata el artículo 43, pues se trata errores formales, que no inciden en el fondo del asunto, es decir, en la determinación del impuesto. Advierte que la DIAN cita para restringir el alcance de las frase “en cualquier tiempo”, la sentencia del Consejo de Estado del 6 de marzo de 2003, Exp. 13185; jurisprudencia que no tiene relación con el tema a no ser por que contiene la misma frase, pues en ella se discute la extemporaneidad en la notificación del requerimiento especial, por dirección errada. En consecuencia, no cumple con el requisito de un precedente jurisprudencial aplicable al caso, pues se refiere a hechos completamente diferentes. Para calificar una sentencia como precedente jurisprudencial, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, deben cumplirse por lo menos los siguientes requisitos: i) contener hechos similares; ii) fundamentos jurídicos iguales; y iii) corresponder la ratio decidendi del precedente. Los precedentes de la

sentencia 13185 se refieren a la notificación oportuna de los actos administrativos y el concepto que se demanda trata de la corrección de las declaraciones tributarias por la imputación de un saldo a favor sin solicitud de devolución y/o compensación. No se pueden comparar los hechos de la sentencia en referencia con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, pues la primera defiende el debido proceso y el segundo busca la eficiencia y descongestión de la Administración Pública, sin perjudicar los intereses de ella, pues se refiere a errores de forma, no de fondo en la determinación del impuesto. Por lo anterior, cuando se trate de correcciones de la declaración del impuesto sobre la renta, que afecten los renglones de retención en la fuente y el de saldo a favor del período anterior, no es aplicable el procedimiento establecido en el artículo 589 del Estatuto Tributario, puesto que no afecta la determinación del impuesto a cargo; razón suficiente para no aplicar el artículo 714 del mismo Estatuto, habida cuenta que la Ley 962 de 2005 es de aplicación obligatoria y está por encima del Estatuto Tributario. De otra parte, manifies