CE-11001-03-28-000-2020-00034-00_20201126-2020

Radicación: 11001-03-28-000-2020-00034-00

Demandante: Helmer Ramiro Silva Rodríguez Demandado: Guillermo Zuluaga Cardona RECURSO DE REPOSICIÓN – Contra auto que reconoció personería, resolvió excepciones y negó el decreto de pruebas / RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA – Se confirma decisión El demandante se refiere en su escrito de impugnación a la capacidad de postulación del CNE y de la RNEC, a la contestación extemporánea de la demanda por parte del demandado y al rechazo de las pruebas que solicitó con el escrito que descorrió el traslado de las excepciones. (…). En este tópico, se analiza, si el hecho que el CNE no cuente con autonomía presupuestal, conlleva a que no pueda ser representado por el servidor a quien le otorgó poder por pertenecer a la planta global de personal de la RNEC. Este interrogante debe responderse de manera negativa, como se explicará a continuación. Le corresponde al magistrado instructor verificar los requisitos que la ley establece para proceder al reconocimiento de las personerías jurídicas de los apoderados que representan las entidades públicas conforme el artículo 160 del CPACA, el cual determinó que para tal fin se debe verificar: i) que sea un abogado inscrito, ii) vinculado a la entidad, iii) mediante poder otorgado en la forma ordinaria o mediante delegación en acto administrativo. En este caso, los presupuestos normativos se cumplen, toda vez que el señor FRANKLIN JOSÉ LÓPEZ SOLANO acreditó ser abogado inscrito a través de su tarjeta profesional, a su turno, se

demostró que es un servidor público perteneciente a la planta de personal de la RNEC y del CNE en virtud de lo consagrado en el ya mencionado artículo 5 del Decreto 2085 de 2019, toda vez que, si bien este último órgano colegiado no goza de una unidad ejecutora independiente, si cuenta con presupuesto propio, lo que significa que es autónoma en la ejecución de los recursos asignados por la Nación pero, el compromiso se hace a través de la Registraduría, situación que no desacredita su vínculo con el CNE. (…). [E]l CNE cuenta con una planta de personal solo que, al no ostentar unidad ejecutora propia, quien ordena el gasto no es directamente ésta, lo que implica que materialmente el nominador sea uno, pero funcionalmente quien está vinculado por una relación legal y reglamentaria pertenezca al Consejo Nacional Electoral. Por último, en lo que hace a la acreditación del tercer requisito para reconocer la personería jurídica, se tiene que el presidente de la entidad vinculada por el auto admisorio de la demanda, delegó en el mencionado funcionario la representación judicial. De lo anterior, forzoso se torna en concluir, que no existe mérito alguno para no tener al señor FRANKLIN JOSÉ SOLANO como apoderado del CNE y con ello, entender como no contestada la demanda. (…). Por lo anterior, del análisis de la normativa orgánica y de la interpretación constitucional de las normas aludidas, no encuentra el despacho que la regla establecida en el artículo 5 del Decreto 2085 de 2019 afecte el reconocimiento hecho al abogado FRANKLIN JOSÉ LÓPEZ SOLANO, por

encontrarse vinculado a la Planta Global de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional, pues la delegación para la representación judicial, la hizo el presidente del Consejo Nacional en desarrollo de las facultades dispuestas en la mencionada norma, de manera que no hay razón que lleve a este despacho a modificar su decisión de dar por contestada la demanda y reconocer personería adjetiva al apoderado del CNE para que ejerza su defensa técnica. Sobre la representación judicial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, manifestó el recurrente que hay una contradicción entre la resolución que nombró al señor Luis Francisco Gaitán Puentes y la certificación de la Gerencia de Talento Humano de la entidad. (…). [Efectuada la confrontación de tales documentos] se puede advertir no se presenta la aludida contradicción entre el acto de nombramiento del señor Luis Francisco Gaitán Puentes y la certificación de la Gerencia del Talento Humano de la entidad, lo que es evidente es que en esta última además de indicar que el funcionario es jefe de oficina, se complementa con la expresión OFICINA JURÍDICA. (…). [L]a Resolución 20783 de 2019 que Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 1

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Demandante: Helmer Ramiro Silva Rodríguez Demandado: Guillermo Zuluaga Cardona nombró al señor Luis Francisco Gaitán Puentes, se expidió en virtud de lo

dispuesto en los Decretos 1011 y 1012 de 2000 que se ocupan de la planta de personal; en tanto que la certificación de la Gerencia de Talento Humano, da fe de la dependencia que integra la organización interna según el Decreto 1010 de 2000, en la que el señor Gaitán se encuentra laborando y que tiene asignada la competencia de representación judicial de la entidad. En consecuencia, el despacho confirma la decisión sobre el reconocimiento de la personería adjetiva y la contestación de la demanda por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de garantizar su derecho al debido proceso. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA – Fue presentada dentro de la oportunidad legal prevista para ello Insistió el actor en que la contestación de la demanda fue extemporánea porque no debe darse aplicación al literal f) numeral 1 del artículo 277 con el 279 de la Ley 1437 de 2011, pues a su juicio se regulan temas diferentes y se debe dar prevalencia al artículo posterior, por lo tanto, como el auto admisorio se notificó el 4 de marzo consideró que los quince días para la contestación vencieron el 10 de julio de 2020 y dado que el escrito se presentó el 14 del mismo mes y año, por ello debe darse por no contestada. (…). Sobre lo anterior de nuevo precisa el despacho que los términos judiciales son perentorios y, por ello, no hay lugar a interpretaciones subjetivas que contrarían las definiciones claras de la ley, como lo pretende el actor. Igualmente, no existe prevalencia de normas en un compendio sistemático como lo son los códigos, por ello no puede desconocerse el contenido

del artículo 277 so pretexto que es anterior al 279 de la Ley 1437 de 2011, pues estas normas tratan temas diversos que se complementan para posibilitar el conteo de los términos que consagra la ley para contestar la demanda. (…). [C]omo se indicó en el auto impugnado dado que el auto admisorio se notificó personalmente el 4 de marzo de 2020, el término de quince días dispuesto en el artículo 279 de la Ley 1437 de 2011, empezó a correr el 10 del mismo mes y año. (…). Es así que los términos comienzan a correr tres días después de la notificación, por ello los quince días en el asunto en cuestión corren desde el 10 de marzo de 2020 y dadas las vicisitudes de la suspensión de términos judiciales como consecuencia de la pandemia que fueron reseñadas en el auto impugnado entre el 16 de marzo y el 30 de junio del presente, llevó a que el término final para la contestación fuera el 15 de julio. Como se aprecia la diferencia radica en que el actor pretende que se desconozca el término previsto en el literal f) numeral 1 del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, lo cual a todas luces es ilegal y vulnera el derecho constitucional al debido proceso. Por lo tanto, se confirma la decisión de tener por contestada en tiempo la demanda por parte del demandado. RECHAZO DE LA PRUEBA – Las solicitadas para controvertir las excepciones son improcedentes por extemporáneas Insiste el actor en que se deben decretar las pruebas que solicitó en el escrito que descorrió el traslado de las excepciones, consistentes en los testimonios de los

miembros de la comisión escrutadora del departamento y un peritazgo de un experto en ingeniería de sistemas, telemática y manejo de datos en la nube, sobre el acta final y sus parciales de escrutinio. (…). [L]as pruebas que solicitó buscan controvertir las excepciones de mérito; es decir, aquellas que tienen como objetivo resolver el fondo. (…). Según esta disposición [artículo 212 de la Ley 1437 de 2011], una de las ocasiones probatorias es el traslado de las excepciones; sin embargo, esta Corporación ha precisado que dichos medios de prueba no son procedentes cuando la intención es demostrar los hechos narrados en el libelo introductorio, pues ello implicaría como lo ha reconocido la doctrina, que el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 2

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Demandante: Helmer Ramiro Silva Rodríguez Demandado: Guillermo Zuluaga Cardona demandante tiene una nueva oportunidad probatoria a efectos de materializar el ejercicio del derecho constitucional de defensa, lo cual a todas luces es violatorio de los derechos al debido proceso y de igualdad del demandado, quien solo tiene una oportunidad para probar ese mismo hecho. (…). [L]as pruebas solicitadas por el actor se encaminan a demostrar los hechos 5 y 6 del libelo introductorio y no están dirigidas a controvertir las excepciones previas que ya fueron resueltas, por lo tanto, son improcedentes por extemporáneas, pues pone en desequilibrio a la

parte demandada que solo tuvo la oportunidad de la contestación de la demanda para presentar las pruebas que dan cuenta de los hechos narrados, lo cual implica una vulneración del derecho al debido proceso. Por lo anterior, se confirma el rechazo de las pruebas solicitadas en el escrito que descorrió traslado de las excepciones por ser abiertamente extemporáneas; es decir, por no cumplir con los requisitos legales dispuestos en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011 para que proceda su decreto. RECURSO DE SÚPLICA – Se rechaza de plano por improcedente Si bien es cierto el auto que se impugna es el que está decidiendo entre otros asuntos las excepciones previas y mixtas, lo cierto es que el actor no impugnó la decisión adoptada sobre éstas sino sobre otros temas que se resolvieron en la providencia del 30 de octubre de 2020. Por lo tanto, al no encontrarse la decisión de reconocimiento de personería jurídica en el listado de las decisiones que son apelables conforme el artículo 243 del CPACA se declara el recurso de súplica improcedente. (…). De acuerdo con la posición de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, si la decisión proferida por un juez colegiado perteneciente a la jurisdicción contencioso administrativa que se controvierte por medio del recurso de súplica no es de las comprendidas entre los numerales 1 a 4 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011; es decir, las decisiones que en principio por su naturaleza en principio serian apelables, entonces no es procedente el medio de impugnación.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el auto dictado el 30 de octubre de 2020, por medio del cual la magistrada ponente negó por extemporánea las pruebas solicitadas en el escrito que descorrió el traslado de las excepciones, no tiene la condición de ser apelable, por lo tanto, tampoco es susceptible del recurso de súplica, pues se reitera no es de las decisiones que se encuentran enlistadas como apelables proferidos por el juez colegiado. Así las cosas, se impone rechazar de plano el recurso de súplica por ser abiertamente improcedente.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la autonomía presupuestal de los órganos autónomos de carácter constitucional, ver: Corte Constitucional, sentencia C-101 de 7 de marzo de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sobre la improcedencia de medios probatorios para demostrar los hechos narrados en el libelo introductorio, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 16 de julio de 2020, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 17001-23-33-000-2013-00257-02(2127-18). En cuanto a la procedencia del recurso de súplica frente al auto que niega la práctica de una prueba, consultar, entre otras que se citan: Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto de 7 de febrero de 2014, M.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, rad. 7300123-31-000-2013-00205-01(20738); Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 28

de octubre de 2019, M.P Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 11001-03-28000-2019-00017-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 22 de octubre de 2019, M.P. Ramiro Pazos Guerrero, rad. 11001-03-15-000-2019-03209-01 (P.I).

FUENTE FORMAL: ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO – ARTÍCULO 110 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 160 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 212

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Radicación: 11001-03-28-000-2020-00034-00

Demandante: Helmer Ramiro Silva Rodríguez Demandado: Guillermo Zuluaga Cardona / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 243 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 277

NUMERAL 1 LITERAL F / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 279 / DECRETO 2085

DE 2019 – ARTÍCULO 5 / LEY 1955 DE 2019 – ARTÍCULO 335 / DECRETO 1012

DE 2000 – ARTÍCULO 3 / DECRETO 1010 DE 2000 – ARTÍCULO 11

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 11001-03-28-000-2020-00034-00

Actor: HELMER RAMIRO SILVA RODRÍGUEZ

Demandado: JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA - GOBERNADOR DEL

META, PERÍODO 20202023

Referencia: NULIDAD ELECTORAL. Recurso de reposición contra el auto que ordenó correr traslado para alegar de conclusión AUTO Procede el Despacho a pronunciarse sobre el recurso de reposición y subsidiario de súplica, interpuesto por el demandante en contra del auto proferido el 30 de octubre de 2020, mediante el cual la magistrada ponente reconoció personería adjetiva, decidió la contestación de la demanda y las excepciones previas o mixtas propuestas.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El 17 de enero de 2020, en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, el actor solicitó la nulidad del acto de elección del señor Juan Guillermo Zuluaga Cardona como Gobernador del Departamento del Meta para el período constitucional 2020 – 2023.

2. Como pretensiones de la demanda solicitó:  “La NULIDAD de la elección por voto popular del señor JUÁN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA, titular de la C. de C. No. 17345.097, obtenida en los comicios de autoridades territoriales del 27 de Octubre de 2019 como Gobernador del Departamento del Meta para el período constitucional 2020-2023, contenida en

el formulario E-26 GOB, en razón de esta demanda y su subsanación, producto de la derivación irregular del acto ficto o presunto que se abstuvo de resolver sobre Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 4

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Demandante: Helmer Ramiro Silva Rodríguez Demandado: Guillermo Zuluaga Cardona nuestras reclamaciones e irregularidades demandadas respecto de la votación y escrutinios en la Audiencia Pública parcial de Escrutinio celebrada por la Comisión Escrutadora General para el Departamento del Meta en sesión del 13 de Noviembre de 2019 junto con el Acto que declaró tal elección en Formulario E-26

GOB del 15 de Noviembre de 2019 y la credencial expedida a ZULUAGA CARDONA como Gobernador o Formulario E-27.  Como consecuencia de lo anterior, ordenar la cancelación de la credencial o Formulario E-27 expedida como Gobernador del Departamento del Meta a JUÁN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA, titular de la C. C. No. 17345.097, dando aviso de ello a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Presidencia de la República de Colombia para lo de su cargo.  Condénese en costas a la parte demandada” 1.2. Actuaciones procesales 1.2.1. Auto admisorio

3. Mediante auto del 24 de febrero del presente año1, el despacho admitió la demanda después de que el actor corrigiera su libelo introductorio y lo escindiera,

toda vez que contenía causales de nulidad objetivas y subjetivas, correspondiéndole a este despacho la demanda por causales objetivas. 1.2.2. Auto que reconoce personería, resolvió la oportunidad de la contestación de la demanda, negó el decreto de pruebas y resolvió las excepciones previas o mixtas.

4. Mediante auto del 30 de octubre de 20202, el despacho declaró infundadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y de indebida acumulación de causales objetivas y subjetivas alegada por el demandado y rechazó por extemporáneas las pruebas solicitadas por el demandante.

5. Adicionalmente, el despacho se pronunció sobre la oportunidad para presentar la demanda y sobre la capacidad de postulación y representación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral, como quiera que en escrito que descorrió traslado de las excepciones el actor solicitó que no se tuviera por contestada la demanda por ninguna de las partes intervinientes. 1.3. Recurso de reposición presentado por el demandante

6. El demandante, mediante memorial del 9 de noviembre de 20203, presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de súplica contra el auto de 30 de octubre de 20204. 1 Actuación registrada el 24/02/2020 en el sistema SAMAI 2 Actuación registrada el 03/11/2020 registrada en SAMAI. 3 Actuación registrada el 09/11/2020 18:52:39 registrada en el SAMAI. 4 La decisión fue notificada el 4 de noviembre de 2020.

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Demandante: Helmer Ramiro Silva Rodríguez

Demandado: Guillermo Zuluaga Cardona

7. Solicitó que se revoque la providencia, en lo que a su juicio le es adverso,

en los siguientes aspectos:

8. Sobre el reconocimiento de la personería adjetiva al abogado Franklin José López Solano como apoderado del CNE, manifestó que la controversia no radica en el poder firmado por el presidente de la entidad, sino en la facultad constitucional de tal ente para actuar a través de su representante legal sin violar la Constitución. Adujo que admitir la prevalencia del artículo 5 del Decreto Ley 2085 de 2019 sobre el 265 Constitucional con el pretexto de la reglamentación en materia de organización, es contrario al efecto y la supremacía de la Constitución.

9. A juicio del actor, no se puede autorizar la negación de la autonomía presupuestal y administrativa que corresponde por mandato constitucional al CNE, por lo tanto, señalar que la entidad debe continuar funcionando como “unidad ejecutora dentro de la sección presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil” es violar la Carta. Consideró que designar un abogado de la planta global de ambas entidades es admitir su espurio funcionamiento, por ello solicita que se acuda a la excepción de inconstitucionalidad para enderezar en debida y legal forma su representación.

10. En cuanto al reconocimiento de personería adjetiva a la abogada Sandra

Carolina Jiménez Navia como apoderada principal y María Hilda Castellanos Ardila como apoderada suplente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, insistió en que es imposible admitir que no existe contradicción entre la certificación del Gerente de Talento Humano respecto del señor Francisco Gaitán Fuentes y su acta de posesión. Asegura que una cosa es haber sido nombrado y posesionado como jefe de oficina y otra que aparezca como jefe de la oficina jurídica de la entidad.

11. Agregó que no puede haber presunción de legalidad sino en aquello que es claro, preciso y expreso. Sostuvo que esconder un cargo que no se tiene con el argumento de la presunción de legalidad es eludir la obligación funcional de los servidores públicos y el principio de responsabilidad del artículo 3 numeral 7 del CPACA y la función pública contenida en el artículo 122 constitucional que exige competencias detalladas para el cargo en el que el servidor se desempeña.

12. Igualmente, insistió en que la demanda no fue contestada en tiempo porque no es dable armonizar el artículo 279 del CPACA, que expresamente hace alusión a la contestación de la demanda, con el literal f) del numeral 1 del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011 que hace regula las copias de la demanda y sus anexos.

Manifestó que el demandado ya conocía éstas porque la misma fue radicada inicialmente en el Tribunal Administrativo del Meta.

13. Aseguró que no tiene lugar la armonización de los dos artículos mencionados porque el literal f) numeral 1 del artículo 277 del CPACA “se estima insubsistente por declaración expresa del legislador que deja palmaria su incompatibilidad

con esta última disposición especial (art. 279 ibídem), que le es posterior por su obvia ubicación numérica del mismo código”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 6

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Demandante: Helmer Ramiro Silva Rodríguez

Demandado: Guillermo Zuluaga Cardona

14. Afirmó, que según el artículo 279 del CPACA, la demanda se debía contestar hasta el 10 de julio de 2020, por ello como se hizo de manera extemporánea se debe dar aplicación al artículo 97 del CGP.

15. Finalmente, indicó que en el improbable caso de persistir que hubo contestación oportuna de la demanda, no se puede rechazar la petición de pruebas solicitadas por el actor con la contestación de excepciones, pues si estas son de mérito, también se debe admitir que tiene derecho a las pruebas como lo señala el artículo 212, inciso segundo de la Ley 1437 de 2011. 1.4. Intervenciones de las otras partes del proceso 1.4.1. Intervención de la Registraduría Nacional del Estado Civil

16. Por intermedio de apoderada judicial, dentro del traslado del recurso interpuesto por el demandante, el 12 de noviembre de 20205 solicitó no acceder a la petición de la parte actora.

17. Consideró que las manifestaciones que hace el demandante en su escrito, transgreden el principio constitucional de buena fe y la presunción de legalidad de todos los actos administrativos, al no tener por ciertas las afirmaciones de la

Resolución de la entidad. Indicó que todos los documentos que se presentaron se encaminan a demostrar que su poderdante Luis Francisco Gaitán Puentes, es el jefe de la oficina jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil y que de acuerdo con las funciones que detenta, tiene la facultad de designar apoderados, de acuerdo con el numeral 16 del Decreto 1010 de 2000.

18. Agregó que al parecer el demandante desconoce el Decreto 1011 de 2000, por el cual se establece la nomenclatura y clasificación de los empleos de la RNEC, que así denomina el cargo: ARTÍCULO 5o. NOMENCLATURA. Establécese la denominación y nomenclatura de los empleos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de acuerdo con los niveles administrativos señalados en el artículo 3o, así:

Nivel Directivo Denominación del Empleo Código Grado Registrador Nacional 00 10 Secretario General 0017 08 Registrador Delegado 0011 07 Gerente 0050 07 Secretario Privado 0035 07 Registrador Distrital 0025 07 Director General 0110 06 Jefe de Oficina 0120 05 Delegado Departamental 0020 04 5 Actuación del 12/11/2020 11:58:44 registrada en SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 7

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Demandante: Helmer Ramiro Silva Rodríguez Demandado: Guillermo Zuluaga Cardona /…/ (resaltado fuera del texto)

19. Señaló que de lo anterior se concluye que por decreto se ha dado el nombre al cargo y por ello mal se haría en modificarlo adicionando palabras que no se han contemplado en la norma. Por lo anterior, es la certificación de la coordinación de registro y control la que indica la oficina para la cual ha sido nombrado el posesionado.

20. Agregó que la certificación de la coordinadora del grupo de registro y control es veraz no solo porque desde lo sustancial el nominador que es el Registrador Nacional nombró al jefe de oficina, sino porque de acuerdo con el artículo 257 del CGP, los documentos públicos son verdadera prueba documental.

21. Por lo tanto, con el fin de respetar el derecho de contradicción y defensa de la RNEC, en coherencia con el principio de presunción de legalidad, ejecutoriedad y ejecutividad de los actos administrativos, era menester dar por contestada la demanda y reconocer personería adjetiva en el caso de la entidad. 1.4.2. Intervención del demandado

22. Por intermedio de apoderada judicial, dentro del traslado del recurso interpuesto por el demandante el 13 de noviembre de 20206 solicitó negarlo y confirmar integralmente la providencia impugnada.

23. Indicó que el recurso presentado no encuentra sustento jurídico en los artículos 242 y 276 de la Ley 1437 de 2011 y transcribió apartes del artículo 12 del Decreto 806 de 2020 para concluir que corresponde a la Magistrada adecuar el recurso interpuesto.

24. Sobre la primera petición referida al reconocimiento de la personería adjetiva a los apoderados del CNE y de la RNEC, adujo que existen a la vista en el

proceso judicial dos actos administrativos con presunción de legalidad por medio de los cuales se designan apoderados de las entidades mencionadas para el ejercicio de la defensa.

25. En cuanto a lo que el actor denominó impugnación especial referida a su argumentación de la contestación extemporánea de la demanda, se refirió a todos los hitos del proceso y transcribió la parte del auto impugnado referida a este aspecto, para sostener que atendiendo al tenor y disposiciones legales vigentes es claro que la demanda fue contestada en tiempo y bajo la rigurosidad que indica el

CPACA.

26. Finalmente, sobre el decreto y práctica de pruebas solicitadas indicó que según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del CGP, cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 ibídem, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial y en el curso de 6 Actuación del 13/11/2020 13:55:34 registrada en SAMAI.

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Radicación: 11001-03-28-000-2020-00034-00

Demandante: Helmer Ramiro Silva Rodríguez Demandado: Guillermo Zuluaga Cardona esta las practicará y que allí mismo resolverá las excepciones previas que requirieron prueba y estén pendientes de decisión.

27. Por lo anterior, solicita que se mantenga la decisión contenida en el auto de 30 de octubre de 2020, referente a las pruebas solicitadas por el demandante en

la contestación de las excepciones.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

28. El despacho es competente para resolver sobre el recurso de reposición, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1257, 2428 y 2439 de la Ley 1437 de 2011.

II.2. Argumentos del recurrente

29. El demandante se refiere en su escrito de impugnación a la capacidad de postulación del CNE y de la RNEC, a la contestación extemporánea de la demanda por parte del demandado y al rechazo de las pruebas que solicitó con el escrito que descorrió el traslado de las excepciones. Por lo tanto, se abordará cada uno de los temas objeto del recurso.

II.3. Reconocimiento de personería adjetiva a los apoderados del CNE y de la RNEC

30. El cuestionamiento que realiza el actor se modificó en el recurso de reposición, dado que ya no se enfoca en la forma de vinculación del apoderado judicial del CNE sino que pretende traer al proceso electoral una eventual inconstitucionalidad del artículo 5 de Decreto 2085 de 2019 “Por el cual se establece la estructura orgánica e interna del Consejo Nacional Electoral” porque considera que está vulnerando la autonomía administrativa y presupuestal previstas en el artículo 265 Superior para el ente electoral.

31. La confrontación de las normas discutidas se puede apreciar en la siguiente tabla: 7 Artículo 125. De la expedición de providencias. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales

1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica. 8 Artículo 242. Reposición. Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica. En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. 9 ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos: /…/

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.

Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia. El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y 9 de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo. PARÁGRAFO. La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 9

Radicación: 11001-03-28-000-2020-00034-00

Demandante: Helmer Ramiro Silva Rodríguez Demandado: Guillermo Zuluaga Cardona Artículo Constitucional Artículo Decreto 2085 de 2019

ARTICULO 265. <Artículo modificado por el Artículo 5. Autonomía Presupuestal. En artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009. El ejercicio de su autonomía presupuestal