CE - 11001-03-28-000-2022-00126-00_20221006-2022

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00126-00

Demandante: Rafael Mendoza Méndez

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 11001-03-28-000-2022-00126-00

Demandante: RAFAEL MENDOZA MÉNDEZ

Demandado: ACTO ELECTORAL DEL SEÑOR ROBER TRINIDAD

ROMERO RAMÍREZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

POPULAR DEL CESAR, PERIODO 2022-2026

Tema: Consulta estamentaria en el proceso de elección del rector de la Universidad Popular del Cesar SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA Surtidos los trámites correspondientes y sin que se advierta la presencia de nulidad que impida abordar el fondo del asunto, la Sección Quinta del Consejo de Estado procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso contencioso-electoral de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El señor Rafael Mendoza Méndez formuló1, en nombre propio, demanda de nulidad electoral2 contra el acto de designación del señor Rober Trinidad Romero Ramírez, como rector de la Universidad Popular del Cesar –en adelante UPC–, periodo 2022-2026, contenido en el Acuerdo No. 008 del 8 de abril de 2022, expedido por el

Consejo Superior Universitario. 1.2. Hechos

2. La parte actora los narró, en síntesis, así:

3. El 7 de febrero de 2019, el Consejo Superior de la UPC expidió el Acuerdo No. 001, a través del cual aprobó el calendario electoral para la designación del rector de la Universidad, periodo 2019-2023.

4. El 25 de abril siguiente, el Tribunal de Garantías Electorales, autoridad encargada del procedimiento, admitió las candidaturas de 9 ciudadanos, a saber: 1 El 19 de mayo de 2022. 2 Artículo 139 de la Ley 1437 de 2011. 1

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Demandante: Rafael Mendoza Méndez Nombre del aspirante

Carmen Alicia Rivera Medina Julio César Vega Suárez Darling Francisca Guevara Gómez Rober Trinidad Romero Ramírez Luis Alberto Caballero Freyte César Augusto Galindo Angulo Juan Bautista Ochoa Maestre Emiliano Piedrahita Porras Jhon Jairo Díaz Carpio

5. Surtidas las etapas de este trámite, el 16 de diciembre de 2019, el Consejo Superior eligió a la señora Darling Francisca Guevara Gómez como rectora de la UPC para el periodo extendido desde el 20 de diciembre de 2019 y hasta el 19 de diciembre de 2023.

6. El 27 de octubre de 20213, la Sección Quinta del Consejo Estado declaró la

nulidad de la designación de la señora Guevara Gómez, con sentencia en la que comprobó la ocurrencia del vicio de expedición irregular alegado por el accionante.

7. Ello, por cuanto, en el procedimiento, no se adelantó la consulta estamentaria requerida por las normas del establecimiento, de la que debían resultar los 5 aspirantes que conformarían la lista definitiva, de la cual el Consejo Superior elegiría al rector.

8. Con auto del 25 de noviembre de 2021, esta Corporación negó la solicitud de aclaración elevada contra el fallo anulatorio. No obstante, precisó que el trámite de elección del rector de la UPC podía ser retomado desde la fase previa a la realización de la consulta estamentaria, por tratarse de una nulidad decretada con fundamento en la causal de expedición irregular4.

9. Amparado en esa consideración, el 1° de febrero de 2022, el Consejo Superior de la Universidad expidió el Acuerdo No. 003, por medio del cual reemprendió ese procedimiento desde la etapa de la consulta para la designación del rector, periodo 2022-2026, con la inclusión de los 9 candidatos que habían sido habilitados en el año

2019.

10. Con ese propósito, el Acuerdo No. 003 de 2022 fijó como nuevo calendario

electoral el siguiente: Actividad Fecha Divulgación de las propuestas de los aspirantes admitidos a la comunidad universitaria 14 al 28 de marzo de 2022 Divulgación de las propuestas de los candidatos habilitados ante el Consejo Superior 28 de marzo de 2022 de la Universidad 3 Rad. 11001-03-28-000-2020-00047-00 (Principal).

4 Para ello, se trajo a colación: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-0002015-00029-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de unificación del 26 de mayo de 2016. 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-28-000-2022-00126-00

Demandante: Rafael Mendoza Méndez Foro de candidatos en la seccional de Aguachica 1º de abril de 2022

Realización de la consulta estamentaria con la participación de estudiantes, egresados y 6 de abril de 2022 docentes de la institución

11. La consulta determinaría la lista definitiva de 5 aspirantes, cuyos nombres serían presentados ante el Consejo Superior de la UPC para la elección del rector, periodo

2022-2026.

12. En el desarrollo de este nuevo procedimiento, 45 de los 9 candidatos partícipes renunciaron a sus aspiraciones de llegar a la rectoría, a saber, los señores César Augusto Galindo Angulo, Juan Bautista Ochoa Maestre, Emiliano Piedrahita Porras y

Jhon Jairo Díaz Carpio.

13. Frente a esta circunstancia, el Tribunal de Garantías Electorales de la UPC expidió el Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022, con el que aceptó estas renuncias y conformó la lista definitiva de aspirantes al cargo de rector, con los 5 candidatos restantes, los señores: Carmen Alicia Rivera Medina, Julio César Vega Suárez, Darling

Francisca Guevara Gómez, Rober Trinidad Romero Ramírez y Luis Alberto Caballero Freyte.

14. El 25 de marzo de 2022, el Consejo Superior profirió el Acuerdo No. 005, a través del cual estableció un nuevo cronograma de elección, prescindiendo de la realización de la consulta estamentaria, a la luz de las previsiones del parágrafo único del artículo 1º6 del Acuerdo No. 004 de 2010, que prescribe que cuando en el trámite de elección del rector existan tan solo 5 candidatos, la consulta no resulta necesaria.

15. El 8 de abril de 2022, el Consejo Superior escogió al señor Rober Trinidad Romero Ramírez rector de la UPC, para el periodo 2022-2026, cargo del cual tomó posesión el 26 de abril siguiente. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación

16. Contra la legalidad del acto de elección del demandado, la parte actora propuso los siguientes cargos: 1.3.1. Desacato a fallo judicial7 y transgresión del artículo 1 del Acuerdo No. 038 de 2004

17. El demandante manifestó que en la sentencia del 27 de octubre de 2021, la Sección Quinta anuló la elección de la señora Darling Francisca Guevara Gómez, como 5 Las renuncias fueron presentadas entre el 18 y el 22 de marzo de 2022. 6 “cuando por falta absoluta, renuncia o decisión judicial, el número de aspirantes inscritos y declarados por el Tribunal de garantías como candidatos a ser elegidos rector de la Universidad Popular del Cesar, quedare igual o menor a cinco (5) no habrá́ lugar a

sesión ampliada, foro y a la consulta estamentaria. En este caso el Consejo Superior podrá́ designar en cualquier momento una vez conocida la eventualidad”. 7 Para sustentar la obligatoriedad de las sentencias proferidas por los jueces, trajo a colación la siguiente providencia de la Corte Constitucional: SU-034 de 2018. 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-28-000-2022-00126-00

Demandante: Rafael Mendoza Méndez rectora de la UPC, periodo 2019-2023, al advertir que en el procedimiento para su designación no se había desarrollado la consulta estamentaria, exigida por el Estatuto General8 de la Universidad.

18. En ese orden, sostuvo que de la decisión del Consejo de Estado se desprendía un mandato claro: esa etapa9 es una fase primordial en el trámite de escogencia del rector de la institución, de cuya puesta en marcha pende la construcción de una lista de elegibles –conformada por 5 candidatos–, base para la elección del Consejo Superior.

19. En el caso particular del accionado, la orden dada por el alto Tribunal de lo Contencioso–Administrativo fue desconocida, pues mediante la adopción del Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022, la lista de elegibles fue el producto de una determinación administrativa adoptada por el Tribunal de Garantías Electorales del establecimiento –ante la renuncia de 4 candidatos, por demás “amañada”–, y no el resultado de la consulta democrática prescrita por el juez electoral y por la normatividad

interna, en especial, el artículo 1 del Acuerdo No. 038 de 2004.

20. La pretermisión de la consulta estamentaria en el procedimiento de escogencia del acusado llevó incluso a ignorar las diferentes etapas de ese procedimiento, erigidas originariamente en el Acuerdo No. 003 del 1º de febrero de 2022 del Consejo Superior de la UPC. 1.3.2. Falta de competencia del Tribunal de Garantías Electorales

21. A la luz del Estatuto General de la UPC –Acuerdo No. 001 de 1994–, el Tribunal de Garantías Electorales dispone, en el marco de los procesos democráticos en los que participa, de simples competencias de coordinación y ejecución, que lo mantienen al margen de las decisiones trascendentales que en la materia corresponden al Consejo Superior de la Universidad.

22. Mediante la adopción del Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022, el Tribunal de Garantías invadió la órbita competencial del Consejo Superior, pues, sin estar facultado para ello:  Aceptó renuncias de aspirantes.  Definió la lista definitiva de candidatos al empleo de rector, sin que mediara la expresión de los estamentos universitarios en el contexto de la consulta.  Modificó el calendario electoral del trámite censurado, al prescindir de las fases inicialmente establecidas en el Acuerdo No. 003 del 1º de febrero de 2022.  Adoptó un acuerdo y no una resolución, cuando los acuerdos son propios del

Consejo Superior.

23. En otros términos, el Tribunal se inmiscuyó en puntos que no eran de su resorte.

8 Acuerdo No. 001 de 1994. 9 La de la consulta estamentaria. 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-28-000-2022-00126-00

Demandante: Rafael Mendoza Méndez 1.3.3. Falta y falsa motivación del Acuerdo No. 00110 del 22 de marzo de 2022

24. El accionante señaló que el Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022 no contó con una motivación que justificara las determinaciones acogidas en su contenido.

25. Afirmó que para omitir la realización de la consulta estamentaria, el Tribunal de Garantías Electorales tan solo se había apoyado en el parágrafo del artículo 1º del Acuerdo No. 004 de 2010, que en su literalidad prevé: “… cuando por falta absoluta, renuncia o decisión judicial, el número de aspirantes inscritos y declarados por el Tribunal de garantías como candidatos a ser elegidos rector de la Universidad Popular del Cesar, quedare igual o menor a cinco (5) no habrá́ lugar a sesión ampliada, foro y a la consulta estamentaria. En este caso el Consejo Superior podrá́ designar en cualquier momento una vez conocida la eventualidad”.

26. A pesar de ello, indicó que no se trataba de una norma que pudiera aplicarse al caso concreto, por cuanto:  En el fallo del 27 de octubre de 2021, aclarado mediante providencia del 25 de noviembre de la misma anualidad, la Sección Quinta había ordenado que el

procedimiento de elección del rector de la UPC podía ser retomado desde la fase de la consulta estamentaria, impidiendo que se afectaran etapas como la de inscripción.  En esa fase –la de inscripción–, los candidatos inicialmente habilitados para participar habían sido 9 –y no 5 como lo consagraba la norma–, razón por la que sus disposiciones no podían ser tenidas en cuenta en este trámite. 1.3.4. Desconocimiento del Acto Legislativo No. 01 de 2003

27. Acotó que el Estatuto General de la UPC no prevé cuál es la naturaleza del periodo –institucional o personal– para el cargo de rector.

28. En ese orden, el accionante aseveró que el vacío destacado debió haberse suplido mediante la aplicación analógica del Acto Legislativo No. 01 de 2003, por medio del cual se modificó el artículo 125 de la Carta Política de 1991, en el sentido de afirmar que, ante la ausencia de normas especiales que definieran que los periodos eran personales, la regla general era siempre la naturaleza institucional de los mismos.

29. Contrario a ello, el demandante informó que en el Acuerdo No. 003 del 1º de febrero de 2022, el Consejo Superior de la UPC había reconocido que el periodo del rector era personal, lo que supuso adelantar una elección para elegir a un funcionario para los años 2022-2026, cuando lo correcto habría sido que –teniendo en cuenta el carácter institucional de ese plazo– la escogencia hubiere sido desarrollada para elegir 10 “Por medio del cual se aceptan unas renuncias”. 5

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Demandante: Rafael Mendoza Méndez al rector que finalizaría el periodo de la señora Darling Francisca Guevara Gómez, designada originariamente para los años 2019-2023.

30. Finalmente, y sobre la base de los anteriores supuestos, el actor destacó el desconocimiento del debido procedimiento administrativo, con base en las previsiones del artículo 29 constitucional. 1.4. Trámite de la demanda

31. El 23 de junio de 2022, este Despacho admitió la demanda por cumplir con los requisitos de forma establecidos en la Ley 143711 de 2011. En esa misma providencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional, al estimar que, en esa fase preliminar del proceso, no existían elementos fácticos, ni jurídicos que conllevaran a tener por acreditados los cuestionamientos de nulidad planteados por el actor. Así mismo, fueron ordenadas las notificaciones del caso. 1.5. Traslado de la demanda

32. Dentro del término establecido para el efecto, se presentaron las siguientes contestaciones: 1.5.1. Universidad Popular del Cesar –UPC–

33. Por conducto de apoderado judicial12, la UPC se opuso a las pretensiones de la demanda sobre la base de los argumentos que se exponen, así:

34. Manifestó que, contrario a lo sostenido por el accionante, el Consejo Superior de

la Universidad fue respetuoso del alcance del fallo anulatorio del 27 de octubre de 2021, al haber retomado el proceso eleccionario del rector de la UPC, periodo 20222026, desde la fase de realización de la consulta estametaria, a la manera como lo había explicado la Sección Quinta en el auto del 25 de noviembre de 2021, aclaratorio de esa sentencia.

35. Sostuvo que en el desarrollo del trámite surgido tras la declaratoria de nulidad de la designación de la señora Darling Francisca Guevara Gómez, periodo 2019-2023, reiniciado con la expedición del Acuerdo No. 003 del 1° de febrero de 2022, el Consejo Superior Universitario y el Tribunal de Garantías Electorales de la UPC habían puesto en marcha un cúmulo de actuaciones para llevar a cabo esa consulta universitaria.

36. Dentro de éstas, la Universidad destacó la construcción del censo de votantes que participaría en ella, la creación de los formatos de votación, la distribución de las mesas de sufragio y la elaboración del instructivo para los jurados que prestarían sus servicios en esa oportunidad. 11 Artículos 162, 163 y 166 de ese cuerpo normativo.

12 Dr. Oscar Pacheco Moscote. 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-28-000-2022-00126-00

Demandante: Rafael Mendoza Méndez

37. Señaló que estas actividades debieron ser suspendidas como consecuencia de la renuncia de 4 de los 9 candidatos que participaban en el trámite, que habilitaba la

aplicación del parágrafo único del artículo 1° del Acuerdo No. 00913 del 2008, norma que permitía pretermitir de la consulta, cuando los aspirantes que intervenían en el procedimiento se elevaban a 5 o menos.

38. En ese sentido, la UPC esbozó que este cambio en las circunstancias era justificativo de la no realización de la consulta estamentaria en la elección del señor Romero Rodríguez, como rector del establecimiento, periodo 2022-2026.

39. De otra parte, indicó que no era cierto que el Tribunal de Garantías Electorales no fuera la autoridad competente para aceptar las renuncias de los candidatos, ya que, como se desprendía de los literales a), b), c), d) y e) del artículo 5° del Acuerdo No. 03214 de 1994, era el órgano encargado de la coordinación de la totalidad de los procesos democráticos que se adelantaban al interior de la UPC, lo que lo facultaba para ello.

40. Así las cosas, defendió la legalidad del Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022, a través del cual el Tribunal de Garantías Electorales había aceptado las

dimisiones de los aspirantes en la carrera por la rectoría de la Universidad. Adujo que, a pesar de que ese acto era pasible de recursos administrativos, ningún interviniente en el proceso eleccionario cuestionado había hecho uso de éstos.

41. En cuanto a la naturaleza del periodo del rector, expuso que, en un primer momento, el Acuerdo No. 033 del 15 de junio de 2004 del Consejo Superior, había establecido su carácter institucional, prescribiendo sus fechas de inicio y terminación.

Sin embargo, explicó que esa norma había sido derogada por el Acuerdo No. 038 del 31 de julio de 2004, en el que las referencias a la esencia institucional del periodo habían sido eliminadas de la normatividad interna de la Institución.

42. En consonancia, afirmó que esa supresión había convertido el periodo del rector en personal. Para soportar este punto, trajo a colación la sentencia del 18 de febrero de 2021 del Consejo de Estado15, en la que la Sección Quinta habría admitido que para los cargos distintos de los de voto popular, ante la ausencia de una disposición que fijara que el periodo era institucional, debía entenderse que correspondía a uno personal, tomando como extremo inicial la posesión del funcionario escogido. 13 “Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 1º del acuerdo 039 del 31 de julio de 2004 y se modifica el artículo 2º del acuerdo 039 del 31 de julio de 2004 y se dictan otras disposiciones”. 14 “Por el cual se aprueba y expide el reglamento interno del Tribunal de Garantías Electorales y el reglamento para la elección de los representantes de los estudiantes y de los procesos que integran los diferentes órganos de gobierno de la Universidad Popular del Cesar”. 15 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 11001-03-28-000-2020-00058-00. 7

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Demandante: Rafael Mendoza Méndez

1.5.2. Demandado, señor Rober Trinidad Romero Ramírez

43. El 1 de agosto de 2022, el accionado presentó16 escrito con el que pidió negar las súplicas de la demanda, empleando para ello una cuerda argumentativa similar a la

desplegada por la UPC, que se resume así:

44. Refirió que el Consejo Superior de la UPC tuvo siempre la intención de seguir las órdenes dadas en la sentencia anulatoria del 27 de octubre de 2021, como se colegía del Acuerdo No. 003 del 1° de febrero de 2022, en el que se había prescrito reanudar el procedimiento de designación del rector, periodo 2022-2026, desde el estadio de la consulta universitaria para la definición de los 5 candidatos de los que el Consejo Superior elegiría a ese funcionario.

45. Acotó que las renuncias de los candidatos, señores César Augusto Galindo Angulo, Juan Bautista Ochoa Maestre, Emiliano Piedrahita Porras y John Jairo Díaz Carpio, alteraron el contexto del trámite y dieron lugar a la aplicación de los artículos 1° del Acuerdo No. 009 del 28 de agosto de 2008 y 1° del Acuerdo No. 004 de 2010, que autorizaban omitir la puesta en marcha de la consulta cuando existía un número igual o menor a 5 aspirantes en ese tipo de procesos.

46. Añadió que, aunque en su elección se pretermitió de forma justificada la realización de la consulta estamentaria, las demás actividades fijadas por el Acuerdo No. 003 del 1° de febrero de 2022 habían sido cumplidas. De esta manera, enunció los

foros de los días 5 y 6 de abril de 2022, efectuados en las sedes de la Universidad ubicadas en los municipios de Aguachica y Valledupar, en los que intervinieron los 5 candidatos que no dimitieron de su aspiración, mediante la exposición de sus propuestas.

47. Asimismo, informó que, previo a su designación, el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario sometió el nombre de cada uno de los aspirantes a la comunidad estudiantil y, en el marco de ese procedimiento, había obtenido el 41% de los sufragios depositados por los alumnos17.

48. Por otro lado, aseveró que no era cierto que el Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022 expedido por el Tribunal de Garantías Electorales careciera de fundamentos para aplicar los supuestos normativos establecidos en el artículo 1° del Acuerdo No. 009 del 28 de agosto de 2008, que permitía omitir de la consulta.

49. En todo caso, destacó que el Acuerdo No. 001 no era el acto pasible de control en esta oportunidad, ya que su elección se había declarado en el Acuerdo No. 008 del 8 de abril de 2022 del Consejo Superior Universitario, siendo un acto independiente al emitido por el Tribunal de Garantías Electorales. 16 Mediante apoderado sustituto, Dr. Gustavo Enrique Cotes Calderón. 17 Sostuvo que en ese procedimiento habían participado 3.143 estudiantes. 8

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50. Concluyó sosteniendo que, de acuerdo con las normas vigentes en la Universidad –Acuerdo No. 038 del 31 de julio de 2004–, el periodo del rector era personal, ante la ausencia de una norma que consagrara lo contrario.

1.5.3. Tribunal de Garantías Electorales

51. El 1 de agosto de 2022, la presidente del Tribunal de Garantías Electorales de la UPC contestó la demanda, rechazando la prosperidad de sus pretensiones.

52. En consonancia, indicó que, durante el procedimiento de elección del rector, periodo 2022-2026, el Tribunal de Garantías Electorales desarrolló las actuaciones para la realización de la consulta estamentaria, de la que debía resultar el nombre de los 5 candidatos que serían posteriormente sometidos al escrutinio del Consejo

Superior.

53. Así, refirió que en sus sesiones del 7 y 18 de marzo de 2022 había ordenado la elaboración del censo de votantes que participarían en la consulta programada para el 6 de abril siguiente.

54. Empero, manifestó que la consulta fue pretermitida, pues de los 9 aspirantes inicialmente inscritos en el procedimiento, 4 presentaron renuncias a sus candidaturas, situación que habilitó la aplicación del Acuerdo No. 004 del 16 de febrero de 2010, que permitía no efectuar esa actuación democrática, cuando el número de candidatos habilitados era igual o menor a 5. 1.5.4. Del impugnador, señor Holmes José Rodríguez Araque18

55. El señor Holmes José Rodríguez Araque pidió negar las súplicas de la demanda,

para lo cual insistió, en síntesis, que:

56. La no realización de la consulta estamentaria tuvo como causa eficiente la ocurrencia de un hecho sobreviniente, a saber, la renuncia irrevocable de 4 de los 9 candidatos admitidos para intervenir en el procedimiento de elección del rector de la UPC, periodo 2022-2026.

57. En este medio de control, no es posible que los demandantes soliciten la nulidad de las designaciones acusadas sobre la ilegalidad de los actos previos que se expiden en el marco de los procedimientos eleccionarios.

58. En ese sentido, el accionante de esta causa no puede deprecar la anulación del acto de elección del rector de la UPC, periodo 2022-2026, con fundamento en las irregularidades presuntamente acaecidas en los Acuerdos Nos. 001 y 005 del 2022, expedidos, respectivamente, por el Tribunal de Garantías Electorales y el Consejo Superior del establecimiento, en los que se fundó la decisión de omitir la realización de la consulta estamentaria, originalmente establecida. 18 Su participación fue admitida en auto del 23 de junio de 2022. 9

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Demandante: Rafael Mendoza Méndez

59. El accionado cuenta con una importante hoja de vida que le permite cumplir a cabalidad con el ejercicio del cargo para el cual fue elegido el 8 de abril de 2022. 1.6. Fijación del litigio y orden de sentencia anticipada

60. Con auto de 1 de septiembre de 2022, el Despacho sustanciador del proceso fijó el litigio en los términos que se reproducen enseguida: “Determinar si el acto de elección del señor Rober Trinidad Romero Ramírez como rector de la Universidad Popular del Cesar, periodo 2022-2026, contenido en el Acuerdo No. 008 del 8 de abril de 2022, debe ser declarado nulo, por cuanto:

a. En el procedimiento para la designación del demandado no se adelantó la fase de la consulta estamentaria regulada en el artículo 1 del Acuerdo No. 03819 del 31 de julio de 2004, como se habría ordenado en la sentencia del 27 de octubre de 2021, rad. 11001-03-28-000-2020-00047-00 (ACUM.), proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, transgrediendo igualmente el derecho al debido proceso administrativo, contenido en el artículo 29 constitucional. b. El Tribunal de Garantías Electorales de la UPC no era la autoridad competente para expedir el Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022, a través del cual (I) aceptó las renuncias de unos aspirantes al cargo; (II) definió la lista definitiva de candidatos para ese empleo; y (III) modificó el calendario electoral del trámite censurado; interviniendo de forma indebida en la órbita funcional del Consejo Superior de la UPC. c. El Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022 del Tribunal de Garantías Electorales de la UPC incurrió en falta de motivación, al omitir expresar las justificaciones que

conllevaron pretermitir el estadio de la consulta estamentaria en el desarrollo del proceso de designación del accionado como rector de la UPC, periodo 2022-2026. d. El Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022 del Tribunal de Garantías Electorales de la UPC incurrió en falsa motivación, al soportar su decisión de omitir la realización de la consulta estamentaria en una norma que no resultaba aplicable al caso concreto, a la sazón el parágrafo único del artículo 1 del Acuerdo No. 004 del 2010. e. El acto de elección del demandado desconoció las disposiciones del Acto Legislativo No. 01 de 2003, pues el Consejo Superior Universitario lo designó para un periodo personal, y no para finalizar el institucional (2019-2023) iniciado por la ex rectora, Señora Darling Francisca Guevara Gómez –cuya elección fue declarada nula por la Sección Quinta del Consejo de Estado20– a la manera como lo prescribía el referido acto legislativo, ante la ausencia de una previsión normativa en la UPC que reconociera expresamente el carácter personal a este periodo.”

61. Igualmente, en dicha providencia se ordenó dictar sentencia anticipada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011. 19 “Por medio del cual se deroga el Acuerdo No. 033 del 15 de junio de 2004, se reglamenta el proceso de designación rectoral y se dictan otras disposiciones.” 20 Con sentencia del 27 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-00047-00 (ACUM.) 10

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Demandante: Rafael Mendoza Méndez 1.7. Alegatos de conclusión

1.7.1. Demandante, Rafael Mendoza Méndez

62. El 27 de septiembre de 2022, el accionante descorrió el traslado para alegar. En

ese sentido, afirmó que:

63. Resultaría inconveniente para los intereses de la comunidad universitaria que el fallo que fuera dictado por la Sección Quinta se limitara a reafirmar las premisas expuestas en el auto del 23 de junio de 2021, por medio del cual esta Sala admitió la presente demanda y negó la suspensión provisional de sus efectos, pues, además de constituir prejuzgamiento, sería a su vez un “saludo a la bandera”, desprovisto de justicia.

64. En el plenario, quedó ciertamente refrendado que, mediante la expedición del Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022, el Tribunal de Garantías Electorales de la UPC desconoció los mandatos y previsiones establecidos por el Consejo de Estado, en su sentencia del 27 de octubre de 2021, en la que se ordenó ciertamente la realización de la consulta estamentaria, como requisito para elegir al nuevo rector de la

Universidad.

65. La aceptación de las renuncias de 4 de los aspirantes conllevó retrotraer el procedimiento a una etapa que ya había sido superada –inscripción–, y a la cual no

podía volverse, por cuanto la orden de esta Sala –en su providencia del 27 de octubre de 2021– fue clara, en el sentido de prescribir que el trámite electoral para la designación del rector podía ser retomado desde el estadio de la consulta, y no en otras fases que no generaron la nulidad de la elección de la señora Darling Francisca Guevara Gómez, rectora, periodo 2019-2023.

66. El carácter institucional del periodo del rector al interior de la UPC fue ratificado por el concepto JURI 140 – 093 del 16 de febrero de 2022, elaborado por la Oficina Jurídica de la UPC, en el que se asevera que, ante la inexistencia de una norma que defina si este es personal o institucional, debe prevalecer la aplicación supletiva del Acto Legislativo No. 01 de 2003, que prescribe que los periodos serán, por regla general, institucionales.

67. En relación con los demás cuestionamientos, ratificó los argumentos expuestos en la demanda. 1.7.2. Demandado, el impugnador, la UPC y el Tribunal de Garantías Electorales

68. En la oportunidad debida, defendieron la legalidad de la elección acusada, aduciendo los argumentos propuestos en sus escritos de contestación de la demanda, y resalta