CE - 110010306000202000128001AUTOQUERECHAZRECHAZAIM20230918222643

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Número único: 11001-03-06-000-2020-00128-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas entre la Superintendencia de Notariado y Registro, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación del departamento del Tolima, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho Asunto: Solicitud de apertura de un incidente de desacato.

Improcedencia

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. Mediante la Decisión del 9 de diciembre de 202 0, la Sala de Consulta y Servicio Civil resolvió el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia, surgido inicialmente entre la Superintendencia de Notariado y Registro y la Procuraduría General de la Nación , y al cual se ordenó vincular al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Gobernación del Tolima y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

El objeto de dicho conflicto fue establecer la autoridad competente para responder de fondo la petición presentada por el señor Jairo Leonel Sánchez Guzmán, en relación con la declaratoria de prescripción de la sanción disciplinaria de destitución que le fue impuesta por la Procuraduría, y su reintegro al cargo de notario único del Líbano (Tolima).

2. En el numeral primero de la parte resolutiva de dicho proveído, la Sala

decidió:

que le fue impuesta por la Procuraduría, y su reintegro al cargo de notario único del Líbano (Tolima).

2. En el numeral primero de la parte resolutiva de dicho proveído, la Sala

decidió:

PRIMERO: DECLARAR COMPETENTE al Ministerio de Justicia y del Derecho para resolver de fondo la petición presentada por el señor Jairo Leonel Sánchez Guzmán, en el sentido de que se le reintegren sus derechos, como consecuencia del presunto acaecimiento de la prescripción de la sanción disciplinaria de destitución que le fue impuesta por la Procuraduría General de la Nación.Radicación: 110010306000202000128 00 Página 2 de 17

3. El 4 de mayo de 202 3, el señor Sánchez Guzmán, mediante apoderado, presentó un escrito a la Sala, mediante el cual promovió un incidente de desacato contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, por el presunto incumplimiento de la decisión adoptada por la Sala.

4. Entre otras manifestaciones, el abogado del peticionario inform ó que, con fundamento en las consideraciones efectuadas por la Sala en la citada decisión, el Gobierno nacional expidió el Decreto 591 del 1 de junio de 20211, por medio del cual se delegó en el ministro de Justicia y del Derecho las funciones relacionadas con la ejecución de las sanciones disciplinarias impuestas a los notarios de primera categoría, por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Procuraduría General de la Nación, así como aquellas relacionadas con el reintegro o el restablecimiento de derechos de esos mismos notarios.

categoría, por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Procuraduría General de la Nación, así como aquellas relacionadas con el reintegro o el restablecimiento de derechos de esos mismos notarios.

5. Señaló que, mediante la Resolución 708 del 10 de junio de 2021, confirmada por la Resolución 1487 del 29 de septiembre de 20212, el ministro de Justicia y del Derecho resolvió la solicitud de reintegro presentada por el señor Jairo Leonel Sánchez Guzmán, al cargo de notario único del Líbano, pero «se abstuvo de resolver de fondo la solicitud de prescripción de la sanción disciplinaria », por considerar que carecía de competencia para ello.

6. La Resolución 708 de 2021, cuya copia fue aportada por el solicitante, como anexo de su petición, dispuso lo siguiente, en su parte resolutiva:

Artículo 1° . Abstenerse de resolver de fondo la solicitud de prescripción de la sanción disciplinaria, por carecer de competencia para ello.

Artículo 2° . Negar la solicitud del señor Jairo Leonel Sánchez Guzmán, de reintegro a los derechos de carrera en el cargo de Notario Único del Círculo Notarial del Líbano – Tolima, por las razones principales y subsidiarias expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 3° . Comunicar la presente Resolución al señor Jairo Leonel Sánchez Guzmán y, a su apoderado Pablo Carlosama Mora, en los términos del artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020.

Artículo 4° . Comunicar esta Resolución a la Oficina de Control Interno de la

Guzmán y, a su apoderado Pablo Carlosama Mora, en los términos del artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020.

Artículo 4° . Comunicar esta Resolución a la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro, para que determine la existencia de las irregularidades y las posibles investigaciones disciplinarias contra los facultados de ejecutar por competencia el traslado de los fallos sancionatorios de destitución del señor Jairo Leonel Sánchez Guzmán al MJD.

1 Por el cual se delegan unas funciones en el Ministro de Justicia y del Derecho. 2 Mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el interesado contra la Resolución 708 de 2021.Radicación: 110010306000202000128 00 Página 3 de 17

Artículo 5°. Comunicar esta Resolución a la Dirección de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y Registro, para que obre en el expediente de la Hoja de vida del señor Jairo Leonel Sánchez Guzmán.

Artículo 6° . Comunicar esta Resolución a la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial, por ser el órgano rector y administrador de la Carrera Notarial.

Artículo 7°. Comunicar esta Resolución a la Procuraduría General de la Nación, para que det ermine la existencia de las irregularidades y las posibles investigaciones disciplinarias contra los funcionarios facultados de ejecutar por competencia el traslado de los fallos sancionatorios de destitución del señor Jairo Leonel Sánchez Guzmán al MJD.

[…]

7. En esa medida, consideró que el ministro de Justicia y del Derecho no había

competencia el traslado de los fallos sancionatorios de destitución del señor Jairo Leonel Sánchez Guzmán al MJD.

[…]

7. En esa medida, consideró que el ministro de Justicia y del Derecho no había respondido de fondo la petición presentada por su mandante , pues se había limitado a declararse sin competencia, a pesar de lo decidido por la Sala de Consulta y Servicio Civil. Y añadió que, por el contrario, el Ministerio de Justicia declaró al señor Sánchez Guzmán en abandono del cargo, sin haberle dado la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.

8. Con base en estos antecedentes, el solicitante prop uso un «incidente de desacato por incumplimiento de la orden judicial » contenida en la Decisión del 9 de diciembre de 2020, con fundamento en el inciso tercero del artículo 129 3 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), por encontrarse el ministro de Justicia y del Derecho , a su juicio, presuntamente incurso en alguna de las conductas sancionables previstas en el artículo 44 ibidem4. Asimismo, formuló

a la Sala las siguientes peticiones:

3 Artículo 129. Proposición, trámite y efecto de los incidentes . Quien promueva un incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer. […] En los casos en que el incidente puede promoverse fuera de audiencia, del escrito se correrá traslado por tres (3) días, vencidos los cuales el juez convocará a audiencia mediante auto en el que decretará las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere pertinentes. […]

por tres (3) días, vencidos los cuales el juez convocará a audiencia mediante auto en el que decretará las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere pertinentes. […] 4 Artículo 44. Poderes correccionales del juez . Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales: […]

3. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución. […]Radicación: 110010306000202000128 00 Página 4 de 17

ORDENAR, al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, pronunciarse de fondo sobre el tema de la PRESCRIPCIÓN de la sanción impuesta al Dr. JAIRO LEONEL SÁNCHEZ GUZMÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.268.252, en los términos consagrados en Providencia del nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020), emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

REQUERIR: a la Procuraduría General de la Nación -Procuraduría Delegada Para la Vigilancia Judicial y la Policía judicial - [sic], para que informe a su Despacho, sobre el seguimiento efectuado al cumplimiento de lo dispuesto en la providencia del nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020), conforme al deber consignado en el numeral 1° del artículo 277 de la Constitución Política de Colombia.

sobre el seguimiento efectuado al cumplimiento de lo dispuesto en la providencia del nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020), conforme al deber consignado en el numeral 1° del artículo 277 de la Constitución Política de Colombia.

SOLICITAR: al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, un informe con destino al Despacho del Honorable Consejero de Estado, dentro del término perentorio de diez (10) días, relacionado con las actuaciones administrativas adelantadas para obtener el cumplimie nto de la Providencia del nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020), emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

9. Finalmente, aportó como pruebas copia de los siguientes documentos : i) la Decisión del 9 de diciembre de 2020, dictada por la Sala de Consulta y Servicio Civil, para resolver el conflicto de competencias radicado con el número 110010306000202000128-00; ii) la Resolución 708 del 10 de junio de 2021, dictada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y iii) la Resolución 1487 del 29 de septiembre de 2021, expedida por el mismo organismo.

II. TRÁMITE DEL ASUNTO

Con el fin de obtener mayor ilustración para adoptar la decisión que correspondiera, y garantizar el derecho a la defensa del ministro de Justicia y del Derecho (artículo 29 de la Constitución Política), la magistrada ponente, mediante el Auto del 19 de mayo de 2023, dispuso correr traslado del escrito presentado por el apoderado del señor Jairo Leonel Sánchez Guzmán, al Ministerio de Justicia y del Derecho, la

mayo de 2023, dispuso correr traslado del escrito presentado por el apoderado del señor Jairo Leonel Sánchez Guzmán, al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Notariado y Registro, para que manifest aran lo que consider asen pertinente, en relación con esta solicitud. En cumplimiento de lo ordenado en dicho auto, enviaron escritos el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa y de la Veeduría, cuyas posiciones se resumen a continuación:Radicación: 110010306000202000128 00 Página 5 de 17

A. El Ministerio de Justicia y del Derecho

El director jurídico de esta cartera , mediante el oficio del 29 de mayo de 2023, manifestó que el Ministerio de Justicia dio cabal cumplimiento a lo decidido por la Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante la expedición de las Resoluciones 0708 del 10 de junio de 2021 y 1487 del 29 del mismo año, con las cuales resolvió de fondo la petición presentada por el señor Jairo Leonel Sánchez.

A este respecto, el funcionario señal a que, si bien, en tales actos administrativos, se reconoció que había ocurrido la prescripción de la sanción disciplinaria de destitución impuesta al señor Sánchez, lo que impedía su ejecución, también se afirmó, con base en lo planteado por la jurispruden cia y por la misma Sala de Consulta, en la citada Decisión del 9 de diciembre de 2020,

ejecución, también se afirmó, con base en lo planteado por la jurispruden cia y por la misma Sala de Consulta, en la citada Decisión del 9 de diciembre de 2020, que esto no implica la extinción de la sanción ni la eliminación de la responsabilidad disciplinaria declarada contra el señor Sánc hez Guzmán, además de que el ministerio declaró que el solicitante había incurrido en abandono del cargo.

En esa medida, el director jurídico solicita a la Sala «NO emitir orden en contra del Ministerio de Justicia y del Derecho, ni declarar incumplimiento alguno por parte de esta entidad respecto de la decisión proferida por la Sala de Consulta […] el 9 de diciembre de 2020 […]». [Mayúsculas y negrillas, en el original].

B. La Superintendencia de Notariado y Registro

El apoderado de l a Superintendencia, mediante escrito enviado por correo electrónico, considera improcedente que el peticionario acuda ante la Sala de Consulta y Servicio Civil , como lo hace ahora, para que revise la legalidad de los actos administrativos dictados por el Ministerio de Justicia, como si se tratara de una instancia adicional.

Asimismo, la Superintendencia de Notariado y Registro recuerda que la sanción disciplinaria no fue impuesta por dicha entidad, sino por la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su poder disciplinario preferente, y que esa superintendencia no era la autoridad encargada de ejecutar el castigo, pues se trataba de un notario de primera categoría.

Por otra parte, señala que , aun cuando el Ministerio de Justicia y del Derecho se declaró incompetente para «declarar» la prescripción de la sanción

trataba de un notario de primera categoría.

Por otra parte, señala que , aun cuando el Ministerio de Justicia y del Derecho se declaró incompetente para «declarar» la prescripción de la sanción disciplinaria impuesta al señor Jairo Leonel Sánchez, ese organismo sí analizó de fondo el asunto , pues consideró que, justamente, por haber ocurrido ya la prescripción, era imposible expedir el acto administrativo de destitución del notario.Radicación: 110010306000202000128 00 Página 6 de 17

A este respecto, solicita que «se tenga en cuenta en este asunto lo señalado en la página 44 del auto del 9 de diciembre de 2020, según el cual, la consecuencia que acarrea la prescripción de la sanción disciplinaria no es la desaparición de esta (como si no hubiese sido impuesta), ni la extinción del acto administrativo que la contenga, sino la imposibilidad de ejecutarla».

Adicionalmente, recuerda que el Ministerio de Justicia, en las Resoluciones 708 y 1487 de 2021, estudió la situación jurídica del peticionario, y concluyó que se había materializado el abandono del cargo, por lo que, en su criterio, el señor Sánchez Guzmán cesó en su actividad como notario.

Por todo lo anterior, solicita «desvincular a la Superintendencia de Notariado y Registro del presente trámite incidental».

C. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la

Vigilancia Administrativa

Mediante oficio enviado por correo electrónico el 29 de mayo de 2023 , esta dependencia de la Procuraduría manifiesta que no le correspondió tramitar

Vigilancia Administrativa

Mediante oficio enviado por correo electrónico el 29 de mayo de 2023 , esta dependencia de la Procuraduría manifiesta que no le correspondió tramitar actuación alguna en relación con este asunto. Sin embargo, señala que encontró el radicado núm. IUS -E-2021-093774 / IUC-D-2021-1771070, el cual está asignado a la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, por lo que remitió a dicha dependencia el requerimiento efectuado por la Sala.

D. La Veeduría de la Procuraduría General de la Nación

Mediante oficio del 30 de mayo pasado, la veedora de la Procuraduría General de la Nación informa que el señor Jairo Leonel Sánchez Guzmán, por medio de escrito presentado en febrero de 2021, puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación la Decisión dictada por la Sala el 9 de diciembre de 2020, y solicitó iniciar una investigación disciplinaria contra los servidores públicos que pudieran estar involucrados en las omisiones e irregularidades advertidas por la Sala, tanto en la Superintend encia de Notariado y Registro como en la misma Procuraduría. Posteriormente, la referida providencia le fue comunicada a la Veeduría por la Secretaría de esta Sala.

Señala que la queja presentada por el señor Sánchez fue radicada con el núm. IUS-E-2021-093774 / IUC-D-2021-1771070, y asignada a la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, autoridad que, mediante auto del 9 de junio de 2021, ordenó iniciar una indagación preliminar, contra funcionarios por

Procuraduría General de la Nación, autoridad que, mediante auto del 9 de junio de 2021, ordenó iniciar una indagación preliminar, contra funcionarios por determinar, y decretó varias pruebas.

Asimismo, indica que, en la citada providencia, la Veeduría dispuso: i) remitir copias a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, con el finRadicación: 110010306000202000128 00 Página 7 de 17

de que decidiera lo que considerase procedente en relación con el superintendente de Notariado y Registro de la época y otros funcionarios de dicha entidad; ii) inhibirse de iniciar actuación disciplinaria alguna contra los empleados de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, y iii) remitir copias a la Corte Suprema de Justicia, para que determinara lo que correspondiera, en relación con la conducta del procurador general de la Nación de ese momento.

También, reseña que, mediante auto del 28 de febrero de 2022, la Veeduría decidió dar por terminada la indagación preliminar que se tramitaba contra servidores públicos sin identificar de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, y ordenó expedir copias para investigar a un funcionario de esa Veeduría.

Igualmente, destaca que las actuaciones y decisiones referidas han sido comunicadas al señor Jairo Leonel Sánchez, en su calidad de quejoso.

Advierte, asimismo, que el 26 de mayo de 2023, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios decidió remitir a la Veeduría las diligencias realizadas

Advierte, asimismo, que el 26 de mayo de 2023, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios decidió remitir a la Veeduría las diligencias realizadas dentro del expediente disciplinario IUS-E-2021-081484 / IUC-D-2023-2983469, lo que se encuentra pendiente de evaluación.

Finalmente, remite copia de todas las actuaciones y decisiones adoptadas por esa dependencia, en 41 folios.

Por todo lo anterior, concluye que «la Veeduría dio cumplimiento a la orden dada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, adelantando las actuaciones disciplinarias correspondientes en contra de los servidores adscritos a este ente de control y, realizando las remisiones correspondientes a las entidades competentes».

III. CONSIDERACIONES

1. El incidente de desacato no está previsto en el trámite de los conflictos de competencia administrativa

En primer lugar, es necesario advertir que el procedimiento establecido por el ordenamiento legal para solucionar los conflictos de competencia administrativa, y contenido en los artículos 39 y 112, numeral 10 , del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificado por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente , no incluye la posibilidad de tramitar un incidente de desacato , frente al real o presunto incumplimiento de la decisión adoptada por la Sala.Radicación: 110010306000202000128 00 Página 8 de 17

Para verificar lo anterior, basta con revisar las normas citadas.

Como es apenas obvio, la Sala de Consulta no puede crear, modificar o adicionar

Para verificar lo anterior, basta con revisar las normas citadas.

Como es apenas obvio, la Sala de Consulta no puede crear, modificar o adicionar el procedimiento que rige para este tipo de asuntos, ni a brogarse competencias, pues ello es potestad exclusiva del Legislador (artículo 150, numerales 1, 2 y 23, de la Carta Política).

Nótese que, en contraste, el incidente de desacato ha sido previsto expresamente por el Legislador en algunos procedimientos judiciales, como el de la acción de tutela o el de las medidas cautelares, en el proceso contencioso administrativo.

En efecto, los artículos 27 5 y 526 del Decreto 2521 de 1991 7 establecen y regulan expresamente el incidente de desacato en el trámite de la acción de tutela, así como las sanciones que los jueces constitucionales pueden imponer a la parte que desatienda lo resuelto en el fallo dictado en dicho proceso.

De manera similar, el artículo 2418 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 60 de la Ley 2080 de 2021, regula el incidente de desacato frente a las medidas

5 Artículo 27. Cumplimiento del f allo. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas , ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las

responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas , ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza. [Se resalta]. 6 Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción . [Énfasis añadido]. 7 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. 8 Artículo 241. Sanciones. El incumplimiento de una medida cautelar dará lugar a la apertura de un incidente de desacato como consecuencia del cual se podrán imponer multas sucesivas por cada día de retardo en el cumplimiento hasta por el monto de dos (2) salarios mínimos mensuales legales

incidente de desacato como consecuencia del cual se podrán imponer multas sucesivas por cada día de retardo en el cumplimiento hasta por el monto de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes a cargo del renuente, sin que sobrepase cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La sanción será impuesta por la misma autoridad judicial que profirió la orden en contra del representante legal o director de la entidad pública, o del particular responsable del cumplimiento de la medida cautelar. Esta se impondrá mediante trámite incidental y será susceptible del recurso de reposición, el cual se decidirá en el término de cinco (5) días. [Subrayas ajenas al texto].Radicación: 110010306000202000128 00 Página 9 de 17

cautelares que se dicten en los procesos judiciales que tramita la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y señala su procedimiento, competencia y las sanciones aplicables.

Ahora bien, el solicitante invoca, como fundamentos normativos de su petición, los artículos 44, numeral 3.°, y 129, inciso tercero, del Código General del Proceso. Sin embargo, ninguna de tales normas habilita a la Sala para iniciar un incidente de desacato y sancionar, como resultado de este, al ministro de Justicia y del Derecho o a cualquier otro funcionario público.

En efecto, el artículo 44 se refiere a los poderes correccionales de los jueces, y el numeral tercero dispone que, en desarrollo de tales atribuciones, estos funcionarios judiciales pueden sancionar con multas a los empleados públicos, entre otras personas, cuando, sin justa causa, incumplan las órdenes que les impartan en ejercicio de sus funciones, o demoren su ejecución.

judiciales pueden sancionar con multas a los empleados públicos, entre otras personas, cuando, sin justa causa, incumplan las órdenes que les impartan en ejercicio de sus funciones, o demoren su ejecución.

Esta disposición no resulta aplicable, en el presente caso, porque la Sala de Consulta y Servicio Civil, en su Decisión del 9 de diciembre de 2020, no dictó ninguna orden , sino que declaró competente a una autoridad (el Ministerio de Justicia y del Derecho) para responder una petición. El deber de dar respuesta de fondo a las peticiones, así como el plazo para hacerlo, están previstos directamente en la Constitución Política (artículo 23) y en la ley (Leyes 1437 de 2011 y 1755 de 2015, entre otras).

Por otra parte, el artículo 129 del Código General del Proceso establece el procedimiento general de los incidentes que la ley permite tramitar en el curso de los procesos judiciales que se rigen por dicho estatuto . Esta disposición tampoco resulta aplicable, pues, aparte de que el trámite de los conflictos de competencia administrativa no constituye un proceso u otra actuación judicial, como se explicará más adelante, dicho procedimiento termina cuando se comunica a las partes y a los terceros interesados la decisión adoptada por la Sala, lo cual ocurrió, en el presente caso, en el mes de febrero del año 2021.

Las consideraciones anteriores bastarían para rechazar, por improcedente, la solicitud presentada por el apoderado del señor Jairo Leonel Sánchez Guzmán. No obstante, para mayor ilustración, este despacho formulará algunas consideraciones adicionales sobre la naturaleza jurídica de la función de resolver conflictos de

solicitud presentada por el apoderado del señor Jairo Leonel Sánchez Guzmán. No obstante, para mayor ilustración, este despacho formulará algunas consideraciones adicionales sobre la naturaleza jurídica de la función de resolver conflictos de competencia administrativa, asignada a la Sala de Consulta y Servicio Civil, así como sobre la naturaleza y los efectos jurídicos de las decisiones con las cuales se resuelven tales disputas.

Lo anunciado permitirá entender, con mayor claridad, la razón por la cual el Legislador no ha previsto el incidente de desacato, en el trámite de estos asuntos.Radicación: 110010306000202000128 00 Página 10 de 17

2. Las decisiones de la Sala de Consulta y Servicio Civil , al resolver los conflictos de competencia administrativa, no son providencias judiciales.

Tales decisiones no contienen condenas, ni imponen órdenes

Es importante aclarar, en primer lugar, que las decisiones de la Sala, al resolver o pronunciarse, de otra forma, sobre los conflictos de competencia administrativa (negativos o positivos) que le sean planteados, en ejercicio de su función prevista en los artículos 399 y 112, numeral 1010, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no son «providencias judiciales», como tampoco es jurisdiccional la respectiva función. Así lo ha manifestado esta corporación11, en los siguientes términos:

Por esta razón, es necesario reiterar que las decisiones mediante las cuales la Sala de Consulta y Servicio Civil […] resuelve los conflictos de competencias administrativas que le sean planteados, en ejercicio de la función asignada a la Sala en los artículos 39 y 112, numeral 10 del CPACA, no constituyen sentencias

Sala de Consulta y Servicio Civil […] resuelve los conflictos de competencias administrativas que le sean planteados, en ejercicio de la función asignada a la Sala en los artículos 39 y 112, numeral 10 del CPACA, no constituyen sentencias ni otro tipo de providencias judiciales, como tampoco es judicial la referida función. […]

[…]

A este respecto, es necesario reiterar, en primer lugar, que ni las decisiones que adopta la Sala de Consulta y Servicio Civil en ejercicio de esta función constituyen sentencias u otro tipo de providencias judiciales, ni contra ellas es viable interponer alguna clase de recurso –incluyendo el de revisión. […].

En efecto, en múltiples ocasiones la Sala ha estudiado la naturaleza de la función de resolver conflictos de competencias administrativas que le fue asignada por la ley, y la de las decisiones que emite en desarrollo de esta atribución, aclarando que ni esa función ni tales decisiones tienen carácter judicial.

Inicialmente, cuando la Ley 954 de 200512 eliminó la llamada “acción de definición de competencias administrativas” prevista en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), cuya competencia estaba asignada a la Sala Plena del Consejo de Estado, y pasó a la Sala de Consulta y Servici o Civil la función de resolver los conflictos de competencia administrativa que se presenten entre autoridades del orden nacional, o entre una del orden nacional y otra de nivel

9 Modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021. 10 Modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021. 11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 10 de noviembre de 2015 , expediente 11001-03-06-000-2014-001