CE - 110010306000202200289001AUTOQUERESUELDECLARACO20230803094133

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-06-000-2022-00289-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, Procuraduría General de la Nación (nivel central) y Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia (Quindío) Asunto: Autoridad competente para adelantar una investigación disciplinaria contra un auxiliar de justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 20211, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. La sociedad Dafuba S.A.S. fue designada como secuestre-depositaria de un bien raíz, por parte del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Armenia (Quindío) , en un proceso ejecutivo de alimentos. Sin embargo, la auxiliar de la justicia, al parecer, no se pronunció frente a la designación realizada, por lo cual, la autoridad judicial , mediante Auto del 19 de septiembre de 2022 2, dispuso comunicar esta situació n a la Comisión Seccional de

frente a la designación realizada, por lo cual, la autoridad judicial , mediante Auto del 19 de septiembre de 2022 2, dispuso comunicar esta situació n a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda 3, para que se investigara la posible falta en que habría incurrido esa compañía.

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Mediante el oficio núm.1760 del 20 de septiembre de 2022, el Juzgado le comunicó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda que, mediante el Auto del 19 de septiembre de 2022,se dispuso librar comunicación a dicha Corporación para que se investigara la falta en la que había incurrido dicha sociedad y de ser así, se impusieran las sanciones conducentes. Expediente digital, archivo núm. 28. Folios 13. 3 El juez cuarto civil municipal de Armenia, mediante comunicación dirigida al despacho el 21 de marzo de 2023, señaló que la sociedad Dafuba S.A.S. forma parte de la lista de auxiliares de la justicia, categoría 2, correspondiente al distrito judicial de Pereira , pues, en Armenia, se carece del «nivel y naturaleza» de estas listas de auxiliares. Por esta razón, según el numeral 5.° del artículo 48 del Código General del Proceso, el Juzgado tuvo que acudir a esa lista. Expediente digital, archivo núm. 38. Folios 1 a 2.Radicación 11001030600020220028900 Página 2 de 28

Proceso, el Juzgado tuvo que acudir a esa lista. Expediente digital, archivo núm. 38. Folios 1 a 2.Radicación 11001030600020220028900 Página 2 de 28

2. Mediante Auto del 11 de octubre de 20224, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda manifestó que no era la competente para investigar a esta sociedad, y señaló que dicha competencia era de la Procuraduría General de la Nación , por lo que remitió el asunto a la Procuraduría Regional de instrucción de Risaralda. Adicionalmente, propuso, desde ese momento, un conflicto negativo de competencias administrativas, en el evento de que la procuraduría también rechazara la competencia.

3. Por medio de correo electrónico del 18 de octubre de 2022, la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda remitió el asunto a la Procuraduría Provincial de Pereira

(Risaralda). Ese mismo día, también por correo electrónico, esta última autoridad, remitió el asunto a la Procuraduría Provincial de Armenia, Quindío5.

En la última comunicación, la Procuraduría Provincial de Pereira (Risaralda) señaló lo siguiente: «[…] por tratarse de un asunto del Juzgado cuarto civil municipal de armenia [sic], envío información para lo de su competencia».

4. Mediante Auto del 15 de noviembre de 2022, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia declaró su falta de competencia respecto del proceso disciplinario6, en el que se investiga a la sociedad Dafuba S.A.S., por considerar que este asunto debe ser conocido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda y, por

de Armenia declaró su falta de competencia respecto del proceso disciplinario6, en el que se investiga a la sociedad Dafuba S.A.S., por considerar que este asunto debe ser conocido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda y, por consiguiente, solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil resolver el conflicto negativo de competencias administrativas.

5. El 2 de mayo de 2023, la Comisión Nacional de Disciplin a Judicial7 solicitó a la Sala declarar su falta de competencia para dirimir el presunto conflicto negativo de competencias, y solicitó remitir el expediente a dicha Comisión.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3.°, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, el 6 de diciembre de 2022, se fijó el edicto núm. 243, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto8.

4 Expediente digital, archivo núm. 31. Folios 29 a 35. 5 Expediente digital, PDF 52, Documento E 2022 610717, folio 5. Las constancias de ambas remisiones vía correo electrónico se encuentran en este archivo. 6 Expediente digital, archivo núm. 40. Folios 1. En los documentos allegados a la Sala, se remite por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda una carátula en la que se identifica el número

6 Expediente digital, archivo núm. 40. Folios 1. En los documentos allegados a la Sala, se remite por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda una carátula en la que se identifica el número del proceso bajo el núm. 66001-25-02-000-2022-00401-00. Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia, también remitió una caratula en la que identifica la actuación bajo el núm. IUS E2022-610717/E-2022-622149. Expediente digital, archivo núm. 42. Folio 1. 7 Expediente digital, archivo núm. 57. Folios 1 a 4. 8 Expediente digital, archivo núm. 1. Folio 1.Radicación 11001030600020220028900 Página 3 de 28 Según el informe secretarial del 7 de diciembre de 20229, se informó sobre el conflicto a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira, a la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, a la Procuraduría General de la Nación (nivel central), a la Sociedad Dabufa S.A.S. y al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Armenia (Quindío).

Según el informe secretarial del 16 de diciembre de 202210, dentro del término de fijación del edicto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia presentó escrito de alegatos11. Las demás autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto del 2 de febrero de 2023, la consejera ponente solicitó, por conducto de

alegatos11. Las demás autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto del 2 de febrero de 2023, la consejera ponente solicitó, por conducto de la Secretaría, a la Procuraduría General de la Naci ón (Provincial de Instrucción de Armenia) y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda que allegaran a la Sala el expediente sobre las actuaciones adelantas hasta el momento, en el proceso disciplinario con radicación núm. IUS E-2022-610717/E-2022-622149, contra la sociedad

DAFUBA S.A.S.

La información se solicitó con el fin de identificar la etapa procesal y el motivo por el cual el proceso se había remitido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Armenia (Quindío) a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda12.

El 10 de febrero de 2023, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia, remitió la misma información inicialmente allegada a la Sala , la c ual resultaba insuficiente para dirimir el conflicto. Las demás autoridades guardaron silencio.

Por lo anterior, la consejera ponente requirió, mediante el Auto del 14 de marzo de 2023, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, para que allegara la siguiente información:

• Copia integral del expediente correspondiente al proceso disciplinario adelantado contra la sociedad DAFUBA S.A.S., en razón a la queja presentada por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Armenia, Quindío. - Copia de los documentos remitidos por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Armenia, Quindío, mediante los cuales éste solicitó adelantar el proceso disciplinario.

Municipal de Armenia, Quindío. - Copia de los documentos remitidos por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Armenia, Quindío, mediante los cuales éste solicitó adelantar el proceso disciplinario.

También, se requirió a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia, Quindío, para que, r emitiera copia integral del expediente en el que constara las actuaciones disciplinarias adelantadas por dicho ente de control contra la sociedad. Y al Juzgado Cuarto Civil de Armenia, Quindío, se solicitó:

9 Expediente digital, archivo núm. 17. Folio 1. 10 Expediente digital, archivo núm. 4. Folio 1. 11 Expediente digital, archivo núm. 11. Folios 1 a 8. 12 Ver hecho 1 de los antecedentes, pie de página 3.Radicación 11001030600020220028900 Página 4 de 28 - Copia de la queja presentada mediante el Auto del 19 de septiembre de 2022, contra la sociedad DAFUBA S.A.S. ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda. - Informar las razones por las que, solicitó adelantar la investigación contra la sociedad DAFUBA S.A.S. a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, y no a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Quindío.

Según el informe secretarial del 24 de marzo de 2023, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Armeni a allegó la información y las demás autoridades involucradas guardaron silencio.

Revisada la información, el despacho sustanciador consideró necesario vincular , mediante el Auto del 18 de abril de 2023, a la Procuraduría General de la Nación (nivel

silencio.

Revisada la información, el despacho sustanciador consideró necesario vincular , mediante el Auto del 18 de abril de 2023, a la Procuraduría General de la Nación (nivel central) y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que presentaran sus alegatos o consideraciones, si así lo estimaban.

Según el informe secretarial del 27 de abril de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda y el Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia allegaron información y, de acuerdo con el informe secretarial del 8 de mayo de 2023, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial presentó consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia13

En sus alegatos, señala que las normas del Código General del Proceso, así como, la s Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 202 2, deben ser interpretadas de manera armónica. Así los funcionarios y particulares dis ciplinables por la Procuraduría incluyen a los particulares que ejercen una función pública a nivel municipal y distrital. No obstante, las citadas normas no se hacen referencia a una competencia exclusiva o privativa respecto de los auxiliares de la justicia, quienes según la naturaleza de su cargo y para este caso, prestan una colaboración en el ejercicio de una función judicial.

Indica que, para definir la competencia respecto de los particulares que debe disciplinar la Procuraduría el criterio que jurisprudencialmente ha utilizado el Consejo de Estado es la naturaleza de la función pública transitoria que ejerzan los auxiliares de la justicia (función administrativa o jurisdiccional). Por lo anterior, para este caso, y según las

la Procuraduría el criterio que jurisprudencialmente ha utilizado el Consejo de Estado es la naturaleza de la función pública transitoria que ejerzan los auxiliares de la justicia (función administrativa o jurisdiccional). Por lo anterior, para este caso, y según las normas citadas conside ran que no son los competentes para adelantar el trámite disciplinario correspondiente, en la medida en que, la presunta conducta del auxiliar de la justicia se realizó en el marco de un proceso judicial, por lo que la competencia para analizar el caso, le corresponde a la Comisión de Disciplina Judicial.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda14

13 Expediente digital 10. Folio 27 a 34. 14 Expediente digital 3, archivo núm. 3. Folios 1.Radicación 11001030600020220028900 Página 5 de 28 Aunque dicho organismo judicial no presentó alegatos, en el curso de este conflicto, sus argumentos aparecen expuestos en el Auto núm. 2022 -401 del 11 de octubre de 2022, con el cual se declaró su falta de competencia y ordenó remitir el asunto a la Procuraduría General de la Nación (Provincial Regional de Risaralda).

En dicha providencia, manifest ó que carece de competencia para investigar disciplinariamente a los auxiliares de la justicia, según se desprende de los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado este último, por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, pues dicha disposición asigna la competencia para disciplinar a estos sujetos a la Procuraduría General de la Nación.

3. Comisión Nacional de Disciplina Judicial15

Indica la presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, luego de la

2021, pues dicha disposición asigna la competencia para disciplinar a estos sujetos a la Procuraduría General de la Nación.

3. Comisión Nacional de Disciplina Judicial15

Indica la presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, luego de la expedición de la Sentencia C-030 de 2023 y del Auto 1411 del 21 de septiembre de 2022 de la Corte Constitucional, se precisó que, cuando una autoridad lleva a cabo actuaciones disciplinarias de «naturaleza administrativa», ese «tipo de diferendos no constituyen un conflicto entre jurisdicciones en sentido estricto y por ello la Corte Constitucional carece de la competencia para pronunciarse sobre aquellas controversias».

Ante este nuevo panorama, sostiene que, en el caso sometido a consideración de la Sala, están enfrentadas entidades de naturaleza mixta, a saber, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda (Jurisdiccional) y la Procuraduría Provincial de Armenia (administrativa).

Por lo tanto, con los pronunciamientos de la Corte Constitucional enunciados, considera que se reafirmó la facultad de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para resolver los conflictos de competencia entre las entidades señaladas, por ser el superior funcional de una de las autoridades enfrentadas.

De hecho, sostiene que esa comisión recientemente ha puntualizado, que «ante un conflicto de competencias entre una autoridad administrativa y una judicial, quien debe dirimir la controversia es el superior jerárquico de la segunda» 16. Lo anterior, con fundamento no solo en la mencionada sentencia de la Corte, sino también en el inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso, aplicable al caso de estudio por remisión

dirimir la controversia es el superior jerárquico de la segunda» 16. Lo anterior, con fundamento no solo en la mencionada sentencia de la Corte, sino también en el inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso, aplicable al caso de estudio por remisión expresa del artículo 22 de la Ley 1952 de 2019, según el cual «[c]uando el conflicto de competencias se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre unas de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada».

Así las cosas, como los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, le permiten a la Sala de Consulta y Servicio Civil resolver conflictos de com petencia eminentemente administrativos, situación que para esa colegiatura queda descartada con la presencia

15 Expediente digital 57. Folios 1 a 4. 16 Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Auto del 1º de marzo de 2023.Radicación 11001030600020220028900 Página 6 de 28 de la comisión seccional en el debate, considera la entidad que la Sala de Consulta y Servicio Civil debe declarar su falta de competencia para di rimir el aparente conflicto de la referencia, y remitir a la Comisión Nacional el conflicto de competencias en mención.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

1.1. Razones por las cuáles la Sala de Consulta y Servicio Civil es la autoridad habilitada para resolver un conflicto de competencia entre una autoridad que ejerce función administrativa y otra que ejerce función jurisdiccional

1.1. Razones por las cuáles la Sala de Consulta y Servicio Civil es la autoridad habilitada para resolver un conflicto de competencia entre una autoridad que ejerce función administrativa y otra que ejerce función jurisdiccional

En el caso de los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple funciones administrativas y otra que cumple funciones jurisdiccionales, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha puesto de presente varias consideraciones importantes 17, que vale la pena reseñar.

De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones, ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial; puesto que, en tal caso, sería la Corte Constitucional la autorid ad competente para dirimir el asunto, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política18, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

De otra parte, dado que una de las entidades cumple una f unción disciplinaria de naturaleza administrativa, la Sala de Consulta ha considerado que es un imperativo constitucional y legal resolver los conflictos de competencias planteados en tales circunstancias, en atención al expreso mandato de los artículos 29 , 236 y 237, numeral 6, de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA 19, en ejercicio de la función legal que a ella le corresponde. En particular, porque el efecto de la indefinición respecto de la autoridad competente o la duda sobre la misma puede afectar el derecho al debido proceso de los involucrados20.

de la función legal que a ella le corresponde. En particular, porque el efecto de la indefinición respecto de la autoridad competente o la duda sobre la misma puede afectar el derecho al debido proceso de los involucrados20.

17 Decisión del 16 de mayo de 2018 radicación 017 -00200; Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 18 Artículo 241. A la Corte Con stitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Resalta la Sala] 19 Ver, pronunciamiento del 9 de marzo de 2022. Conflicto entre la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario del Municipio de Soacha y la Procuraduría Provincial de Fusagasugá. 20 Ver otros pronunciamientos similares adoptados por la Sala: Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006-00059); Decisión del 18 de septiembre de 2014 (Radicación 2014-00168) y Decisión del 6 de julio de 2022 (radicación 2022-000033).Radicación 11001030600020220028900 Página 7 de 28

En efecto, este cuerpo colegiado ha considerado 21, en armonía con el debido proceso, que mantiene la competencia para dirimir la controversia, debido a que, primero, por disposición del artículo 3.º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades [deben buscar] que

que mantiene la competencia para dirimir la controversia, debido a que, primero, por disposición del artículo 3.º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades [deben buscar] que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]»; y, en segundo lugar, porque para identificar la autoridad competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo. A este respecto, la Sala ha señalado que en tales circunstancias:

[…] no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cual le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer22.

En el mismo sentido, ha sostenido que:

No es posible establecer, de forma anticipada (a priori) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es necesario que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]23.

Ahora bien, el elemento definitorio de la función y de la competencia atribuida legalmente a la Sala, parte de que se trate de un conflicto de competencias administrativas, y, lo cierto es que, esas disposiciones no han definido qué se entiende por ellas. Por ende, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha señalado doctrinariamente, las condiciones o elementos esenciales que tipifican esta clase de disputas, y las razones que la facultan para resolverlas.

Sala de Consulta y Servicio Civil ha señalado doctrinariamente, las condiciones o elementos esenciales que tipifican esta clase de disputas, y las razones que la facultan para resolverlas.

Así, de los dos criterios posibles que podría n utilizarse para caracterizar un conflicto de competencias, a saber: el orgánico -referido a la naturaleza de las entidades o autoridades involucradaso el funcional -que atañe a la naturaleza de la función ejercida por las entidades en conflicto-, la Sala ha privilegiado el último, es decir, el funcional. En particular, teniendo en cuenta que, conforme al diseño constitucional del Estado colombiano y su desarrollo legal (Ley 489 de 1998, entre otras), no solamente las entidades y organismos que forman pa rte de la Rama Ejecutiva ejercen la función administrativa, sino que también aquellas que integran las Ramas Legislativa y Judicial, los organismos de control y los órganos autónomos del Estado, pueden ejercer dicha función.

Por esta razón, la Sala ha conocido y resuelto conflictos de competencia administrativa entre el Congreso de la República (Rama Legislativa) y la Procuraduría General de la

21 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017 -00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 22 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 201700200).

junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 22 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 201700200). 23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 20 de mayo de 2021.Radicación 11001030600020220028900 Página 8 de 28 Nación (órgano de control); entre un funcionario u organismo de la Rama Judicial y una entidad de la Rama Ejecutiva, o con la misma Procuraduría. Incluso entre dos autoridades judiciales, cuando ambas o alguna de ellas se encuentra cumpliendo la función administrativa. También entre una autoridad administrativa y un particular investido de funciones públicas, entre otros casos.

En la hipótesis específica de los conflictos de competencia surgidos entre dos autoridades (cualquiera que sea su naturaleza), en los que la respectiva función pública es judicial, para una de ellas, y administrativa, para la otra, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha considerado 24 que esta colegiatura es la competente para resolverlos, bajo el entendido de que puede tratarse, igualmente, de conflictos en los cuales la autoridad competente sea aquella que ejerce función administrativa, conclu sión a la que sólo se puede llegar, se insiste, una vez agotado el estudio de fondo que permita constatar esa situación.

Esta opinión es compartida por la Corte Constitucional, que en el Auto 1691 del 9 de noviembre de 2022, en un conflicto suscitado ent re la Procuraduría Regional del Valle del Cauca y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, resolvió la inquietud original sobre quien debe definir la autoridad competente para dirimir los

del Cauca y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, resolvió la inquietud original sobre quien debe definir la autoridad competente para dirimir los conflictos entre una autoridad administrati va y una judicial , en favor de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al sostener lo siguiente:

1.4. En consecuencia, resulta claro que escapa de las facultades de la Corte la resolución de una controversia en la que no están inmiscu idas dos autoridades en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Sin embargo, “ en aras de garantizar el efectivo acceso al poder público y salvaguardar el principio de celeridad, resulta importante remitir el presente asunto a la autoridad competente para resolver el presente conflictos de competencia”15

1.5. Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa q ue no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 3917 y 112.1018 de la Ley 1437 de 2011, según los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente

un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llam ada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo

24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisiones del 18 de septiembre de 2014, rad. 11001-03-06-000-2014-00168-00; 16 de mayo del 2018, rad. 11001-03-06-000-2017-00200-00; 18 de junio de 2019, rad. 11001-03-06-000-2019-00063-00; 20 de mayo del 2021, rad. 11001-03-06-000-2021-0002400.Radicación 11001030600020220028900 Página 9 de 28 menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas”25. [Subrayas de la Sala]

Ahora bien, expuestas las razones por las cuales la Sala de Consulta está habilitada para dirimir los conflictos de competencia en los cuales una autoridad ejerce en principio la función judicial y, la otra, administrativa, a continuación, se expresan aquellas por las cuales la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no tiene esta competencia.

1.2. Razones por las cuales la Comisión Nacional de Disciplina judicial no es competente para dirimir el conflicto

Para comenzar, es importante mencionar que las reglas del inciso 5º del artículo 139 del

1.2. Razones por las cuales la Comisión Nacional de Disciplina judicial no es competente para dirimir el conflicto

Para comenzar, es importante mencionar que las reglas del inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso, a las que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial alude, no le son en principio aplicables a la situación objeto de análisis (conflicto s entre una Comisión Seccional y la Procuraduría General de la Nación), por las razones que a continuación, se explican:

(i) Una de las autoridades en conflicto, en este caso, es la Procuraduría General de la Nación, quien actualmente, no opera como una autoridad administrativa que ejerce funciones jurisdiccionales, en virtud de la sentencia C-030 de 2023, sino que se trata de una entidad que profiere decisiones eminentemente administrativas26.

En este sentido, el artículo 139 del Código General del Proceso regula el trámite y la competencia para resolver, los conflictos negativos de competencia judicial que puedan presentarse, en relación con procesos de la misma naturaleza, entre un juez y una autoridad administrativa que cumpla funcione s judiciales , o incluso entre dos autoridades administrativas que desempeñen tales funciones. Al respecto, la norma correspondiente reza lo siguiente:

Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez i