CE - 110010306000202200296001AUTOQUERESUELDECLARACO20230831095634

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Número único: 11001-03-06-000-2022-00296-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Defensoría de Familia del Centro Zonal Bosa (Bogotá)- y Comisaría de Familia del Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (Bogotá) Asunto: Competencia para continuar los procesos administrativos de restablecimiento de derechos adelantados en favor de los adolescentes

M.A.R.C. y J.A.R.C.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20212, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 16 de marzo de 2022 3, la señora V.A.C.V.4 elevó una solicitud de protección y restablecimiento de derechos en favor de sus hijos M.A.R.C. y J.A.R.C., quienes tenían, para entonces, 16 y 13 años, respectivamente 5 y se encontraban al cuidado de la abuela materna desde el 14 de mayo de 2018 6. Según indicó la peticionaria, tanto por la conducta de ella como por la de la abuela materna , los adolescentes tenían

abuela materna desde el 14 de mayo de 2018 6. Según indicó la peticionaria, tanto por la conducta de ella como por la de la abuela materna , los adolescentes tenían dificultades graves en su proceso de crianza 7, puesto que se enc ontraban desescolarizados y con problemas de salud.

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo . 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras dispos iciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 SAMAI, expediente digital, archivo 8, documento 2, «R.C.M.A. – cuadernillo No. 1», folios 1 y 2, y archivo 8, documento «R.C.M.A. – cuadernillo No. 2», documento 2, folios 3 a 16. 4 La Sala se limitará a utilizar , en esta decisión, las iniciales de los menores de edad involucrados y de sus familiares, para proteger su derecho a la intimidad y sus demás derechos fundamentales. 5 SAMAI, expediente digital, archivo 8, documento «R.C.M.A. – cuadernillo No. 1», documento 2, folio 2, y archivo 8, documento «R.C.M.A. – cuadernillo No. 2», documento 2, folios 2 y 3. 6 SAMAI, expediente digital, archivo 20, documento 114, folios 178 a 182. 7 SAMAI, expediente digital, archivo 8, documento «R.C.M.A. – cuadernillo No. 1», documento 2, folio 1. De los hechos expuestos por la madre, relata la rebeldía de sus dos hijos y la iniciación de vida sexual

7 SAMAI, expediente digital, archivo 8, documento «R.C.M.A. – cuadernillo No. 1», documento 2, folio 1. De los hechos expuestos por la madre, relata la rebeldía de sus dos hijos y la iniciación de vida sexual de M.A.R.C. a los 11 años de manera consensuada con alguien de 12 años de edad.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00296-00 Página 2 de 34

2. El 1 2 de abril de 2022 8, la Defensoría de Familia del I nstituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal Bosa (Bogotá), dictó los autos de apertura de los procesos de restablecimiento de derechos (en adelante, PARD) a favor de M.A.R.C. y J.A.R.C. , radicados con los números SIM 1763023177 y 1763023201, respectivamente. De las varias órdenes impartidas en dicho auto, resultan relevantes las siguientes: i) amonestación a la progenitora, en aplicación del artículo 55 de la Ley 1098 de 20069, y ii) ubicación en medio familiar de los menores de edad, a cargo de su abuela materna, señora R.E.V.C.

3. El 9 de septiembre de 2022, mediante las Resoluciones 023910 y 024011, emitidas en las respectivas audiencias de práctica de pruebas y fallo, la Defensoría resolvió lo siguiente, en relación con cada uno de los adolescentes (M.A.R.C. y J.A.R.C.) : i) declarar vulnerados sus derechos; ii) confirmar la medida de restablecimiento de derechos, correspondiente a su ubicación en medio familiar , a cargo de la abuela R.E.V.C.; iii) realizar seguimiento al PARD, para luego definir la situación jurídica, y iv)

declarar vulnerados sus derechos; ii) confirmar la medida de restablecimiento de derechos, correspondiente a su ubicación en medio familiar , a cargo de la abuela R.E.V.C.; iii) realizar seguimiento al PARD, para luego definir la situación jurídica, y iv) continuar con el servicio de apoyo sicológico a los dos adolescentes.

4. Estando e n curso la etapa de seguimiento, e l 2 de novi embre de 2022 12, la Defensoría de Familia ordenó «trasladar la historia socio familiar » de M.A.R.C. y de J.A.R.C. a la Comisaría de Familia de B osa (Bogotá), por cuanto, en el informe de seguimiento sicológico realizado a M.A.R.C., se advirtieron presuntos hechos de violencia intrafamiliar en su contra, ocurridos los días 513 y 20 de octubre de 202214, por parte de su madre, V.A.C.V. En esa medida, la autoridad consideró que la comisaría de familia que correspondiera (por el factor territorial) debía ejercer la competencia y las funciones asignadas a ellas, por las Leyes 1098 de 2006 y 2126 de 2021.

8 SAMAI, expediente digital, archivo 8, documento «R.C.M.A. – cuadernillo No. 1», documento 14, folios 50 a 53 y archivo 8, documento «R.C.M.A. – cuadernillo No. 2», documento 18, folios 51 a 54. 9 Artículo 55. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la diligencia de amonestación, acarreará a los infractores la sanción de multa equivalente al valor de uno (1) a cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes, convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada salario diario

acarreará a los infractores la sanción de multa equivalente al valor de uno (1) a cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes, convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada salario diario mínimo legal vigente de multa. Esta sanción será impuesta por el Defensor de Familia. 10 SAMAI, expediente digital, archivo 8, documento 37 «R.C.M.A. – cuadernillo No. 1», folios 87 a 95. 11 SAMAI, expediente digital, archivo 8, documento 27 «R.C.M.A. – cuadernillo No. 2», folios 92 a 102. 12 SAMAI, expediente digital, archivo 8, documento 49 «R.C.M.A. – cuadernillo No. 1», folios 119 a 12 y archivo 8, documento 49 «R.C.M.A. – cuadernillo No. 2», folios 126 a 129. 13 Según la declaración rendida por M.A.R.C. al sicólogo, el 5 de octubre tenía programada una cita médica a la cual lo acompañaría su madre. No obstante, ella mantuvo un comportamiento agresivo, lo que generó un escalamiento en las agresiones verbales, con expresiones soeces y desobligantes. SAMAI, expediente digital, archivo 8, documento 37 «R.C.M.A. – cuadernillo No. 1», folios 1 a 9. 14 De acuerdo con el informe rendido por sicología, el día 20 de octubre, el adolescente M.A.R.C., a quien le tenían restringido el acceso o uso de un teléfono celular, quiso utilizar e l celular de un familiar y, ante la negativa de esta, el joven respondió de manera agresiva, procediendo a arrojar el aparato contra el

le tenían restringido el acceso o uso de un teléfono celular, quiso utilizar e l celular de un familiar y, ante la negativa de esta, el joven respondió de manera agresiva, procediendo a arrojar el aparato contra el piso. SAMAI, expediente digital, archivo 8, documento «R.C.M.A. – cuadernillo No. 1», documento 37, folios 1 a 9.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00296-00 Página 3 de 34

5. Inicialmente, el reparto correspondió a la Comisaria Séptima de Familia de la Localidad Bosa 1 ( Bogotá), pero esta re mitió los procesos , el 22 de noviembre de 202215, a la Comisaría de Familia del Centro de Atención Penal Integral a V íctimas

(CAPIV) en Bogotá , en razón a que, en el año 2017, esta misma comisaría había impuesto una medida de protección, por violencia intrafamiliar, en favor de M.A.R.C. y J.A.R.C., y en contra de su madre (V.A.C.V.). Por lo tanto , le correspondía , en su criterio, a esa comisaría dar inicio al «INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE DESACATO», por los nuevos hechos de violencia en el contexto familiar denunciados.

6. Así, el 27 de noviembre de 2022 16, la Comisaría de Familia del CAPIV de Bogotá avocó el trámite correspondiente, únicamente en relación con e l incumplimiento de la medida de protección 17, y solo en favor de M .A.R.C.18, por los nuevos hechos de violencia ejercidos en su contra, por parte de su madre.

En consecuencia, la Comisaría no asumió la competencia respecto de la continuación,

medida de protección 17, y solo en favor de M .A.R.C.18, por los nuevos hechos de violencia ejercidos en su contra, por parte de su madre.

En consecuencia, la Comisaría no asumió la competencia respecto de la continuación, en la fase de seguimiento, de los PARD abiertos de manera independiente para M.A.R.C. y J.A.R.C., frente a lo cual se declaró incompetente.

Por tal razón, el 9 de diciembre de 202219, la Comisaría de Familia del CAPIV (Bogotá) planteó a la Sala de Consulta y Servicio Civil el presente conflicto de competencias, al señalar que la Defensoría de Familia del Centro Zonal Bosa, «[…] en el oficio remisorio solicita a la comisaria dar continuidad al restablecimiento de derechos y se adopten las medidas de protección necesarias para garantizar los derechos de los niños mencionados»20 [énfasis añadido], lo cual, en su criterio, corresponde a esa defensoría.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2.º de la Ley 2080 de 2021, el 12 de diciembre de 2022 y el 13 de marzo

15 SAMAI, expediente digital, archivo 9, documento 3, folio 3, y archivo 31, documento 1, folios 1 y 2. 16 SAMAI, expediente digital, archivo 19, documento 6, folios 13 y 14. 17 En relación con la medida de protección, el 28 de diciembre de 2022, la autoridad a dministrativa resolvió: i) determinar que la señora V.A.C.V. había incumplido la medida de protección dictada el 28 de

17 En relación con la medida de protección, el 28 de diciembre de 2022, la autoridad a dministrativa resolvió: i) determinar que la señora V.A.C.V. había incumplido la medida de protección dictada el 28 de diciembre de 2017; ii) imponerle una multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, que debía hacerse efectiva dentro de los cinco días siguientes a que se hubiere surtido el grado jurisdiccional de consulta, ante el juez de familia, y se hubiese confirmado la medida impuesta; iii) remitir las actuaciones al Juzgado Treinta y Dos de Familia, para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta; iv) informar que la falta de pago de la multa impuesta y confirmada acarrearía arresto en institución cerrada, por seis días, y v) remitir copia de lo resuelto al ICBF, para lo de su competencia. SAMAI, expediente digital, archivo 19, documento 22, folios 53 a 60. 18 Dispuso que no avocaría conocimiento del proceso en relación con J.A.R.C., por no advertir hechos de violencia. 19 SAMAI, expediente digital, archivo 5, documento único, folios 1 a 12. 20 SAMAI, expediente digital, archivo 5, documento único, folio 5.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00296-00 Página 4 de 34

de 2023, la Secretaría de la Sala fijó los edictos núm. 24821 y 08322, por el término de cinco días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

1. Consta que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Defensoría de Familia

cinco días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

1. Consta que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Defensoría de Familia del ICBF, Centro Zonal Bosa (Bogotá); a la Comisaría de Familia del Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV); a la Comisaría Séptima de Familia de Bosa (Bogotá); a la coordinadora del Centro Zonal Bosa, y a las señoras V.A.C.V. (madre de M.A.R.C. y J.A.R.C. ), R.E.V.C. (ab uela materna) y K.D.V. (tía materna). Según informe secretarial, no fue posible comunicar esta decisión al señor O.A.R. (padre de M.A.R.C.), por cuanto no se dispone de ningún dato para su contacto.

Dentro del término de fijación del edicto, las autoridades y los particulares involucrados guardaron silencio.

2. Mediante auto del 21 de febrero de 202323, el despacho sustanciador pudo advertir, luego de revisado el material probatorio allegado, que, junto con el escrito de formulación del conflicto, la Comisaría de Familia del Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV), remitió dos procesos administrativos de restablecimiento de derechos, uno en favor de M.A.R.C.24, y el otro a favor de J.A.R.C.25

Uno de los requisitos o condiciones que la Sala de Consulta y Servicio Civil ha establecido, con base en lo establecido en la Ley 1437 de 2011, para considerar que existe un verdadero conflicto de competencias administrativas, que pueda ser conocido y resuelto por este cuerpo colegiado, consiste en que la diferencia competencial entre

establecido, con base en lo establecido en la Ley 1437 de 2011, para considerar que existe un verdadero conflicto de competencias administrativas, que pueda ser conocido y resuelto por este cuerpo colegiado, consiste en que la diferencia competencial entre las autoridades se genere en relación con una determinada actuación, procedimiento o asunto administrativo de carácter concreto o, al menos, en relación con el ejercicio de la función administrativa, en un caso particular y concreto.

Lo anterior implica, entre otras consecuencias , que cada conflicto de competencias administrativas que se plantee a la Sala debe re ferirse a una sola actuación, procedimiento o asunto administrativo, por lo que no resulta viable, en principio, que un solo conflicto de esta clase involucre varias actuaciones o asuntos separados, aunque estos resulten similares, se tramiten por las mismas autoridades y se refieran a una sola temática.

21 SAMAI, expediente digital, archivo 1, documento único, folio único. 22 SAMAI, expediente digital, archivo 8, documento único, folio único. 23 SAMAI, expediente digital, archivo 15, documento único, folios 1 a 4. 24 SAMAI, expediente digital, archivo 11001-01-03-06-000-2022-00296-00, carpeta zip, anexo cuadernillo núm. 1, folios 1 a 122. 25 SAMAI, expediente digital, archivo 11001-01-03-06-000-2022-00296-00, carpeta zip, anexo cuadernillo núm. 2, folios 1 a 129.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00296-00 Página 5 de 34

3. Por las razones anteriores, la consejera ponente ordenó a la Secretaría de la Sala

núm. 2, folios 1 a 129.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00296-00 Página 5 de 34

3. Por las razones anteriores, la consejera ponente ordenó a la Secretaría de la Sala individualizar los conflictos de competencia mencionados, para que exist iera un conflicto por cada uno de los PARD identificados con los números 1763023177, en el caso de M.A.R.C., y 1763023201, en el caso de J.A.R.C.

4. Una vez efectuada dicha individualización, y conformados los respectivos expedientes, este despacho siguió conociendo del conflicto de competencias radicado con el número 11001 -03-06-000-2022-00296-00, que se referirá al PARD del adolescente M.A.R.C. (SIM 1763023177), en el estado en que se encontraba.

5. Respecto del conflicto de competencias correspondiente al PARD del adolescente J.A.R.C. (SIM 1763023201), se procedió a asignarle el número de radicación 1100103-06-000-2023-00088-00, y , luego de sortearlo, correspondió , por reparto , a la

consejera de Estado Ana María Charry Gaitán.

6. Como parte de las actuaciones ordenadas en el Auto del 21 de febrero de 2023, el despacho sustanciador solicitó oficiar, por conducto de la Secretaría de la Sala, a: i) la Comisaría de Familia de Bosa (Bogotá), para que, en relación con el PARD identificado con el núm. 1763023177, a favor del adolescente M.A.R.C., especificara las razones por las cuales había remitido el proceso a la Comisaría de Familia del Centro de

con el núm. 1763023177, a favor del adolescente M.A.R.C., especificara las razones por las cuales había remitido el proceso a la Comisaría de Familia del Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV), y ii) a la Comisaría de Familia del CAPIV, para solicitarle la remisión de copia de la medida de protección por violencia intrafamiliar núm. 1721-17.

Dentro del término concedido en dicho auto, la Comisaría de Familia del Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV) y la Comisaria Séptima de Bosa 1 allegaron la información solicitada.

7. Mediante auto del 12 de mayo de 2023 26, el despacho sustanciador solicitó oficiar, por conducto de la Secretaría de la Sala, al señor O.A.R.M., padre biológico de los adolescentes M.A.R.C. y J.A.R.C., dado que, en el proceso de revisión del expediente, fue posible identificar una dirección para comunicarle la presente actuación.

Dentro del término concedido en dicho auto, el señor O.A.R.M. guardó silencio.

8. El despacho de la consejera ponente, en cada uno de los dos conflictos de competencias referidos, cumplió con todas y cada una de las actuaciones procesales, con el pleno acatamiento de las reglas de procedimiento establecidas en los artículos 39 y 112, numeral 10.°, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021, y con total respeto y garantía del debido proceso y del derecho a la defensa que le asiste a las partes y a los terceros con interés legítimo en estas actuaciones.

respectivamente, de la Ley 2080 de 2021, y con total respeto y garantía del debido proceso y del derecho a la defensa que le asiste a las partes y a los terceros con interés legítimo en estas actuaciones.

26 SAMAI, expediente digital, archivo 36, documento único, folios 1 a 3.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00296-00 Página 6 de 34

9. En la sesión ordinaria núm. 25 del 19 de julio de 2023, la Sala de Consulta y Servicio Civil advirtió que, en la medida en que los conflictos 11001 -03-06-000-2022-00296-00 y 11001 -03-06-000-2023-00088-00 se presentan entre las mismas autoridades administrativas y corresponden a dos hermanos, provenientes de l mismo núcleo familiar y quienes se encuentran sometidos a un mismo contexto familiar, así como a supuestos fácticos similares, resultaba importante priorizar la conservación de la unidad familiar y el interés superior de los adolescentes, así como asegurar la armonía y homogeneidad en las decisiones que adopten las autoridades competentes, en relación con dichos menores de edad.

10. Por tales razones, la Sala, mediante auto del pasado 19 de julio de 2023, consideró necesario unificar de nuevo los dos expedientes, acumulándolos en uno solo, para resolver el conflicto negativo de competencias correspondiente, con una sola decisión.

11. Vistas las anteriores consideraciones, la Sala, además de ordenar, por medio de la Secretaria de la Sala, la acumulación del expediente 11001-03-06-000-2022-00088-00

11. Vistas las anteriores consideraciones, la Sala, además de ordenar, por medio de la Secretaria de la Sala, la acumulación del expediente 11001-03-06-000-2022-00088-00 al expediente 11001 -03-06-000-2022-00296-00, y trasladar toda la información, los documentos y la actuación del expediente 2023-00088-00 al 2022-00296-00, ordenó el archivo del expediente radicado con el n.° 11001-03-06-000-2023-00088-00.

12. La Sala también dispuso comunicar el citado auto , enviando copia de este, a la Defensoría de Familia del Centro Zonal Bosa (Bogotá); a la Comisaría de Familia del Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV) de Bogotá; a la Comisaría Séptima de Familia de Bosa 1 (Bogotá); a las señoras V.A.C.V. (madre de los menores de edad), R.E.V.C. (abuela materna) y K.D.V. (tía materna), y al señor O.A.R.M. (padre de los adolescentes).

Por último, ordenó incorporar dicho auto en los expedientes 11001030600020220029600 y 11001-03-06-000-2023-00088-00 (acumulados).

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Defensoría de Familia del ICBF, Centro Zonal Bosa (Bogotá)

Aunque esta defensoría de familia no presentó alegatos, su posición se extrae de las actuaciones y documentos que obran en el expediente digital.

Según estos, la autoridad administrativa advirtió la ocurrencia de presuntos hechos de

Aunque esta defensoría de familia no presentó alegatos, su posición se extrae de las actuaciones y documentos que obran en el expediente digital.

Según estos, la autoridad administrativa advirtió la ocurrencia de presuntos hechos de violencia ocurridos los días 5 y 22 de octubre de 2022, por una presunta agresión verbal de la señora V.A.C.V. en contra de su hijo M.A.R.C., razón por la cual, el 2 de noviembre de 2022, ordenó «trasladar la historia socio familiar» correspondiente a M.A.R.C . y a J.A.R.C., a la Comisaría de Familia de Bosa , para que asumiera las acciones necesarias en favor de su bienestar.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00296-00 Página 7 de 34

En su concepto, esta es la autoridad competente para conocer de un proceso de restablecimiento de derechos en el que se advierta una situaci ón de violencia, en el contexto de la familia , según lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006 , en la Ley 294 de 1996, artículo 5, así como en el Decreto 4840 de 2007, artículo 727.

2. Comisaría de Familia del Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV)

En escrito del 9 de diciembre de 2022, la Comisaría de Familia del CAPIV señaló que no comparte la posición asumida por la Defensoría de Familia del Centro Zonal Bosa (Bogotá), en el sentido de haber remitido la integridad de las actuaciones adelantadas en los dos PARD.

En la medida en que esa defensoría de familia había iniciado los PARD y llevado a cabo la audiencia de fallo , el seguimiento del mismo estaba a cargo del coordinador del

en los dos PARD.

En la medida en que esa defensoría de familia había iniciado los PARD y llevado a cabo la audiencia de fallo , el seguimiento del mismo estaba a cargo del coordinador del respectivo centro zonal, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código de Infancia y Adolescencia y el principio de perpetuatio jurisdictionis.

3. Comisaría Séptima de Familia de la Localidad de Bosa 1 (Bogotá)

En escrito del 28 de febrero de 2023, la Comisaría Séptima de Familia de la Localidad de Bosa 1, en respuesta al requerimiento hecho por la magistrada ponente, en auto del 21 de febrero de 2023, manifestó que dio traslado de las diligencias del PARD a la Comisaria de Familia del Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAVIP), porque, tras revisar el archivo y el sistema de registro de beneficiarios de las comisarias de familia (SIRBE), evidenci ó que esta última c omisaría había tramitado la medida de protección radicada con el numero 1721 -2017 - RUG: 3069-2017. Así, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 575 de 2000, correspondía a dicha autoridad iniciar al incidente de desacato por incumplimiento, ante los nuevos hechos de violencia denunciados en el contexto familiar.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala

1.1. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas. Reiteración28

denunciados en el contexto familiar.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala

1.1. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas. Reiteración28

27 Por el cual se reglamentan los artículos 52, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 96, 98, 99, 100, 105, 111 y 205 de la Ley 1098 de 2006. 28 Consejo de Estado , Sala de Consulta y Servicio Civil , rad. núm. 201611001-03-06-000-2022-0027600 del 7 de febrero de 2023.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00296-00 Página 8 de 34

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales»29 están previstas en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá i nmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto

actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…]

En el mismo sentido, el artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que se trate de una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta;

1. Que, de forma simultánea o sucesiva, las autoridades concernidas nieguen o reclamen la competencia para conocer de la actuación o el asunto;

29 Artículo 34 . Procedimiento administrativo común y principal . Las actuaciones administrativas se

1. Que, de forma simultánea o sucesiva, las autoridades concernidas nieguen o reclamen la competencia para conocer de la actuación o el asunto;

29 Artículo 34 . Procedimiento administrativo común y principal . Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00296-00 Página 9 de 34

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional; o que, si se trata de autoridades territoriales, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Por lo anterior, como regla general, los conflictos de competencias suscitados entre las autoridades que adelantan las actuaciones administrativas reguladas en el Libro Primero del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) son de conocimiento de la Sala. Solo se exceptúan de esta competencia los conflictos regulados por la norma especial incorporada en el parágrafo 3.° del artículo 3.° de la Ley 1878 de 2018, que reguló el procedimiento de que tratan los artículos 99 y 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia, a la cual se hace referencia más adelante.

1.2. La posición de la Sala con relación al artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso). Reiteración30

Dispone la norma en cita:

1.2. La posición de la Sala con relación al artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso). Reiteración30

Dispone la norma en cita:

Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos:

[…]

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía.

[…]

Frente a la anterior norma, la Sala ha concluido que el Código General del Proceso no modificó ni derogó en forma expresa o tácita ninguna de las disposiciones señaladas en el Cpaca respecto de los conflictos de competencias administrativas, ya que si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades antes mencionadas, esta competencia no resulta opuesta o incompatible con lo dispuesto, para la Sala de Consulta y Servicio Civil y los tribunales administrativos, en los artículos 39, 112, numeral 10, y 151, numeral 3, del Cpaca.

De esta manera, los jueces de familia y la Sala tienen una competencia a prevención para resolver los conflictos de competencias administrativas que se susciten en materia de familia.

Lo anterior, limitado por el alcance del parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 1878 de 2018, como procederá a exponerse.

30 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 201611001-03-06-000-2022-00276como procederá a exponerse.

30 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 201611001-03-06-000-2022-0027600 del 7 de febrero de 2023.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00296-00 Página 10 de 34

1.3. El alcance del parágrafo 3 del a