CE - 110010306000202300032001AUTOQUERESUELDEFINECON20230915192804

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Título
CE - 110010306000202300032001AUTOQUERESUELDEFINECON20230915192804
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Óscar Darío Amaya Navas

Bogotá D.C., 28 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00032-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta y Procuraduría Regional de Instrucción del Meta Asunto: Autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de un auxiliar de la justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. De conformidad con lo indicado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta2, el 15 de julio de 2021, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto López (Meta), compulsó copias ante esa comisión para que iniciara la investigación disciplinaria, a que hubiera lugar, en contra de la señora Genny Rubiela Lizarazo, en calidad de auxiliar de la justicia, por, presuntamente, no haber rendido cuentas de su gestión dentro del proceso ejecutivo núm. 505733189002201700185.

2. El 2 de noviembre de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta

gestión dentro del proceso ejecutivo núm. 505733189002201700185.

2. El 2 de noviembre de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta abrió indagación preliminar en contra de la señora Genny Rubiela Lizarazo, en calidad de auxiliar de la justicia.

3. Mediante Auto del 27 de octubre de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta declaró la nulidad de la actuación disciplinaria a partir del 2 de noviembre

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 Así lo afirma en Auto del 27 de octubre de 2022, expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00032-00 Página 2 de 23

de 2021 y ordenó remitir las diligencias a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, con fundamento en los artículo s 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021.

4. Mediante Auto del 13 de enero de 2023, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta determinó promover ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el presunto conflicto de competencias administrativas entre esa autoridad y la

Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (mod ificado

Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (mod ificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) , el 10 de febrero de 2023 se fijó un edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

Consta, en el expediente, que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la se ñora Genny Rubiela Lizarazo.

Según informe secretarial del 17 de febrero de 2023, durante el término de fijación del edicto, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto del 30 de marzo de 2023 3, se vinculó a la Procuraduría General de la Nación al presente trámite.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta no presentó alegatos, no obstante los argumentos pueden ser extraídos del Auto del 27 de octubre de 2023, mediante el cual dicha autoridad remitió por competencia el asunto a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta.

Como fundamento de su posición, señaló que, de acuerdo con la sentencia del 1 9 de

cual dicha autoridad remitió por competencia el asunto a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta.

Como fundamento de su posición, señaló que, de acuerdo con la sentencia del 1 9 de agosto de 202 1 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con radicado núm. 1100111102000201605631, el criterio jurisprudencial según el cual la Comisión Nacional y Seccionales de Disciplina Judicial, respectivamente, conocían de las investigaciones

3 Expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00032-00 Página 3 de 23

en contra de auxiliares de la justicia fue modificado. De manera que la competencia para disciplinarlos corresponde a la Procuraduría General de la Nación, en virtud de los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019.

En ese sentido, afirmó lo siguiente:

Dicha postura jurisprudencial varió, determinando la falta de competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y las Seccionales para adelantar la investigación y juzgamiento contra auxiliares de la justicia, cuando no se ha notificado pliego de cargos antes de la vigencia del Código General Disciplinario.

2. Procuraduría Regional de Instrucción del Meta

La Procuraduría Regional de Instrucción de l Meta, en Auto del 16 de enero de 2023 , mediante el cual formuló conflicto de competencia ante la Sala, manifestó que la competencia para asumir conocimiento del asunto recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta. Lo anterior con fundamento en los argumentos que pasan a sintetizarse.

En primer lugar, señaló que los auxiliares de la justicia son particulares que desarrollan

Disciplina Judicial del Meta. Lo anterior con fundamento en los argumentos que pasan a sintetizarse.

En primer lugar, señaló que los auxiliares de la justicia son particulares que desarrollan oficios públicos ocasionales y que, en virtud del artículo 41 de la Ley 1774 de 2011, le correspondía a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los consejos seccionales examinar su conducta y sancionar las faltas en las que pudieran haber incurrido.

En segundo lugar, indicó que en virtud del Acto legislativo 02 de 2015, las funciones que venía desempeñando la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales fueron asumidas por la Comisión Nacional d e Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales.

Por último, afirmó que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 se encuentra vigente, en tanto que, si bien el texto original del artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 contenía una derogatoria expresa de ese artículo, este fue modificado por la Ley 2094 y suprimida dicha derogación. Así las cosas, concluyó lo siguiente: En consecuencia, este despacho n o se considera competente para conocer de los asuntos disciplinarios que se adelanten contra los auxiliares de la justicia , y por ende se debe dar tramite (sic) al conflicto negativo de competencia planteado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

IV. CONSIDERACIONESRadicación: 11001-03-06-000-2023-00032-00 Página 4 de 23

1. Competencia 1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley

IV. CONSIDERACIONESRadicación: 11001-03-06-000-2023-00032-00 Página 4 de 23

1. Competencia 1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avo cará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta no tienen un superior común.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta no tienen un superior común.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»4 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en r elación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el

4 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00032-00 Página 5 de 23

conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de

Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00032-00 Página 5 de 23

conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta) En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de u n solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o recla men competencia para conocer de la actuación;

Las dos autoridades involucradas en el presente trámite, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, han negado su competencia para adelantar el proceso disciplinario en contra de la señora Genny Rubiela Lizarazo, en su calidad de auxiliar de la justicia.

Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, han negado su competencia para adelantar el proceso disciplinario en contra de la señora Genny Rubiela Lizarazo, en su calidad de auxiliar de la justicia.

  1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

  1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en la investigación disciplinaria en contra de la señora Genny Rubiela Lizarazo , en calidad de auxiliar de la justicia, para que se investiguen las presuntas irregularidades, por no haber rendido cuentas de su gestión dentro del proceso ejecutivo núm. 505733189002201700185.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00032-00 Página 6 de 23

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-030 de 20 23, declaró

lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-030 de 20 23, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nac ión son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución5. Al respecto, es importante señalar que, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha reiterado que, cuando el conflicto versa, de una parte, sobre una competencia de naturaleza administrativa y, de otra, de una competencia de naturaleza jurisdiccional, la Sala tiene competencia para resolver el asunto.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa (la PGN) y otra que cumple función jurisdiccional (La CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»6.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

5 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la funci ón jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. 6 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00032-00 Página 7 de 23

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia. Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para asumir el conocimiento de la queja disciplinaria presentada en contra de la señora Genny Rubiela Lizarazo, en calidad de auxiliar de la justicia, por, presuntamente, no haber rendido cuentas de su gestión dentro del proceso ejecutivo núm. 505733189002201700185.

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta manifestó que

cuentas de su gestión dentro del proceso ejecutivo núm. 505733189002201700185.

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta manifestó que de conformidad con la Ley 1952 de 2019, no tiene competencia para adelantar la indagación o investigación disciplinaria. Lo anterior, por cuanto, de acuerdo con el nuevo código disciplinario, dicha competencia recae en la Procuraduría General de la Nación.

En ese sentido, señaló que, de conformidad con los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019, la competencia para adelantar la investigación disciplinaria en contra de la señora Lizarazo le corresponde a la Procuraduría General de la Nación, por ser esta la entidadRadicación: 11001-03-06-000-2023-00032-00 Página 8 de 23

competente para adelantar los procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia.

Por su parte, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta , indicó a la Sala que la investigación disciplinaria en contra la señora Genny Rubiela Lizarazo, debe ser adelantado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

Como fundamento de su posición, manifestó que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 le asignó competencia a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales para investigar y juzgar las faltas disciplinarias de los auxiliares de la justicia. A juicio de la referida autoridad, esta función fue asumida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 257ª de la Constitución Política.

de la justicia. A juicio de la referida autoridad, esta función fue asumida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 257ª de la Constitución Política.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

  1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia.Reiteración. ii) Competencia de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia.Reiteración. iii) Funciones de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. Reiteración. iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.Reiteración. v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración. vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración. vii) Consideración adicional. Reiteración viii) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado 5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración7

El ejercicio y la naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia está regulada en el artículo 47 de la Ley 1564 del 12 de julio de 20128, que señala:

7 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001 -0306-000-2021-00025-00(C). 8 Ley 1564 del 12 de julio de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00032-00 Página 9 de 23

Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparc iales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o acti vidad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio y no podrán gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia. (Resaltado fuera de texto original).

Ahora bien, la Corte Constitucional9 ha señalado expresamente que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios púb licos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios púb licos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. (Resaltado fuera de texto original)

5.2. Competencia de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia10 El artículo 256 de la Constitución Política , en su versión originaria, consagró como atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura las siguientes:

Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: […]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que señale la ley.

7. Las demás que señale la ley. (Resaltado fuera de texto original)

En armonía con el numeral 7 de la norma citada, el artículo 41 de l a Ley 1474 de 2011 adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la

9 Corte Constitucional Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003.

adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la

9 Corte Constitucional Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003. 10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001-0306-000-2021-00025-00(C).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00032-00 Página 10 de 23

Judicatura para que examinara y sancionara las faltas de los auxiliares de la justicia11, así:

Artículo 41. Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia. En vigencia de las anteriores normas, la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo que los procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de ju sticia, según lo indicado por el citado artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con el numeral 7 del artículo 256 de la Constitución Política, correspondían al Consejo Superior de la Judicatura o sus seccionales12. Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 se suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con lo cual además se adoptó un nuevo modelo de disciplina en la Rama Judicial.

suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con lo cual además se adoptó un nuevo modelo de disciplina en la Rama Judicial. Al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -373 de 2016, declaró exequible el artículo 19 del acto legislativo en mención, el cual quedó incorporado a la Constitución Política como artículo 257A. Frente a lo anterior , la Sala, en el Concepto 2415 del 20 de agosto de 2019, señaló:

11 La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Decisión del 18 de septiembre de 2014 (Radicación 11001 -03-06-000-2014-00168-00(C)) al evaluar si la asignación de competencias a la jurisdicción disciplinaria debía realizarse únicamente en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, o si era posible a través de una ley ordinaria, como la Ley 1474 de 2011, precisó que «[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales para examinar la conducta de los auxiliares de la justicia no está supeditada a la cláusula de reserva de ley estatutaria, porque la mencionada norma no afecta de ninguna manera la estructura general y esencial de la administra ción de justica. La jurisprudencia de la Corte Constitucional también es clara en afirmar que cuando no se afecta el núcleo de la organización y funcionamiento de la administración de justicia la regulación está atada al trámite de una

jurisprudencia de la Corte Constitucional también es clara en afirmar que cuando no se afecta el núcleo de la organización y funcionamiento de la administración de justicia la regulación está atada al trámite de una ley ordinaria y fue precisamente por medio de una ley ordinaria (Ley 1474 de 2011 artículo 41) que se asignó la competencia disciplinaria objeto de análisis». 12Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (Radicado núm. 11001-03-06-0002019-00063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (Radicado núm. 11001-03-06-000-2017-0020000(C). «En todo caso, es necesario mencionar que la Ley 1474 de 2011 (art. 41) adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Co nsejo Superior de la Judicatura, para conocer de los procesos disciplinarios contra los auxiliares de la justicia. Debe recordarse, que los denominados “auxiliares de la justicia” no ejercen la función jurisdiccional , sino que, como su nombre lo indica, pr estan servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia». (Resaltado extra texto).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00032-00 Página 11 de 23

[…] la Sentencia C-373-16 declaró exequible el artículo 19 del AL 02/15, el cual quedó incorporado como artículo 257A de la Constitución Política. De tal manera que, si bien operó la derogatoria tácita de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria como efecto del artículo 15 del AL 02/15, dicha sala debió continuar en ejercicio de la función

incorporado como artículo 257A de la Constitución Política. De tal manera que

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