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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 7 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00034-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y Comisión

Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

Asunto: autoridad competente para conocer de proceso disciplinario contra auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de l o dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, Meta mediante providencia de 4 de marzo de 2022 2, remitió copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta para que investigara la conducta del secuestre Luis Enrique Pedraza dentro del proceso ejecutivo singular radicado 500013103001-2014-00188-00.

2. Por medio de Auto de 6 de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta abrió investigación disciplinaria en contra de Lui s Enrique Pedraza como auxiliar de justicia (secuestre), en atención a la remisión de copias ordenada por el mencionado juzgado al considerar que pudo haber incurrido en una presunta omisión

del Meta abrió investigación disciplinaria en contra de Lui s Enrique Pedraza como auxiliar de justicia (secuestre), en atención a la remisión de copias ordenada por el mencionado juzgado al considerar que pudo haber incurrido en una presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones dentro del proceso judicial.

3. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta , por medio de providencia de 13 de enero de 2023, declaró la nulidad de la actuación disciplinaria a partir del Auto de apertura de 6 de julio de 2022 y ordenó remitir las diligencias a la Procuraduría Regional

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 El hecho generador de la presunta falta se originó el 26 de julio de 2021, fecha en la cual el demandante solicitó al juez el cambio de secuestre, toda vez que consideró que el señor Luis Enrique Pedraza no era una persona idónea ni aportó las “garantías de responsabilidad” , por tanto, el Juez Primero Civil del Circuito por Auto del 10 de septiembre de 2021 lo relevó como auxiliar de la justicia dentro del proceso judicial 2014-00188.Radicación 11001030600020230003400 Página 2 de 21

del Meta para conocer del asunto y, en caso de no estar de acuerdo, planteó el conflicto negativo de competencias.

4. La Procuraduría Regional de Instrucción del Meta , a través de Auto del 27 de enero

del Meta para conocer del asunto y, en caso de no estar de acuerdo, planteó el conflicto negativo de competencias.

4. La Procuraduría Regional de Instrucción del Meta , a través de Auto del 27 de enero de 2023, promovió el conflicto de competencia negativo frente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta y, en consecuencia, remitió el expediente a la Sala de

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.3

II. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fijó edicto por el término de cinco días para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas interesadas en el trámite del conflicto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Le y 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.

Consta que la Secretaría comunicó el presente conflicto a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta , a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, y al señor Luis Enrique Pedraza.

Según informe secretarial del 17 de febrero de 2023, la Procuraduría Regional del Meta y la Procuraduría Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado, remitieron escrito de alegatos, mientras que las demás partes involucradas o terceros interesados guardaron silencio.

Mediante Auto para mejor proveer del 16 de marzo de 2023, el despacho ponente solicitó a la Secretaría de la Sala comunicar el presente conflicto al Juzgado Primero

interesados guardaron silencio.

Mediante Auto para mejor proveer del 16 de marzo de 2023, el despacho ponente solicitó a la Secretaría de la Sala comunicar el presente conflicto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, para que, si lo estimaba pertinente, presentara sus alegatos o consideraciones.

En atención a lo anterior requerimiento, mediante escrito correo electrónico del 17 marzo de 2023 el despacho judicial remitió el expediente del proceso ejecutivo singular 201400188.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

No presentó alegatos de conclusión por lo que se toman los argumentos expuestos en el Auto del 13 de enero de 2023 en el cual manifestó no ser competente para conocer del asunto, conforme lo previsto en los artículos 2°, 92 y 265 de la Ley 1952 de 2019. Lo anterior, considerando que los a uxiliares de la justicia son particulares que

3 Expediente digital SAMAI.Radicación 11001030600020230003400 Página 3 de 21

administran justicia de manera transitoria, y les es aplicable el régimen previsto en el artículo 70 y siguientes de la Ley 1952 de 2019.

Adicionó que, en decisión reciente , la Comisión Nacional de Di sciplina Judicial4 dejó claro que la competencia para seguir conociendo de l as actuaciones cont ra auxiliares de la justicia, en aquellos casos en los que no se hubiere notificado pliego de cargos, es del resorte exclusivo de la Procuraduría General de la Nación.

b. Procuraduría Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado.

del resorte exclusivo de la Procuraduría General de la Nación.

b. Procuraduría Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado.

Aduce en primer lugar, que de conformidad con el artículo 39 del C PACA la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no es competente para dirimir el presente conflicto de competencias, toda vez que no es de naturaleza administrativa, sino que se trata de dos autoridades con funciones jurisdiccionales.

Adiciona que no existe norma que asigne a la Sala la función de dirimi r conflictos de naturaleza judicial, y, por el contrario, el numeral 11 del artículo 241 superior, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015 prescribe que corresponde a la Corte Constitucional dirimir los conflictos de competencias que ocurran entre distintas jurisdicciones.

Por todo lo anterior, solicita a la Sala que declare la falta de competencia para dirimir el conflicto de competencias.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan en el artículo 99 de la Ley 1952 de 20195, norma especial sobre la materia, que dispone:

ARTÍCULO 99. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el

el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con

4 Comisión Nacional de Disciplina Judicial, MP. Mauricio Fernan do Rodríguez Tamayo, Rad. 730011102000201900577 01 del 10 de agosto de 2022. 5 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.Radicación 11001030600020230003400 Página 4 de 21

el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de los conflictos de competencia administrativa

(Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de los conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»6 están reguladas en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 20217, conforme al cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales , o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

6 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se

6 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimie ntos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código». 7 Ley 2080 de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación 11001030600020230003400 Página 5 de 21

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

En este caso, t anto la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta , como la Procuraduría Regional de Instrucción de l Meta , negaron tener la competencia para conocer de la queja disciplinaria contra Luis Enrique Pedraza, quien se desempeñó como auxiliar de la justicia.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente asunto, dos de las autoridades en conflicto son del orden nacional: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la seccional de l Meta y la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que se trata de una situación particular y concreta. El conflicto negativo de competencias en estudio involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta), y de ser declarada la otra, una f unción administrativa (Procuraduría Regional del Meta)8.

8 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la

(Procuraduría Regional del Meta)8.

8 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2°, 238 A, 265 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-30 de 2023 declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas. Esta decisión que fue dada a conocer por la Corte Constitucional, mediante comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023.Radicación 11001030600020230003400 Página 6 de 21

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes9:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 10, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitu ción Política, t ambién ha señalado la Sala, 11 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el

Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitu ción Política, t ambién ha señalado la Sala, 11 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resu lta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Visto este panorama, la Sala ha considerado12 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la

9 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras. 10 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la

radicación 2022-00130; entre otras. 10 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]

11Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras. 12 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017 -00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros.Radicación 11001030600020230003400 Página 7 de 21

medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

[…] la Sala, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cu al le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir primero la

[…] la Sala, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cu al le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer13.

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establecer, de forma anticipada ( a priori ) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es necesario que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]14.

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto este corresponde a un conflicto de competencias entre dos autoridades que cumplen función administrativa, y otra que cumple función jurisdiccional, lo que supone entonces la competencia de la Sala para resolverlo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»15.

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»15.

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200). 14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 20 de mayo de 2021. 15La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 11001030600020230003400 Página 8 de 21

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la susp ensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a

alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración Previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asi gnación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

5. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala estudia un conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disiciplina Judicial del Meta, el cual surgió por la queja presentada en contra del señor Luis Enrique

La Sala estudia un conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disiciplina Judicial del Meta, el cual surgió por la queja presentada en contra del señor Luis Enrique Pedraza por la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones como auxiliar de la justicia.Radicación 11001030600020230003400 Página 9 de 21

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, considera no ser competente para conocer del asunto conforme lo previsto en los artículos 2°, 92 y 265 de la Ley 1952 de 2019. Lo anterior, por cuanto los auxiliares de la justicia son particulares que cumplen funciones públicas transitorias y no administran justicia, y les es aplicable el régimen previsto en el artículo 70 y siguientes de la Ley 1952 de 2019.

Por su parte, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta aduce que, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, es competente para ejercer la acción disciplinaria contra los particulares que prestan apoyo a la administración de justicia de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 que, a su juicio, se encuentra vigente.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a: i) la potestad disc iplinaria del Estado. Reiteración; ii) Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia ; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia; iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a

Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia; iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia - régimen de transición de orden constitucional ; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable; y vii) El caso concreto.

6. Análisis del conflicto planteado

6.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración16

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el

en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el

16 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Radicación 2021 -025, entre otras.Radicación 11001030600020230003400 Página 10 de 21

ejercicio de funciones, prohi biciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sa nción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en rel ación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro17.

Puede señalarse entonces que el ejercicio de la facultad disciplinaria tiene por propósito el adecuado cumplimiento de la función pública en beneficio de la comunidad y como protección de los derechos y libertades de los administrados18.

La Corte Constitucional, sobre el objetivo del ejercicio de la potestad disciplinaria, ha indicado lo siguiente:

[…] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que

protección de los derechos y libertades de los administrados18.

La Corte Constitucional, sobre el objetivo del ejercicio de la potestad disciplinaria, ha indicado lo siguiente:

[…] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública […] la potestad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia […]19.

En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado en cuanto tiene como finalidad primordial la garantía y protección de los derechos fundamentales. Destacó