CE - 110010306000202300037001AUTOQUERESUELDEFINECON20230905143851

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Óscar Darío Amaya Navas

Bogotá, D.C., 21 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00037-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y Fiscalía General de la Nación (Dirección de Control Disciplinario).

Asunto: Autoridad competente para investigar a unos empleados judiciales pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación, por una presunta falta disciplinaria de ejecución continuada que inició antes de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial entrara en funcionamiento y culminó después de esa fecha.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificado por los artículos 2° y 19 respectivamente, de la Ley 2080 de 2021, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en la información que obra en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 25 de julio de 20221, la Dirección Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, por medio de Auto núm. DCD -13-08-20, compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia para que investigara las

de la Nación, por medio de Auto núm. DCD -13-08-20, compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia para que investigara las presuntas faltas disciplinarias en las que pudieron haber incurrido empleados judiciales de esa entidad al omitir adelantar el proceso disciplinario núm. 276832, y que ocasionó la prescripci ón de la acción disciplinaria. Dicha remisión la fundamentó en las siguientes razones:

En este caso, los hechos objeto de investigación disciplinaria acaecieron el 1º de octubre de 2015; por ende, la norma aplicable en este asunto el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificada por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, que en su

1 Documento SAMAI «02CompulsadeCopias.pdf», expediente digital. 2 Se trataba de una investigación disciplinaria en contra de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación (asistente de investigación criminalística IV Subdirección de Policía Judicial CTI Medellín), por la presunta falta de cuidado de los bienes asignados para el desempeño de sus funciones , con ocasión del siniestro del vehículo institucional que se encontraba a su cargo.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00037-00 Página 2 de 26

inciso segundo advierte que: “La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria (…)”.

Con base en lo anterior, tenemos que la investigación disciplinaria se profirió el 17 julio de 2017, por lo que la acción estuvo vigente hasta el 16 de julio de 2022. Al no

Con base en lo anterior, tenemos que la investigación disciplinaria se profirió el 17 julio de 2017, por lo que la acción estuvo vigente hasta el 16 de julio de 2022. Al no haberse tomado una decisión de fondo antes del 16 de julio de 2022, a la luz del artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por la Ley 734 de 2011, la acción prescribió y en consecuencia, esta Dirección perdió la competencia para continuar con la instrucción del proceso.

2. El 30 de agosto de 2022 3, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia declaró la falta de competencia para conocer de la investigación disciplinaria en contra de los empleados judiciales de la Fiscalía que al parecer omitieron adelantar el proceso disciplinario núm. 27683, y que ocasionó la prescripción de la acción disciplinaria . A su juicio, los hechos ocurrieron con anterioridad al 13 de enero de 2021, fecha en la que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional se transformó en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, por cuanto la última actuación realizada dentro del proceso de la referencia fue «en abril de 2018».

En este sentido, la Comisión consideró que la competente para conocer de la investigación era «[…] la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación», al tenor de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 67 de la Ley 734 de 2002.

3. Por medio de Auto núm. DCD-1330-3, del 23 de enero de 20234, la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación declaró su falta de

3. Por medio de Auto núm. DCD-1330-3, del 23 de enero de 20234, la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación declaró su falta de competencia, teniendo en cuenta que a la fecha de entrada en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, «las conductas probablemente reprochables y atribuidas a los abogados de la Fiscalía General de la Nación que tuvieron a su cargo la actuación disciplinaria, venía cometiéndose en el tiempo en forma constante y permanente desde «el 17 julio de 2017» y así permanecieron al menos hasta el 16 de julio de 2022», luego no podía, en su criterio, tomarse como fecha de última actuación la de abril de 2018.

4. En ese mismo auto, la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dirimir el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre esa autoridad y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.

3 Documento SAMAI «06AutoRemiteCompetencia.pdf», expediente digital. 4 Documento SAMAI «20230201113336307.pdf», expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00037-00 Página 3 de 26

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, inciso tercero, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y a los particulares interesados, y

por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y a los particulares interesados, y se fijó un edicto en la Secretaría de esta S ala por el término de cinco días, con el fin de que aquellos presentaran sus alegatos o consideraciones5.

En el expediente obra constancia de que se informó sobre el presente conflicto a la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.

Dentro del término de la fijación del edicto, mediante correo electrónico, la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación presentó alegatos. Las demás autoridades involucradas y los particulares o personas interesadas guardaron silencio.

Mediante Auto del 19 de abril de 202 36, el magistrado ponente ordenó , por Secretaría, oficiar a las autoridades en conflicto para que remitieran documentación que no se encuentra en el expediente magnético.

Mediante informe secretarial del 28 de abril de 2023, la secretaria de la Sala indicó a este despacho que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación allegaron documentación.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

3.1. Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación

La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación se pronunció dentro del término de traslado para presentar alegatos , por medio de Oficio núm. DCD-10800 del 15 de febrero de 20237.

La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación se pronunció dentro del término de traslado para presentar alegatos , por medio de Oficio núm. DCD-10800 del 15 de febrero de 20237.

Al efecto, s ostuvo que las reglas de competencia en materia disciplinaria que consigna la ley son las siguientes:

5 Archivo que reposa dentro del expediente digital. 6 Auto del 19 de abril de 2023. Expediente digital. 7 Documento SAMAI «10_110010306000202300037001ALEGATOSDECON20230216145901.pdf», expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00037-00 Página 4 de 26

1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de Disciplina Judicial son las competentes para ejercer la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 2 de 2015, a partir del 13 de enero de 2021, cuando entró en funcionamiento esta entidad.

2. En concordancia con lo anterior, la Ley 1952 de 2019, inciso 5º, artículo 2º, modificado por el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, dispuso que a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales les corresponde investigar a los funcionarios y emp leados judiciales, incluidos los de la

Fiscalía General de la Nación.

3. La competencia de la Fiscalía General de la Nación qued ó limitada por el parágrafo transitorio del artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por

Fiscalía General de la Nación.

3. La competencia de la Fiscalía General de la Nación qued ó limitada por el parágrafo transitorio del artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2 021, que dispuso lo siguiente: “ La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación seguirá conociendo de los procesos cuyos hechos tuvieron ocurrencia hasta antes del 13 de enero de 2021 hasta su finalización, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002”. [Comillas y cursivas en el texto original]

4. Lo anterior quiere decir que cualquier falta que pueda ser atribuida a un funcionario o empleado de la Fiscalía General de la Nación cuya fecha de ocurrencia sea posterior al 13 de enero de 2021 deberá ser investigada de manera exclusiva por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Eso, teniendo en cuenta el momento de la consumación (ocurrencia) de la conducta típica.

Frente al caso concreto, la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación adujo que el deber de adelantar la investigación disciplinaria que debía concluir con la adopción de una decisión de fondo, se mantuvo vigente hasta el 16 de julio de 2022, fecha para la cual ya estaba en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

De tal forma, explicó que no podía aceptar el argumento de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia de que el último acto de impulso procesal que se encontraba dentro del expediente «fue el 21 de marzo de 2018», puesto que al ser un acto omisivo, de carácter continuado, el deber de adoptar una decisión en

de Disciplina Judicial de Antioquia de que el último acto de impulso procesal que se encontraba dentro del expediente «fue el 21 de marzo de 2018», puesto que al ser un acto omisivo, de carácter continuado, el deber de adoptar una decisión en derecho se mantuvo hasta que operó el fenómeno de la prescripción de la acción, esto es, el 16 de julio de 2022.

Finalmente, esta autoridad insistió en la fal ta de competencia para conocer de la actuación disciplinaria.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00037-00 Página 5 de 26

3.2. De la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia no presentó alegatos. No obstante, su posición se encuentra en el Auto del 30 de agosto de 2022, por medio del cual declaró su falta de competencia.

En ese pronunciamiento, la Comisión explicó que

como los hechos objeto del presente pronunciamiento fueron anteriores al 13 de enero de 2021, fecha en la que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional se transformó por disposición constitucional en Comisi ón Seccional de Disciplina Judicial, toda vez que la mora en el trámite del proceso disciplinario inició en el mes de abril de 2018, el competente para conocer el informe, es la Oficina de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, al tenor de lo previsto en el artículo 115 de la Ley 270 de 1996 y 67 de la Ley 734 de 2002.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

115 de la Ley 270 de 1996 y 67 de la Ley 734 de 2002.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios . Reiteración8

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220017800 del 28 de septiembre de 2022.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00037-00 Página 6 de 26

En el presente asunto, sin embargo, no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades i nvolucradas en el conflicto planteado, esto es, la Dirección de

En el presente asunto, sin embargo, no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades i nvolucradas en el conflicto planteado, esto es, la Dirección de Control Interno Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas. Reiteración9 La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «pro cedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» están integradas en el c apítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado, en su inciso 3, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo

que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…].

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10°, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080, señala que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada,

9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220017800 del 28 de septiembre de 2022.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00037-00 Página 7 de 26

o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo [...].

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación y la

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Seccional de Discip lina Judicial de Antioquia negaron tener la competencia para conocer de la actuación disciplinaria que deb ía tramitarse en contra de los empleados judiciales de la Fiscalía que omitieron adelantar el proceso disciplinario núm. 27683 y que ocasionó la prescripción de la acción disciplinaria.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional; o que, si se trata de autoridades del orden territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

El presente caso involucra a dos autoridades del orden nacional: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia (autoridad desconcentrada territorialmente, que forma parte de la Jurisdicción Disciplinaria) y la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la autoridad competente que deba adelantar la investigación disciplinaria en contra de los empleados judiciales de la Fiscalía General de la Nación que presuntamente om itieron adelantar el proceso disciplinario núm. 27683, y que ocasionó la prescripción de la acción disciplinaria.

Ahora bien, en relación con la naturaleza del conflicto, es importante destacar que

presuntamente om itieron adelantar el proceso disciplinario núm. 27683, y que ocasionó la prescripción de la acción disciplinaria.

Ahora bien, en relación con la naturaleza del conflicto, es importante destacar que este involucra, por un lado, a la Comisión Seccional de D isciplina Judicial de Antioquia, autoridad que ejerce funciones disciplinarias de carácter jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución, y la otra, la Oficina de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la N ación, de naturaleza administrativa.

Al respecto, la Sala ha señalado que es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten entre una autoridad que cumple funciones administrativas y otra que cumple función jurisdiccional, por cuan to no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, deRadicación: 11001-03-06-000-2023-00037-00 Página 8 de 26

modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la C arta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 ordena que «[m]ientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán».

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 de la Ley 1437 de

resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán».

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, para el examen y la decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrat ivas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3º, por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos

de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00037-00 Página 9 de 26

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala , en esta ocasión, estudia un conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Seccional de Disiciplina Judicial de Antioquia, para adelantar un proceso por la presunta comisión de una falta disciplinaria, de ejecución continuada, cometida, presuntamente, por unos empleados judiciales de la Fiscalía General de la Nación (Dirección de Control Disciplinario) , que, a su vez, omitieron adelantar el proceso disciplinario núm. 27683 y que ocasionó la prescripción de la acción disciplinaria.

la Fiscalía General de la Nación (Dirección de Control Disciplinario) , que, a su vez, omitieron adelantar el proceso disciplinario núm. 27683 y que ocasionó la prescripción de la acción disciplinaria.

Para la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia la presunta fal ta, motivo de investigación, tuvo lugar con anterioridad al 13 de enero de 2021 (fecha en la que entró en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales) esto es, en abril de 2018, fecha en la cual se registró la última actuación dentro del proceso disciplinario núm. 27683; por tal razón, la competencia, en su criterio, recaía en la Fiscalía General de la Nación.

Al respecto, la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía consideró que el deber de adoptar una decisión en torno al proceso disciplinario núm. 27683 se mantuvo vigente hasta que operó el fenómeno de la prescripción , el 16 de julio de 2022, por lo que se trata de una conducta omisiva de carácter continuado, fecha esta última en la cual se encontraba en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará:

1. La acción disciplinaria y las finalidades que persigue en un Estado Social de

Derecho. En este capítulo se referirá:

a) la potestad disciplinaria del Estado. Reiteración; b) los factores que determinan la competencia en el campo disciplinario; c) los servidores de la Rama Judicial: Distinción entre funcionario y empleado judicial.

1. La competencia disciplinaria de la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación;

c) los servidores de la Rama Judicial: Distinción entre funcionario y empleado judicial.

1. La competencia disciplinaria de la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación;

1. La autoridad competente para investigar a un empleado judicial antes y después de la fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales;

1. La clasificación de las faltas disciplinarias. Énfasis en la distinción entre faltas instantáneas y continuadas, yRadicación: 11001-03-06-000-2023-00037-00 Página 10 de 26

1. caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable

5.1. La acción disciplinaria y las finalidades que persigue en un Estado Social de Derecho. Reiteración10

Según lo visto supra11, el ejercicio de la potestad disciplinaria está regulado, para el caso que ocupa la atención de la Sala, en el Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, norma que prevé, en su artículo 2° que el Estado es el titular de la potestad disciplinaria.

Así, la norma establece, en su artículo 5°, que la sanción disciplinaria tendrá una finalidad preventiva y correctiva, pues con ella se busca la garantía de la efectividad de los principios y fines consagrados en la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Esto, por supuesto, sin dejar de lado las finalidades como la prevalencia de la justicia, el debido proceso de los intervinientes, la búsqueda de la verdad material y la efectividad del derecho sustantivo (artículo 11 de la Ley 1952 de 2019).

prevalencia de la justicia, el debido proceso de los intervinientes, la búsqueda de la verdad material y la efectividad del derecho sustantivo (artículo 11 de la Ley 1952 de 2019).

El artículo 25 de la norma señala que «[s]on destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos12 aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en esta ley».

Por su parte, el artículo 2613 prevé que, constituye falta disciplinaria la incursión en cualquier conducta14 que conlleve al incumplimiento de deberes o la extralimitación

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220017800 del 28 de septiembre de 2022. 11 Ver capítulo 4.1.1. 12 En la Sentencia C-721 de 2015, sostuvo que «[…] el régimen disciplinario cobija a la totalidad de los servidores públicos a q uienes corresponde estar al servicio del Estado y de la comunidad (C.P. art.123), dado que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad (C.P. art. 209)» [Énfasis añadido]. 13 «Constituye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de excl usión de responsabilidad contempladas en esta ley».

violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de excl usión de responsabilidad contempladas en esta ley». 14 En la Sentencia C-244 de 1996, la Corte Constitucional sostuvo que la acción disciplinaria «[…] se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o la extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación de régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo […]».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00037-00 Página 11 de 26

en el ejercicio de derechos y funciones y la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés. A la vez, según el artículo 2715, esta puede ser realizada por acción u omisión en el cumplimiento de derechos propios del cargo o función, o con ocasión de ellos.

Bajo esas premisas, el derecho disciplinario es entendido como el instrumento mediante el cual el Estado busca, de un lado, el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública, y del otro, la garantía efectiva de los derechos y deberes consagrados en la Constitución.

a) La potestad disciplinaria del Estado. Reitera