CE - 110010306000202300055001AUTOQUERESUEL20230811104159

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Édgar González López

Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés 2023

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00055-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Personería Municipal de Tunja, Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare y Procuraduría Provincial de Tunja Asunto: Autoridad competente para conocer y tramitar una queja disciplinaria en contra de auxiliares de la justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja designó como secuestre al señor Carlos Emilio Soto Bulla dentro del proceso ejecutivo con radicado 1500140530042009-0006800.

2. El 28 de marzo de 2017, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja, en audiencia, decidió compulsó copias al Consejo Seccional de la Judicatura de las pres untas irregularidades en que habría el señor Carlos Emilio Soto Bull, en su calidad de auxiliar de justicia, al no rendir oportunamente las cuentas claras y comprobadas de la

decidió compulsó copias al Consejo Seccional de la Judicatura de las pres untas irregularidades en que habría el señor Carlos Emilio Soto Bull, en su calidad de auxiliar de justicia, al no rendir oportunamente las cuentas claras y comprobadas de la administración de los bienes entregados en diligencia de secuestro dentro del proceso ejecutivo con radicado 1500140530042009-00068-00.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00055-00 Página 2 de 25

3. El 4 de abril de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Tunja remitió copias del expediente a l Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare para que investigue la posible conducta irregular en que habría incurrido el auxiliar de justicia, por no haber rendido oportunamente las cuentas sobre la administración de los bienes entregados en diligencia de secuestro.

4. El 24 de mayo de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Boyacá y Casanare, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, dio apertura a la indagación preliminar en contra del implicado y dispuso la práctica de pruebas con el objeto de establecer si la conducta era constitutiva de falta disciplinaria, si se configuró una causal de exclusión de responsabilidad y obtener la plena identificación e individualización de los presuntos autores.2

práctica de pruebas con el objeto de establecer si la conducta era constitutiva de falta disciplinaria, si se configuró una causal de exclusión de responsabilidad y obtener la plena identificación e individualización de los presuntos autores.2

5. El 14 de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá profirió auto de remisión por competencia a la Procuraduría General de la Nación, manifestando que los auxiliares de la justicia , según lo dispuesto por los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, son particulares en ejercicio de funciones públicas3 por lo que es dicha entidad la que debe disciplinarlos.

6. El 16 de noviembre de 2022, la Procuraduría Provincial de Tunja remitió por competencia a la Personería Municipal de Tunja el proceso, en razón del poder preferente para su remisión4.

7. El 25 de enero de 2023, la Personería Municipal de Tunja planteó ante la Sala de Consulta y Servicio Civil , el presunto conflicto de competencias administrativas entre esa autoridad, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá para que se determine la autoridad competente para conocer de la actuación disciplinaria en contra del auxiliar de la justicia, «por tratarse de un particular, vinculado con una entidad perteneciente a la Rama Judicial y no al Municipio de Tunja»5.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado

Rama Judicial y no al Municipio de Tunja»5.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) el 3 de marzo de 2023, se fijó edicto en la

2 Decisión comunicada el 4 de octubre de 2019 y notificada mediante edicto núm. 033 el 25 de octubre de

2019. Carpeta de anexos, expediente digital SAMAI. 3 El proceso fue remitido a la Procuraduría Provincial de Tunja a través de oficio núm. CSJBSD-201700413

TVOB-AJ el 31 de agosto de 2022. 4 Se remitió a través de oficio 2712 del 17 de noviembre de 2022 y recibido el 24 de noviembre de 2022. 5 Remitido a la Secretaría de la Sala el 15 de febrero de 2023.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00055-00 Página 3 de 25

Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.6

Consta, en el expediente, que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Personería Municipal de Tunja; a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja; a la Comi sión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al señor Carlos Emilio Soto Bulla.7

Según informe secretarial del 3 de marzo de 2023, durante el término de fijación del

la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al señor Carlos Emilio Soto Bulla.7

Según informe secretarial del 3 de marzo de 2023, durante el término de fijación del edicto, presentaron alegatos de conclusión : la Personería Municipal de Tunja y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja . Las demás autoridades y el particular interesado guardaron silencio.

Mediante Auto del 17 de marzo de 2023, se ordenó comunicar al Juzgado que designó al auxiliar de la justicia para que presentara alegatos si lo considerara.

De conformidad con el informe secretarial del 29 de abril de 2023, allegaron información: el Jugado Cuarto Civil Municipal de Tunja . Las demás autoridades y el particular interesado guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Personería Municipal de Tunja

En escrito del 2 de marzo de 2023, la Personería Municipal de Tunja sustentó su falta de competencia para conocer del asunto en los siguientes argumentos:

Teniendo en cuenta el factor relativo a la calidad del sujeto disciplinable, advirtió que, dentro del régimen interno de competencias de la Procuraduría General de la Nación, el literal j, numeral 1.° del artículo 22 del Decreto 1851 de 2021, establece la competencia de las Procuradurías Provinciales de Instrucción para conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal.

Por otra parte, indicó que de acuerdo con el numeral 4 del artículo 178 de la Ley 136 de

disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal.

Por otra parte, indicó que de acuerdo con el numeral 4 del artículo 178 de la Ley 136 de 1994, que define las funciones que deben ser cumplidas por los personeros, la competencia disciplinaria de las personerías está circunscrita a los particul ares que cumplen funciones públicas para las entidades y órganos que ejercen labores propiamente ejecutivas en el marco de la jurisdicción territorial municipal, verbigracia, el concejo, contraloría, personería, alcaldía o sus entidades descentralizadas; m ás no

6 Fijación por edicto núm. 52 del expediente digital. i Informe secretaria del expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00055-00 Página 4 de 25

respecto de los colaboradores al servicio de otras entidades de las demás ramas del poder público, como la Rama Judicial. En este sentido, destacó que los sujetos disciplinables en el caso objeto de análisis no ostentan la calidad de servidor es públicos municipales, ni tuv ieron ninguna relación directa o indirecta con la Administración Municipal, o con alguna de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Municipio de Tunja, ya que no prestaba n sus servicios a entidades y órganos de este nivel, es decir, a la administración municipal de Tunja, desde su connotación de organización político administrativa y no simplemente territorial. Finalmente manifestó que l os disciplinados son colaboradores de la administración de justicia, en su calidad de particulares en ejercicio de funciones públicas, por lo cual deben

Tunja, desde su connotación de organización político administrativa y no simplemente territorial. Finalmente manifestó que l os disciplinados son colaboradores de la administración de justicia, en su calidad de particulares en ejercicio de funciones públicas, por lo cual deben ser disciplinados por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja conforme lo dispone el literal j del numeral 1 de artículo 22 del citado Decreto 1851 de 2021; o por la misma Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja

Mediante escrito del 1 de marzo de 2023, el procurador provincial de instrucción de Tunja presentó alegatos de conclusión y no declaró expresamente su falta de competencia para conocer del presente asunto, pero dicha manifestación se puede deducir de los argumentos expuestos por la Procuraduría al afirmar que la competencia podría recaer en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial o en la Personería municipal de Tunja.

En relación con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sostuvo que el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019 establece la co mpetencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para ejercer la acción disciplinaria entre otros, en contra de los particulares. Lo anterior, en concordancia con el artículo 239 de la Ley 1952 d e 2019, modificada por el artículo 61 de la Ley 2094 de 2021. Adicionalmente, manifestó que el artículo 47 del Código General del Proceso indica que los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales y que el artículo 50

2021. Adicionalmente, manifestó que el artículo 47 del Código General del Proceso indica que los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales y que el artículo 50 del referido código dispone que las faltas en las que incurran los auxiliares de la justicia deben ser comunicadas al Consejo Superior de la Judicatura, por ser la autoridad competente para sancionarlos. En cuanto a la competencia de la Pe rsonería Municipal de Tunja, argumentó en primer lugar, que si bien la Procuraduría General de la Nación, en virtud del poder preferente, puede asumir el conocimiento de cualquier proceso disciplinario, de competencia de los órganos de control disciplinari o interno de las entidades públicas y de las personerías distritales y municipales, igual poder radica en las personerías municipales en relaciónRadicación: 11001-03-06-000-2023-00055-00 Página 5 de 25

con la administración municipal, esto es, en relación con las investigaciones que la administración local adelante. Lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1952 de 2019. No obstante, señaló que en el caso específico no se plantea el problema jurídico del poder preferente de estas autoridades, sino la limitación o no del poder discipli nario de las personerías frente a los funcionarios de la administración municipal. En relación con este aspecto, recordó que, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, el particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y

código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión. Destacó entonces que la norma atribuye competencia a las personerías municipales para adelantar procesos disciplinarios en contra de particulares, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión atribuibles a estos, salvo lo dispuesto en el artículo 76 del código, que se refiere a los Notarios. En consecuencia, la disposición no limita la competencia de las personerías a los sujetos que hagan parte de la administración municipal.

3. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá no se pronunció sobre este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala. Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 14 de julio de 2022 , mediante el cual remitió por competencia el asunto a la

Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja. En el mencionado proveído, la Comisión manifestó que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2, 70, 91 y 92 de la Ley 1952 de 2019, la cual entró en vigor el 29 de marzo de 2022, la competencia para conocer de la queja disciplinaria presentada en contra del señor Carlos Emilio Soto Bulla, para que se investigue las presuntas irregularidades en que pudo incurrir por no rendir oportunamente las cuentas sobre la administración de los bienes entregados en diligencia de secuestro.

Lo anterior, por cuanto de conformidad con las citadas disposiciones, los auxiliares de la

que pudo incurrir por no rendir oportunamente las cuentas sobre la administración de los bienes entregados en diligencia de secuestro.

Lo anterior, por cuanto de conformidad con las citadas disposiciones, los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria, razón por la cual la Ley 1952 de 2019 , los incluyó en el régimen disciplinario de los particulares disciplinables conforme a dicha normativa. En este sentido, precisa que el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 atribuyó competencia a la Procuraduría General de la Nación para investigar a los particulares disciplinables conforme a este código y, por ende, derogó tácitamente el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, que otorgaba competencia para adelantar los procesos disciplinarios de losRadicación: 11001-03-06-000-2023-00055-00 Página 6 de 25

auxiliares de la justicia al Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia 1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. Esta norma es pertinente para el trámite de este conflicto de competencias , porque a la fecha no se ha iniciado proceso disciplinario en contra del señor Carlos Emilio Soto Bulla. En esa medida, el asunto debe someterse al procedimiento contenido en el nuevo Código General Disciplinario. No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Personería Municipal de Tunja, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare y la Procuraduría Provincial de Tunja no tienen un superior común.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»8 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»8 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

8 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que seRadicación: 11001-03-06-000-2023-00055-00 Página 7 de 25

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autorid ades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta) En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

La Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá han negado su competencia para conocer y tramitar la queja disciplinaria presentada en contra de l señor Carlos Emilio Soto Bull, en su calidad de auxiliar de justicia.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, en este conflicto de competencias se ven involucradas dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Provincial de Instrucción de Tunja y , la Comisión Nacional de

establece en este Código, s in perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes

por conducto de la Provincial de Instrucción de Tunja y , la Comisión Nacional de

establece en este Código, s in perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00055-00 Página 8 de 25

disciplina Judicial a través de la Comisión Seccional Disciplina Judicial de Tunja. Adicionalmente, hace parte del conflicto de competencia s la Personería Municipal de Tunja, autoridad del orden territorial.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en la investigación disciplinaria en contra del señor Carlos Emilio Soto Bulla.

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030 de 20 239, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución10. Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante

una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución10. Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que la posición mayoritaria de la Sala en recientes decisiones11 ha sido la de considerar que el asunto es de naturaleza administrativa cuando al menos una de las autoridades en conflicto ejerce funciones administrativas.

En ese sentido, en el presente caso se tiene que el asunto es de naturaleza administrativa en tanto que la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal de Tunja, ejercen funciones disciplinarias de carácter administrativo; en tanto que la Comisión Seccional de Di sciplina Judicial de Boyacá , ejerce funciones jurisdiccionales.

Así las cosas, de acuerdo con la posición de la Sala de Consulta y Servicio Civil se concluye que el presente conflicto de competencias debe ser resuelto y decidido por la Sala.

9 La sentencia no está publicada, y solo se conoce el comunicado de prensa. 10 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. 11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de mayo de 2023. Exp. 1100103-06-000-2023-00035-00(C).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00055-00 Página 9 de 25

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»12.

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»12. En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 13 7 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimien to y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supu estos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que

concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supu estos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verifica ción de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia. Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

12 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00055-00 Página 10 de 25

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para asumir el conocimiento de la queja disciplinaria presentada en contra del señor Carlos Emilio Soto Bull, en su calidad de auxiliar de justicia, al no rendir oportunamente las cuentas claras y comprobadas de la administración de los bienes entregados en diligencia de secuestro dentro del proceso ejecutivo con radicado 150014053004 - 2009-00068-00 que cursa ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Tunja.

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, manifiesta

dentro del proceso ejecutivo con radicado 150014053004 - 2009-00068-00 que cursa ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Tunja.

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, manifiesta que, con la entrada en vigencia del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) el 29 de marzo de 2022, no tiene competencia para adelantar la indagación o investigación disciplinaria. Lo anterior, por cuanto, de acuerdo con el nuevo código disciplinario, especialmente de su artículo 92 ibidem, dicha competencia recae en la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, considera que la queja debe ser conocida por la Personería Municipal de Boyacá, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, o por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, conforme con lo dispuesto en el artículo 2 de la misma normativa.

Al respecto, la Personería Municipal de Tunja ha manifestado que su competencia para adelantar procesos disciplinarios se restringe a servidores públicos o particulares que presten servicios en la administración municipal. Lo cual no acontece en el caso del señor Carlos Emilio Soto Bulla, debido a que la queja disciplinaria presentada en su contra es por no rendir oportunamente las cuentas de la administración de los bienes entregados en diligencia de secuestro.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. ii) Competencia de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia.

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. ii) Competencia de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. iii) Funciones de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcion