CE - 110010306000202300056001AUTOQUERESUELDECLARACO20230706140606

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 7 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00056-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Personería Municipal de Tunja, Procuraduría Provincial de

Instrucción de Tunja y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

Asunto: autoridad competente para conocer de un proceso disciplinario contra un auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 y 19 d e la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Auto del 16 de ma yo de 20 18, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja relevó del cargo perito al señor Juan Carlos Peña Cepeda, por no haber cumplido con la rendición de l dictamen pericial encomendado dentro de la acción popular número 15001-33-33-007-2016-00029-00. Decisión que fue comunicada a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá.

2. En Auto del 31 de julio de 2018, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la

a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá.

2. En Auto del 31 de julio de 2018, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá ordenó la apertura de indagación preliminar2 en contra del señor

Juan Carlos Peña Cepeda.

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Hoy indagación previa, de acuerdo con, el artículo 208 de la Ley 2094 de 2021 «Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones».Radicación 11001030600020230005600 Página 2 de 25

3. A través de Auto del 1° de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá remitió el expediente a la Procuraduría Provincial de Tunja, al considerar que, esa autoridad era la competente para conocer del asunto.

4. El 16 de noviembre de 2022, la Procuraduría Provincial de Tunja declaró no ser competente para asumir el conocimiento de la actuación disciplinaria y, remitió el trámite a la Personería Municipal de Tunja.

5. El 25 de enero de 2023, mediante auto, la Pers onería Municipal de Tunja determinó promover ante la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá, conflicto negativo de competencias con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión

promover ante la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá, conflicto negativo de competencias con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

6. En consideración al orden nacional de dos de las partes intervinientes, la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá Mediante, mediante oficio del 6 de febrero de 2023 , remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para efectos de dirimir el conflicto negativo de competencias.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto3.

Obra constancia secretarial del 23 de febrero de 2023, en el sentido de que se informó del presente conflicto4 a la Personería Municipal de Tunja, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a l señor Juan Carlos Peña Cepeda.

En informe secretarial del 3 de marzo de 20235, consta que solo la Personería Municipal de Tunja y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja presentaron alegatos,

Cepeda.

En informe secretarial del 3 de marzo de 20235, consta que solo la Personería Municipal de Tunja y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja presentaron alegatos, mientras que las demás partes involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

3 Documento «10_110010306000202300056001POREDICTO20230223145637», por edicto. 4Documento «10_1100103060002023000560010EXPEDIENTEDIGI20230223145548 », expediente digital 5 Documento «5_110010306000202300056001ALDESPACHOPOR20230303121941», al despacho por reparto.Radicación 11001030600020230005600 Página 3 de 25

Mediante Auto para mejor proveer del 16 de marzo de 2023, se ordenó por la Secretaría de la Sala comunicar al Juzgado Séptimo Administrativo del circuito judicial de Tunja, a fin de que, si lo estimaba pertinente , presentara alegatos o consideraciones en su condición de quejoso. En posterior informe secretarial del 28 de marzo de 2023, consta que esta autoridad guardó silencio.

Según informe secretarial del 25 de mayo de 2023 6, la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá allegó escrito en el que expone los arg umentos por los cuales considera no ser competente para resolver el asunto.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá7

No presentó consideraciones, por lo que se toman los argumentos expuestos en providencia del 1° de julio de 2022, en la que advirtió su falta de competencia, bajo el

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá7

No presentó consideraciones, por lo que se toman los argumentos expuestos en providencia del 1° de julio de 2022, en la que advirtió su falta de competencia, bajo el argumento de que, conforme lo previsto en la Ley 1952 de 2019, la legislación aplicable a los procesos en los que al momento de su entrada en vigencia no se haya proferido pliego de cargos o no se haya instalado la audiencia del proceso verbal, es la contenida en dicha ley.

Señaló además, que, conforme el artículo 70 y siguientes de la Ley 1952 de 2019 los auxiliares de justicia están incluidos dentro del régimen previsto para los particulares disciplinables; y a su vez, el artículo 92 de l mismo cuerpo normativo 8, concentr a la competencia para investigarlos, en la Procuraduría General de la Nación.

b. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja9

Manifiesta que, en virtud de lo previsto en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, la competencia para ejercer la acción disciplinaria, en contra de los particulares disciplinables, está en cabeza de la Comisión Nacional de Disciplina Judicia l y sus comisiones seccionales:

A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios

6 Documento «27_110010306000202300056001INFORMESECRETA20230525152743 », SAMAI. 7 Documento «PMT 14730-2022 Exp Unido», expediente digital. 8 […] El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y

7 Documento «PMT 14730-2022 Exp Unido», expediente digital. 8 […] El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el Artículo 76 de este código, cualquiera que sea l a forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión. 9 Documento «12_110010306000202300056002MemorialWeb20233310345», recibe memoriales online.Radicación 11001030600020230005600 Página 4 de 25

y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscal ía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal permanente.

Por otra parte, señala que, el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 10, establece la competencia de las personerías para adelantar investigaciones disciplinarias, independientemente de la forma de vinculación del sujeto, excepto en el caso de los notarios. En ese sentido, indica que , la norma en mención no limita la competencia de las personerías por la calidad del sujeto disciplinable.

Agrega que, la Resolución 456 de 2017 citada por la personería , establece los parámetros para asumir el poder preferente , pero no es aplicable al caso específico, pues l os criterios definidos en dicho acto administrativo no fueron acogidos por esa provincial, por lo cual, en el marco del poder preferente, considera que la competencia puede ser asumida por otra entidad, en este caso, por la personería municipal.

c. Personería Municipal de Tunja11

Manifiesta que, el sujeto disciplinable en este caso, no lo es por parte de esa entidad,

puede ser asumida por otra entidad, en este caso, por la personería municipal.

c. Personería Municipal de Tunja11

Manifiesta que, el sujeto disciplinable en este caso, no lo es por parte de esa entidad, toda vez que se trata de un auxiliar de la justicia, particular que desempeña funciones públicas en la rama judicial , más no es un funcionario del poder ejecutivo en el nivel municipal.

Señala que, en virtud del artículo 91 de la Ley 1952 de 2019 , la Procuraduría tiene el deber de verificar las reglas de determinación de competencia , y que, e n dicha verificación, debe analizarse la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.

Aduce que, conforme el numeral 4° del artículo 178 de la Ley 136 de 1994, las funciones disciplinarias de las personerías se ejercen frente a sujetos disciplinables que tengan vínculo con el municipio como entidad territorial.

De conformidad con lo anterior, manif iesta que no es competente para investigar al señor Juan Carlos Peña Cepeda en su calidad de auxiliar de la justicia, pues su actuar no se encuentra relacionado con la Administración municipal.

Agrega que, en virtud del artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, la facultad para disciplinar a los particulares es de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías, estas últimas, solo cuando el sujeto disciplinable es un particular que ejerce funciones en el

10 (…) El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nac ión

últimas, solo cuando el sujeto disciplinable es un particular que ejerce funciones en el

10 (…) El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nac ión y las personerías, salvo lo dispuesto en el Artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión. 11 Documento «11_110010306000202300056001ALEGATOSDECON20230302211904», alegatos de conclusión o intervenciones.Radicación 11001030600020230005600 Página 5 de 25

marco de la jurisdicción territorial municipal, y no respecto de colaboradores de la Rama Judicial.

Indica también que , conforme las funciones de las procuradurías provinciales y distritales de instrucción establecidas en el literal j ) del numeral 1 ° del artículo 22 del Decreto 1851 de 202112, la competencia en este caso es de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja. Para el efecto, transcribe lo pertinente de la norma mencionada, según la cual:

Artículo 76. Procuradurías provinciales y distritales de instrucción. Las procuraduría s provinciales y distritales de instrucción cumplen, dentro de su circunscripción territorial, las siguientes funciones:

1.Conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los siguientes sujetos disciplinables: (…)

j) Los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal.

d. Juzgado Séptimo Administrativo del circuito judicial de Tunja

Según informe de fecha 28 de marzo de 2023 emitido por la Secretaría de la Sala de

j) Los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal.

d. Juzgado Séptimo Administrativo del circuito judicial de Tunja

Según informe de fecha 28 de marzo de 2023 emitido por la Secretaría de la Sala de Consulta, el Juzgado Séptimo Administrativo del circuito judicial de Tunja no efectuó pronunciamiento alguno respecto del conflicto de competencias que se analiza.

e. Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá

Manifiesta que, si bien en virtud del artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 13, podría ser competente para dirimir el conflicto de competencias presentado entre la Personería Municipal de Tunja y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Boyacá, en este caso específico, hay una tercera autoridad en conflicto, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, la cual corresponde a un organismo del orden nacional. Por lo anterior, concluye que la norma aplicable es el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual, ordenó la remisión del conflicto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

12 «Por el cual se modifican los Decretos ley 262 y 265 de 2000». 13 El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.Radicación 11001030600020230005600 Página 6 de 25

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios. Reiteración14

por disposición legal tenga atribuida la competencia.Radicación 11001030600020230005600 Página 6 de 25

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios. Reiteración14

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial, contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (CGD), que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el c onflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, la Personería Municipal de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las

de Tunja, la Personería Municipal de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocu pa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

14 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022 con radicado núm. 11 -001-0306000-2022-00080 M.P. María del pilar Bahamón Falla; y Decisión del 2 de junio de 2022 con radicado núm. 11-001-0306-000-2022-00055 M.P. Ana María Charry Gaitán, entre otras.Radicación 11001030600020230005600 Página 7 de 25

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autori dades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 20 80 de 2021, prevé que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

La Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

La Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá han negado tener la competencia para conocer del proceso disciplinario en contra del señor Juan Carlos Peña Cepeda.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un sólo tribunal administrativo.

En el presente caso, existen tres autoridades en con flicto, de las cuales, dos son del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá; y una es del orden territorial: la Personería Municipal de Tunja.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.Radicación 11001030600020230005600 Página 8 de 25

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreta porque se trata resolver la competencia para conocer del proceso disciplinario que se adelanta en contra del señor Juan Carlos Peña Cepeda , en su condición de perito dentro de la acción popular número 15001 -33-33-007-2016-00029-00 que se adelantaba en el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.

Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función

Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.

Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá), y las otras, que, en el mismo evento, ejercerían una función administrativa 15 (Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Personería Municipal de Tunja)

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreta porque se trata del proceso disciplinario (iniciado en el año 2018), que se adelanta en contra del señor Juan Carlos Peña Cepeda, auxiliar de la justicia dentro de la Acción Popular surtida ante el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja bajo el radicado 1500133-33-007-2016-00029-00. Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes16:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 17, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución

Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución

15 Al respecto se debe precisar que la Ley 2094 de 2021, en su artículo 1°, otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación y replicó dicha función en los artículos 54, 73 y 74 (que modificaron los artículos 2°, 238 A, 265 de la Ley 1952 de 2019). Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-30 de 2023 declaró inexequible las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación que le había dado la referida norma (artículos 1, 54, 73 y 74), decisión que fue dada a conocer por medio del Comunicado 04 de la Corte Constitucional del 16 de febrero de 2023. 16 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 17 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]Radicación 11001030600020230005600 Página 9 de 25

Política, también ha señalado la Sala, 18 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el

Política, también ha señalado la Sala, 18 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las auto ridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la mism a afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Visto este panorama, la Sala ha considerado 19 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos lo gren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

[…] la Sala, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cual le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer20.

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establec er, de forma anticipada ( a priori ) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por

18Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 19 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017 -00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200).Radicación 11001030600020230005600 Página 10 de 25

20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200).Radicación 11001030600020230005600 Página 10 de 25

lo cual] es necesario que la Sala de Cons ulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]21.

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto éste corresponde a un conflicto de competencias entre una autoridad que cumple función administrativa, y otra que cumple función jurisdiccional, lo que supone entonces la competencia de la Sala para resolverlo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el mar co de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»22.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos

administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración Previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad com petente para adelantar o

21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 20 de mayo de 2021. 22La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 11001030600020230005600 Página 11 de 25

continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de

entidades frente a las cu