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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 7 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00060-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Personería Municipal de Tunja, Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

Asunto: Autoridad competente para conocer de proceso disciplinario contra auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja , dentro del proceso ejecutivo bajo radicado núm. 150014003004 -2010-00579-00, mediante Auto de 27 de mayo de 2015, relevó del cargo de perito a la señora Patricia Eddy Alvarado Velasco y remitió copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y

Casanare, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

2. Por medio del Auto del 8 de julio d e 2015, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Boyacá y Casanare, hoy Comisión Seccional de Disciplina

2. Por medio del Auto del 8 de julio d e 2015, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Boyacá y Casanare, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, dio apertura a indagación preliminar en contra de la implicada y dispuso la práctica de pruebas . Decisión comunicada mediante telegrama del 18 de agosto de 2015 y notificada mediante edicto No. 55 el 16 de diciembre de 2015.

3. Mediante Auto de fecha 21 de julio de 2016 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Boyacá y Casanare, abrió investigación disciplinaria en contra de Patricia Eddy Alvarado Velasco, en su condición de auxiliar de la justicia.

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación 110010306000202300060 Página 2 de 22

4. El 7 de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá negó competencia para ejercer su función disciplinaria sobre la señora Alvarado Velasco, y remitió el asunto a la Procuraduría Provincial de Tunja.

5. El 13 de noviembre de 2022, la Procuraduría Provincial de Tunja remitió la queja a la Personería Municipal de Tunja por considerarla competente para conocer del asunto.

5. El 13 de noviembre de 2022, la Procuraduría Provincial de Tunja remitió la queja a la Personería Municipal de Tunja por considerarla competente para conocer del asunto.

6. El 25 de enero de 2023, la Personería Municipal de Tunja promovió ante la Sala de Consulta del Consejo de Estado conflicto negativo de competencia administrativa con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de

Disciplina Judicial de Boyacá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.

Consta que se libraron comunicaciones a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, a la Procuraduría General de la Nación, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Personería Municipal de Tunja y a la señora Patricia Eddy Alvarado Velasco.

En informe secretarial del 3 de marzo de 202 3, consta que, la Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado, la Personería Municipal del Tunja y la Procuraduría General de la Nación presentaros alegatos. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto para mejor proveer del 21 de marzo de 2023, el despacho ponente

General de la Nación presentaros alegatos. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto para mejor proveer del 21 de marzo de 2023, el despacho ponente ordenó por Secretaría comunicar al J uzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja la existencia del presente conflicto a efectos que, si lo estima pertinente, presente sus alegatos o consideraciones, toda vez que fue la autoridad que compulsó las copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

Así mismo, solicitó al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja, allegar copia íntegra del Auto del 26 de junio de 2019, proferido dentro del proceso ejecutivo núm. 50001400300420100057900, y de cualquier otro documento que permitiera establecer la conducta de la señora Eddy Alvarado Velasco que originó la compulsa de copias por parte de dicho despacho judicial.Radicación 110010306000202300060 Página 3 de 22

En atención al anterior requerimiento, mediante escrito s del 29 de marzo y del 25 de mayo del 2023 el despacho judicial dio respuesta a lo solicitado y presentó consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

No presentó alegatos de conclusión por lo que se toman los argumentos expuestos en Auto del 7 de julio de 2022, en el que manifiesta que los auxiliares de la justicia según lo dispuesto por los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo

Auto del 7 de julio de 2022, en el que manifiesta que los auxiliares de la justicia según lo dispuesto por los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, son particulares en ejercicio de funciones públicas disciplinados por la Procuraduría General de la Nación y las Personerías, cualquiera sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

b. Personería Municipal de Tunja.

Mediante escrito de 2 de marzo de 2023, señaló carecer de competencia con fundamento en la calidad del sujeto disciplinable, quien como auxiliar de la justicia no ostentaba la condición de servidor público o particular en ejercicio de funciones públicas de la administración municipal, sino la de colaborador de la Rama Judicial del Poder Público y por tanto, no se constituye en sujeto disciplinable de la Personería de Tunja, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4o del artículo 178 de la Ley 136 de 1994, que define las funciones que ejerce este ente de control como autoridad disciplinaria y los sujetos a quienes disciplina, siendo así, en consecuencia, las autoridades respecto de las cuales se suscitó la colisión competentes para asumir su conocimiento.

c. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, en escrito del 1 de marzo de 2023, sostuvo que no es competente para adelantar el proceso disciplinario en contra de la señora Patricia Eddy Alvarado Velasco, pues esta competencia radica exclusivamente en l a Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tunja. Adicionalmente, solicitó la

sostuvo que no es competente para adelantar el proceso disciplinario en contra de la señora Patricia Eddy Alvarado Velasco, pues esta competencia radica exclusivamente en l a Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tunja. Adicionalmente, solicitó la remisión del conflicto de competencias a la Corte Constitucional, por considerar que se trataba de un conflicto entre jurisdicciones. Como fundamento de la negativa para conocer del asunto, sostuvo que el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, «[…] establece la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para ejercer la acción disciplinaria entre otros, en contra de los particulares […]». Adicionalmente, manifestó que el artículo 47 del Código General del Proceso indica que los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales. Razón por la cual puso de presente que el artículo 50 del referido código dispone que las faltas en las queRadicación 110010306000202300060 Página 4 de 22

incurran los auxiliares de la justicia deben ser comunicadas al Consejo Superior de la Judicatura, por ser la autoridad competente para sancionarlos. d. Procuraduría Quinta Delega ante el Consejo de Estado. El procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado, mediante escrito del 2 de marzo de 2023, señaló que la entidad competente para conocer del asunto, es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, de conformidad con los factores de competencia establecidos el artículo1° de la Ley 2094 de 2021 y con lo preceptuado en el artículo 2° de la Ley 152 de 2019 y en el artículo 47 del Código General del Proceso.

de competencia establecidos el artículo1° de la Ley 2094 de 2021 y con lo preceptuado en el artículo 2° de la Ley 152 de 2019 y en el artículo 47 del Código General del Proceso. e. Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja El juez Cuarto Civil Municipal de Tunja señaló que , en decisión reciente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial 2 aclaró que la competencia para seguir conociendo de las actuaciones contra auxiliares de la justicia, en aquellos casos en los que no se hubiere notificado pliego de cargos, es de la Procuraduría General de la Nación, por cuanto, el artículo 263 transitorio de la Ley 1952 de 2019 ( modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021) establece que a la entrada en vigencia de dicha ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. De conformidad con lo anterior, adu jo que para determina r la competencia se debe verificar la fecha de notificación de cargos, pues si aquel fue adelantando antes del 29 de marzo de 2022, correspondería su conocimiento a la comisión , no obstante, si la mencionada notificación se realizó con posterioridad a dicha fecha, la competencia sería del la Procuraduría.

IV. CONSIDERACIONES

Competencia

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan en el artículo

Competencia

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan en el artículo 99 de la Ley 1952 de 20193, norma especial sobre la materia, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente

2 Comisión Nacional de Disci plina Judicial, MP. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, Rad. 730011102000201900577 01 del 10 de agosto de 2022. 3 Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.Radicación 110010306000202300060 Página 5 de 22

en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado no tienen un superior común.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular , aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa.

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental , distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

orden departamental , distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, prevé que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:Radicación 110010306000202300060 Página 6 de 22

Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entr e cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

En este caso, tanto la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, como la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Personería Municipal de Tunja, negaron tener la competencia para conocer de la queja disciplinaria contra Patricia Eddy Alvarado Velasco quien se desempeñó como auxiliar de la justicia.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente asunto, existen dos autoridades en conflicto, ambas del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la seccional de Boyacá.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias en estudio involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cu ndinamarca), y las otras que, en el mismo evento, ejercerían función administrativa (Procuraduría General de la Nación4 y la Personería Municipal de Tunja)

4 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2°, 238A, 265 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30 de 2023 declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas. Esta decisión que fue dada a conocer por la Corte Constitucional, mediante comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023.Radicación 110010306000202300060 Página 7 de 22

las referidas normas. Esta decisión que fue dada a conocer por la Corte Constitucional, mediante comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023.Radicación 110010306000202300060 Página 7 de 22

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa y otra qu e cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes5:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 6, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala, 7 que una de las garantías del debido proceso es qu e la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Visto este p anorama, la Sala ha considerado 8 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las

5 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras. 6 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integr idad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]

7Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 8 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014

2022-00130; entre otras. 8 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017 -00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros.Radicación 110010306000202300060 Página 8 de 22

autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

[…] la Sala, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cual le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer9.

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establecer, de forma anticipada ( a priori ) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es necesario que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]10.

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto

justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es necesario que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]10.

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto este corresponde a un conflicto de competencias entre dos autoridades que cumplen función administrativa, y otra que cumple función jurisdiccional, lo que supone entonces la competencia de la Sala para resolverlo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para con tinuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»11.

9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 201700200). 10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 20 de mayo de 2021. 11La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 110010306000202300060 Página 9 de 22

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y

de 2015.Radicación 110010306000202300060 Página 9 de 22

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridade s carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración Previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para ade lantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del

pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala so bre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

5. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala estudia un confli cto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, el cual surgió por la queja presentada en contra de la señora Patricia Eddy Alvarado Velasco, auxiliar de la justicia dentro de un proceso judicial.Radicación 110010306000202300060 Página 10 de 22

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, considera no ser competente para conocer del asunto, pues en virtud del artículo 257A de la Constitución Política solo debe investigar disciplinariamente a funcionarios y empleados de la Rama Judicial, lo que, excluye conocer de los procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia, competencia que debe ser asignada a la Procuraduría.

debe investigar disciplinariamente a funcionarios y empleados de la Rama Judicial, lo que, excluye conocer de los procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia, competencia que debe ser asignada a la Procuraduría.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja manifiesta que, en virtud del artículo 1 de la Ley 2094 de 2021, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, la entidad competente para ejercer función disciplinaria contra particulares que prestan apoyo a la administración de justicia.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a: i) La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración; ii) La naturaleza de la función de los auxiliares de justicia; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia; iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia - régimen de transición de orden constitucional ; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019; vi) Conclusiones sobre régimen jurídico aplicable y vii) El caso concreto.

6. Análisis del conflicto planteado

6.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración 12

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inha