CE - 110010306000202300064001AUTOQUERESUELDECLARACO20230712101729

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 7 de junio del 2023

Número único: 11001 03 06 000 2023 00064 00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Personería Municipal de Tunja, Procuraduría Provincial de

Instrucción de Tunja y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

Asunto: Autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de una auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), respectivamente modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en la documentación recibida, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 19 de mayo de 20222, la señora Blanca Silvia Muñoz interpuso ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá una queja contra la señora Nieves Clemencia Moreno Díaz, por las presuntas irregularidades en que incurrió en el ejercicio de la función de auxiliar de la justicia que desempeñó en el proceso de liquidación de sociedad conyugal radicado con el núm. 2020-4423.

Nieves Clemencia Moreno Díaz, por las presuntas irregularidades en que incurrió en el ejercicio de la función de auxiliar de la justicia que desempeñó en el proceso de liquidación de sociedad conyugal radicado con el núm. 2020-4423.

2. El 15 de julio de 2022 4, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá -en adelante CNDJ de Boyacá- se abstuvo de «avocar el conocimiento» de la queja y la remitió a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, al considerarla competente para conocerla del asunto.

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Archivo Samai, NroActua 12, archivo 26, folio 3. 3 Surtido ante el Juzgado Segundo de Familia de Tunja. 4 Archivo Samai, NroActua 12, archivo 24, folios 6 - 10.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00064 00 Página 2 de 24

3. El 13 de noviembre de 2022 5, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja remitió «por competencia » la queja interpuesta contra Nieves Clemencia

Moreno Díaz a la Personería Municipal de Tunja.

4. Mediante oficio PMT -DVGAD-CODIS-031/Rad. PMT 14764 -202 del 5 de

Moreno Díaz a la Personería Municipal de Tunja.

4. Mediante oficio PMT -DVGAD-CODIS-031/Rad. PMT 14764 -202 del 5 de febrero de 20236, la Personería Municipal de Tunja le solicitó a la Sala de Consulta que dirimiera el conflicto negativo de competencias suscitado entre dicha autoridad, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la CNDJ de Boyacá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco días, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto7.

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Personería Municipal de Tunja, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Procuraduría General de la Nación8.

El despacho ponente, mediante Auto del 23 de marzo de 2023, comunicó la existencia del conflicto a la señora Blanca Silvia Muñoz, en su calidad de quejosa, y requirió a las partes que allegaran al expediente la queja disciplinaria9.

Finalmente, obra constancia de la Secretaría de la Sala en el sentido de que durante la fijación del edicto presentaron alegatos la Personería Municipal de Tunja y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja. Las demás autoridades

Finalmente, obra constancia de la Secretaría de la Sala en el sentido de que durante la fijación del edicto presentaron alegatos la Personería Municipal de Tunja y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio10.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. De la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja11

5 Archivo Samai, NroActua 12, archivo 24, folios 11 - 13. 6 Archivo Samai, archivo PMT 14764-2022. 7 Archivo digital SAMAI, archivo 9. 8 Archivo digital SAMAI, NroActua 2, archivo 9. En dicha comunicación, la Secretaría de la Sala indicó: «Señora NIEVES CLEMENCIA MORENO DÍAZ (Sin datos de contacto)». 9 Archivo digital SAMAI, NroActua 8. 10 Archivo digital SAMAI, NroActua 7. 11 Archivo digital SAMAI, archivo 14.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00064 00 Página 3 de 24

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja precisa que, según lo establecido por los artículos 47 y 50 del Código General del Proceso, los auxiliares de la justicia son sujetos que desempeñan ocasionalmente funciones públicas y se encuentran bajo el poder disciplinario del «Consejo Superior de la Judicatura».

Y agrega que, el artículo 1° de la Ley 2094 del 2021, que modificó el artículo 2 del Código General Disciplinario, establece que a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los particulares que

Y agrega que, el artículo 1° de la Ley 2094 del 2021, que modificó el artículo 2 del Código General Disciplinario, establece que a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los particulares que administran justicia de manera temporal o permanente, pero que, según lo establecido por el artículo 92 del referido código, las personerías municipales y distritales también tienen competencia para adelantar procesos disciplinarios contra quienes no tienen la condición de servidores públicos, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

Por último, señala que no ha ejercido el poder preferente qu e le asigna el artículo 3° del Código General Disciplinario, por lo tanto, no le corresponde asumir el proceso disciplinario que debe adelantarse por la queja que interpuso la señora Blanca Silvia Muñoz, contra una auxiliar de la justicia.

2. De la Personería Municipal de Tunja12

La Personería Municipal de Tunja explica la competencia de los personeros en materia disciplinaria, a partir de lo establecido por la Ley 136 de 1994, a saber: i) ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas municipales y ii) ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales, con excepción, de los alcaldes, concejales y el contralor municipal.

Al respecto, precisa que la señora Nieves Clemenci a Moreno, contra quien se formuló la queja que originó el conflicto de competencias, «no ostenta la calidad de servidora pública municipal, ni tuvo vínculo directo o indirecto con la administración

Al respecto, precisa que la señora Nieves Clemenci a Moreno, contra quien se formuló la queja que originó el conflicto de competencias, «no ostenta la calidad de servidora pública municipal, ni tuvo vínculo directo o indirecto con la administración municipal, o con alguna de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al municipio de Tunja» y, como particular, no ha prestado funciones que tengan relación con la entidad territorial.

Por último, indica que no hay duda de que la señora Nieves Clemencia Moreno es una auxiliar de la justicia, por lo tanto, debe ser disciplinada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019.

3. De la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá

12 Archivo digital SAMAI, archivo 11.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00064 00 Página 4 de 24

La CNDJ de Boyacá no intervino en la etapa de alegatos, empero, del pronunciamiento del 15 de julio de 2022, mediante el cual se abstuvo de «avocar el conocimiento» de la queja que originó el conflicto de competencias, se entiende que su posición se sustenta en lo siguiente:

De conformidad con lo establecido por el artículo 257A de la Carta, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así como también de sus seccionales, le corresponde ejercer la función jurisdiccional disciplinaria de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de los abogados en ejercicio de su profesión.

Los particulares que ejercen funciones públicas, como lo son, entre otros, los

corresponde ejercer la función jurisdiccional disciplinaria de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de los abogados en ejercicio de su profesión.

Los particulares que ejercen funciones públicas, como lo son, entre otros, los auxiliares de la justicia están bajo la órbita disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, tal como lo establecen los artículo s 70 y 92 del Código General Disciplinario.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios. Reiteración13

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial, contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (CGD), que dispone:

Artículo 99 . Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

13 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022 con radicado núm. 11 -001-0306-000-2022-00080 M. P. María del pilar Bahamón Falla y Decisión del 2 de junio de 2022 con radicado núm. 11-001-0306-000-2022-00055 M.P. Ana María Charry Gaitán.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00064 00 Página 5 de 24

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las aut oridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Personería Municipal de Tunja, Procuraduría Provincial de Tunja y la CNDJ de Boyacá no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa.

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa.

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocer á la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, prevé que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada,

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.

Con base en las disposiciones mencionadas, l a Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:Radicación: 11001 03 06 000 2023 00064 00 Página 6 de 24

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

La Personería Municipal de Tunja, la CNDJ de Boyacá y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja negaron tener la competencia para conocer del proceso disciplinario en contra de la auxiliar de la justicia Nieves Clemencia Moreno Díaz.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un sólo tribunal administrativo.

En el presente asunto, existen tres autoridades en conflicto, d e las cuales dos son del orden nacional, a saber: la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la seccional de Boyacá.

1. Que se trate de una ac tuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación disciplinaria particular y concreta , que se adelanta en contra de la auxiliar de la justicia Nieves Clemencia Moreno Díaz. Sobre

1. Que se trate de una ac tuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación disciplinaria particular y concreta , que se adelanta en contra de la auxiliar de la justicia Nieves Clemencia Moreno Díaz. Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño), y dos más que, en el mismo evento, ejercerían funciones administrativas14 (Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Personería Municipal de Tunja).

Sobre los conflictos de competencia suscitados entre autoridades que cumplen funciones de naturaleza distinta, administrativa y jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes15:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre

14 Al respecto se debe precisar que la Ley 2094 de 2021, en su artículo 1°, otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación y replicó dicha función en los artículos 54, 73 y 74 (que modificaron los artículos 2°, 238ª, 265 de la Ley 1 952 de 2019). Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30-23 declaró inexequible las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación que le había dado la referida norma (artículos 1, 54, 73 y 74), decisión que fue dada a conocer por medio del Comunicado 04 de la Corte Constitucional del 16 de

Procuraduría General de la Nación que le había dado la referida norma (artículos 1, 54, 73 y 74), decisión que fue dada a conocer por medio del Comunicado 04 de la Corte Constitucional del 16 de febrero de 2023. Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación conocerá de los procesos adelantados en contra de quienes desempeñen funciones públicas con fundamento de sus funciones administrativas y no jurisdiccionales. 15 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00064 00 Página 7 de 24

autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 16, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015. • En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala,17 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuac ión sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en

por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable. En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencia s planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Visto este panorama, la Sala ha considerado18 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su final idad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

16 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integrida d y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

16 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integrida d y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]

17Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 18 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006-00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00064 00 Página 8 de 24

[…] la Sala, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cual le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer19.

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establecer, de forma anticipada (a priori) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es

No es posible establecer, de forma anticipada (a priori) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es necesario que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]20.

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto este corresponde a un conflicto de competencias entre dos autoridades que cumplen función administrativa, y otra que cumple función jurisdiccional, lo que supone entonces la competencia de la Sala para resolverlo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de deci dir cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»21.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la s uspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

positivos de competencias administrativas, prevé la s uspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el

19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200). 20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 20 de mayo de 2021. 21 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00064 00 Página 9 de 24

ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto . Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente

de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto . Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto s erán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, y adoptar la respectiva decisión de fondo.

Debe agregarse que la decisión de la Sala, sobre la asignación de competencia, se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesis del caso y problema jurídico La Sala estudia un conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la CNDJ de Boyacá, el cual surgió por la queja presenta da en contra de la señora Nieves Clemencia Moreno Díaz, auxiliar de la justicia en el proceso judicial núm. 2020-442.

La Personería Municipal de Tunja, considera no ser competente para conocer del asunto, debido a que la Ley 136 de 1994 no le asigna competencia disciplinaria sobre auxiliares de la justicia, puesto que no son sujetos vinculados de forma directa ni indirecta a entidades territoriales.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja manifiesta que, en virtud del

sobre auxiliares de la justicia, puesto que no son sujetos vinculados de forma directa ni indirecta a entidades territoriales.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja manifiesta que, en virtud del artículo 1° de la Ley 2094 del 2021, que modificó el artículo 2 del Código General Disciplinario, le corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercer la acción disciplinaria contra los particulares que administran justicia de maneraRadicación: 11001 03 06 000 2023 00064 00 Página 10 de 24

temporal o permanente, competencia que, además, es concurrente con la de las personerías municipales y distritales.

Y, finalmente, la CNDJ de Boya cá precisa que la competencia disciplinaria que le asigna el artículo 257A de la Carta no incluye a los particulares que ejercen funciones públicas, como lo son, entre otros, los auxiliares de la justicia.

De conformidad con los antecedentes, la Sala debe determinar cuál es la autoridad competente para para adelantar un proceso disciplinario en contra de una auxiliar de la justicia.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a: i) la potestad disciplinaria del Estado. Reiteración; ii) naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia; iii) competencia de la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia; iv) funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia - régimen de transición de orden constitucional; v) el régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la

justicia; iv) funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia - régimen de transición de orden constitucional; v) el régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vig encia de la Ley 1952 de 2019, vi) el factor territorial como determinante de la competencia en los procesos Disciplinarios ; vii) competencia de las personerías municipales para adelantar actuaciones disciplinarias en contra de particulares disciplinables Reiteración; viii) conclusiones sobre régimen jurídico aplicable y (ix) el caso concreto.

5. Análisis del conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas

prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores púb