CE - 110010306000202300065001AUTOQUERESUELDECISIONC20230710112429

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Óscar Darío Amaya Navas

Bogotá, D.C., 14 de junio de 2023

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00065-00

Referencia: conflicto negativo de competencias

Partes: Personería Municipal de Tunja, Procuraduría Provincial de

Instrucción de Tunja y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

Asunto: autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de una auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El Juzgado Segundo Transitorio de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Tunja, mediante providencia del 17 de marzo de 2022 , dentro del proceso judicial identificado con número de radicación 20 08-546, orden ó compulsar copias 2 ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá para que se investi gara al señor William Ernesto Dueñas Moreno , quien fue designado como secuestre dentro del proceso ejecutivo mencionado, «y aparentemente no rindió las cuentas de su gestión de forma oportuna».

William Ernesto Dueñas Moreno , quien fue designado como secuestre dentro del proceso ejecutivo mencionado, «y aparentemente no rindió las cuentas de su gestión de forma oportuna».

3. Por Auto del 15 de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá declaró su falta de competencia para conocer de la queja presentada en contra de señor William Ernesto Dueñas Moreno, y ordenó la remisión de las diligencias a la Procuraduría Provincial de Tunja 3, al considerar que era la entidad competente para

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 La remisión se hizo efectiva a través de Oficio núm. 0387 del 4 de abril de 2022. 3 La remisión se hizo efectiva a través de Oficio núm. CSJBSD-202200305TVOB, el 8 de septiembre de 2022.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0065-00 Página 2 de 28

conocer del asunto , de conformidad con los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021.

4. El 16 de noviembre de 2022, l a Procuraduría Provincial de Tunja declaró no ser competente para asumir el conocimiento de la actuación disciplinaria, y remitió el asunto a la Personería Municipal de Tunja , que, en su criterio, por virtud del poder preferente dispuesto en el segundo p árrafo del artículo 3 de la Ley 1952 de 2019 , tenía la

a la Personería Municipal de Tunja , que, en su criterio, por virtud del poder preferente dispuesto en el segundo p árrafo del artículo 3 de la Ley 1952 de 2019 , tenía la competencia para investigar a particulares que cumplen funciones públicas en el orden territorial.

5. El 27 de enero de 2023, la Personería Municipal de Tunja, al considerar que no tenía competencia, resolvió promover conflicto negativo de competencias administrativas entre esa autoridad, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá; y el 6 de febrero de 2023 , remitió el expediente a la

Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) el 3 de marzo de 2023, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones4.

Consta, en el expediente, que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Personería Municipal de Tunja; a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja; a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá; a la Procuraduría General de la Nación; a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y al señor William Ernesto Dueñas Moreno5.

El 10 de marzo de 20236, la Secretaría de la Sala informó al despacho que: la Personería

Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y al señor William Ernesto Dueñas Moreno5.

El 10 de marzo de 20236, la Secretaría de la Sala informó al despacho que: la Personería Municipal de Tunja; la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado de la Procuraduría General de la Nación; la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja presentaron consideracciones. Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación allegó información. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Por medio de Auto del 12 de mayo de 2023, el consejero ponente ordenó comunicar al Juzgado Segundo Transitorio de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Tunja (en su condición de quejoso) de la existencia del presente conflicto de competencias a efectos de que, si lo estimaba pertinente, presentara sus alegatos o consideraciones.

4 Fijación por edicto núm. 062, documento 9, expediente digital. 5 Constancia de comunicación, documento 10, expediente digital. 6 Documento 26, expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0065-00 Página 3 de 28

Según informe secretarial del 24 de mayo de 2023, el Juzgado Segundo Transitorio de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tunja guardó silencio.

Consta informe secretarial del 25 de mayo de 20237, por medio del cual se informó al despacho que la Procuraduría Regional de Boyacá presentó Auto núm. 264 en el que remitió las diligencias y los expedientes enviados por el personero municipal de Tunja a

despacho que la Procuraduría Regional de Boyacá presentó Auto núm. 264 en el que remitió las diligencias y los expedientes enviados por el personero municipal de Tunja a esa Regional el 6 de febrero de 2023, para que resolviera el conflicto negativo de competencias ent re la Procuradur ía Provincial de Instrucci ón de Tunja, la Comisi ón Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y la Personería Municipal de Tunja, entre los cuales se encontraba el del señor William Ernesto Dueñas Moreno. Lo anterior, al considerar que la Procuraduría Regional de Boyacá carecía de competencia para resolver el conflicto promovido por la Personería Municipal de Tunja, toda vez que estaba planteado entre tres autoridades con funcione s disciplinarias, y de las cuales esa Regional de Instrucci ón sólo era «superior com ún inmediato de la Procuraduría Provincial de Instrucci ón Tunja y de la Personer ía Municipal ». Por tal motivo, indicó a la Sala que se abstenía de emitir una decisi ón de fondo en el asunto planteado.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES 3.1. Personería Municipal de Tunja En escrito del 6 de marzo de 20238, la Personería Municipal de Tunja sustentó su falta de competencia para conocer del asunto, con base en los siguientes argumentos:

En primer lugar, precisa que las funciones disciplinarias asignadas a las personerías municipales, de conformidad con el numer al 4º del artículo 178 de la Ley 136 de 1994, guardan una estrecha relación con los sujetos disciplinables, teniendo en cuenta la vinculación que tengan con el municipio como entidad territorial.

municipales, de conformidad con el numer al 4º del artículo 178 de la Ley 136 de 1994, guardan una estrecha relación con los sujetos disciplinables, teniendo en cuenta la vinculación que tengan con el municipio como entidad territorial.

Lo anterior, denota -para la Personería Municipal de Tunj aque la competencia disciplinaria en cabeza de las personerías se encuentra enmarcada, inequívocamente, en la conducta de los servidores públicos municipales, con excepción de los alcaldes, concejales y el contralor municipal, cuyo conocimiento se circunscribe en la Procuraduría General de la Nación.

En su criterio, esta afirmación se sustenta, además, en la competencia preferente que estableció el legislador en el inciso segundo del artículo 3º y en el inciso tercero del artículo 86 de la Ley 1952 de 2 019 que ratifican que los personeros municipales tienen poder preferente frente a la administración municipal.

7 Documento 34, expediente digital. 8 Documento 17, expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0065-00 Página 4 de 28

Ahora bien, para el caso concreto, la Personería Municipal de Tunja considera que el señor William Ernesto Dueñas Moreno, secuestre designado para el proceso ejecutivo 2008-546, no ostenta la calidad de servidor público municipal, ni tuvo ninguna relación directa o indirecta con la administración municipal, o con alguna de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Municipio de Tunja, ya que no prestaba sus servicios a entidades y órganos de este nivel, es decir, espec íficamente, a la

directa o indirecta con la administración municipal, o con alguna de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Municipio de Tunja, ya que no prestaba sus servicios a entidades y órganos de este nivel, es decir, espec íficamente, a la administración municipal de Tunja, desde su connotaci ón de organizaci ón político administrativa y no simplemente territorial, sino que, por el contrario, se trataba de un auxiliar de la justicia de la Rama Judicial.

Agrega que si se tratara de un particula r, en relación directa con la administración municipal, s í hubiese sido procedente la remisión por competencia que hizo la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja a esa personería; pero, como se refiere a una investigaci ón disciplinaria en contra d e un colaborador de la administración de justicia, en su calidad de particular en ejercicio de funciones p úblicas, la competencia debe recaer en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019.

Finalmente, aclara el alcance de la competencia de las personerías para disciplinar a particulares que ejerzcan funciones públicas, que contempla el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, con base en lo siguiente: [c]onforme con lo establecido en el artículo 70 [de la Ley 1952 de 2019], son particulares disciplinables conforme el C ódigo General Disciplinario quienes en tal calidad ejerzan funciones p úblicas de manera permanente o transitoria, que administren recursos públicos; que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales y los auxiliares de la justicia.

funciones p úblicas de manera permanente o transitoria, que administren recursos públicos; que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales y los auxiliares de la justicia. Así las cosas, los auxiliares de la justicia, condición que ostenta el sujeto disciplinable del presente proceso, se encuentran comprendidos dentro del r égimen de los particulares consagrado en el C ódigo General Disciplinario, pero no por esa circunstancia, puede resultar correcto pretender que también sean sujetos disciplinables por las Personer ías, por cuanto dada la naturaleza jurídica de las Personerías Municipales, debe señalarse al menos someramente la calidad de servidores públicos o particulares en cumplimiento de funciones públicas de la administraci ón y en consecuencia la relaci ón con la Entidad o dependencia del nivel municipal. 3.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, mediante Auto del 15 de julio de 2022, declaró su falta de competencia para conocer el asunto, arguyendo que los auxiliares de justicia son particulares en ejercicio de funciones públicas de manera ocasional o transitoria, y según lo contemplado en los art ículos 70 y 92 de la Ley 1952Radicación: 11001-03-06-000-2023-0065-00 Página 5 de 28

de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, la competencia disciplinaria recae en la Procuraduría General de la Nación.

3.3. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja

de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, la competencia disciplinaria recae en la Procuraduría General de la Nación.

3.3. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja

El 7 de marzo de 2023 9, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja presentó alegatos. Aunque no declaró expresamente (en este escrito) su falta de competencia para conocer del presente asunto, dicha manifestación se puede deducir de los argumentos expuestos por este órgano de control para afirmar que la competencia podría recaer en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá o en la Personería Municipal de Tunja.

En relación con la primera autoridad, sostiene que el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019 estableció la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales para ejercer la acción disciplinaria entre otros, en contra de los particulares. Lo anterior, en concordancia con el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, modificada por el artículo 61 de la Ley 2094 de 2021. Adicionalmente, manifiesta que el artículo 47 del Código General del Proceso indica que los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales y que el artículo 50 del referido código dispone que las faltas en las que incurran los auxiliares de la justicia deben ser comunicadas al Consejo Superior de la Judicatura (hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial), por ser la autoridad competente para sancionarlos. En cuanto a la competencia de la Personería Municipal de Tunja, argumenta que si bien la Procuraduría Ge neral de la Nación, en virtud del poder preferente, puede asumir el

Disciplina Judicial), por ser la autoridad competente para sancionarlos. En cuanto a la competencia de la Personería Municipal de Tunja, argumenta que si bien la Procuraduría Ge neral de la Nación, en virtud del poder preferente, puede asumir el conocimiento de cualquier proceso disciplinario, de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas y de las personerías distritales y municipales, ig ual poder radica en las personerías municipales en relación con la administración municipal, esto es, en relación con las investigaciones que la administración local adelante. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1952 de 2019. No obstante, señala que en el caso específico el problema jurídico no se plantea en torno del poder preferente de estas autoridades, sino a la limitación o no del poder disciplinario de las personerías frente a los funcionarios de la administración municipal. En relación con este aspecto, recuerda que, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, el particular disciplinable conforme a l nuevo código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

9 Documento 17, expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0065-00 Página 6 de 28

Colorario de lo anterior, para ese órgano de control la norma ibi dem no limita o liga la competencia de las personerías, por la calidad del sujeto disciplinable, a la administración municipal.

Colorario de lo anterior, para ese órgano de control la norma ibi dem no limita o liga la competencia de las personerías, por la calidad del sujeto disciplinable, a la administración municipal.

3.4. Procuradur ía General de la Nación (Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado)

Por medio de escrito del 9 de marzo de 202310, esta delegada presentó consideraciones de la Procuraduría General de la Nación respecto del presente conflicto de competencias administrativas.

Resalta que según el artículo 47 de la Ley 1564 de 2012 los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que requieren de personas idóneas y con experiencia en la respectiva materia.

Destaca que en la Sentencia C-798 de 2003 de la Corte Constitucional explica que los auxiliares de la justicia no tienen un v ínculo lab oral con el Estado sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas.

Precisado lo anterior, trae a colación los artículos 2 (párrafo 6º), 70, y 92 de la Ley 1952 de 2019, y explica que al ser el artículo 92 una disposición posterior al artículo 2, dentro del articulado de la Ley ibidem, se le debe dar total relevancia a aquel, por lo que, en criterio de esa delegada, los auxiliares de la justicia, como particulares que ejercen una función pública transitoria, son disciplinables por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, desde el 29 de marzo de 2022, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 1952.

Agrega que si la voluntad del legislador hubiere sido exceptuar a otros particulares que

las personerías, desde el 29 de marzo de 2022, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 1952.

Agrega que si la voluntad del legislador hubiere sido exceptuar a otros particulares que cumplen funciones públicas tran sitorias de la competencia disciplinaria de la Procuraduría, como es el caso de los auxiliares de la justicia, en este sentido se habría plasmado.

No obstante, como en este caso, por virtud del poder preferente establecido en el artículo 3º de la Ley 195 2 de 2019, la Procuraduría General de la Nación tenía la facultad para remitir esta investigación a la Personería Municipal de Tunja (lo que en efecto ocurrió en Auto del 16 de noviembre de 2022, de la Procuraduría Pronvincial de Tunja), esta delegada cons idera que la competencia para iniciar la investigación disciplinaria en contra del señor William Ernesto Dueñas Moreno es de la Personería Municipal de Tunja.

IV. CONSIDERACIONES

10 Documento 20, expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0065-00 Página 7 de 28

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019 Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente

especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste di rima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Personería Municipal de Tunja, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y la Procuraduría Provincial de Tunja no tienen un superior común.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- (Ley 1437 de 2011) regula el « procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del « procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales»11 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia

generales»11 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el

11 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrat ivos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-0065-00 Página 8 de 28

conflicto involucre autorid ades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta)

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de

competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta)

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribun al administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito, y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

La Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá han negado su competencia para conocer y tramitar la queja disciplinaria presentada en contra del señor William Ernesto Dueñas Moreno, en calidad de auxiliar de la justicia.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, en este conflicto de competencias se

administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, en este conflicto de competencias se encuentran involucradas dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja , y la Comisión Nacional de disciplina Judicial a través de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá. Adicionalmente, hace parte del conflicto de competencias la Personería Municipal de Tunja, autoridad del orden territorial.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0065-00 Página 9 de 28

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la autoridad que debe adelantar la investigación disciplinaria en contra del señor William Ernesto Dueñas Moreno , en calidad d e auxiliar de la justicia , por las presuntas irregularidades en que pudo incurrir como secuestre designado dentro del proceso ejecutivo 2008-546, al aparentemente no rendir cuentas de su gestión de manera oportuna.

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030 de 2023 12, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad,

jurisdiccional. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030 de 2023 12, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Na ción son de naturaleza administrativa. En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución. La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre dos autoridades que cumplen función administrativa (la PGN y la personería) y otra que cumple función jurisdiccional (la CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 d el CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»13.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones

12 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2°, 238A, 265 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30 de 2023 declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas. Esta decisión que fue dada a conocer por la Corte Constitucional, mediante comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023. 13 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0065-00 Página 10 de 28

administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con lo s artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspe nsión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o

ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspe nsión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia. Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesi