CE - 110010306000202300066001AUTOQUERESUEL20230822151336
Detalles
- Título
- CE - 110010306000202300066001AUTOQUERESUEL20230822151336
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
Consejero Ponente: Édgar González López
Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Número único: 11001-03-06-000-2023-00066-00
Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas
Partes: Personería Municipal de Tunja, Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare y Procuraduría Provincial de Instrucción del Tunja Asunto: Autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de un auxiliar de la justicia
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. El señor Luciano Martínez presentó, ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, queja en contra del auxiliar de justicia Edgar Escandón, quien presuntamente no realizó el avalúo de un predio rural para el que fue designado2.
2. El 1.° de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá dispuso remitir la queja por competencia a la Procuraduría Provincial de Instrucción deTunja, con fundamento en los artículos 2 y 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13
remitir la queja por competencia a la Procuraduría Provincial de Instrucción deTunja, con fundamento en los artículos 2 y 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, inciso primero del artículo 265 de la Ley 2094 de 2021 y la s modificaciones en la parte sustancial y procedimental de la Ley 734 de 2002. En cumplimiento de la decisión anterior, el 26 de agosto de 202 2, la Comisión envió el proceso a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja.
1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 Mediante Auto del 17 de marzo de 2023, el d espacho solicitó información al Juzgado sobre la fecha de la queja, sin encontrar respuestaRadicación: 11001-03-06-000-2023-00066-00 Página 2 de 26
3. El 16 de noviembre de 2022, mediante auto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja ordenó remitir por competencia el asunto a la Personería Municipal de Tunja3.
4. Mediante Auto del 27 de enero de 2023, la Personería Municipal de Tunja negó su competencia sobre el asunto y, en consecuencia, promovió ante la Sala de Consulta y Servicio Civil el presunto conflicto de competencias administrativas entre esa autoridad, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Boyacá4.
II. ACTUACIÓN PROCESAL
Servicio Civil el presunto conflicto de competencias administrativas entre esa autoridad, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá4.
II. ACTUACIÓN PROCESAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) el 3 de marzo de 2023, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.5
Consta, en el expediente, que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Personería Municipal de Tunja; a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja; a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, a la Procuraduría General de la Na ción y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.6
Según informe secretarial del 21 de marzo de 2023, durante el término de fijación del edicto, presentaron alegatos de conclusión : la Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría provincial de Instrucción de Tunja y la Procuraduría General de la Nación.
Mediante Auto del 17 de marzo de 2023, se ordenó notificar al Juzgado que designó al auxiliar de la justicia para que presentara alegatos si lo considerara, así como se informara la fecha de los hechos o de la queja.
De conformidad con el informe secretarial del 29 de marzo de 2023, allegaron información: la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá; la Sala Disciplinaria
informara la fecha de los hechos o de la queja.
De conformidad con el informe secretarial del 29 de marzo de 2023, allegaron información: la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá; la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de Boyacá; la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa de Tunja . Las demás autoridades y el particular interesado guardaron silencio.
3 Las razones de la remisión estuvieron dadas en consideración a la naturaleza de los hechos y al sujeto presuntamente disciplinable. 4 Remitido a la Secretaría de la Sala el 6 de febrero de 2023. 5 Fijación por edicto núm. 63 del expediente digital. i Informe secretaria del expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00066-00 Página 3 de 26
III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES
1.Personería Municipal de Tunja
Argumentó que teniendo en cuenta el factor relativo a la calidad del sujeto disciplinable, advirtió que, dentro del régimen interno de competencias de la Procuraduría General de la Nación, el literal j) del numeral 1.° del artículo 22 del Decreto 1851 de 2021, establece la competencia de las procuradurías provinciales de instrucción para conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal.
Por otra parte, indicó que de acuerdo con el numeral 4 .° del artículo 178 de la Ley 136 de 1994, que define las funciones que deben ser cumplidas por los personeros, la
municipal.
Por otra parte, indicó que de acuerdo con el numeral 4 .° del artículo 178 de la Ley 136 de 1994, que define las funciones que deben ser cumplidas por los personeros, la competencia disciplinaria de las personerías está circunscrita a los particulares que cumplen funciones públicas para las entidades y órganos que ejercen la bores propiamente ejecutivas en el marco de la jurisdicción territorial municipal, verbigracia, el Concejo, Contraloría, Personería, Alcaldía o sus entidades descentralizadas; más no respecto de los colaboradores al servicio de otras entidades de las demás ramas del poder público, como la Rama Judicial. En este sentido, destacó que los sujetos disciplinables en el caso objeto de análisis no ostentan la calidad de servidor es públicos municipales, ni tuv ieron ninguna relación directa o indirecta con la administración m unicipal, o con alguna de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Municipio de Tunja, ya que no prestaba n sus servicios a entidades y órganos de este nivel, es decir, a la administración municipal de Tunja, desde su connotación d e organización político administrativa y no simplemente territorial. Los disciplinados son colaboradores de la administración de justicia, en su calidad de particulares en ejercicio de funciones públicas, por lo cual deben ser disciplinados por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja conforme lo dispone el literal j del numeral 1.° del artículo 22 del citado Decreto 1851 de 2021; o por la misma Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, en aplicación de lo dispuesto por el artíc ulo 2 de la Ley 1952 de 2019.
numeral 1.° del artículo 22 del citado Decreto 1851 de 2021; o por la misma Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, en aplicación de lo dispuesto por el artíc ulo 2 de la Ley 1952 de 2019.
Adicionalmente, en escrito del 27 de marzo de 2023, la Personería Municipal de Tunja consideró:
Primero. Según los documentos que obran en el expediente, la fecha en que se presentó la queja disciplinaria en contra del señor Édgar Escandón fue la noche del martes 7 de junio de 2022 a las 7:16 pm.1Radicación: 11001-03-06-000-2023-00066-00 Página 4 de 26
Segundo. Los datos de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico) del señor Édgar Escandón no obran en el expediente y no fueron proporcionados en la queja disciplinaria del 7 de junio de 2022. Tercero. Considerando la fecha de radicación de la queja disciplinaria del 7 de junio de 2022 y las afirmaciones del quejoso Luciano Martínez, la fecha de los hechos u omisiones que se le endilgan al señor Édgar Escandón comenzarían aproximadamente desde noviembre de 2021 ya que en la precitada queja se afirma que el incumplimiento de las obligaciones por parte del señor Edgar Escandón se derivan ocho (8) meses atrás desde la radicación de la queja disciplinaria. Cuarto. Según los documentos que obran en el expediente, la fecha de recibo de la queja disciplinaria por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicia l de Boyacá y
la radicación de la queja disciplinaria. Cuarto. Según los documentos que obran en el expediente, la fecha de recibo de la queja disciplinaria por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicia l de Boyacá y Casanare es el miércoles 15 de junio de 2022, dado que este fue el día en que se remitió el proceso con secuencia de reparto número 478. Quinto. Según los documentos que obran en el expediente, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare no abrió indagación preliminar o investigación disciplinaria ya que el auto del primero (1) de julio de 2022 únicamente aborda y argumenta la falta de competencia en el presente proceso.
2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja
Mediante escrito del 10 de marzo de 2023, el procurador provincial de instrucción de Tunja presentó alegatos de conclusión y no declaró expresamente su falta de competencia para conocer del presente asunto, pero dicha manifestación se puede deducir de los argumentos expuestos por la Procuraduría para afirmar que la competencia podría recaer en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial o en la Personería municipal de Tunja.
En relación con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sostuvo que el artí culo 2.° de la Ley 1952 de 2019 establece la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para ejercer la acción disciplinaria entre otros, en contra de los particulares. Lo anterior, en concordancia con el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, modificada por el artículo 61 de la Ley 2094 de 2021.
disciplinaria entre otros, en contra de los particulares. Lo anterior, en concordancia con el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, modificada por el artículo 61 de la Ley 2094 de 2021. Adicionalmente, manifestó que el artículo 47 del Código General del Proceso indica que los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales y que el artículo 50 del referido código dispone que las faltas en las que incurran los auxiliares de la justicia deben ser comunicadas al Consejo Superior de la Judicatura, por ser la autoridad competente para sancionarlos. En cuanto a la competencia de la Personería Municipal de Tunja, argumentó en primer lugar, que si bien la Procuraduría General de la Nación, en virtud del poder preferente, puede asumir el conocimiento de cualquier proceso disciplinari o de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas y de las personeríasRadicación: 11001-03-06-000-2023-00066-00 Página 5 de 26
distritales y municipales, igual poder radica en las personerías municipales en relación con la administración municipal, esto es, en relación con las investigaciones que la administración local adelante. Lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1952 de 2019. No obstante, señaló que en el caso específico no se plantea el problema jurídico del poder preferente de estas autoridades, sino la limitació n o no del poder disciplinario de las personerías frente a los funcionarios de la administración municipal. En relación con este aspecto, recordó que, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, el particular disciplinable conforme a este
las personerías frente a los funcionarios de la administración municipal. En relación con este aspecto, recordó que, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, el particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión. Destacó entonces que la norma atribuye competencia a las personerías municipales para adelantar procesos disciplinarios en contra de particulares, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión atribuibles a estos, salvo lo dispuesto en el artículo 76 del código, que se refiere a los Notarios. En consecuencia, la disposición no limita la competencia de las personerías a los sujetos que hagan parte de la administración municipal.
3. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá no se pronunció sobre este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala. Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 1 .° de julio de 2022 , mediante el cual remitió por competencia el asunto a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja. En el mencionado proveído, la Comisión manifestó que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2, 70, 91 y 92 de la Ley 1952 de 2019, la cual entró en vigor el 29 de marzo de 2022, la competencia para conocer de la queja disciplinaria presentada en contra del
artículos 2, 70, 91 y 92 de la Ley 1952 de 2019, la cual entró en vigor el 29 de marzo de 2022, la competencia para conocer de la queja disciplinaria presentada en contra del señor Edgar Escandón, quien presuntamente no realizó el avalúo de un predio rural para el que fue designado , es de la Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada.
Lo anterior, por cuanto de conformidad con las citadas disposiciones, los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria, razón por la cual la Ley 1952 de 2019 los incluyó en el régimen disciplinario de los particulares disciplinables conforme a dicha normativa.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00066-00 Página 6 de 26
En este sentido, precisa que el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 atribuyó competencia a la Procuraduría General de la Nación p ara investigar a los particulares disciplinables conforme a este código y, por ende, derogó tácitamente el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, que otorgaba competencia para adelantar los procesos disciplinarios de los auxiliares de la justicia al Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia
1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019 Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma
1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019 Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. Esta norma es pertinente para el trámite de este conflicto de competencias , porque a la fecha no se ha iniciado proceso disciplinario en contra del señor Edgar Escandón. En esa medida, el asunto debe someterse al procedimiento contenido en el nuevo Código General Disciplinario. No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare y la Procuraduría Provincial de Tunja no tienen
autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare y la Procuraduría Provincial de Tunja no tienen un superior común.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00066-00 Página 7 de 26
1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo» . Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»7 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Conse jo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriale s, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta) En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el
Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta) En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:
10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente i ngrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).
Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;
La Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá han negado su competencia para
7 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposici ones de esta Parte Primera del
establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposici ones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00066-00 Página 8 de 26
conocer y tramitar la queja disciplinaria presentada en contra del señor Edgar Escandón, en su calidad de auxiliar de justicia.
- Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.
Como se evidencia en los antecedentes, en este conflicto de competencias se ven involucradas dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Provincial de Instrucción de Tunja y , la Comisión Nac ional de Disciplina Judicial a través de su Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá. Adicionalmente, hace parte del conflicto de competencias la Personería Municipal de Tunja, autoridad del orden territorial.
- Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.
El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en la investigación disciplinaria en contra del señor Edgar Escandón quien presuntamente no realizó el avalúo de un predio rural para el que fue designado.
Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funci ones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.
destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funci ones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.
Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030 de 20 238, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.
En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare , esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución9. En el presente caso, se evaluará cuál es la autoridad competente para conocer y adelantar la investigación disciplinaria. Si es aquella que ejerce función administrativa o la que ejerce función jurisdicci onal y, por consiguiente, si le corresponde a la autoridad administrativa, conocer del mismo.
8 La sentencia no está publicada y solo se conoce el comunicado. 9 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00066-00 Página 9 de 26
2. Términos legales
El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»10.
En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y
Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»10.
En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.
El mandato legal de suspe nsión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.
Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendid os se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.
3. Aclaración previa
El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.
consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.
Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia. Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.
10 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00066-00 Página 10 de 26
4. Problema jurídico y síntesis del conflicto
En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para asumir el conocimiento de la queja disciplinaria presentada en contra del señor Edgar Escandón quien presuntamente no realizó el avalúo de un predio rural para el que fue designado.
Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, manifiesta que, con la entrada en vigencia del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) el 29 de marzo de 2022, no tiene competencia para adelantar la indagación o investigación disciplinaria. Lo anterior, por cuanto, de acuerdo con el nuevo código disciplinario,
29 de marzo de 2022, no tiene competencia para adelantar la indagación o investigación disciplinaria. Lo anterior, por cuanto, de acuerdo con el nuevo código disciplinario, especialmente de su artículo 92 ibidem, dicha competencia recae en la Procuraduría General de la Nación.
Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, considera que la queja debe ser conocida por la Personería Municipal de Boyacá, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 1952 de 1919, o por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, conforme con lo dispuesto en el artículo 2 de la misma normativa.
Al respecto, la Personería Municipal de Tunja ha manifestado que su competencia para adelantar procesos disciplinarios se restringe a servidores públicos o particulares que presten servicios en la administración municipal. Lo cual no acontece en el caso del señor Edgar Escandón debido a que la queja disciplinaria presentada en su contra es porque presuntamente no realizó el avalúo de un predio rural para el que fue designado.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:
- Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. ii) Competencia de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. v) El régim en disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en
- El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. v) El régim en disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. vi) Competencia de las personerías municipales para adelantar actuaciones disciplinarias en contra de particulares disciplinables vii) Caso concreto.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00066-00 Página 11 de 26
5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado
5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia11 El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia está regulada en el artículo 47 de la Ley 1564 del 12 de julio de 201212, que señala: Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el
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