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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de 2023.

Número único: 11001-03-06-000-2023-00067-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Personería Municipal de Tunja, Procuraduría Provincial de

Instrucción de Tunja y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

Asunto: Autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria a que haya lugar en razón a la queja presentada en contra de un auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 20111, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a estudiar el presunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. La señora María Inés González Pamplona presentó queja disciplinaria en contra del auxiliar de justicia Edwin Antonio Bautista Mendoza , con el propósito de que se investiguen las presuntas irregularidades en que pudo incurrir por la omisión de su deber de rendir cuentas de su gestión como secuestre designado dentro del proceso ordinario laboral con radicado 2013-00155-00 que cursa en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja3. La queja fue recibida por reparto el 30 de marzo de 2022 por la Comisión

Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

de Tunja3. La queja fue recibida por reparto el 30 de marzo de 2022 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

2. Una vez surtido el reparto , el 1º de julio de 202 2, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá profirió auto de remisión por competencia, y, en cumplimiento a la decisión anterior, envió el caso a la Procuraduría Provincial de Tunja a través del telegrama 202200242-AJ-J.O.C.H del 25 de agosto de 20224.

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Expediente digital, PDF 12.

4 Expediente digital, Archivo 4, PDF PMT14761-2022. Folios 6-9Radicación: 11001-03-06-000-2023-00067-00 Página 2 de 24

3. Mediante auto del 16 de noviembre de 2022 , la Procuraduría Provincial de Tunja ordenó remitir por competencia a la Personería Municipal de Tunja el proceso con la radicación E-2022-606552, aduciendo el ejercicio del poder preferente para su remisión, la cual se materializó a través del oficio No. 2722 del 17 de noviembre de 20225.

4. La Personería Municipal de Tunja , mediante el auto de fecha 26 de enero de 2023, promovió conflicto negativo de competencias entre la Procuraduría Provincial de

4. La Personería Municipal de Tunja , mediante el auto de fecha 26 de enero de 2023, promovió conflicto negativo de competencias entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y dicha Personería, el cual fue remitido a la Sala de Consulta y Servicio Civil.

A la vez, la personería solicitó precisar la autoridad competente para adelantar actuaciones disciplinarias en relación con los particulares que están al servicio de la administración de justicia, en los siguientes términos:

[S]e solicita que se precise si la competencia para disciplinar a los particulares que están al servicio de la administración de justicia, corresponde a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial como señala el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, si recae en la Procuraduría Provincial, por tratarse de particulares que colaboran para la Rama Judicial; o sí; por el contrario, existe motivación concreta que permita concluir que la competencia sí le corresponde a la Personería, pese a que no existe relación directa con ninguna de las Entidades del Municipio de Tunja.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021), el 03 de marzo de 2023 se fijó un edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones6.

Consta en el expediente, que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Personería

Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones6.

Consta en el expediente, que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Personería Municipal de Tunja, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, a la Procuraduría General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y al señor Edwin Antonio Bautista Mendoza7.

Según informe secretarial del 10 de marzo de 2023, durante el término de fijación del edicto, la Personería Municipal de Tunja y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja presentaron consideraciones Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio8.

5 Expediente digital, Archivo 4, PDF PMT14761-2022. Folios 10-12 6 Expediente digital, PDF 11. 7 Expediente digital, PDF 10. 8 Expediente digital, PDF 19.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00067-00 Página 3 de 24

El 18 de abril se emitió auto para mejor proveer con el fin de solicitar información a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá sobre trámite surtido en relación con la actuación disciplinaria. Asimismo, se le solicitó al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja información necesaria para determinar la fecha de los hechos que son objeto de la investigación disciplinaria 9. En respuesta a lo anterior la información se remitió dentro del término otorgado para el efecto10.

de Tunja información necesaria para determinar la fecha de los hechos que son objeto de la investigación disciplinaria 9. En respuesta a lo anterior la información se remitió dentro del término otorgado para el efecto10.

El 8 de junio de 2023 se expidió auto para mejor proveer con el propósito de comunicar del conflicto a la quejosa en la actuación disciplinaria, señora María Inés González Pamplona, quien es un tercero interesado en el asunto y, por consiguiente, como garantía del debido proceso, brindarle un espacio para presentar alegatos o consideraciones. Sin embargo, no se pudo efectuar dicha comunicación pues, una vez revisado el expediente no se evidenció dirección física, ni correo electrónico para realizar la, como consta en el informe secretarial del 13 de junio de 2023.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá no presentó alegatos, no obstante, los argumentos pueden ser extraídos del Auto del 1º de julio de 2022, mediante el cual dicha autoridad remitió por competencia el asunto a la Procuraduría Provincial de instrucción de Tunja.

Como fundamento de su posición señaló que, conforme a lo previsto en los artículos 2 y 92 de la Ley 1952 de 2019 así como en el inciso primero del artículo 265 de la misma ley, operó un cambio normativo que en lo que respecta a la parte sustancial del proceso disciplinario que se tradujo en la inclusión de los auxiliares de la justicia en el régimen de los particulares descritos por el artículo 70 y siguientes del mismo cuerpo normativo.

operó un cambio normativo que en lo que respecta a la parte sustancial del proceso disciplinario que se tradujo en la inclusión de los auxiliares de la justicia en el régimen de los particulares descritos por el artículo 70 y siguientes del mismo cuerpo normativo.

Adicionalmente, precisó que el artículo 92 de la Ley 1952 derogó tácitamente el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, de lo que se derivó una concentración de la competencia para adelantar las investigaciones disciplinarias en contra de los particulares en la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, a partir de dicho cambio normativo la Comisión Seccional perdió competencia en relación con las investigaciones disciplinarias en contra de los auxiliares de justicia.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, en comunicación del 7 de marzo de 2023, manifestó que, para realizar la remisión a la Personería , consideró los factores establecidos en el en el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, advirtió que la

9 Expediente digital, PDF 21. 10 Expediente digital, Archivos 22 y 23.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00067-00 Página 4 de 24

norma disciplinaria establece que las tres entidades inmersas en el conflicto de competencias, ostentan potestad disciplinaria en el caso de investigaciones contra particulares, como lo son, los auxiliares de justicia. Lo anterior por cuanto:

(i) El artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, enmarcado en el capítulo de régimen de los particulares, establece que los auxiliares de la justicia serán disciplinables.

(i) El artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, enmarcado en el capítulo de régimen de los particulares, establece que los auxiliares de la justicia serán disciplinables.

(ii) El inciso quinto del artículo 2° de la Ley 1952 de 2019 modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 202 2 establece la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para ejercer la acción disciplinaria entre o tros, en contra de los particulares disciplinables . Precisa que en similar sentido el Articulo 239 de la Ley 1952, modificado por el artículo 61, Ley 2094 de 2021, establece el alcance de la función jurisdiccional disciplinaria cuyo ámbito abarca los particulares disciplinables conforme a esta ley, y demás autoridades que administran justicia de manera excepcional, temporal o permanente, excepto quienes tengan fuero especial.

(iii) La citada norma dispone que la potestad general disciplinaria radica e n la Procuraduría General de la Nación, quien, a través del poder preferente, puede asumir el conocimiento de cualquier proceso disciplinario, e igual poder otorga a las personerías municipales.

Con base en lo anterior, manifiesta su desacuerdo con la int erpretación que realiza la Personería de Tunja del artículo 3º de la Ley 1952 de 2019 pues, la norma disciplinaria no limita la competencia de las personerías, por la calidad del sujeto disciplinable, a l ámbito de la administración municipal, y tampoco limita el tipo de proceso en función de la calidad del sujeto disciplinable , por lo cual la norma autoriza a e sa Procuraduría a

ámbito de la administración municipal, y tampoco limita el tipo de proceso en función de la calidad del sujeto disciplinable , por lo cual la norma autoriza a e sa Procuraduría a remitir a la personería municipal, cualquier investigación.

3. Personería Municipal de Tunja

Manifestó que, a partir del estudio de la noticia disciplinaria y la aplicación de los factores que determinan la competencia en los procesos disciplinarios regulados por la Ley 1952 de 2019, se deduce que no recae en esa entidad la competencia para conocer de las actuaciones con radicado IUS E -2022606552 remitidas por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja.

Lo anterior en tanto que, por la calidad que ostenta el sujeto disciplinable, quien se desempeñó como auxiliar de la justicia o particular en ejercicio de funciones públicas de la Rama Judicial del Poder Público y no del poder ejecutivo del nivel municipal, no se constituye en sujeto disciplinable de la Personería de Tunja, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 º del artículo 178 de la Ley 136 de 1 994, que define las funciones que ejerce ese ente de control como autoridad disciplinaria y los sujetos a quienes disciplina.

3Radicación: 11001-03-06-000-2023-00067-00 Página 5 de 24

De la norma citada señala que se denota inequívocamente que, la competencia disciplinaria de las personerías está enmarcada en la conducta de los servidores públicos municipales, con excepción, de los alcaldes, concejales y contralor municipal, cuyo conocimiento está circunscrito al Procurador General de la Nación.

disciplinaria de las personerías está enmarcada en la conducta de los servidores públicos municipales, con excepción, de los alcaldes, concejales y contralor municipal, cuyo conocimiento está circunscrito al Procurador General de la Nación.

Considera que d icha afirmación también se sustenta en la misma definición de la competencia preferente establecida en el inciso segundo del artículo 3 y en el inciso tercero del artículo 86 de la Ley 1952 de 2019, que contemplan y ratifican que los personeros tendrán competencia preferente frente a la administración d istrital o municipal.

De este modo, si se tiene en cuenta que ante un colaborador de la administración de justicia, en su calidad de particular en ejercicio de funciones públicas, la primera conclusión que extrae es que debe ser disciplinado por la Comisi ón Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá en aplicación de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019.

Adicionalmente, señala que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, respecto del factor funcional, la segunda conclusión a la que arriba consiste en que la competencia para conocer del proceso disciplinario de l a referencia, recae en la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja pues, el literal j del numeral 1 de artículo 22 del Decreto 1851 de 2021, establece dentro de sus funciones la de conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal, cuya atribución no puede endilgarse a ese ente de control bajo la justificación incorrecta del ejercicio del poder disciplinario preferente.

IV. CONSIDERACIONES

archivo, contra los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal, cuya atribución no puede endilgarse a ese ente de control bajo la justificación incorrecta del ejercicio del poder disciplinario preferente.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios , según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan, actualmente, en el artículo 99 de la Ley 1952 de 201911, norma especial sobre la materia, que dispone:

ARTÍCULO 99. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

11 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00067-00 Página 6 de 24

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al sup erior,

el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al sup erior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, sin embargo, no es posible aplicar la citada disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, la Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá carecen de un superior común inmediato.

Así, ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en la Ley 1437 de 2011, el cual integra el procedimiento ordinario para dirimir los conflictos de competencia administrativa que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Regla general de competencia para resolver conflictos de competencia administrativos

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales» están contenidas en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, conforme con el cual:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si est a también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado […].

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:Radicación: 11001-03-06-000-2023-00067-00 Página 7 de 24

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan

conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, los cuales se relacionan a continuación y se aplican al caso concreto:

1. Que se trate de una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta

Este caso es particular y concreto, pues se trata de una actuación disciplinaria adelantada en contra del señor Edwin Antonio Bautista Mendoza , debido las presuntas irregularidades en que pudo incurrir por la omisión de su deber de rendir cuentas de su gestión como secuestre designado dentro del proceso ordinario laboral con radi cado 2013-00155-00 que cursa en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja en su condición de auxiliar de justicia.

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030-2312, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución13.

administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución13.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre dos autoridades que cumplen función administrativa (la PGN y la personería) y otra que cumple función jurisdiccional (la CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridades que ejerzan función jurisdiccional, de modo que es un imperativo

12 A la fecha, la sentencia aun no se ha publicado en su integridad, sin embargo, fue emitido el comunicado correspondiente. Puede consultarse en: https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2004%20Febrero%2016%20de%2020 23.pdf 13 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00067-00 Página 8 de 24

constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular

Las tres autoridades involucradas en conflicto, la Personería Municipal de Tunja, la

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular

Las tres autoridades involucradas en conflicto, la Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá rechazaron competencia para continuar la actuación disciplinaria.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo

Este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, p or intermedio de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, y una autoridad del orden territorial: la Personería Municipal de Tunja.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidas todas las exigencias que la habilitan para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias planteado.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»14.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos nega tivos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las

decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos nega tivos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que,

14 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00067-00 Página 9 de 24

en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puest os a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del

autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puest os a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales s e dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe definir cuál es la auto ridad competente para conocer l a actuación disciplinaria a que haya lugar en razón a la queja presentada en contra del señor Edwin Antonio Bautista Mendoza , por las presuntas irregularidades en que pudo incurrir con ocasión de la omisión de su deber de rendir cuentas de su gestión como secuestre designado dentro del proceso ordinario laboral con radicado 2013 -00155-00 que cursa en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja.

La investigación disciplinaria no se ha iniciado aún, toda vez que, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá remi tió por competencia el asunto a la Procuraduría General de la Nación, a partir de la queja presentada por La señora María Inés González

de Disciplina Judicial de Boyacá remi tió por competencia el asunto a la Procuraduría General de la Nación, a partir de la queja presentada por La señora María Inés González sin ordenar la apertura de indagación previa o de la investigación.

En efecto, el 1º de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá remitió las diligencias a la Procuraduría Prov incial de Tunja. Lo anterior, por considerar que, a partir del 29 de marzo de 2022, por disposición de la Ley 1952 de 2019, la Procuraduría General de la Nación es la competente para conocer procesos contra auxiliares de Justicia.

A su vez, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, el 7 de marzo de 2023 , señaló que, esa autoridad es competente para conocer procesos contra particulares disciplinables, pero, la misma competencia recae en las personerías municipales y «enRadicación: 11001-03-06-000-2023-00067-00 Página 10 de 24

ejercicio del po der preferente», y los criterios de inmediación y celeridad señaló que la Personería Municipal de Tunja debía asumir competencia.

En contraste, la Personería Municipal de Tunja, el 6 de marzo de 2023 , indicó que su competencia estaba limitada a servidores públicos o particulares que presten servicios en la administración municipal.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración. ii) Competencia de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración. ii) Competencia de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia .

Reiteración. iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales frente a los auxiliares de la justicia. Reiteración. iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración. vi) Competencia de las personerías municipales para adelantar actuaciones disciplinarias en contra de particulares disciplinables. Reiteración. vii) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiterac